Informes

Crear ministerios, refundar la República, hacer cambios constitucionales y reformas de todo tipo. En el papel todo es posible. Cualquier propuesta puede redactarse desde una oficina de campaña. Sudaca trae un resumen.

Más allá de los sueños de cada partido, y pese a que casi nadie lee los planes de gobierno para decidir su voto, estos documentos sí dan pistas importantes sobre las candidaturas más promocionadas del momento. ¿Cómo enfrenta cada partido el reto de ser gobierno? Un plan incompleto de 17 páginas, como el de Avanza País, comunica algo distinto a uno de 110 páginas, con un diseño gráfico pulcro y lleno de términos en inglés, como el de Podemos Perú.

Por supuesto, la ideología de cada proyecto político, el diagnóstico de los problemas del país y las propuestas también pueden encontrarse en esos documentos. Sudaca los revisó para buscar qué propone cada organización y para contarle a usted, lector, qué tan en serio se han tomado la tarea de confeccionar sus propuestas.

El Observatorio de Políticas Públicas de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico, liderado por la politóloga Alexandra Ames, también ha estudiado los planes de gobierno (esta semana publicará un informe al respecto). Junto con Ames, Sudaca presenta un resumen con lo más interesante de cada documento partidario.

Los cambios de Victoria Nacional

El Plan de Victoria Nacional, partido que postula al exfutbolista George Forsyth, es el más preocupado por el deporte. Ofrece, por ejemplo, que el Instituto Peruano del Deporte (IPD) pase a depender directamente de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y ya no del Ministerio de Educación (Minedu).

Las bases del plan de 158 páginas, elaborado por el economista y candidato a la vicepresidencia Jorge Chávez, apuntan al crecimiento económico y la estabilidad macro. Un punto importante es el que propone crear un sistema de sueldos mínimos diferenciados según regiones y tamaño de empresas empleadoras.

Entre sus propuestas de modificaciones institucionales destacan la de fusionar el Ministerio de Relaciones Exteriores −el padre de Forsyth es diplomático de carrera− con el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, y la creación de un Ministerio de Planificación que se concentre en la rendición de cuentas. En cuanto a la reforma educativa, propone implementar un servicio rural para docentes -equivalente al Serums- y crear una Sunedu para colegios.

JP: claramente, la izquierda

El plan del partido liderado por Verónika Mendoza es el único comandado por una mujer: Anahí Durand. El documento propone ideas algo distintas a las de otros planes. Por ejemplo, una reforma tributaria que incluya un impuesto a las grandes riquezas, revisar los Tratados de Libre Comercio (TLC) y eliminar el Decreto Legislativo 882, que permite la actividad educativa con fines de lucro.

Para Ames, una de las características de este plan es el fuerte componente de agricultura familiar. Esta idea se sostiene en la propuesta de aplicar una segunda reforma agraria que imponga un límite de propiedad de tierras, según la especialista.

La ideología del partido queda clara en el papel. En el plan de Juntos por el Perú se encuentran afirmaciones como tener un Estado “promotor del desarrollo”, “implementar un programa de cambio que supere el régimen y el modelo neoliberal”, “plantear una cuota de pantalla para el cine nacional” y combatir “los monopolios, [y] oligopolios como en el sector bancario, farmacéuticas y otros”.

Un punto característico de este plan es su mención explícita a ideas de igualdad de derechos. Por ejemplo, el enfoque de género es transversal a varias de sus propuestas. Además, ideas como la “Ley de Matrimonio Igualitario”, garantizar “los derechos de los pueblos indígenas” y la “despenalización del aborto” son más contundentes que en otros planes.

Fuerza Popular y su nostalgia noventera

Para el fujimorismo es central la reactivación económica tras la pandemia. No por coincidencia el título del Plan es “Rescate 2021” y está comandado por Hernando Guerra García. En el plano económico, el empresario explica que implementarán un agresivo plan de obra pública, “pequeña y rápida”, para reactivar el empleo. Un esquema que, acepta, “no es un modelo súper liberal”, sino más “keynesiano”.

El Plan de Gobierno del fujimorismo, de 90 páginas, resalta constantemente lo hecho por el gobierno de Alberto Fujimori, incluyendo la implementación de la Constitución actual. A pesar de ello, plantea algunos cambios constitucionales en el título de la estructura del Estado, como definir la incapacidad moral permanente y bajar la edad mínima para ser congresista a 20 años.

El de Fuerza Popular es uno de los planes que trata con más ahínco el fortalecimiento de la Policía y las Fuerzas Armadas, para garantizar el orden público y la seguridad ciudadana. Una de sus propuestas es reorganizar el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y construir nuevos penales, aunque no especifica cuántos.

Una característica inesperada del plan fujimorista es que plantea fortalecer o retomar los programas sociales, algunos de ellos fundados en los años 90. Entre estos, menciona al Pronamachcs, el Pronaa y Foncodes. “El Fujimorismo tiene como esencia desde el inicio de los años 90, la acción social del estado a través de los programas sociales […] como una manera de atacar la pobreza como ‘caldo’ de cultivo del terrorismo”, indica el documento. Guerra García declaró a Sudaca que se trata de que los programas sociales “ahorren, no se conviertan en burocracia y tengan un enfoque de resultados”.

Sin embargo, el plan naranja adjudica al fujimorismo el crédito de programas sociales que no fueron creados en los años 90. Por ejemplo, indica que Qali Warma es lo que antes era el Pronaa y que Cuna Más antes era Wawa Wasi. Ames sostiene que eso no es cierto, porque los programas tienen características técnicas distintas y porque aquellos implementados por el gobierno de Fujimori eran asistencialistas. Qali Warma y Cuna Más fueron creados en el gobierno de Ollanta Humala.

El escueto plan de Acción Popular

La candidatura de Yonhy Lescano ha sido la sorpresa de las últimas encuestas. Sin embargo, el plan de Acción Popular, elaborado por Luis Oballe, es un documento bastante corto comparado con el de los otros partidos en carrera. Tiene solo 26 páginas.

Para Ames la extensión de un plan no determina su calidad. Sin embargo, sí asegura que el documento del partido de la lampa es muy declarativo y aborda pocos campos. Hace críticas y diagnósticos, pero no aterriza propuestas concretas.

Sudaca consultó al candidato Lescano por qué tiene un plan tan corto y bastante general. “Ese plan de gobierno es un resumen que nos pide la ley. No es el plan completo”, respondió. Lescano resalta que el documento tiene propuestas como el cambio de Constitución, la compra de un satélite de telecomunicaciones para introducir tecnología a la educación y algunas ideas para mejorar el sistema de pensiones.

Es cierto que el plan propone el cambio de Constitución y aborda el problema previsional, sin embargo, en el documento no aparece la palabra ‘satélite’. Y la referencia a las ‘telecomunicaciones’ está solo una vez para mencionar que debe ser, igual que otros servicios públicos, eficiente, con tarifas competitivas y al alcance de todos los peruanos. El párrafo termina indicando: “Evaluaremos las condiciones bajo las cuales se presta los referidos servicios”.

Los morados y la huella de Sagasti

El plan del Partido Morado parece reflejar lo que viene haciendo el gobierno de Sagasti. Precisamente el actual presidente lideró su confección hasta que asumió el máximo cargo. Es un plan extenso, de 120 páginas, con mucho contenido. Incluso, presenta casos hipotéticos que Ames cree que pueden haber sido propuestos por un especialista en narración: está cargado de historias de dos personajes llamados Juan y María.

Según Ames, es un documento con diagnósticos claros y bien desarrollados sobre los problemas del país, pero tiene problemas para aterrizar propuestas concretas. ¿Suena parecido a las conferencias de prensa del gobierno?

La carga ideológica de este plan es clara: los morados tienen un partido que se inscribe en lo que ellos llaman “centro republicano”. El plan afirma ubicarse “entre el neoliberalismo y el socialismo, entre el Estado minimalista y el Estado asfixiante”.

Sus propuestas programáticas están conformadas por cuatro reformas de promesa republicana: la reforma del conocimiento, la reforma de gestión del territorio, el acceso a las libertades económicas y la reforma de las instituciones políticas.

El marketing de Podemos Perú

El partido que postula a Daniel Urresti tiene el plan de gobierno que utiliza más términos de mercadotecnia. Está plagado de palabras en inglés. Por ejemplo, propone crear el “Lima Institute of Technology”, en lugar del Instituto Tecnológico de Lima. Además, destaca su pulcritud gráfica y su diagramación.

Portada del Plan de Gobierno de Podemos Perú. Independientemente del contenido, destaca su pulcritud gráfica.

Ames resalta de este plan que tenga medidas a corto, mediano y largo plazo. El documento expone lo que hará el partido en el primer día, en los primeros cien días y, finalmente, en todo el gobierno.

Para los primeros cien días, Podemos propone usar la Covid-19 como un punto de inflexión para cambiar al país, hacer una reconstrucción nacional y recuperar el empleo para reparar la economía. La nueva normalidad tendría más tecnología, un mejor sistema de salud y menos informalidad. Para los cinco años de gobierno, postulan implementar un Plan de Rescate Económico.

Algunos de los puntos particulares del plan están en el eje de gobernabilidad institucional. Podemos propone crear un Ministerio de Fomento y Obras Públicas, hacer cambios y fusiones entre ministerios y digitalizar el Poder Judicial.

