Antes de ser gobernador regional, Vladimir Cerrón era conocido como “el médico del pueblo”. Estudió medicina en Cuba gracias a una beca y cuando regresó a su ciudad natal, a los 30 años, era considerado un prodigio de la neurocirugía. Incluso, algunas veces operó gratis a niños y jóvenes. “Conozco el caso de una señora que tenía un hijo que se había caído del segundo piso, se fracturó el cráneo y no podía moverse. [Cerrón lo operó] y ahora está muy bien. Él ingresa a su primer gobierno por eso, por lo humano y profesional que era”, cuenta David Eslado Vargas, actual consejero de la provincia de Jauja.
Cerrón era visto como un hombre humilde que ayudaba a los demás hasta que asumió por primera vez el cargo de máxima autoridad regional de Junín. En el período 2011-2014, la imagen del médico bueno y altruista que había construído se desmoronó rápidamente, debido a los cuestionamientos y a las irregularidades atribuidas a su gestión. “Yo creo que el lado humano ha sido un engaño, solo lo usó para llamar la atención”, dice el consejero regional de la provincia de Junín, José Miguel Álvarez.
Los críticos regionales de Cerrón aseguran que tiene un anhelo vehemente por ser presidente del Perú. Y probablemente hubiera postulado en estas elecciones si no fuera por una condena por corrupción en su contra del 2019, recientemente confirmada. Se inscribió, en cambio, como candidato a la vicepresidencia, pero como era previsible fue tachado también de esa posición por el Jurado Nacional de Elecciones. Entonces, Perú Libre eligió al profesor Castillo como su delfín. Cerrón, no obstante, ya sabe lo que es usar una banda presidencial.
Cuando fue gobernador, en varios eventos públicos usaba una banda de color rojo y blanco, muy parecida a la de los presidentes de la República. Por protocolo, le correspondía ponerse una granate. Cuando fue increpado por la edición local del diario Correo, en el 2013, contestó: «Esta es una banda que usó Manuel Duarte, Vladimiro Huaroc, y yo la usaré hasta el último día de mi mandato. Simplemente cumplo con la tradición de los demás presidentes regionales».
El médico había llegado al poder con el Movimiento Político Regional Perú Libre, la agrupación que él mismo fundó el 2007 y que luego pasó a llamarse simplemente Perú Libre, ahora de alcance nacional. Las críticas y los choques con la prensa llegaron casi inmediatamente tras su toma de mando. Y las respuestas del gobernador y sus seguidores también.
Su relación con el periodismo llegó a tal punto que, según el exconsejero de Junín, Ginés Barrios, Cerrón rompía ejemplares de Correo, su más fiero opositor, durante las sesiones del consejo regional “El señor sufre de un delirio de grandeza y le gusta el culto a la personalidad, […] lo que menos le gusta es que lo controlen”, cuenta, tras asegurar haber sido testigo presencial de aquellos arrebatos.
No ha quedado registro del exgobernador rompiendo papeles con noticias sobre él, pero sí de sus partidarios quemando los periódicos y luego haciendo una protesta frente a la sede de Correo. Pamela Yupanqui Cóndor, entonces decana del Colegio de Periodistas de Junín, recuerda que la arremetida empezó cuando el medio tildó de senderista al padre del gobernador, basado en un informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. No fueron suficientes las cartas notariales y la querella que entabló el entonces gobernador. “A raíz de eso, sus partidarios hicieron movilizaciones, quisieron tomar el diario”, cuenta Yupanqui.
Al asunto, sin embargo, no habría estado ajeno Vladimir. “Él mismo tenía como estrategia utilizar medios de comunicación que manejaba para azuzar a la población y decir que el periódico [Correo] era un panfleto”, apunta la periodista.
La rencilla entre Cerrón y Correo llegó a un punto crítico cuando el Consejo Regional de Junín, conformado en su mayoría por miembros de Perú Libre, aprobó “un pedido de censura” contra los medios de comunicación como respuesta a los cuestionamientos, específicamente los de ese diario. La moción fue presentada por el consejero Yauli Saúl Arcos Galván, quien increpó las informaciones que se habían publicado y a las que tachaba como “una gravísima falta de respeto”. Sudaca intentó comunicarse con el consejero Arcos, pero no obtuvimos respuesta.
Desde el Colegio de Periodistas de la región, sin embargo, rechazaron dicho accionar y le pidieron a Cerrón demostrar una actitud tolerante hacia la prensa. Años después, en el “ideario” de Perú Libre -donde Cerrón aparece hasta en la carátula- el exgobernador plasmaría algunas propuestas para regular y evaluar los contenidos de la prensa antes de que se transmita por radio y televisión. Para ello -dice- “apremia una ley de medios y no confundir libertad de prensa con impunidad”.
