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OHL anunció la buena nueva desde su matriz en España hace tres días. “OHL se adjudica dos contratos por más de 80 millones [de euros] en Perú”, dice el comunicado. Se trata de la construcción del Hospital de Apoyo II de Chulucanas, por más de S/136 millones, obtenida a través del acuerdo ‘gobierno a gobierno’ con el Reino Unido; y de la ampliación norte del Metropolitano, ganada con la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), a través de Emape, por más de S/280 millones.  

 

Las relaciones públicas de OHL en Perú, sin embargo, parecen más cautas. Quizás sea porque aquí, pese a que la constructora licita con éxito, todavía tiene algunos pendientes con el Indecopi y el Ministerio Público. A continuación, Sudaca presenta material inédito sobre esos pendientes: correos electrónicos, cuadros de Excel y libros contables que describen el actuar de esta compañía durante el apogeo del llamado Club de la Construcción.

Las investigaciones

En febrero del 2020, el Indecopi abrió procedimiento administrativo sancionador “a 35 empresas constructoras y a 28 de sus ejecutivos porque se habrían puesto de acuerdo para no competir en el mercado y repartirse 112 licitaciones” públicas de carreteras entre el 2002 y 2016. OHL y su ejecutiva María Victoria Tizón figuran en la lista. El proceso abierto por el Indecopi equivale, en el ámbito administrativo, a una acusación. Esta espera ser resuelta por otra instancia del mismo organismo a fines de año.

 

Boletín oficial - OHL
Leyenda: A inicios del 2020 Indecopi publicó el listado de personas jurídicas y naturales responsables en lo que llamó un “cartel empresarial”.

En el ámbito penal, en noviembre del 2019 la jueza María de los Ángeles Álvarez incluyó a OHL, entre otras, como parte de una “presunta organización criminal [el denominado Club de la Construcción]” que “estableció el orden de prelación de quienes se adjudicarían las buena pro de los procesos de contratación convocados por Provías Nacional del Ministerio de Transportes y Comunicaciones”, previo pago de coimas, entre el 2011 y el 2014.

OHL apeló y logró, dos meses después, que una sala superior la excluyera del proceso. El argumento: que la acción penal se había extinguido tras la muerte de Carlos Conde Rodicio, exdirectivo de OHL sobre quien la fiscalía había hallado responsabilidad.

Aquella vez, el fiscal Germán Juárez, el encargado del caso en el equipo especial Lava Jato, argumentó que tenía facturas que vinculaban directamente a OHL con el sistema de pagos de sobornos del ‘club’. También dijo que, además de Conde, habría otros funcionarios involucrados. La sala superior no le dio la razón. Antes de que Juárez pudiera apelar llegó la pandemia.

Fuentes de la fiscalía dijeron a Sudaca que el equipo de Juárez está recabando información adicional contra la firma, pese a las dificultades para tomar declaraciones por la crisis sanitaria. “El equipo realiza actos de investigación ubicando a otros funcionarios que actuaron al mismo nivel que el fallecido a fin de incorporarlos al proceso penal y, con estos elementos, también a la empresa”, declaró una de las fuentes.

Los correos son claros

La española Obrascon Huarte Lain −OHL− ingresó al Perú en 2008, tras comprar el 94% de las acciones de la peruana Constructora TP S.A.C. (CTPSAC). Esta pertenecía al fallecido Carlos Tizón y a su familia. A partir de entonces, la hija del veterano constructor, María Victoria Tizón, pasó de la gerencia de administración a la gerencia comercial.

Doce años después, el Indecopi logró reunir archivos y testimonios que colocaron a la empresa en medio del escándalo llamado ‘Club de la Construcción’. Sudaca ha revisado parte de ese material y lo presenta en exclusiva.

El correo electrónico del 16 de noviembre del 2013, por ejemplo, tiene como asunto las palabras “Informacion prelacion [sic]”. La destinataria es María Victoria Tizón (Mavi) y el emisor, José María Romero Pinto, ex ejecutivo de Superconcreto del Perú, empresa que también es investigada por el Indecopi y el equipo especial Lava Jato.

En ese correo aparecen dos palabras de peso contundente para la investigación. Además del asunto, Romero le dice a Mavi: “quiero saber bien cuáles obras son las que nos están cargando. Cuándo se ejecutaron y sus montos. Además, el tema de cómo fue que nos cargaron 3 vueltas?”.

 

Información prelación
Desde que inició sus investigaciones el 2017, Indecopi trabajó con software norteamericano para lograr copias de archivos existentes o borrados de las computadoras de las empresas inspeccionadas.

La Resolución 003-2020 del Indecopi determinó que las constructoras se comunicaban a través de palabras clave: “una serie de criterios o pautas referenciales denominadas ´turno´, ´vuelta´, ´cuota´, ´prelación´ y ´acompañante´. En líneas generales, estos criterios permitían a los integrantes del cártel definir quién tenía la preferencia para adjudicarse una obra determinada de manera que tenga mayor justificación su asignación”.

Al ser interrogado, el exejecutivo de Cosapi Marco Aranda, quien se encuentra en calidad de confeso en el caso fiscal del Club de la Construcción, relató al Indecopi que “cualquier empresa tenía que esperar que todas las empresas contraten […]. Tenían que, básicamente, sentarse a conversar y a decidir quién iba primero o segundo. Eso es lo que se denominaba la ‘prelación’. Y había muchas reuniones para definir ese tema. […]. Básicamente me acuerdo yo que significaba la situación financiera, el apremio de tener trabajo”.

——- [Audio Marco Aranda, de Cosapi, sobre “prelación” ante Indecopi] ——

[47:32] E: ¿Y luego cómo hacían? Digamos, acababa y había dos empresas que querían la misma obra, ¿había un criterio para definir quién postulaba a qué o simplemente entre las dos tenían que…?