Para Ames, el plan de Podemos está bastante estructurado. También resaltan sus propuestas para la familia policial −a la que Urresti apela mucho desde su paso por el Ministerio del Interior−, con iniciativas como entregar viviendas y reformar hospitales policiales.

Avanza País y un plan… ¿provisional?

Hernando De Soto, candidato presidencial y jefe del plan de gobierno de Avanza País, tiene una importante reputación internacional tras haber fundado el Instituto de Libertad y Democracia (ILD). Ha recibido el reconocimiento de renombrados personajes, como Bill Clinton, y publicaciones, como las revistas Time y Forbes.

De Soto, además, ha asesorado a diferentes gobiernos, incluso algunos cuestionados, como el de Muammar Gadafi. En el Perú, fue asesor de Alberto Fujimori. Es una persona vinculada a la asesoría gubernamental y las campañas electorales.

Sin embargo, su plan de gobierno tiene apenas 17 páginas y fue entregado fuera del plazo indicado por el JNE. Una resolución del Jurado Electoral Especial Lima Centro 1 indica que el partido presentó el documento recién en enero, mediante una subsanación.

Además, el diseño y la diagramación del documento denotan que no se invirtió mucho esfuerzo al prepararlo. Curiosamente, a pesar de la tardanza, el mismo plan indica que no es su versión final y que ésta será presentada “próximamente”. Aunque los partidos pueden presentar nuevos documentos ante la opinión pública, el plan oficial es el que ya está registrado en el JNE.

Plan de Gobierno de Avanza País. Indica que su versión final será presentada próximamente.

Más allá de la forma y la extensión, Ames considera que el plan de Avanza País no aterriza en nada. El documento está plagado de ideas generales y lugares comunes. Un ejemplo: “haremos que se eliminen las causas de la corrupción”.

El objetivo del plan: “derribar los muros que separan a los peruanos del llamado Perú informal de los formales”. Una frase hecha que apenas ilustra la propuesta principal de la historia política del candidato: la titulación como clave para el desarrollo.

Propuestas marcadas por la pandemia

Ames sostiene que, en términos generales, el estudio que lidera encontró que los planes de gobierno son muy declarativos. Expresan deseos, pero no se concentran en propuestas concretas, con metas e indicadores para medir su cumplimiento.

Hace cinco años la investigadora también analizó los planes de los candidatos de entonces. ¿Cuáles son las principales diferencias? Una importante se desprende de la coyuntura. Antes ya existía una tendencia a plantear propuestas de corto plazo, pero la pandemia ha remarcado esa característica. La mayoría de planes de gobierno hace referencias a cómo salir de la crisis: reactivar la economía y el empleo, asegurar la vacunación, etc.

La salud es un tema prioritario en la campaña actual. En el Perfil Electoral de las Elecciones Generales 2021, elaborado por el JNE, destaca la presencia de la palabra ‘salud’ en los planes de gobierno. Lamentablemente, la Covid-19 ha hecho que se reste importancia a propuestas de salud ajenas a la pandemia, como las vinculadas a la salud sexual y reproductiva, o a la desnutrición.

Terreno compartido, pero no tanto

A pesar de las diferencias ideológicas, hay propuestas presentes en varios planes. Por ejemplo, según el análisis de Ames, la gran mayoría de partidos se refiere a la reforma del sistema de pensiones, un tema que no había estado en agenda en la campaña anterior. La “refundación de la República” también aparece en planes de partidos ideológicamente distantes, como Podemos Perú, Juntos por el Perú y Victoria Nacional.

Además, todos los planes proponen mejorar la calidad educativa y la cobertura del sistema de salud, unificándolo y asegurando el acceso a medicamentos. Estas coincidencias parecen indicar que, gane quien gane, en 2026 en el Perú todos quieren tener un sistema de salud unificado y un sistema de pensiones reformado.

Sin embargo, existen diferencias sobre cómo se lograrán esos objetivos. Por ejemplo, Ames indica que, sobre la reforma del sistema de pensiones, algunos proponen resguardar la inversión privada, mientras otros desarrollan propuestas más cercanas a la estatización.

Otro ejemplo: si bien coinciden en ‘impulsar el crecimiento económico’, Juntos por el Perú postula hacerlo asegurando la sostenibilidad de los recursos, mientras que Victoria Nacional, promoviendo la inversión privada. El Partido Morado menciona ambos aspectos, respetando su propuesta de centro, anota Ames.

En cuanto a la educación, la diferencia principal detectada por la investigadora está en el trato a los docentes. Mientras los partidos ubicados más a la derecha se concentrarán en mejorar la calidad docente, desde la izquierda las propuestas se centran en subir los salarios y mejorar las condiciones laborales.

Otro tema presente en diferentes planes de gobierno es la reforma constitucional. Hay una contraposición clara. Desde la derecha se busca defender la Constitución actual. El caso más evidente es el de Fuerza Popular, cuyo Plan de Gobierno es calificado por Ames como una oda a la Constitución de 1993 y al gobierno de Alberto Fujimori.

“La evidencia muestra que las instituciones abiertas e inclusivas de la Constitución de 1993 rescataron al país de la pobreza y del caos generado por el modelo estatista y rentista”, dice el segundo punto del plan naranja, titulado “La Constitución de la prosperidad”.

Desde la otra orilla, partidos de izquierda como Juntos por el Perú y el Frente Amplio proponen cambiar la Constitución. Acción Popular se suma a esa iniciativa. Nuevamente, una opción moderada es la del Partido Morado, que ofrece realizar un referéndum en el segundo año de gobierno para evaluar el cambio.

Resulta evidente que algunos partidos se han esforzado más que otros para elaborar el documento que −idealmente− guiará su gobierno. Sirvan los planes para reflejar lo que ocurre dentro de cada organización y cuál es su esencia, así como la de su candidato o candidata.

El informe que el equipo liderado por Ames publicará esta semana revelará cuáles son los partidos cuyos planes de gobierno presentan propuestas más concretas para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Para ello, han evaluado la cantidad y el nivel de puntualidad de las propuestas, independientemente de su contenido. 

Recortes salariales, depósitos de sueldo de apenas S/2, retraso en los pagos. Muchos internos tienen que comprar sus propias mascarillas y equipos de protección. Uno está en UCI por contagio de Covid-19

“Nos consideran la mano de obra barata”, así describe la estudiante del séptimo año de la carrera de medicina humana de la Universidad Nacional Federico Villarreal, Karin Llanos (26), la penosa realidad por la que atraviesan ella y otros compañeros que realizan sus prácticas pre-profesionales. Razones para estar angustiada no le faltan: hace cuatro meses que no le pagan su sueldo, que equivale al salario mínimo, y el centro de salud San Sebastián, del Ministerio de Salud (Minsa), no le entrega su equipo completo de protección personal.

La joven tiene que dirigirse, una vez a la semana, a las galerías de la avenida Emancipación en el Cercado de Lima para comprar una mascarilla N95 color verde, mandilones, gorros, botas y una botella de alcohol. Debe cuidar su salud y la de su familia. Vive con sus padres.

A la semana, su centro de salud solo le entrega EPP, según su testimonio, “cada dos o tres días”. Ella asiste seis. ¿Le hace falta? Sí.

“Voy a Emancipación porque es lo más económico, Una mascarilla N95 de 3M, marca americana, que es la más segura, ahorita está costando [allí] entre S/60 y S/95. Por la segunda ola, [el precio] ha subido, cuando normalmente una mascarilla [de ese tipo, antes del inicio de la pandemia] costaba S/5”, explica la estudiante a Sudaca.

Llanos puede hacer ese gasto extra porque tiene el apoyo económico de sus padres. Por semana, desembolsa entre S/100 y S/150. Cada mes, esas compras significan un gasto que fluctúa entre S/400 y S/600. “Este dinero que nos están negando [los sueldos] nos ayudaría a que nosotros mismos podamos protegernos, [con] nuestro EPP”, añade la joven.

Karin Llanos Chávez es estudiante de medicina humana de la Universidad Nacional Federico Villarreal. Le deben cuatro meses de sueldo y no posee activo los seguros de Essalud ni de vida (ver imagen de abajo). La futura doctora compra sus mascarillas e indumentaria de protección en la avenida Emancipación, en el Cercado de Lima.

“No voy a usar un EPP [dos veces], que de repente [antes] he utilizado con los pacientes Covid que llegan con diarrea, que pierden el olfato o el gusto, a los que se les hace la prueba, salen positivos y ya sé que he tenido contacto [con ellos]”, dice Llanos. Además, indica que no está afiliada al seguro social de EsSalud ni posee seguro de vida, dos cosas a las que debería acceder según su contrato con el Minsa.

Cara a cara con el virus 

¿Los practicantes atienden pacientes Covid-19?Sudaca le hizo esta pregunta a Jazmín Sánchez (26), quien también es estudiante del séptimo año de la carrera de medicina, pero en la universidad San Marcos. Ella también realiza sus prácticas en el centro de salud San Sebastián, en el Centro de Lima. 

Jazmín Sánchez es secretaria de Internado de la Federación Peruana de Estudiantes de Medicina Humana (Fepemh) y cursa el séptimo año de medicina en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.  Tampoco posee activo su seguro de EsSalud (ver imagen de abajo) al igual que su compañera, Karin Llanos, y también le deben cuatro meses de sueldo.