Pero durante su primera gestión no solo los periodistas estuvieron en la mira. También consejeros regionales sufrieron consecuencias por sus opiniones. Cuando Víctor Torres Montalvo, entonces consejero de Jauja y parte del partido del lápiz, discrepó con la postura de Cerrón sobre construir un aeropuerto internacional en Orcotuna (Huancayo), empezó a recibir amenazas a través de llamadas anónimas. Así lo denunció ante la prensa local el año 2011. La intolerancia llegó a su punto más alto cuando un grupo de militantes de Perú Libre con vínculo laboral al gobierno regional -según reseña el diario Correo del 2 de marzo de 2012- quemó un muñeco con el rostro y nombre de Torres.
“Cuando algo no conviene a sus intereses, atacan. Por ejemplo, lo sucedido con el consejero ya fallecido Victor Torres […] quemaron un muñeco con su cara: eran los propios trabajadores de confianza de Cerrón que abandonaron sus puestos para hacer ese acto intimidatorio”, cuenta Ginés Barrios.
El asunto del aeropuerto marcó la gestión de Vladimir. En agosto de 2012, la población jaujina salió a protestar contra el gobernador, porque en vez de respetar un decreto supremo que priorizaba la ampliación e internacionalización del aeropuerto Francisco Carlé, este insistía en construir otro a solo 30 kilómetros del ya existente. El lugar: Orcotuna, Huancayo. La represión policial fue tal que uno de los manifestantes murió y varios quedaron heridos.
Al final, según el excongresista Jesús Hurtado (Fuerza 2011), que investigó este caso en el Parlamento, Cerrón no pudo concretar su propuesta porque escapaba de sus competencias como gobernador. “Cuando pidió un informe al MTC, le dijeron que no era viable porque refaccionar el aeropuerto de Jauja costaría [aproximadamente] S/200 millones; mientras que construir uno nuevo en Orcotuna, S/480 millones”, apunta.
Aunque ya pasaron casi nueve años, Jauja parece no olvidar. “En la provincia hay bastante resistencia al partido político [Perú Libre] por el enfrentamiento que hubo”, explica el consejero David Eslado. Prueba de ello es que, en esta provincia, el pasado 11 de abril solo 5.536 personas (un 13%) votaron por el partido del lápiz. En todo Junín, Perú Libre sacó apenas el 22% de los votos.
¿Perpetuarse en el poder?
Cerrón ya había sentido el rechazo del electorado cuando terminó su primera gestión en Junín, el 2014, y quiso ser reelecto. Perdió en segunda vuelta. En la memoria de los electores aún resonaban los escándalos de corrupción de su gobierno. Uno de ellos es el favorecimiento al Consorcio Altiplano con el pago de S/850,000 por el mejoramiento del sistema de agua potable de La Oroya. En 2019, Cerrón fue sentenciado por ese caso a cuatro años de prisión suspendida e inhabilitado de ejercer cargos públicos durante un año. Hace una semana la decisión fue confirmada judicialmente.
El exgobernador regional también es parte de la investigación que se le sigue a Martín Belaunde Lossio, acusado de liderar una organización criminal involucrada en el direccionamiento de obras en varias regiones del país. Según la tesis de la fiscalía, Cerrón habría favorecido a la empresa Sima Perú por la construcción del puente “Comuneros”, en Huancayo.
De acuerdo al diario Correo de abril del 2015, “la presidenta de la comisión parlamentaria que investigó el caso Belaunde Lossio, Marisol Pérez Tello, se refirió a la obra del puente Comuneros de Huancayo como una ‘vergüenza nacional y un monumento a la corrupción’. “El puente lo construyó y lo dejó en medio del río y el proyecto no había contemplado ni entrada ni salida, lo dejó en el aire. Ya está terminado, pero con muchas falencias. Se inunda en lluvias y no tiene accesos. Sus accesos son de tierra, no de asfalto.”, dice José Miguel Álvarez, quien además de consejero regional de Junín es ingeniero.
Fuentes del despacho del fiscal Orlando Lara Vásquez, a cargo de investigar esta obra, señalan que los funcionarios de la compañía también forman parte de la pesquisa y que el Ministerio Público tiene plazo hasta enero del 2022 para terminar todas sus diligencias. Cerrón ha negado cualquier irregularidad, pero no ha ocultado su preferencia por Sima Perú incluso después de que le abrieran el proceso penal. Es más, desde el gobierno regional se firmó un nuevo convenio con la empresa en el año 2019, gracias a la venia de la mayoría de los consejeros regionales que pertenecen a Perú Libre.
“Cerrón pierde la reelección por los hechos de corrupción del Puente Comuneros, su obra emblemática, problemas con las autoridades y otras denuncias”, sostiene el periodista Percy Salomé. El ideólogo de Perú Libre perdió aquel 2014 frente a Ángel Unchupaico Canchumani, su rival histórico. En las elecciones para el 2019-2022, tanto Unchupaico como Cerrón se volvieron a enfrentar y, esta vez, sorprendiendo a muchos, Perú Libre ganó su segundo periodo.
El actual regidor Ginés Barrios lo explica así: “En Junín hay dos familias que se han hecho del poder político uno tras otro y la justificación que tiene el elector es que, después de uno, le da el poder al otro por despecho al anterior. Al finalizar la gestión de Unchupaico, Perú Libre se presentó liderado por Vladimir Cerrón. Muchas personas sentían que Unchupaico los había defraudado y una forma de escarmentarlo era votar por Cerrón”.