[47:40] MA: Tenían que, básicamente, sentarse a conversar y a decidir quién iba primero o segundo. Eso es lo que se denominaba la ‘prelación’. Y había muchas reuniones para definir ese tema.

[47:55] E: ¿Y cuáles eran los criterios para definir la relación?

[48:00] MA: Básicamente me acuerdo yo que significaba la situación financiera, el apremio de tener trabajo… esos argumentos.

[48:14] E: También hemos encontrado en algunos documentos la referencia a ‘turno’.

[48:20] MA: Claro, o sea, turno o prelación es algo bastante similar en concepto. O sea, yo tengo la prelación, yo tengo mi turno, más o menos. Esa era la definición.

 

Según los testimonios dados al Indecopi por exejecutivos del sector construcción, Aranda tenía un rol importante dentro de los acuerdos que se realizaban en las empresas presuntas miembros del cártel, en la sede de la Cámara Peruana de la Construcción (CAPECO) y restaurantes. Así, hay otra serie de correos que Mavi −de OHL− intercambia con Aranda sobre reuniones y obras.

Era diciembre del 2009 y OHL estaba interesada en la Licitación de la Carretera Punta Bombón – Ilo. En un primer correo, Mavi Tizón le dice al también ejecutivo de OHL, Jorge Aubinel: “hoy tuvimos una reunión en Cosapi para ver el tema de esta carretera [Punta Bombón-Ilo]. Parece que habían malentendidos, pero felizmente todo salió bastante bien […]. Mañana Marco [Aranda] tiene una reunión final con un amigo para confirmar que todo sigue su curso normal. Espero su respuesta”.

El mismo 9 de diciembre, Mavi Tizón pide a Rodolfo Weiss, de la constructora UPACA, conversar sobre la obra y éste le responde al día siguiente: “Por nuestra parte también continúa el interés en esta obra. Un aspecto importante a despejar es si nuestra participación es con cargo al turno del caso”.

 

Carretera Punta Bombom 1

Carretera Punta Bombom 2

En medio de las coordinaciones con UPACA, también investigada por pertenecer al presunto cártel de constructoras, Mavi Tizón le envía un mensaje a su directivo Jaime Crosby poniéndolo al día sobre lo que había quedado con Marco Aranda: “debía llevar a 2 [constructoras] más por el monto de la obra”.

Estas otras dos empresas, se menciona en el correo, no debían aparecer a la luz como socias en un consorcio y optaron por la modalidad de subcontratos. De las confesiones dadas a Indecopi se desprende que las empresas más pequeñas obtenían, gracias a estas modalidades, una democrática participación en los acuerdos del club.

Licitaciones MTC

 

Días después, el 19 de enero del 2010, siete postoras, además de OHL, fueron evaluadas y esta última no calificó. Mavi Tizón envió, entonces, un correo a Marco Aranda diciéndole: “los españoles están furiosos por la descalificación!!! […]. A ver cuándo conversamos sobre este tema y sobre Ayacucho 4”. Aranda intentó calmarla:“lo que les dijimos se mantiene incólume”.

Tizón insistió con su reclamo y Aranda le recordó que “por ejemplo, en mi caso, el tema se ha postergado por razones de involuntaria equivocación de los promotores y ahora yo me voy para después–cuando era el primero. Y yo entiendo y acepto y no perturbo nada. En el tema que tú dices además han quedado afuera otros amigos importantes”. La obra, dos semanas después, fue entregada a Obrainsa, otra de las investigadas por el caso del ‘club’.

Licitación Punta Bombom 3

 

Eventos actuales y futuros

Durante los interrogatorios con el Indecopi, Fernando Camet, ex directivo de JJ Camet, reconoció el sistema de concertación con el que trabajaron entre el 2002 y 2016. Explicó que los acuerdos de “turnos” tuvieron sus fallas, como la que se ve en esos correos. “Nunca tenía uno el camino allanado de que el turno se respetaba como ley. Siempre había alguien que argumentaba tener derechos o interés para tomar esa obra. Siempre había discusiones largas, argumentadas y había que pelearse para tomar un turno”, afirmó.

——- [Audio Fernando Camet, de JJCamet, sobre “turnos” ante Indecopi] ——

[Audio Fernando Camet, de JJCamet, en Indecopi]: [49:06] FC: La idea era que, de la cantidad de miembros, cada uno tomara un turno o medio turno o menor turno si era una empresa de menor tamaño y la idea era que al haber tomado cada uno ya su turno pasábamos a la segunda vuelta. Por eso se denominaba ‘vuelta’. Se trataba de que todos en la primera vuelta tomaran; todos en la segunda vuelta tomaran, y así sucesivamente. Cuando ya se había completado que todos habían tomado su turno, entonces se pasaba a la siguiente vuelta.

[49:52] E: ¿Y eso se cumplía? [49:44] FC: Nunca tenía uno el camino allanado de que el turno se respetaba como ley. Siempre había alguien que argumentaba tener derechos o interés para tomar esa obra. Siempre había discusiones largas, argumentadas y había que pelearse para tomar un turno.]

 

La contabilidad de los sobornos

Ante la justicia y ante los medios de comunicación, OHL siempre ha rechazado haber formado parte del Club de la Construcción. Incluso, ha llegado a asegurar que todos sus procesos los ganó con transparencia y que “mantiene una política de tolerancia cero con la corrupción”.