La estudiante explica que, según la resolución directorial N° 022-2021, publicada el pasado 19 de enero por el Ministerio de Salud, los practicantes pre-profesionales de ciencias de la salud (medicina, enfermería, psicología, etc.) no deben atender en áreas Covid-19 de los hospitales ni establecimientos de salud. Asegura, sin embargo, que en los hechos atienden constantemente pacientes asintomáticos.

¿Cómo? La joven sanmarquina, quien también ocupa el cargo de secretaria de Internado de la Federación Peruana Estudiantes de Medicina Humana (Fepemh), explica que a su área llegan pacientes con Covid-19 porque no existe “un buen filtro”. “Nosotros, según decreto, debemos atender en áreas no Covid. Pero eso, al final, es difícil de cumplir porque hay pacientes que no saben que tienen la sintomatología clara”, precisa.

En San Sebastián, donde realiza prácticas desde octubre del año pasado, existe un consultorio especializado para pacientes con síntomas de haber estado expuestos al nuevo coronavirus. Aparte, hay otra área para las consultas médicas, como medicina general y vacunación. La joven atiende en medicina general.

Sin embargo, cuando un paciente se acerca al establecimiento, muchas veces saca una cita directa para su área. Recién después de la entrevista que tiene con la paciente, Sánchez se entera que ese “resfriadito”, esa “diarrea” y ese “dolor de cabeza con diarrea”, eran síntomas de la Covid-19.

“Hay bastante desinformación en las personas. Y cuando llegan a nosotros [a medicina general, sin haber pasado antes por el consultorio especializado de Covid-19], los recibimos, los atendemos, los mandamos a hacerse la prueba y salen positivos”, añade con preocupación. De esa forma, Karin, Jazmín y muchos más practicantes de medicina están en contacto con pacientes asintomáticos, por más que en su contrato esté escrito que no lo estarán.

El riesgo se agrava porque las dos jóvenes, hasta el cierre de esta edición, no sólo no reciben sus sueldos desde hace cuatro meses sino que ni siquiera tienen la afiliación al seguro social de EsSalud activa. Tampoco poseen un seguro de vida. Ambos son derechos que le corresponden, según el contrato de los internos publicado por el Minsa.

Karin Llanos no se ha contagiado de Covid-19, pero Jazmín Sánchez sí ha tenido la enfermedad. La también dirigente del Fepemh estuvo infectada en agosto del año pasado, aunque en ese momento los servicios de internado estaban suspendidos y no realizaba sus prácticas. Su salud continúa en riesgo. ¿Por qué? El pasado 3 de febrero, el propio EsSalud publicó un comunicado en el que informa que un paciente que ha tenido el coronavirus “puede reinfectarse”. La severidad de la enfermedad dependerá de la carga viral, el estado inmunológico del paciente y las mutaciones que existan del virus.

Por lo pronto, en su centro de labores, dos médicos y dos internos –que, si bien no son de la carrera de medicina, estuvieron en contacto con el personal– están en cuarentena porque dieron positivo al Covid-19. Si las dos estudiantes no tienen el seguro de EsSalud ni el seguro de vida activos, ¿cómo podrían trabajar con tranquilidad?

Yelicsa Altamirano (27), al igual que Jazmín Sánchez, también estudia en la San Marcos. Ella empezó a trabajar en noviembre pasado en el centro de salud Materno Infantil San Fernando, en Yerbateros, distrito de San Luis, y tampoco posee el servicio activo de EsSalud ni el seguro de vida.

Yelicsa Altamirano, al igual que Jazmín Sánchez, estudia en la San Marcos. El pasado 26 de enero recibió S/2, en su cuenta del Banco de la Nación, por el pago del mes de noviembre del año pasado. Tampoco posee el servicio activo de EsSalud ni el seguro de vida (ver imagen de abajo).

En su centro de salud también le dotan de equipos de protección personal que son insuficientes para su labor diaria. “Para no estar exponiéndome cada semana, compré 45 mandilones: 20 con un grupo de compañeros, al por mayor; y, otros 25, por mi cuenta. Además, una caja de 100 unidades de gorritos, una de 100 pares de botitas y una caja de mascarillas simples de triple capa” sostiene. Ella también tiene que comprarse su propia indumentaria para estar protegida. La tienen que ayudar sus padres.

“La mascarilla N95 no puedo encontrar, por eso no me compro. En mi centro me dan una mascarilla N95 a la semana. Me pongo una mascarilla de triple capa [que compro] abajo [de la N95] y otra encima, para estar protegida. [La mascarilla N95 que me dan] tengo que cuidarla bien y guardarla en un táper para que esté bien conservada”, agrega.

Sobre el pago de sueldos atrasados, el 26 de enero recibió en su cuenta del Banco de la Nación un depósito de S/2 (sí, dos soles). Según la boleta de pago que entregó a Sudaca, del mes de noviembre, le realizaron un descuento de S/ 928. Allí aparece un descuento por EsSalud de S/83,70, pese a que todavía no está afiliada. Esto se puede confirmar en la página web de ese servicio.

La resolución directorial N°022-2021 del Ministerio de Salud, publicada el pasado 19 de enero, es clara: los practicantes pre-profesionales de medicina tendrán un sueldo mínimo (S/930) y los seguros de EsSalud y de vida. Sudaca ha confirmado que en varios casos ese documento está escrito solo en el papel y no se está cumpliendo. 

Hace cuatro días le abonaron otros S/1.860 a la misma cuenta por los meses de diciembre y enero. Esta vez no le realizaron descuentos. Ella pide que el Minsa explique si en los meses posteriores les realizarán más descuentos y si les pagarán puntualmente.

Otro vía crucis

El mismo calvario lo vive el estudiante de medicina de la universidad San Martín de Porres Pablo La Serna (28). El futuro médico realiza sus prácticas pre-profesionales en el centro de salud Santiago de Surco, pero su caso es más dramático porque todavía no se ha dado a conocer el documento de la renovación de su contrato. El pasado 19 de enero, el Minsa publicó la resolución directorial N° 022-2021 con la renovación de los contratos de 7.480 estudiantes de las carreras de ciencias de la salud, pero su nombre no aparece en esa lista. Está a la espera de la publicación de una nueva resolución que lo incluya.

Pablo La Serna, estudiante de la universidad San Martín de Porres, ha recibido el pasado 26 de enero el primer depósito de su sueldo en el Banco de la Nación. Pero no fueron los S/930 que le prometieron pagar, sino también solo S/2.  No tiene seguro de EsSalud ni de vida.

La secretaria de Internado del Fepemh, Jazmín Sánchez, calculó para Sudaca que un aproximado de “500 estudiantes” a nivel nacional −la cifra es extraoficial− estarían en la misma situación que Pablo La Serna. “Son estudiantes que continúan realizando sus prácticas pre profesionales sin tener su renovación de contrato”, señaló.

Por el momento, al igual que Yelicsa Altamirano, Pablo La Serna ha recibido el pasado 26 de enero el primer depósito de su sueldo en el Banco de la Nación. Pero no fueron los S/930 que le prometieron pagar, sino también solo S/2. Él no puede asegurar a qué corresponden los descuentos, porque no ha podido acceder a su boleta de pago. Tampoco está afiliado a EsSalud y no tiene seguro de vida.

Hasta el 23 de enero La Serna estuvo realizando sus prácticas pre-profesionales, que comenzaron en octubre del año pasado, en el Hospital de Emergencias de Villa El Salvador. Estas quedaron suspendidas debido a que, según su testimonio, dicho establecimiento no quiso asumir más responsabilidades cuando un compañero suyo salió positivo al nuevo coronavirus.

De forma preventiva, Pablo La Serna y Yelicsa Altamirano han sido afiliados al Sistema Integral de Salud (SIS), que normalmente se destina a personas que no tienen un trabajo formal. En el caso de Jazmín Sánchez y Karin Llanos, ellas poseen SIS desde antes de realizar sus prácticas. No obstante, todos ellos reclaman tener activa su afiliación a EsSalud, porque es su derecho y porque tiene mejor cobertura.

El caso del estudiante de medicina de la universidad Federico Villarreal César Augusto Dávila Arainga (26), quien en la mañana de hoy será trasladado al Hospital Sabogal de EsSalud, es un claro ejemplo de la necesidad de contar con un seguro de amplia cobertura. Los médicos tuvieron que ayudar a la familia del joven universitario para que pueda conseguir una cama en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de dicho hospital, pues tiene Covid-19 y la salud muy deteriorada desde hace 12 días. El joven cumplía su internado en el centro de salud materno infantil Tambo Viejo de Cieneguilla desde octubre del año pasado.

El estudiante de la universidad Federico Villarreal, César Augusto Dávila Arainga, será trasladado a una cama UCI del Hospital Sabogal de EsSalud. Los compañeros del joven han organizado una colecta para que su madre, Luzmila Arainga, quien es enfermera de EsSalud, pueda solventar los gastos. No posee el seguro de EsSalud y los médicos le han ayudado para que pueda salvar su vida.