Por la sentencia del caso La Oroya, sin embargo, Cerrón solo pudo continuar como gobernador hasta agosto de 2019, siendo reemplazado por el vicegobernador regional, y a la vez su primo, Fernando Orihuela. Pero en los pocos meses que permaneció en el cargo, aprovechó en hacer visitas a destinos que hoy casi no sorprenden.
Ni bien inició su segunda gestión, por ejemplo, en mayo de 2019, se trasladó hasta China para participar en la “Cuarta Exposición de la Ruta de la Seda” y al foro de “Inversión y Comercio para la Cooperación entre el Este y el Oeste de China”. La justificación que le dio al Consejo Regional era que viajaría a China para aprender de un país desarrollado. No hubo mayores objeciones.
En cambio, el que no fue aprobado fue su viaje a Venezuela para participar del «Encuentro Latinoamericano de Gobiernos Locales y Democracia Participativa», organizado y pagado por Maduro, según declaraciones del mismo Cerrón. “De China se puede aprender, ¿pero qué se puede aprender de Venezuela?”, pensaba el regidor David Eslado. Por su parte, el consejero Álvarez declaró para RPP que “viajar a Venezuela es un respaldo político al régimen dictatorial de Nicolás Maduro”.
A su regreso, Cerrón aseguraría que en el país venezolano existen procesos electorales democráticos. “Lo que yo he ido [visto] no es la Venezuela que se cuenta aquí. He visto los mercados llenos, las tiendas llenas, el 70% en Caracas es chavista abiertamente. Para eso sirve salir, para tener un mejor contacto con la realidad”, dijo a RPP.
Cerrón parece tener una distorsionada interpretación de la democracia. En un reciente video que circula en redes sociales, el líder de Perú Libre lanza sin rubor la idea de que la izquierda debe perpetuarse en el poder. “¿Cuál es el mensaje […]? Que la derecha va a quedarse en el poder. Entonces, ¿cuál es el mensaje que tiene que aprender la izquierda? Que la izquierda en el poder también tiene que ir a quedarse […] Y eso es lo que ha hecho Venezuela”, se le escucha decir.
Hubo más cuestionamientos serios a su segunda gestión. Ángel Unchupaico, su predecesor y rival, había dejado todo listo para la construcción del hospital “Manuel Higa Arakaki” en Satipo que tenía la categoría de II-1 (es decir, atención general), explica Carlos Llancari, presidente de la Federación Médica de Junín. Ya se habían hecho los estudios correspondientes, y se tenía el presupuesto y hasta el terreno para ejecutar el proyecto.
Sin embargo, Cerrón decidió que el hospital de Satipo debía ser de categoría II-2, que corresponde a hospitales con mayor especialización. Esto significaba, según Llancari, empezar todo desde cero, porque un hospital de mayor complejidad necesitaba otras condiciones de infraestructura y una nueva ubicación que reúna los requisitos necesarios. “Esto ha originado un conflicto entre el alcalde de Satipo y el gobierno regional”, cuenta el presidente del gremio médico.
“Cerrón fue con sus ingenieros y dijo ‘esto no puede ser, tenemos que construirlo en otro lugar’. Pero eso es una locura porque se tiene que hacer nuevamente estudios de suelos, de impacto ambiental”, explica el consejero David Eslado. Consultado por este caso, en su momento, Cerrón argumentó que Satipo requería que el Hospital Manuel Higa Arakaki cuente con más especialidades y un mejor servicio, para lo cual era necesario elevar su categoría. Pero hasta el día de hoy, el hospital sigue sin construirse. “En plena pandemia, Satipo no tiene un hospital adecuado”, se queja el consejero Eslado.
Las gestiones de Vladimir Cerrón también se pueden contar desde los pasillos del Ministerio Público. El exgobernador afronta 14 investigaciones por delitos de corrupción de funcionarios, colusión, negociación incompatible, malversación de fondos, peculado, falsificación de documentos y defraudación patrimonial, según una investigación del portal El Foco.
Y los problemas judiciales también han alcanzado a la familia del exgobernador, actualmente suspendido de sus funciones. Según información del diario La República, Vladimir Cerrón tiene a la fecha una investigación fiscal por el presunto lavado de US$15 millones cuando estaba al frente del Gobierno Regional de Junín, junto a sus hermanos Waldemar y Fritz Elías Cerrón Rojas. La hipótesis fiscal es que el dinero negro provendría del presunto negociado con el proyecto minero Toromocho (Chinalco), ubicado en la provincia de la Oroya.
Sudaca intentó comunicarse con Vladimir Cerrón para esta nota, pero no obtuvimos respuesta al cierre de edición. También llamamos a militantes y consejeros de su partido en Junín, pero ninguno quiso ser entrevistado. En Perú Libre parecen confirmar que todavía no son muy amigos de la prensa.
*Con la colaboración de Julio Rospigliosi
**Fotomontaje por Leyla López