Sin embargo, todos sus pasos en Perú tienen registro. Sudaca presenta en exclusiva dos archivos contables que vinculan a OHL de forma directa con Lual Contratistas. Lual, según confesión de parte ante la fiscalía, fue usada de fachada por los operadores del club a fin de emitir facturas que permitieron a las constructoras justificar ante Sunat la salida de los millonarios pagos por coimas.

En los libros contables de Lual Contratistas de enero y febrero del 2013, que aquí presentamos, figuran tres facturas con OHL, por un monto total de  S/3.320.946. Un extrabajador de esta compañía ratificó a este medio que las facturas siempre se giraban por órdenes de servicios falsas o trabajos que jamás se realizaban.

Registro de ventas e ingresos 1

Registro de ventas e ingresos 2

 

Estos documentos, que Sudaca entregará a las autoridades de justicia, se suman a tres facturas que el equipo especial Lava Jato ya tiene en su poder y que ratifican los vínculos entre OHL y Lual.

Indecopi, por su parte, también ha logrado recabar un cuadro de Excel elaborado en el 2012 por Marco Aranda, de Cosapi, y que sintetiza −año a año hasta el 2014− los “turnos” con los que los empresarios se habrían repartido las licitaciones de carreteras. En dicho cuadro aparece el nombre de las constructoras Tizón y OHL como dueñas de siete turnos o licitaciones.

 

Licitaciones en obras públicas

El equipo investigador del Indecopi ha calculado que entre el 2002 y el 2016, años que ha estimado operó el sistema de repartición, OHL se hizo de contratos con Provías-MTC por un monto superior a los S/587 millones.

 

Nuevas obras: ¿licitaciones con criterios ‘éticos’?

El último 29 de diciembre, la MML anunció la firma del contrato para la construcción de la ampliación norte del Metropolitano con OHL y la mexicana Gami Ingeniería e Instalaciones. Ambas empresas, unidas en el llamado Consorcio Metropolitano Norte, ganaron la obra “por un monto mayor a los S/280 millones”. El alcalde limeño Jorge Muñoz encabezó la colocación de la ‘primera piedra’ de la obra el miércoles pasado.

El corredor de buses incluye 18 estaciones que irán desde la actual estación Naranjal, en Independencia, hasta la intersección de las avenidas Universitaria y Chimpu Ocllo en Carabayllo. Al cierre de esta edición, la comuna limeña no respondió sobre los detalles del proceso, las empresas que compitieron con OHL, ni los criterios de transparencia y fiscalización para la misma.

También terminando diciembre del año pasado, la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC) adjudicó a OHL la construcción del Hospital Apoyo II de Chulucanas, en Piura, por S/136 millones.

El proceso de contratación se ejecutó a través del Acuerdo de Gobierno a Gobierno con el Reino Unido e Irlanda del Norte. El equipo de comunicaciones de la ARCC respondió a Sudaca que dicho país, “como parte del proceso de precalificación, incluyó como uno de los parámetros de evaluación el criterio denominado ‘Ética’”. Explicó la ARCC que, en este acápite, el Reino Unido “buscaba obtener información de las empresas participantes sobre si fueron condenadas por algún incumplimiento ético incluyendo, pero sin limitarse a, soborno, malversación, hurto, fraude, y/o extorsión en los últimos cinco años”. ¿Calza una empresa vinculada al Club de la Construcción en ese parámetro de ‘ética’?

Sobre este punto, el abogado Alberto Retamozo, árbitro y consultor en contrataciones con el Estado, explicó que si bien OHL no tiene condenas efectivas a nivel penal, “sí debió poner en conocimiento, por un tema de transparencia [ético, precisamente], que el Indecopi le había iniciado a la fecha un procedimiento administrativo sancionador por concertación y vulneración de la libre competencia”.

La gravedad de la omisión de OHL, explicó Retamozo, está en que el proceso abierto por el Indecopi podría acabar con un fallo en contra y ello “implicaría, además de la sanción, que el Tribunal de Contrataciones del Estado podría inhabilitarla para contratar con el Estado por vulnerar el principio de libre competencia. Esto constituye un riesgo ya que, de ganar [una obra] y luego ser sancionada, generaría un problema de gestión para el órgano público que la contrató”.

 

Clausula Anticorrupción
El Reino Unido establece una “Clausula Anticorrupción” para sus contratos bajo la modalidad de Gobierno a Gobierno. Este modelo rige la obra del Hospital de Chulucanas obtenida por OHL.

OHL niega cargos

Sudaca solicitó entrevistas a voceros de OHL en España y el Perú, pero no obtuvo respuestas. Sin embargo, este portal sí logró conversar con María Victoria Tizón, ex accionista y ejecutiva de OHL, protagonista de varios de los correos que obran en el expediente del Indecopi.

Tizón informó que no tiene vínculo con el grupo OHL desde octubre del año pasado. Respecto a las sospechas de corrupción en contra de la compañía, respondió que nunca participó en esos actos, pero que no sabe “si la empresa, a través de otros funcionarios, lo habrá hecho”.

Sobre sus diálogos con Marco Aranda, Tizón sostuvo que solo se enmarcan en el contexto de que ella debía mantener un fluido contacto con el premio luego de que OHL adquiriera la empresa Tizón en el 2008. Admitió que existió un nivel de diálogo entre los constructores: “ese tipo de conversaciones era normal. Había veces que decía ´pero si tú tienes 3 obras, a los que no tenemos nada déjanos presentarnos para ganar algo´. Ese tipo de conversaciones sí ha habido, no lo niego. Eso no es concertación”.