Su madre, Luzmila Arainga, quien es enfermera de EsSalud, lo llevó ayer a la Villa Mongrut del seguro social. Le pudo conseguir una cama porque tenía una amiga que trabaja allí. “Si no hubiera tenido a mi amiga, no sé qué hubiera hecho”, señaló a Sudaca. Recién esta madrugada se le pudo conseguir la cama UCI en el Sabogal, para que pueda ser trasladado. 

Los descuentos

Jazmín Sánchez dijo a Sudaca que, a nivel nacional, podrían ser hasta 2.000 los estudiantes afectados por los retrasos y recortes de sueldos, por no contar con el servicio activo de EsSalud y el seguro de vida, y por la entrega incompleta de equipos de protección personal. No obstante, precisó que esa cifra es extraoficial. Muchos de los internos no tienen el contrato renovado y no se quejan.

La dirigenta estudiantil explicó que poco a poco se están organizando. En diciembre enviaron una comunicación al Ministerio de Salud. Están alistando una nueva con más denuncias. Allí piden que se cumpla con el pago puntual y completo de sus sueldos, y con activar sus afiliaciones a los seguros de EsSalud y de vida.

Según Sánchez, desde que en agosto del año pasado se dio el decreto de urgencia N°090-2020, que reincorpora a los estudiantes de ciencias de la salud a sus prácticas pre-profesionales –suspendidas el 15 de marzo del año pasado por el inicio de la pandemia–, “sabíamos que no se iba a cumplir [con los pagos] porque ni siquiera se está cumpliendo con el pago a los médicos, no se les está dando EPP a todos. Sabíamos que siendo internos, iba a ser difícil”.

“Hemos mandado documento tras documento [al Minsa] –añadió la dirigente del Fepemh– diciendo que se tiene que hacer fiscalización, que hay internos cuyos contratos no salen, y esto es algo que se viene arrastrando desde el inicio. [Nos aseguraron en el MINSA que] se iba a pagar todo junto; eso nos dijeron en diciembre. No pasó. Llegó enero y nos dijeron que iban a pagar los cuatro meses, y tampoco pasó. Eso fue la gota que derramó el vaso, eso nos hizo tomar la decisión de hacer todo esto visible”.

Cuando las prácticas pre-profesionales fueron suspendidas el 15 de marzo del año pasado, a la mayoría de estudiantes se les continuó la  propina de S/400 hasta el mes agosto. Lo que entienden ellos es que se estaría descontando los pagos que realizaron a los practicantes por los meses no trabajados.

No obstante, para la representante estudiantil esos descuentos son injustos. Ese dinero les sirvió para afrontar el periodo de pandemia y ellos siempre pidieron continuar con sus prácticas pre profesionales.

Con la cabeza

¿Cuál es la solución? Lo que exigen los estudiantes, señala Sánchez, es una reunión con “la cabeza”. Es decir, con la ministra de Salud, Pilar Mazzetti. Además, que se publique una resolución ministerial explicando si habrá o no descuentos a los sueldos de los estudiantes y que se regularicen los contratos a quienes no se les ha renovado. “Papelito manda”, añade.

El Minsa publicó el pasado 30 de enero un comunicado de prensa que no es del todo claro. Allí señala algo similar a lo que los estudiantes intuyen: que el problema de descuentos se debería a que un “grupo de estudiantes tuvo que regularizar su situación administrativa por los meses en que recibieron los abonos por actividades que no realizaron por estar suspendidas. Este procedimiento se está llevando a cabo actualmente y culminará en enero del 2021”. Es decir, que la ‘propina’ que recibieron entre marzo y agosto estaría siendo descontada de sus salarios mínimos ahora. ¿Y los retrasos?

Sudaca envió un pliego de preguntas, por separado, al MINSA y EsSalud, pero hasta el cierre de esta edición, no hubo respuesta.

Para la dirigente del Fepemh, esto es “un aprovechamiento” del Minsa porque saben que, al ser su último año de estudios, solo tienen tiempo hasta abril para terminar sus prácticas y graduarse.

Sin embargo, para la estudiante de la universidad Federico Villarreal, Karin Llanos, se trata de un maltrato histórico que siempre han sufrido los estudiantes de medicina. “Hasta nosotros mismos nos burlamos de nuestra propia realidad diciendo que somos como los esclavos, los esclavos mal pagados”.

En un artículo de El Comercio, publicado en el 2015, la lingüista Martha Hildebrandt dice que la frase “cholo barato” es “una expresión nominal que expresa o representa la explotación del indio por el blanco desde la llegada de Pizarro hasta nuestros días”. “Aunque ya no sea tan barata –añade–, nuestra mano de obra sigue siendo hoy subvalorada”. Esta historia, en la era del Covid-19, podría reforzar el desarrollo de su tesis.

Nuevamente las plantas llegan después de los muertos. La mayor parte del suministro de oxígeno con el que el país enfrenta la segunda ola todavía proviene del grupo empresarial privado Praxair-Linde y no de plantas de oxígeno instaladas en los centros de salud. Estas solo brindan el 7% del oxígeno consumido a nivel nacional. En cambio, el 60% es provisto por tanques criogénicos que son abastecidos −principalmente− por compañías con antecedentes de colusión, como la antes mencionada.

A Luis Barsallo, “El Ángel del oxígeno”, le ha tocado ver cómo los familiares de enfermos de Covid-19 se enteran por una llamada que su ser querido falleció, mientras hacen desesperadas colas para rellenar sus balones. Un paciente crítico no puede aguantar mucho tiempo sin el elemento medicinal que él ha decidido vender a precio justo. Afuera de su local, las colas reaparecieron el lunes 18 de enero. 

En noviembre, diez semanas antes, el problema del oxígeno medicinal debió haberse empezado a solucionar. Ese mes hubo una reunión clave entre representantes del Indecopi y la ministra de Salud, Pilar Mazzetti. ¿Cuál fue la agenda? Entregar recomendaciones al ministerio a partir de un reporte investigativo elaborado por la Comisión de Defensa de la Libre Competencia sobre el mercado de oxígeno medicinal, revelaron a Sudaca fuentes del Indecopi.

La comisión conocía bien dicho mercado. En 2010 el Indecopi sancionó a Praxair Perú S.R.L., Linde Gas Perú S.A. y Messer Gases S.A. por conformar un cartel y repartirse las licitaciones de compra de oxígeno medicinal líquido y gaseoso de los hospitales del Estado. Los cargos y la multa de 15 millones de soles fueron ratificados vía sentencia judicial en junio del año pasado.

Sin embargo, las matrices globales de las coludidas Praxair Perú S.R.L. y Linde Gas Perú S.A. se convirtieron en una sola compañía en 2018 y 2019. “El mercado está más concentrado que hace algunos años. Praxair y Linde se fusionaron, y pasó a haber dos y no tres proveedores. En la mayoría de países esa fusión estuvo sujeta a condiciones; en el Perú no”, explicó a este medio Jesús Espinoza, secretario técnico de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia (CLC) del Indecopi.

Según el reporte de Indecopi, más del 80% de las compras de oxígeno que realizan los hospitales peruanos corresponde al Grupo Praxair Perú. Son sus subsidiarias locales, Praxair Perú S.R.L, Linde Gas Perú S.A. y Tecnogas S.A., quienes se llevan la porción mayoritaria del mercado. Su competidor más cercano es el grupo Air Products Perú, conformado por Air Products Perú S.A. e Indura Perú S.A.

En la reunión entre el Indecopi y el Ministerio de Salud (Minsa) hubo una recomendación crucial para romper con el riesgo de esa alta concentración del mercado: dejar de depender de los privados para brindar un servicio público. Es decir, instalar más plantas de oxígeno en los hospitales del Estado. Así lo precisan las fuentes consultadas por Sudaca, que conocen en detalle lo conversado.

¿Tiene sentido esa recomendación? Muchísimo. Aún más si la propia Linde Perú dijo el último lunes que la demanda de esta segunda ola la ha sobrepasado a pesar de haber incrementado su producción. “Linde Perú alertó al gobierno desde hace varias semanas sobre esta situación a fin de que se busquen fuentes alternativas de oxígeno, como viene ocurriendo en los demás países de la región”, precisó en su comunicado.

Ante la sugerencia del Indecopi, la respuesta de la ministra Mazzetti fue que ya existía un convenio con la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) para la fabricación y entrega de plantas de oxígeno medicinal. El Indecopi ofreció trabajar activamente en caso se necesitase el registro de alguna patente para agilizar la llegada de las plantas a los hospitales públicos. Con la curva de contagios y muertes aún bajo control, lo sensato era acelerar la implementación del convenio para pertrecharse. Aquello no ocurrió.

El 6 de noviembre, al día siguiente de la reunión con el Indecopi, el Minsa transfirió el 50% de los recursos necesarios a la UNI para efectuar la fabricación de las plantas de oxígeno: US$11.806.441. De acuerdo con la web oficial de la UNI, sin embargo, las primeras 15 plantas del proyecto bautizado como Oxigena 47 serán entregadas recién a lo largo de este mes, según el siguiente cronograma:

Se trata de hospitales en Arequipa, Ica, Junín, Cajamarca, Cusco, Piura, Ucayali, Ancash, Apurimac y Lima. El problema es que en Ica el número de fallecidos totales ya sobrepasó a los registrados en el pico de la primera ola, según el análisis diario que realiza el ingeniero Rodrigo Parra Wong de las cifras del Sistema Nacional de Defunciones (Sinadef). Junín está a pocos días del mismo destino. Lima, Ancash, Arequipa y Cusco van en rápida subida: las muertes se acumulan y la curva crece sin freno. Piura y Ucayali, también están en ascenso. Sudaca buscó en repetidas oportunidades a Elizabeth Chahuares, directora de Oxigena 47, pero no obtuvo respuesta.