La hija heredera de la constructora Tizón, que fue adquirida por OHL, aseguró también que desconoce la existencia de facturas entre Lual Contratistas y OHL: “yo no lo he hecho ni me consta, no sé si la empresa lo habrá hecho”. Sin embargo, la ingeniera sí reconoció que en un evento en Capeco le presentaron a Rodolfo Prialé. “Me dijo qué gusto conocerte, aquí estoy en lo que necesites, y punto. Nunca más lo volví a ver”, aseguró. Prialé, quien se ha allanado a las investigaciones, fue dueño de Lual Contratistas y es sindicado como el operador del Club de la Construcción cuyo rol era ser el nexo entre las empresas y los funcionarios corruptos del MTC.

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Club de la construcción, OHL

Nuevamente las plantas llegan después de los muertos. La mayor parte del suministro de oxígeno con el que el país enfrenta la segunda ola todavía proviene del grupo empresarial privado Praxair-Linde y no de plantas de oxígeno instaladas en los centros de salud. Estas solo brindan el 7% del oxígeno consumido a nivel nacional. En cambio, el 60% es provisto por tanques criogénicos que son abastecidos −principalmente− por compañías con antecedentes de colusión, como la antes mencionada.

 

A Luis Barsallo, “El Ángel del oxígeno”, le ha tocado ver cómo los familiares de enfermos de Covid-19 se enteran por una llamada que su ser querido falleció, mientras hacen desesperadas colas para rellenar sus balones. Un paciente crítico no puede aguantar mucho tiempo sin el elemento medicinal que él ha decidido vender a precio justo. Afuera de su local, las colas reaparecieron el lunes 18 de enero. 

En noviembre, diez semanas antes, el problema del oxígeno medicinal debió haberse empezado a solucionar. Ese mes hubo una reunión clave entre representantes del Indecopi y la ministra de Salud, Pilar Mazzetti. ¿Cuál fue la agenda? Entregar recomendaciones al ministerio a partir de un reporte investigativo elaborado por la Comisión de Defensa de la Libre Competencia sobre el mercado de oxígeno medicinal, revelaron a Sudaca fuentes del Indecopi.

La comisión conocía bien dicho mercado. En 2010 el Indecopi sancionó a Praxair Perú S.R.L., Linde Gas Perú S.A. y Messer Gases S.A. por conformar un cartel y repartirse las licitaciones de compra de oxígeno medicinal líquido y gaseoso de los hospitales del Estado. Los cargos y la multa de 15 millones de soles fueron ratificados vía sentencia judicial en junio del año pasado.

Sin embargo, las matrices globales de las coludidas Praxair Perú S.R.L. y Linde Gas Perú S.A. se convirtieron en una sola compañía en 2018 y 2019. “El mercado está más concentrado que hace algunos años. Praxair y Linde se fusionaron, y pasó a haber dos y no tres proveedores. En la mayoría de países esa fusión estuvo sujeta a condiciones; en el Perú no”, explicó a este medio Jesús Espinoza, secretario técnico de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia (CLC) del Indecopi.

Según el reporte de Indecopi, más del 80% de las compras de oxígeno que realizan los hospitales peruanos corresponde al Grupo Praxair Perú. Son sus subsidiarias locales, Praxair Perú S.R.L, Linde Gas Perú S.A. y Tecnogas S.A., quienes se llevan la porción mayoritaria del mercado. Su competidor más cercano es el grupo Air Products Perú, conformado por Air Products Perú S.A. e Indura Perú S.A.

En la reunión entre el Indecopi y el Ministerio de Salud (Minsa) hubo una recomendación crucial para romper con el riesgo de esa alta concentración del mercado: dejar de depender de los privados para brindar un servicio público. Es decir, instalar más plantas de oxígeno en los hospitales del Estado. Así lo precisan las fuentes consultadas por Sudaca, que conocen en detalle lo conversado.

¿Tiene sentido esa recomendación? Muchísimo. Aún más si la propia Linde Perú dijo el último lunes que la demanda de esta segunda ola la ha sobrepasado a pesar de haber incrementado su producción. “Linde Perú alertó al gobierno desde hace varias semanas sobre esta situación a fin de que se busquen fuentes alternativas de oxígeno, como viene ocurriendo en los demás países de la región”, precisó en su comunicado.

Ante la sugerencia del Indecopi, la respuesta de la ministra Mazzetti fue que ya existía un convenio con la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) para la fabricación y entrega de plantas de oxígeno medicinal. El Indecopi ofreció trabajar activamente en caso se necesitase el registro de alguna patente para agilizar la llegada de las plantas a los hospitales públicos. Con la curva de contagios y muertes aún bajo control, lo sensato era acelerar la implementación del convenio para pertrecharse. Aquello no ocurrió.

El 6 de noviembre, al día siguiente de la reunión con el Indecopi, el Minsa transfirió el 50% de los recursos necesarios a la UNI para efectuar la fabricación de las plantas de oxígeno: US$11.806.441. De acuerdo con la web oficial de la UNI, sin embargo, las primeras 15 plantas del proyecto bautizado como Oxigena 47 serán entregadas recién a lo largo de este mes, según el siguiente cronograma:

Primer cronograma de entrega de las plantas de oxígeno publicado por la UNI.

Se trata de hospitales en Arequipa, Ica, Junín, Cajamarca, Cusco, Piura, Ucayali, Ancash, Apurimac y Lima. El problema es que en Ica el número de fallecidos totales ya sobrepasó a los registrados en el pico de la primera ola, según el análisis diario que realiza el ingeniero Rodrigo Parra Wong de las cifras del Sistema Nacional de Defunciones (Sinadef). Junín está a pocos días del mismo destino. Lima, Ancash, Arequipa y Cusco van en rápida subida: las muertes se acumulan y la curva crece sin freno. Piura y Ucayali, también están en ascenso. Sudaca buscó en repetidas oportunidades a Elizabeth Chahuares, directora de Oxigena 47, pero no obtuvo respuesta.