En julio del año pasado, la Digemid autorizó a la PUCP −en convenio con la empresa Seralt SAC− para fabricar plantas de oxígeno medicinal. El ingeniero mecánico y profesor de la PUCP, Fernando Jiménez, quien codirige dicha iniciativa, contó a Sudaca que han alcanzado un tiempo de producción de apenas tres semanas y que podrían haber fabricado 30 plantas (de 20 metros cúbicos por hora) entre noviembre, diciembre y enero, trabajando a plena capacidad. Un ritmo bastante más rápido que el que prevé el demorado convenio entre el Minsa y la UNI.

Jiménez consideró que debió preverse la necesidad de las plantas ante la inminencia de la segunda ola. “Minsa sabía que nosotros tenemos esa capacidad de producción”, sostuvo. Sudaca insisitó por una entrevista sobre este tema con un vocero del Minsa, pero el área de Información Pública reiteradamente derivó la consulta con la UNI.

Un negocio de tanques y balones

Aunque la precariedad de nuestro sistema de salud nos ha presentado al balón de oxígeno como unidad de medida de este valioso recurso, la verdad es que es solo una medida de emergencia. El estándar global es que los ventiladores mecánicos, el oxígeno de alto flujo y de bajo flujo de un hospital sean abastecidos directamente por su propia planta de oxígeno, mediante un sistema de tuberías que llega a cada cama y a cada enfermo.

Sudaca consultó a la Directora Ejecutiva de la Oficina de Información Pública del Minsa, Patricia Escudero, por el número actualizado de plantas públicas de oxígeno a nivel nacional, pero ella −incomprensiblemente− indicó que era la UNI la que debía responder aquello. La Superintendencia Nacional de Salud (SuSalud), al menos, sí brindó el registro que desde hace algunas semanas actualiza diariamente. Según esta data, solo el 19% de los hospitales niveles II y III tienen una planta de oxígeno operativa: 47 de una larga lista de 252.

Durante la primera ola, la trágica experiencia de Iquitos fue el primer aviso de la urgencia de que cada hospital tenga su propia producción de oxígeno. La primera planta de la ciudad, conseguida a base de colectas de la iglesia católica, salvó vidas pero también llegó tarde para muchas familias. Ahora, según data de Sinadef, Huánuco ha sido la primera región en la que el número de fallecidos de la segunda ola superó al pico más alto de la primera.

El sistema de salud de la región ha colapsado, pero Sudaca identificó un centro de salud que todavía resistía el nuevo embate del virus: el Hospital de Tingo María. Allí la gestión eficiente del oxígeno ha jugado un rol clave (ver reportaje). La coordinadora del Comando Covid del Hospital, Michele Panduro, explicó a este medio que el suministro que les da su planta de oxígeno lo utilizan para abastecer ventiladores, equipos de alto flujo y máscaras de reservorio; y procuran utilizar los balones solo cuando los pacientes necesitan más de 10 litros de oxígeno por minuto.

Mientras tanto, en cambio, en el Hospital Negreiros del Callao el oxígeno escasea gravemente. Su cuerpo médico ha pedido restringir el ingreso de pacientes a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y la hospitalización hasta que se repare su suministro de oxígeno encargado a la compañía privada Linde Perú. El Negreiros no tiene una planta propia y se abastece solo por cilindros y tanques.

“Las grandes empresas no tienen interés en vender aisladamente a los ciudadanos [balones de oxígeno]. Su negocio es con las instituciones”, explicó Jesús Espinoza, de la CLC de Indecopi, en referencia a las compras que los establecimientos públicos de salud realizan para abastecer sus flujos de oxígeno. Jiménez, de la PUCP, coincide. Para él, el negocio de las grandes firmas como Praxair-Linde y Air Products es abastecer regularmente las cisternas o tanques de los hospitales.

¿Cómo funcionan las plantas de oxígeno? “Las plantas producen oxígeno a baja presión, que se puede distribuir por tuberías a cada paciente. En todo el mundo, solamente se usa el oxígeno comprimido (el de los balones) si lo tengo que llevar lejos del sitio donde lo he generado, si tengo que distribuirlo lejos”, explica Jiménez.

Lo lógico, entonces, sería colocar plantas de oxígeno a nivel nacional, al menos en todas las ciudades con hospitales de nivel II y III. “Lo que pasa es que se está chocando con un negocio de varios millones [el de las dos compañías que dominan el mercado], tal y como se ha venido manejando anteriormente”, sostiene el ingeniero mecánico.

“Efectivamente, el oxígeno medicinal debería ser considerado como un recurso estratégico en salud, por lo que importa para defender la vida”, decía en junio el médico Oscar Ugarte, gerente central de operaciones de EsSalud. Él planteaba entonces que existían tres vías para abastecer del vital recurso a la población: 1) que las plantas de oxígeno industrial comiencen a producir medicinal, 2) importaciones rápidas de generadores de oxígeno, 3) o comprar plantas como lo hizo Iquitos.

La última es la que los expertos, incluidos los del Indecopi, mantienen como única opción. “Los hospitales todos deberían tener sus plantas de oxígeno, primero porque es más barato [mantener el suministro], y en segundo lugar, porque es de seguridad nacional. ¿Qué pasa si hay un terremoto y la planta Praxair colapsa? Es como decir que yo solamente genero electricidad en el Mantaro”, reflexiona el ingeniero mecánico Fernando Jiménez.

Sin embargo, la lentitud del Estado para instalar y poner en operación las primeras plantas de los hospitales públicos ha hecho que la segunda ola nos agarre casi igual de indefensos que la primera. Si bien otras recomendaciones del Indecopi, como reducir el porcentaje de pureza del oxígeno medicinal que puede comercializarse, sí se han implementado, aquello no basta sin producción por parte del Estado.

Según Espinoza, el consumo regular de oxígeno era de 100 toneladas métricas (TM) diarias antes de la pandemia. En la primera ola se multiplicó por cuatro hasta llegar a las 426 TM. Con la segunda ola encima, el oxígeno escasea y todo indica que llegará muchos muertos después de lo necesario. Iniciativas como la de Luis Barsallo son apenas marginales. El ‘Ángel del oxígeno’ no puede guardar la vida de todos los peruanos. Los hospitales del país siguen mayoritariamente a merced de lo que puedan producir dos grupos empresariales.

*Con la colaboración de Paolo Benza.

Asociación de Contribuyentes propone modificar medidas para combatir la segunda ola: Que negocios no cierren a las 6pm, que se permita el recojo de pedidos en restaurantes y se divida a Lima en diversas zonas de riesgo. Advierten que podrían cerrar 3.500 restaurantes.

Las medidas restrictivas implementadas por el Ejecutivo para enfrentar la segunda ola del Covid-19, comenzarán a regir desde este domingo 31. La Asociación de Contribuyentes aseguró que la cuarentena, tal y como está planteada, podría hacer que muchas empresas quiebren en estos 15 días de confinamiento, por lo que propuso la eliminación del “toque de queda” de las 06:00 p.m. para los negocios para evitar aglomeraciones, así como dividir a Lima en zonas de riesgo con cuarentenas focalizadas.

“Esta cuarentena que se quiere imponer en estas dos semanas, es un modelo que ya ha fracasado”, aseguró José Ignacio Beteta, presidente de la Asociación de Contribuyentes, centro de investigación que tiene como misión vigilar el uso del dinero de los contribuyentes recaudado por el Estado. “Muchas empresas, aunque no lo crean, en estos 15 días, pueden quebrar”, advirtió.

“Proponemos una cuarentena inteligente que ponga un punto medio donde -efectivamente- se vuelvan más rigurosas las medidas sanitarias, pero se eviten los errores de la cuarentena pasada”, aseguró. Por ejemplo, dice, se debe eliminar la limitación horaria de las 6:00 pm para negocios como bodegas, mercados itinerantes o farmacias. “Esa medida funciona a modo de toque de queda para los negocios y eso puede generar aglomeraciones, tal como ocurrió en el pasado. Millones de peruanos no pueden comprar para varios días sus alimentos y bienes esenciales. Esta restricción es a todas luces equivocada”, indicó.

Aunque los restaurantes no cerrarán del todo y podrán hacer delivery las 24 horas del día, Beteta, plantea agregarle otra medida: “El sector gastronómico y turismo emplea a dos millones de personas. Lo que planteamos es que los restaurantes (en las zonas consideradas extremas como Lima y Callao) no abran, pero que también se les permita entregar el producto en la puerta. Que hagan un sistema de recojo en tienda”, señaló.

Recordemos que en los últimos diez meses cerraron unos 70 mil restaurantes en todo el país por la crisis económica provocada por el Covid-19 y el representante de la Unión de Gremios y Asociaciones de Restaurantes, José Luis Silva Martinot, calculó que el confinamiento de 15 días pone en riesgo a unos 3,500 que corren el riesgo de salir del mercado.

Piden reducción de impuestos

Otra de las propuestas formuladas por las Asociación de Contribuyentes es ampliar la oferta de transporte público y permitir el desarrollo de actividades de producción textil y manufactureras sin venta directa al público. Así como permitir la movilización individual en bicicleta, sin restricción horaria y que se pueda hacer deportes libres (correr, caminar, ejercicios individuales) en espacios públicos. Además de permitir el uso de transporte privado, para una sola persona, para acudir a establecimientos que proveen servicios esenciales.

Finalmente, saludó la suspensión del Impuesto a la Renta, IGV y el impuesto selectivo al consumo, por 30 días y en las zonas consideradas en situación extrema. “La medida aplicada por el Ministerio de Economía es correcta, ayuda en algo. Pero no es suficiente. Se deben reducir los impuestos en general y así se pueda lograr un crecimiento más sostenible de las empresas”, sentenció Beteta.

Proyecto de Ley de congresista Carmen Omonte desata polémica al proponer que sea el Estado quien administre un nuevo Sistema Integrado Universal de Pensiones.

Polémica ha desatado que la comisión multipartidaria de reforma del sistema previsional del Congreso aprobara el proyecto de ley que crea el Sistema Integrado Universal de Pensiones (SIUP). La iniciativa, liderada por la congresista Carmen Omonte, de Alianza para el Progreso, propone que los fondos de la AFP y ONP, así como programas como Pensión 65 y Contigo, pasen a este único sistema, el cual será administrado por una autoridad del sector público con autonomía similar a la del BCR

El proyecto, además, crea un Fondo de Riesgo Compartido. Esto funcionaría como una especie de bolsa común en donde una parte del aporte mensual de cada afiliado financiará las pensiones de otras personas.

El trabajo de la comisión se basó en que el 72 % de la PEA no está en ningún sistema de pensiones. Con el sistema, también, no queda claro qué pasará con la rentabilidad de cada fondo y expertos aseguran que el proyecto no brinda seguridad a los afiliados porque el Estado ha fracasado administrando el dinero de las jubilaciones.

“El Estado ha demostrado ser un fracaso administrando pensiones. El IPSS generaba pérdidas del 40% de rentabilidad y la ONP tiene un déficit de más de 100 millones de soles”, indicó Jorge Carrillo, profesor de Pacífico Business School. “Por otro lado, una parte de tus aportes irá a un fondo común y no vas a recibir una pensión en base a tu esfuerzo, sino que vas a vivir ayudando a quienes menos tienen”, añadió Carrillo.

Posteriormente, el docente, se preguntó: “El Estado cambia cada cinco años y algún gobierno caprichoso puede decir: “Esta plata puede servir para atender otras cosas”. Entonces ¿Qué podría suceder? Quedarnos sin pensión”, sentenció Carrillo.

AFPs rechazan proyecto

Según la congresista Carmen Omonte, el proyecto de ley busca que se les garantice a todos los peruanos una pensión mínima llegada la jubilación. También se señala que el nuevo ente cuente con un directorio conformado por un presidente, secretaría general, órganos de asesoramiento, control institucional, defensa jurídica y una defensoría del asegurado.

“Lo que se propone es similar a una empresa estatal y las experiencias de éxito que tiene el país en ello ¿cuáles son? ¿Petroperú?”, comentó David Tuesta, exministro de Economía y Finanzas, cuestionando el proyecto.

Quienes también rechazaron la medida fue la Asociación de AFP al señalar que se trata de una estatización y cuestionaron la rentabilidad que pueda generar este nuevo sistema.

“Podemos señalar que la rentabilidad promedio anual que en estos 30 años han producido las AFPs, para sus afiliados, es de 11%. Y que cuando los afiliados han ido a retirar su dinero, lo han encontrado todo ahí, algo que no puede decirse de los casos de nuestro pasado en que este fue administrado por el Estado”, señalaron en un comunicado.

En respuesta, la congresista Omonte afirmó que es falso que el nuevo proyecto del sistema de pensiones busque estatizar la gestión de los fondos. Pero ante las críticas, la parlamentaria, que también conforma la plancha presidencial de César Acuña, señaló que el proyecto de ley aprobado podrá modificarse durante debate en el pleno del Congreso, el mismo que podría darse entre abril y junio.

No solo el Covid-19 puede arrebatar una vida. Una alteración de la salud mental mal atendida también. Lo sabe la familia de una adolescente de 16 años que ha sido acusada por la Fiscalía de degollar a un panadero en el asentamiento humano Enrique Milla Ochoa de Los Olivos. El presunto asesinato ocurrió el 4 de enero.

La menor de edad, quien trabajaba en la panadería del difunto Fernando Osorio (48), habría usado un cuchillo de su casa para hacerle un corte en el cuello a la víctima. Según su historial médico en el hospital Honorio Delgado–Hideyo Noguchi, la adolescente ya había intentado antes asesinar a su hermana.

Rocío Ramírez, quien trabaja en ese hospital psiquiátrico tratando niños y adolescentes, contó a Sudaca que la joven fue su paciente hasta julio del año pasado. En ese tiempo la atendió tres veces mediante ‘consultas virtuales’. Estas pueden ser por celular, teléfono fijo o Google Meet.

La psiquiatra diagnosticó que su paciente sufría cuadros depresivos y asegura que recomendó, a través del director de su área, que sea internada. Dicho servicio, sin embargo, está suspendido desde el inicio de la pandemia.

“Yo le dije ‘no doctor [a su jefe], esta paciente está tan mal que no está para que le llamen por teléfono todos los días. Esta paciente tiene que ser vista en emergencia y hospitalizada. Había vivido cosas muy fuertes’”, cuenta Ramírez. Al final, la joven igual pasó a hospitalización domiciliaria.

La psiquiatra enfermó de Covid-19, se recuperó en septiembre y supo que la adolescente seguía recibiendo atención domiciliaria. El 4 de enero se enteró por la televisión del presunto crimen.

¿Qué es hospitalización domiciliaria? Es un servicio que fue implementado en el Noguchi desde el inicio de la pandemia, en abril del año pasado, cuando la hospitalización corriente y la atención médica personalizada fueron suspendidas. La jefatura del hospital decidió que los médicos envíen a los pacientes a sus casas y les hagan seguimiento médico diario por teléfono. Desde esa fecha, en el Noguchi −ubicado en San Martín de Porres− solo se realizan atenciones de forma virtual, sacando previa cita por teléfono. El servicio de emergencia es para casos graves y permite que los pacientes se queden apenas unos días.

Para Rocío Ramírez, que también es presidenta del cuerpo médico del hospital, este caso se hubiera evitado si la joven accedía al internamiento. Lo que ocurre, explicó, es que a través de la hospitalización domiciliaria “no se puede conversar con la familia ni controlar si el paciente puede tomar o no su medicación”.

Otro hecho fatal que pudo evitarse si siguiera habilitada la hospitalización regular en el Noguchi fue el suicidio de un joven de 18 años en Los Olivos, el pasado 17 de septiembre. Un día después de haber recibido atención médica virtual, trepó hasta lo alto de una torre de energía eléctrica y se lanzó contra el piso. La caída fue de 40 metros.

Seis meses antes, en marzo, el mismo paciente ya se había subido a la misma torre de alta tensión. También quiso lanzarse, pero aquella vez fue salvado por los bomberos.

Si bien esa víctima fatal no fue paciente directo de la doctora Ramírez, ella recuerda que se le había recomendado aumentar la medicación. Tampoco estuvo internado. La portavoz de los médicos del Noguchi señala que esos dos hechos fatales corroboran la necesidad de que su centro psiquiátrico deba volver a las atenciones presenciales y recibir hospitalización con normalidad. 

No tienen protección

La segunda necesidad que tienen los médicos del Noguchi es que se respeten los protocolos de bioseguridad contra la Covid-19. En el hospital psiquiátrico, aseguran, no hay espacios para que el personal se coloque sus equipos de protección personal (mamelucos y mascarillas) y no les realizan pruebas moleculares sino pruebas rápidas.

Durante la pandemia han muerto de Covid-19, infectados en el propio nosocomio, dos vigilantes y una empleada administrativa. Actualmente, dos médicos y cinco enfermeros están contagiados y hacen la cuarentena en sus casas. Pese a ello, Ramírez dice que el personal quiere volver a atender de forma presencial. En total, son cerca de 40 médicos atendiendo desde casa que desean volver a hacerlo en persona. Para no arriesgar tanto sus vidas, necesitan protocolos más eficientes.

La doctora Ramírez explica que el Noguchi atiende 200 consultas de niños y adolescentes al día, la mayoría por intento de suicidio, hechos violentos, ansiedad, alucinaciones (por ejemplo escuchan voces que los llaman a matar al hermano o llamados del demonio) y depresión. Durante la pandemia, asegura, se ha incrementado en 30% el número de consultas de jóvenes de entre 18 y 25 años. La razón más importante es el confinamiento. 

¿Qué ha sido lo determinante? Según la psiquiatra, que los jóvenes hayan sido testigos de la pérdida del empleo de sus padres, de hechos violentos en sus casas y que no haya podido estar en contacto con otras personas.