En julio del año pasado, la Digemid autorizó a la PUCP −en convenio con la empresa Seralt SAC− para fabricar plantas de oxígeno medicinal. El ingeniero mecánico y profesor de la PUCP, Fernando Jiménez, quien codirige dicha iniciativa, contó a Sudaca que han alcanzado un tiempo de producción de apenas tres semanas y que podrían haber fabricado 30 plantas (de 20 metros cúbicos por hora) entre noviembre, diciembre y enero, trabajando a plena capacidad. Un ritmo bastante más rápido que el que prevé el demorado convenio entre el Minsa y la UNI.

Jiménez consideró que debió preverse la necesidad de las plantas ante la inminencia de la segunda ola. “Minsa sabía que nosotros tenemos esa capacidad de producción”, sostuvo. Sudaca insisitó por una entrevista sobre este tema con un vocero del Minsa, pero el área de Información Pública reiteradamente derivó la consulta con la UNI.

Un negocio de tanques y balones

Aunque la precariedad de nuestro sistema de salud nos ha presentado al balón de oxígeno como unidad de medida de este valioso recurso, la verdad es que es solo una medida de emergencia. El estándar global es que los ventiladores mecánicos, el oxígeno de alto flujo y de bajo flujo de un hospital sean abastecidos directamente por su propia planta de oxígeno, mediante un sistema de tuberías que llega a cada cama y a cada enfermo.

Sudaca consultó a la Directora Ejecutiva de la Oficina de Información Pública del Minsa, Patricia Escudero, por el número actualizado de plantas públicas de oxígeno a nivel nacional, pero ella −incomprensiblemente− indicó que era la UNI la que debía responder aquello. La Superintendencia Nacional de Salud (SuSalud), al menos, sí brindó el registro que desde hace algunas semanas actualiza diariamente. Según esta data, solo el 19% de los hospitales niveles II y III tienen una planta de oxígeno operativa: 47 de una larga lista de 252.

Durante la primera ola, la trágica experiencia de Iquitos fue el primer aviso de la urgencia de que cada hospital tenga su propia producción de oxígeno. La primera planta de la ciudad, conseguida a base de colectas de la iglesia católica, salvó vidas pero también llegó tarde para muchas familias. Ahora, según data de Sinadef, Huánuco ha sido la primera región en la que el número de fallecidos de la segunda ola superó al pico más alto de la primera.

El sistema de salud de la región ha colapsado, pero Sudaca identificó un centro de salud que todavía resistía el nuevo embate del virus: el Hospital de Tingo María. Allí la gestión eficiente del oxígeno ha jugado un rol clave (ver reportaje). La coordinadora del Comando Covid del Hospital, Michele Panduro, explicó a este medio que el suministro que les da su planta de oxígeno lo utilizan para abastecer ventiladores, equipos de alto flujo y máscaras de reservorio; y procuran utilizar los balones solo cuando los pacientes necesitan más de 10 litros de oxígeno por minuto.

Diseño: Leyla López.

Mientras tanto, en cambio, en el Hospital Negreiros del Callao el oxígeno escasea gravemente. Su cuerpo médico ha pedido restringir el ingreso de pacientes a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y la hospitalización hasta que se repare su suministro de oxígeno encargado a la compañía privada Linde Perú. El Negreiros no tiene una planta propia y se abastece solo por cilindros y tanques.

“Las grandes empresas no tienen interés en vender aisladamente a los ciudadanos [balones de oxígeno]. Su negocio es con las instituciones”, explicó Jesús Espinoza, de la CLC de Indecopi, en referencia a las compras que los establecimientos públicos de salud realizan para abastecer sus flujos de oxígeno. Jiménez, de la PUCP, coincide. Para él, el negocio de las grandes firmas como Praxair-Linde y Air Products es abastecer regularmente las cisternas o tanques de los hospitales.

¿Cómo funcionan las plantas de oxígeno? “Las plantas producen oxígeno a baja presión, que se puede distribuir por tuberías a cada paciente. En todo el mundo, solamente se usa el oxígeno comprimido (el de los balones) si lo tengo que llevar lejos del sitio donde lo he generado, si tengo que distribuirlo lejos”, explica Jiménez.

Lo lógico, entonces, sería colocar plantas de oxígeno a nivel nacional, al menos en todas las ciudades con hospitales de nivel II y III. “Lo que pasa es que se está chocando con un negocio de varios millones [el de las dos compañías que dominan el mercado], tal y como se ha venido manejando anteriormente”, sostiene el ingeniero mecánico.

“Efectivamente, el oxígeno medicinal debería ser considerado como un recurso estratégico en salud, por lo que importa para defender la vida”, decía en junio el médico Oscar Ugarte, gerente central de operaciones de EsSalud. Él planteaba entonces que existían tres vías para abastecer del vital recurso a la población: 1) que las plantas de oxígeno industrial comiencen a producir medicinal, 2) importaciones rápidas de generadores de oxígeno, 3) o comprar plantas como lo hizo Iquitos.

La última es la que los expertos, incluidos los del Indecopi, mantienen como única opción. “Los hospitales todos deberían tener sus plantas de oxígeno, primero porque es más barato [mantener el suministro], y en segundo lugar, porque es de seguridad nacional. ¿Qué pasa si hay un terremoto y la planta Praxair colapsa? Es como decir que yo solamente genero electricidad en el Mantaro”, reflexiona el ingeniero mecánico Fernando Jiménez.

Sin embargo, la lentitud del Estado para instalar y poner en operación las primeras plantas de los hospitales públicos ha hecho que la segunda ola nos agarre casi igual de indefensos que la primera. Si bien otras recomendaciones del Indecopi, como reducir el porcentaje de pureza del oxígeno medicinal que puede comercializarse, sí se han implementado, aquello no basta sin producción por parte del Estado.

Según Espinoza, el consumo regular de oxígeno era de 100 toneladas métricas (TM) diarias antes de la pandemia. En la primera ola se multiplicó por cuatro hasta llegar a las 426 TM. Con la segunda ola encima, el oxígeno escasea y todo indica que llegará muchos muertos después de lo necesario. Iniciativas como la de Luis Barsallo son apenas marginales. El ‘Ángel del oxígeno’ no puede guardar la vida de todos los peruanos. Los hospitales del país siguen mayoritariamente a merced de lo que puedan producir dos grupos empresariales.

 

*Con la colaboración de Paolo Benza.

Proyecto de Ley de congresista Carmen Omonte desata polémica al proponer que sea el Estado quien administre un nuevo Sistema Integrado Universal de Pensiones.

Polémica ha desatado que la comisión multipartidaria de reforma del sistema previsional del Congreso aprobara el proyecto de ley que crea el Sistema Integrado Universal de Pensiones (SIUP). La iniciativa, liderada por la congresista Carmen Omonte, de Alianza para el Progreso, propone que los fondos de la AFP y ONP, así como programas como Pensión 65 y Contigo, pasen a este único sistema, el cual será administrado por una autoridad del sector público con autonomía similar a la del BCR

El proyecto, además, crea un Fondo de Riesgo Compartido. Esto funcionaría como una especie de bolsa común en donde una parte del aporte mensual de cada afiliado financiará las pensiones de otras personas.

El trabajo de la comisión se basó en que el 72 % de la PEA no está en ningún sistema de pensiones. Con el sistema, también, no queda claro qué pasará con la rentabilidad de cada fondo y expertos aseguran que el proyecto no brinda seguridad a los afiliados porque el Estado ha fracasado administrando el dinero de las jubilaciones.

“El Estado ha demostrado ser un fracaso administrando pensiones. El IPSS generaba pérdidas del 40% de rentabilidad y la ONP tiene un déficit de más de 100 millones de soles”, indicó Jorge Carrillo, profesor de Pacífico Business School. “Por otro lado, una parte de tus aportes irá a un fondo común y no vas a recibir una pensión en base a tu esfuerzo, sino que vas a vivir ayudando a quienes menos tienen”, añadió Carrillo.

Posteriormente, el docente, se preguntó: “El Estado cambia cada cinco años y algún gobierno caprichoso puede decir: “Esta plata puede servir para atender otras cosas”. Entonces ¿Qué podría suceder? Quedarnos sin pensión”, sentenció Carrillo.

AFPs rechazan proyecto

Según la congresista Carmen Omonte, el proyecto de ley busca que se les garantice a todos los peruanos una pensión mínima llegada la jubilación. También se señala que el nuevo ente cuente con un directorio conformado por un presidente, secretaría general, órganos de asesoramiento, control institucional, defensa jurídica y una defensoría del asegurado.

“Lo que se propone es similar a una empresa estatal y las experiencias de éxito que tiene el país en ello ¿cuáles son? ¿Petroperú?”, comentó David Tuesta, exministro de Economía y Finanzas, cuestionando el proyecto.

Quienes también rechazaron la medida fue la Asociación de AFP al señalar que se trata de una estatización y cuestionaron la rentabilidad que pueda generar este nuevo sistema.

“Podemos señalar que la rentabilidad promedio anual que en estos 30 años han producido las AFPs, para sus afiliados, es de 11%. Y que cuando los afiliados han ido a retirar su dinero, lo han encontrado todo ahí, algo que no puede decirse de los casos de nuestro pasado en que este fue administrado por el Estado”, señalaron en un comunicado.

En respuesta, la congresista Omonte afirmó que es falso que el nuevo proyecto del sistema de pensiones busque estatizar la gestión de los fondos. Pero ante las críticas, la parlamentaria, que también conforma la plancha presidencial de César Acuña, señaló que el proyecto de ley aprobado podrá modificarse durante debate en el pleno del Congreso, el mismo que podría darse entre abril y junio.

No solo el Covid-19 puede arrebatar una vida. Una alteración de la salud mental mal atendida también. Lo sabe la familia de una adolescente de 16 años que ha sido acusada por la Fiscalía de degollar a un panadero en el asentamiento humano Enrique Milla Ochoa de Los Olivos. El presunto asesinato ocurrió el 4 de enero.

La menor de edad, quien trabajaba en la panadería del difunto Fernando Osorio (48), habría usado un cuchillo de su casa para hacerle un corte en el cuello a la víctima. Según su historial médico en el hospital Honorio Delgado–Hideyo Noguchi, la adolescente ya había intentado antes asesinar a su hermana.

Rocío Ramírez, quien trabaja en ese hospital psiquiátrico tratando niños y adolescentes, contó a Sudaca que la joven fue su paciente hasta julio del año pasado. En ese tiempo la atendió tres veces mediante ‘consultas virtuales’. Estas pueden ser por celular, teléfono fijo o Google Meet.

La psiquiatra diagnosticó que su paciente sufría cuadros depresivos y asegura que recomendó, a través del director de su área, que sea internada. Dicho servicio, sin embargo, está suspendido desde el inicio de la pandemia.

“Yo le dije ‘no doctor [a su jefe], esta paciente está tan mal que no está para que le llamen por teléfono todos los días. Esta paciente tiene que ser vista en emergencia y hospitalizada. Había vivido cosas muy fuertes’”, cuenta Ramírez. Al final, la joven igual pasó a hospitalización domiciliaria.

La psiquiatra enfermó de Covid-19, se recuperó en septiembre y supo que la adolescente seguía recibiendo atención domiciliaria. El 4 de enero se enteró por la televisión del presunto crimen.