La atención remota en el Valdizán

En el hospital Hermilio Valdizán, ubicado en Santa Anita, la situación es similar a la del Noguchi. Alexis Alcázar, médico psiquiatra de ese nosocomio, dice a Sudaca que las hospitalizaciones y las atenciones presenciales también están suspendidas. Solo funcionan 15 de las 42 camas para casos de extrema emergencia. 

Explicó además que, si bien en el 2020 se han atendido menos casos de conducta suicida en comparación al 2019, ello no quiere decir que hayan disminuido sino que “lo preocupante es que no se están atendiendo”. Así, no se estaría dando una cobertura adecuada a la demanda de eventos de conducta suicida y de hechos violentos en nuestra capital. “La finalidad en psiquiatría es la atención individualizada, que es lo más efectivo, y eso no se está dando mucho porque es de forma virtual”, aseguró.

Para Alcázar, el riesgo es alto. “No lo vemos ahorita. Lo podemos ver después de un año. Sobre todo en los jóvenes, hay conducta violenta y consumo de sustancias (droga, alcohol). El término técnico es conducta reemergente. Puede ser que al término de la pandemia veamos todos esos fenómenos incrementados”, afirma.

Sobre los protocolos contra el Covid-19 que se siguen en el Valdizán, el doctor señala que solo se cumplen en las áreas focalizadas, como la Unidad de Emergencias, donde se atienden unos 100 casos al día. “No todo el personal posee equipos de protección personal (EPP)”, sostiene.

De los 60 médicos, solo 36 están trabajando de forma presencial y 24 lo hacen de forma remota con las atenciones virtuales. Según Alcázar, todos están dispuestos a trabajar en las hospitalizaciones y en las atenciones presenciales, como sus colegas del Noguchi.

Sudaca envió un cuestionario al Ministerio de Salud, pero no obtuvo respuesta hasta el cierre de esta edición. Este medio también intentó comunicarse con las centrales telefónicas del Noguchi y el Valdizán, pero nadie contestó el teléfono.

Fugas en el Larco Herrera

El único hospital de salud mental que no atiende consultas externas de forma virtual ni presencial es el histórico Hospital Víctor Larco Herrera, fundado en 1918 y ubicado en Magdalena del Mar. Ningun paciente nuevo puede atenderse mediante las consultas externas, ya sea por teléfono, chat o de forma presencial. Antes, deben pasar por sus redes de salud comunitaria, las cuales -en su mayoría- no tienen capacidad para diagnosticarlos y derivarlos. En el Larco Herrera solo se atiende a pacientes llamados «continuadores».

Además, pareciera que no hay un estricto control interno, porque en diciembre del año pasado se escapó el paciente Richard Arce. Sudaca pudo encontrar a esta persona en el cruce de las avenida Brasil con el jirón Inclán, a cuatro cuadras de la plaza principal de Magdalena. Tiene alrededor de 50 años de edad y durante 30 años estuvo internado en dicho hospital.

No usaba mascarilla y no se sabe si tiene Covid-19. Según los vecinos de la zona, se dedica a cuidar vehículos de los restaurantes. Sin embargo, desconocen que ha tenido conducta violenta, según confirmó a Sudaca el psiquiatra Óscar Villanueva, quien fue su médico de cabecera en el hospital.

El especialista de salud mental confirmó que Arce estuvo internado en el Larco Herrera y que él mismo ha pedido su regreso. Él lo encontró en la calle y lo llevó a Emergencia. Lo atendieron, pero la dirección ya no quiso su retorno pese a que puede ser un peligro en la calle.

Señaló además que hay preocupación en el personal médico y los enfermeros del hospital psiquiátrico puesto que los 300 pacientes que permanecen hospitalizados se infectaron de Covid-19. Ellos están ahí desde antes de la pandemia, ya que el centro de salud mental no hospitaliza pacientes desde la primera cuarentena. El año pasado murieron 10 trabajadores y este año han fallecido otros 12. Solo funciona el servicio de Emergencia.

¿Quieres volver al Larco Herrera?, le preguntamos a Richard Arce, quien solo por coincidencia lleva el mismo nombre que un parlamentario del Congreso disuelto. “¿Por qué? Si ya fui dado de alta” nos contestó.

**La foto que abre esta nota es referencial y le pertenece a Reuters.

El ecosistema emprendedor tiene un conjunto de variables destinadas al surgimiento, desarrollo y potenciar los emprendimientos.

El emprendedor peruano -asegura el Ministerio de la Producción- es aquella persona que identifica una oportunidad y la aprovecha para desarrollar una idea de negocio o una empresa por medio de su trabajo y autoaprendizaje, motivado por el logro de objetivos. Tiene habilidades y virtudes como liderazgo, perseverancia, empatía, resiliencia y disciplina. Pero necesita de un entorno que estimule el desarrollo de su emprendimiento. A este entorno se le conoce como Ecosistema del Emprendedor Peruano.

¿Quiénes forman parte de este ecosistema? incubadoras, sistema financiero, Gobierno, iniciativas privadas, instituciones interesadas en invertir en emprendimientos, redes de inversión, inversionistas ángeles, Venture capital y empresas privadas.

La consolidación y fortalecimiento del ecosistema es también labor del Estado. A través del Ministerio de la Producción, por ejemplo, se ofrece un abanico de oportunidades para el emprendedor peruano que se traducen en inversión para la generación de competencias y habilidades de gestión empresarial y liderazgo.

La idea es que mientras más se le facilite las cosas a los emprendedores para que florezcan y se consoliden, mejor será el ecosistema y por lo tanto tendrá un impacto positivo en nuestra economía.

En pocas palabras el ecosistema emprendedor tiene un conjunto de variables destinadas al surgimiento, desarrollo y potenciar los emprendimientos.

“Con los años hemos generado políticas e instrumentos de cofinanciamiento que se ajustan a las necesidades del ecosistema con un capital semilla para emprendedores innovadores y para el fortalecimiento de las capacidades de las incubadoras y aceleradoras de negocios. A la fecha apuntamos a promover la innovación y emprendimiento en todas las regiones del país”, dijo Rafael Castillo Manrique, coordinador adjunto del Programa Innóvate Perú.

Para potenciar el ecosistema emprendedor en el Perú, han surgido diversas entidades de soporte como Innovate Perú (con su programa Startup Perú), Emprende UP, StartUPC, PQS, Wayra que han logrado tener una participación más activa en la preincubación, incubación de proyectos y su escalamiento comercial en el mercado. Y por el lado de la investigación científica, Concytec.

El ecosistema peruano debe empujar a las startups, para hacerlas crecer con una mirada regional e internacional bajo la lógica “Piensa globalmente, actúa localmente”, explicó Giancarlo Falconi, responsable de la Incubadora PQS. Explicó que los ecosistemas de Israel, Sillicon Valley e Inclusive México nacen, desde la formación, con una mirada global de vender al mundo.

A pesar de la crisis económica por la pandemia, la inversión en emprendimientos no se ha detenido.

“No habrá perdón que valga”. Era 28 de diciembre y la médica general Michele Panduro se refería así a la posibilidad de que pacientes con la Covid-19 muriesen en el departamento de Huánuco por falta de oxígeno al llegar la segunda ola. “Ya son 9 meses que deben haber servido para asegurarse de que todas las ciudades tengan un suministro”, decía desde su cuenta de Twitter.

Pocas semanas después, Huánuco capital pediría oxígeno a gritos. Sería noticia a nivel nacional y las imágenes de familiares clamando por camas de cuidados intensivos (UCI) generarían impotencia.

Con 26 años, Panduro lidera el Comando Covid del Hospital de Tingo María. Viajó de Lima a esa pequeña ciudad, que queda a tres horas en auto de la capital regional, porque faltaban manos para combatir al coronavirus. Comenzó a atender pacientes críticos en setiembre. Recién desde hace un par de semanas lleva la voz de mando en su unidad.

“El primer paciente Covid de la segunda ola que llegó acá [a Tingo María] había pedido su alta voluntaria en Huánuco porque ya no había camas UCI disponibles. Eso fue más o menos pasada Navidad”, cuenta a Sudaca. Recuerda que llegó con su balón de oxígeno a cuestas y fue enviado directamente a ventilación mecánica. 

Fue en la última semana del 2020 que Huánuco empezó a colapsar. El ingeniero Rodrigo Parra Wong explicó a Sudaca que la cantidad de fallecidos totales comenzó a subir con mayor notoriedad desde del 7 de diciembre. Él analiza a diario las cifras del Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef), una forma más exacta de dimensionar el efecto de la pandemia que las cifras oficiales de fallecidos por la Covid-19.

El 4 de enero, tres de los cuatro médicos intensivistas del Hospital de Contingencia Hermilio Valdizán de EsSalud en Huánuco renunciaron a sus puestos. Alegaron que no les habían estado pagando y que no tienen apoyo especializado para atender a los pacientes críticos.

“El hospital ya no puede atenderlos. Por eso, en la última semana los médicos les han estado sugiriendo a los pacientes que pidan su alta voluntaria para buscar atención en el Hospital de Tingo María [que corresponde al Ministerio de Salud]”, declaró a RPP el médico renunciante Jorge Cárdenas Siu, hasta entonces jefe del área UCI en el Hermilio Valdizán. Les deben sus honorarios desde agosto, explicó.