¿Qué es hospitalización domiciliaria? Es un servicio que fue implementado en el Noguchi desde el inicio de la pandemia, en abril del año pasado, cuando la hospitalización corriente y la atención médica personalizada fueron suspendidas. La jefatura del hospital decidió que los médicos envíen a los pacientes a sus casas y les hagan seguimiento médico diario por teléfono. Desde esa fecha, en el Noguchi −ubicado en San Martín de Porres− solo se realizan atenciones de forma virtual, sacando previa cita por teléfono. El servicio de emergencia es para casos graves y permite que los pacientes se queden apenas unos días.

Para Rocío Ramírez, que también es presidenta del cuerpo médico del hospital, este caso se hubiera evitado si la joven accedía al internamiento. Lo que ocurre, explicó, es que a través de la hospitalización domiciliaria “no se puede conversar con la familia ni controlar si el paciente puede tomar o no su medicación”.

Otro hecho fatal que pudo evitarse si siguiera habilitada la hospitalización regular en el Noguchi fue el suicidio de un joven de 18 años en Los Olivos, el pasado 17 de septiembre. Un día después de haber recibido atención médica virtual, trepó hasta lo alto de una torre de energía eléctrica y se lanzó contra el piso. La caída fue de 40 metros.

Seis meses antes, en marzo, el mismo paciente ya se había subido a la misma torre de alta tensión. También quiso lanzarse, pero aquella vez fue salvado por los bomberos.

Si bien esa víctima fatal no fue paciente directo de la doctora Ramírez, ella recuerda que se le había recomendado aumentar la medicación. Tampoco estuvo internado. La portavoz de los médicos del Noguchi señala que esos dos hechos fatales corroboran la necesidad de que su centro psiquiátrico deba volver a las atenciones presenciales y recibir hospitalización con normalidad. 

No tienen protección

La segunda necesidad que tienen los médicos del Noguchi es que se respeten los protocolos de bioseguridad contra la Covid-19. En el hospital psiquiátrico, aseguran, no hay espacios para que el personal se coloque sus equipos de protección personal (mamelucos y mascarillas) y no les realizan pruebas moleculares sino pruebas rápidas.

Durante la pandemia han muerto de Covid-19, infectados en el propio nosocomio, dos vigilantes y una empleada administrativa. Actualmente, dos médicos y cinco enfermeros están contagiados y hacen la cuarentena en sus casas. Pese a ello, Ramírez dice que el personal quiere volver a atender de forma presencial. En total, son cerca de 40 médicos atendiendo desde casa que desean volver a hacerlo en persona. Para no arriesgar tanto sus vidas, necesitan protocolos más eficientes.

La doctora Ramírez explica que el Noguchi atiende 200 consultas de niños y adolescentes al día, la mayoría por intento de suicidio, hechos violentos, ansiedad, alucinaciones (por ejemplo escuchan voces que los llaman a matar al hermano o llamados del demonio) y depresión. Durante la pandemia, asegura, se ha incrementado en 30% el número de consultas de jóvenes de entre 18 y 25 años. La razón más importante es el confinamiento. 

¿Qué ha sido lo determinante? Según la psiquiatra, que los jóvenes hayan sido testigos de la pérdida del empleo de sus padres, de hechos violentos en sus casas y que no haya podido estar en contacto con otras personas.

La atención remota en el Valdizán

En el hospital Hermilio Valdizán, ubicado en Santa Anita, la situación es similar a la del Noguchi. Alexis Alcázar, médico psiquiatra de ese nosocomio, dice a Sudaca que las hospitalizaciones y las atenciones presenciales también están suspendidas. Solo funcionan 15 de las 42 camas para casos de extrema emergencia. 

Explicó además que, si bien en el 2020 se han atendido menos casos de conducta suicida en comparación al 2019, ello no quiere decir que hayan disminuido sino que “lo preocupante es que no se están atendiendo”. Así, no se estaría dando una cobertura adecuada a la demanda de eventos de conducta suicida y de hechos violentos en nuestra capital. “La finalidad en psiquiatría es la atención individualizada, que es lo más efectivo, y eso no se está dando mucho porque es de forma virtual”, aseguró.

Para Alcázar, el riesgo es alto. “No lo vemos ahorita. Lo podemos ver después de un año. Sobre todo en los jóvenes, hay conducta violenta y consumo de sustancias (droga, alcohol). El término técnico es conducta reemergente. Puede ser que al término de la pandemia veamos todos esos fenómenos incrementados”, afirma.

Sobre los protocolos contra el Covid-19 que se siguen en el Valdizán, el doctor señala que solo se cumplen en las áreas focalizadas, como la Unidad de Emergencias, donde se atienden unos 100 casos al día. “No todo el personal posee equipos de protección personal (EPP)”, sostiene.

De los 60 médicos, solo 36 están trabajando de forma presencial y 24 lo hacen de forma remota con las atenciones virtuales. Según Alcázar, todos están dispuestos a trabajar en las hospitalizaciones y en las atenciones presenciales, como sus colegas del Noguchi.

Sudaca envió un cuestionario al Ministerio de Salud, pero no obtuvo respuesta hasta el cierre de esta edición. Este medio también intentó comunicarse con las centrales telefónicas del Noguchi y el Valdizán, pero nadie contestó el teléfono.

Fugas en el Larco Herrera

El único hospital de salud mental que no atiende consultas externas de forma virtual ni presencial es el histórico Hospital Víctor Larco Herrera, fundado en 1918 y ubicado en Magdalena del Mar. Ningun paciente nuevo puede atenderse mediante las consultas externas, ya sea por teléfono, chat o de forma presencial. Antes, deben pasar por sus redes de salud comunitaria, las cuales -en su mayoría- no tienen capacidad para diagnosticarlos y derivarlos. En el Larco Herrera solo se atiende a pacientes llamados «continuadores».