Precisamente por esos días salió de alta el paciente que llegó cargando su balón de oxígeno desde Huánuco poco después de Navidad, y que la jefa de Comando Covid del Hospital de Tingo María identificó como el primero de la segunda ola. De la pequeña ciudad donde trabaja Panduro se pueden aprender algunas lecciones.

La estrategia de Tingo María

“En Huánuco la segunda ola ya es peor que la primera”, concluyó Marco Sifuentes en La Encerrona al revisar la data del Sinadef que sistematizó Parra Wong hasta el 19 de enero. Ese día, la líneas roja de fallecidos mostraba cómo se había superado el pico más alto de la primera ola, en julio.

El director regional de salud César Torres dice a Sudaca que en diciembre pidió al Ministerio de Salud (Minsa) una planta de oxígeno. Este medio consultó al Minsa, pero al cierre de la nota no recibió respuesta al respecto. “Tiene que haber una planta o hasta dos si es posible. Estamos de subida. El peor escenario para febrero-marzo es que pueda tener 1.800 muertos. No voy a esperar que suceda”, afirma.

Recién este último fin de semana el Minsa hizo llegar oxígeno a Huánuco. “Nos están mandando concentradores de oxígeno, lo agradezco. Nos han mandado 50 balones [de oxígeno], lo agradezco; pero eso es insuficiente, replica César Torres. “Ayuda pero no resuelve el problema”, concluye.

En medio de la desgracia regional, el hospital de Tingo María, donde trabaja Panduro, aún no colapsa.Tiene un médico intensivista de planta y otros tres (uno de Pucallpa, dos de Huánuco) que asisten a la UCI intercaladamente. Panduro los apoya. “Sí, tenemos varios pacientes que son de afuera, que al no encontrar cama en Huánuco donde era su centro de referencia, empezaron a llegar acá”, confirma ella. ¿Por qué?

Sin que lo plantee así, queda claro con base en su testimonio que la adquisición de equipos de alto flujo de oxígeno y adelantarse en la apertura de camas previendo una mayor demanda han sido las medidas clave.

El alto flujo de oxígeno es un tratamiento intermedio entre el soporte de oxígeno de bajo flujo y la ventilación mecánica. Se parece a la cánula binasal pero brinda el oxígeno con mayor fuerza. A diferencia de la intubación, el alto flujo es un tratamiento menos invasivo y con menos probabilidad de secuelas. “Nosotros tenemos una forma de ver [un índice] si un paciente va a responder al alto flujo o no, porque también es importante no retrasar la intubación en caso el paciente la necesite”, precisa Panduro.

El presidente de la Sociedad de Medicina Intensiva (SOPEMI) cuenta a Sudaca que en setiembre ellos propusieron al Minsa implementar las “Salas de alto flujo” a nivel nacional, justamente como un espacio previo a la intubación. “Nosotros presentamos la Guía de Manejo de Pacientes Covid, […] en la guía incluimos la necesidad de implementar dichas salas”, dice.

Valverde sostiene que en el documento solicitaron la adquisición de 2.500 equipos de alto flujo y que no recibieron respuesta al respecto. Según un mapeo realizado en diciembre por la SOPEMI, solo hay alrededor de 500 equipos a nivel nacional, más de la mitad en Lima. En las regiones casi no se encuentran.

Pero sí en Tingo María. El hospital en el que trabaja Panduro hoy tiene 10 equipos de alto flujo que han llegado de distintas maneras: adquisiciones propias, donaciones de Médicos sin Fronteras o del mismo personal médico e, incluso, hay uno traído personalmente por un paciente. “Nos ha ayudado a cortar la lista de pacientes que necesitan ventilación [intubación]”, dice ella.

“Al menos en mi UCI está salvando vidas”, asegura la doctora. Los tratamientos con alto flujo de oxígeno, además, no requieren de un intensivista que los conecte y dan más margen de maniobra a las enfermeras: una puede manejar más de dos personas a la vez.

Valverde recuerda que cuando empezó la pandemia estos equipos escaseaban en buena cuenta por las compras masivas que otros países vecinos como Chile y Colombia habían realizado. Ciertamente, el vecino del sur anunció en mayo último a la oxigenoterapia de alto flujo como nuevo método adoptado para tratar pacientes COVID-19. Un camino que la experiencia de Tingo María y la opinión experta de la SOPEMI indican como adecuado. 

En diciembre, lo normal en el Hospital de Tingo María era ya casi no tener pacientes Covid-19. Máximo uno o dos en UCI, frente a las 8 camas con las que contaba esa unidad. Hoy, con la segunda ola acercándose a la cresta, tiene todas sus camas UCI copadas: ahora son 9 con ventilador mecánico y 10 con alto flujo (en el trabajo de campo han generado esa denominación: “cama UCI con alto flujo”). Hasta el último miércoles 27, el hospital donde trabaja Panduro no tenía lista de espera para intubación, a diferencia de su par de Huánuco capital.

Además, alrededor de treinta camas de hospitalización (no UCI) están aún libres. Aparte de ellas, el viernes pasado el personal médico habilitó, en otro ambiente del hospital, más camas como precaución. Su suministro propio aún abastece sus ventiladores mecánicos y máquinas de alto flujo, y cuentan además con más de 300 balones de oxígeno.

Las pruebas rápidas, una trampa mortal

Otra arista importante de la experiencia de Tingo María es haber aprendido a convivir con las pruebas rápidas. Estas fueron casi tan nocivas como el propio virus durante la primera ola. Los falsos negativos hicieron que muchos pacientes perdieran días valiosos y que la muerte fuese la ganadora constante. En el Hospital de Tingo María aún las usan. Parte de su estrategia ha sido aprender a lidiar con los resultados falsos. Pero no siempre es posible. Y es que aparte de los falsos negativos, también se encuentran los falsos positivos.

—Como tenemos contadas las pruebas de antígenos, tenemos que ver a qué casos sí les tomamos y a cuáles no”. 

—¿Desde cuándo tienen las pruebas de antígenos?

—Recién, a finales de 2020, inicios de este año. Pero igual, como le digo, son restringidas.

La coordinadora del Comando Covid recuerda, por ejemplo, cómo una familia no pudo despedirse de su ser querido. Un paciente que aunque había fallecido por una causa diferente a la Covid-19, tenía un resultado positivo en su prueba rápida realizada a su ingreso al nosocomio.

“Cuando un paciente fallece teniendo prueba rápida positiva, se aplica todo el protocolo Covid, que implica que no lo pueden trasladar, que ven al paciente antes de que se cierre la bolsa con cremallera, y que luego se lo lleve la funeraria”, precisa la doctora.

Aunque sí logró aplicarle una prueba de hisopado, el resultado del laboratorio tardaba en llegar. “Era el tío de una técnica [de enfermería] de acá. Yo estaba a la espera [del resultado]. ¿Dónde está el hisopado?, ¿dónde está el hisopado? [pensaba]. Sabía que el hisopado le iba a salir negativo. La familia obviamente quería velarlo. Al final el hisopado salió negativo, pero tarde”. El resultado llegó horas después de que se lo llevase la funeraria, contó la médica a Sudaca. Recuerda que fue frustrante.

“Muchos piensan que cuando sale la prueba rápida positiva, vas a contagiar. Pero no. Simplemente ya hiciste la enfermedad, le dejó respuesta inmunológica a tu organismo y nada más. Eres una persona sana”, explicó el médico Jesús Valverde. “Ha sido un gran error tomar la prueba rápida como un símbolo de diagnóstico precoz o de tomar decisiones en el campo hospitalario”, agregó.

Pero están también los pacientes que pasan a hospitalización y que deben pasar antes por una prueba de descarte. “Pasa que la prueba rápida te puede dar falsos negativos los siete primeros días. En los días donde más contagias, te sale negativo. Y tú pasas a ese paciente a piso, diciendo que no va a contagiar, y es el que más puede hacerlo”, explicó Panduro. “Y al que sale positivo, que seguramente ya está dejando de contagiar, a ese le tienes más temor”, agregó. El personal médico ya ha aprendido a vivir con esa incertidumbre, con la decisión de extremar los cuidados que previenen el contagio.

Entre noviembre y diciembre, cuando el hospital llegó a albergar un solo paciente en UCI, ocurrió algo que Panduro todavía recuerda. Era un hombre de 45 años llegó a estar tres meses con ellos. Lograron extubarlo, pero no logró vencer la Covid-19 y falleció. Ella fue quien convivió con él por más tiempo. 

“Para nosotros era un paciente muy querido, luchamos muchísimo por él. Siempre tuvimos la esperanza de que volviera a casa. Llegó a ser, en un momento, el único paciente que teníamos en la UCI, entonces toda nuestra energía se iba para él”, cuenta. “Lamentablemente, el mismo coronavirus lo dejó muy secuelado. Era un pulmón ya muy maltratado, que al final hizo una complicación y no resistió”.

Por más éxito que haya conseguido el hospital de Tingo María con los tratamientos de alto flujo de oxígeno, sobreponerse a esos escenarios ha sido parte del aprendizaje del equipo médico. Sudaca se ha mantenido en comunicación con Panduro los últimos días. “En la UCI (por pandemia)”, precisa su ubicación en su cuenta de Twitter. Por ahora, este medio la deja cumplir con su importante labor.