Además, pareciera que no hay un estricto control interno, porque en diciembre del año pasado se escapó el paciente Richard Arce. Sudaca pudo encontrar a esta persona en el cruce de las avenida Brasil con el jirón Inclán, a cuatro cuadras de la plaza principal de Magdalena. Tiene alrededor de 50 años de edad y durante 30 años estuvo internado en dicho hospital.

No usaba mascarilla y no se sabe si tiene Covid-19. Según los vecinos de la zona, se dedica a cuidar vehículos de los restaurantes. Sin embargo, desconocen que ha tenido conducta violenta, según confirmó a Sudaca el psiquiatra Óscar Villanueva, quien fue su médico de cabecera en el hospital.

El especialista de salud mental confirmó que Arce estuvo internado en el Larco Herrera y que él mismo ha pedido su regreso. Él lo encontró en la calle y lo llevó a Emergencia. Lo atendieron, pero la dirección ya no quiso su retorno pese a que puede ser un peligro en la calle.

Señaló además que hay preocupación en el personal médico y los enfermeros del hospital psiquiátrico puesto que los 300 pacientes que permanecen hospitalizados se infectaron de Covid-19. Ellos están ahí desde antes de la pandemia, ya que el centro de salud mental no hospitaliza pacientes desde la primera cuarentena. El año pasado murieron 10 trabajadores y este año han fallecido otros 12. Solo funciona el servicio de Emergencia.

¿Quieres volver al Larco Herrera?, le preguntamos a Richard Arce, quien solo por coincidencia lleva el mismo nombre que un parlamentario del Congreso disuelto. “¿Por qué? Si ya fui dado de alta” nos contestó.

**La foto que abre esta nota es referencial y le pertenece a Reuters.

Asociación de Contribuyentes propone modificar medidas para combatir la segunda ola: Que negocios no cierren a las 6pm, que se permita el recojo de pedidos en restaurantes y se divida a Lima en diversas zonas de riesgo. Advierten que podrían cerrar 3.500 restaurantes.

Las medidas restrictivas implementadas por el Ejecutivo para enfrentar la segunda ola del Covid-19, comenzarán a regir desde este domingo 31. La Asociación de Contribuyentes aseguró que la cuarentena, tal y como está planteada, podría hacer que muchas empresas quiebren en estos 15 días de confinamiento, por lo que propuso la eliminación del “toque de queda” de las 06:00 p.m. para los negocios para evitar aglomeraciones, así como dividir a Lima en zonas de riesgo con cuarentenas focalizadas.

“Esta cuarentena que se quiere imponer en estas dos semanas, es un modelo que ya ha fracasado”, aseguró José Ignacio Beteta, presidente de la Asociación de Contribuyentes, centro de investigación que tiene como misión vigilar el uso del dinero de los contribuyentes recaudado por el Estado. “Muchas empresas, aunque no lo crean, en estos 15 días, pueden quebrar”, advirtió.

“Proponemos una cuarentena inteligente que ponga un punto medio donde -efectivamente- se vuelvan más rigurosas las medidas sanitarias, pero se eviten los errores de la cuarentena pasada”, aseguró. Por ejemplo, dice, se debe eliminar la limitación horaria de las 6:00 pm para negocios como bodegas, mercados itinerantes o farmacias. “Esa medida funciona a modo de toque de queda para los negocios y eso puede generar aglomeraciones, tal como ocurrió en el pasado. Millones de peruanos no pueden comprar para varios días sus alimentos y bienes esenciales. Esta restricción es a todas luces equivocada”, indicó.

Aunque los restaurantes no cerrarán del todo y podrán hacer delivery las 24 horas del día, Beteta, plantea agregarle otra medida: “El sector gastronómico y turismo emplea a dos millones de personas. Lo que planteamos es que los restaurantes (en las zonas consideradas extremas como Lima y Callao) no abran, pero que también se les permita entregar el producto en la puerta. Que hagan un sistema de recojo en tienda”, señaló.

Recordemos que en los últimos diez meses cerraron unos 70 mil restaurantes en todo el país por la crisis económica provocada por el Covid-19 y el representante de la Unión de Gremios y Asociaciones de Restaurantes, José Luis Silva Martinot, calculó que el confinamiento de 15 días pone en riesgo a unos 3,500 que corren el riesgo de salir del mercado.

Piden reducción de impuestos

Otra de las propuestas formuladas por las Asociación de Contribuyentes es ampliar la oferta de transporte público y permitir el desarrollo de actividades de producción textil y manufactureras sin venta directa al público. Así como permitir la movilización individual en bicicleta, sin restricción horaria y que se pueda hacer deportes libres (correr, caminar, ejercicios individuales) en espacios públicos. Además de permitir el uso de transporte privado, para una sola persona, para acudir a establecimientos que proveen servicios esenciales.

Finalmente, saludó la suspensión del Impuesto a la Renta, IGV y el impuesto selectivo al consumo, por 30 días y en las zonas consideradas en situación extrema. “La medida aplicada por el Ministerio de Economía es correcta, ayuda en algo. Pero no es suficiente. Se deben reducir los impuestos en general y así se pueda lograr un crecimiento más sostenible de las empresas”, sentenció Beteta.

Por primera vez, una iniciativa plural de organizaciones periodísticas independientes de todo el ámbito nacional unirá esfuerzos para contrarrestar la desinformación que se difunda camino a las elecciones generales para el Congreso y la presidencia del Perú.

La cobertura de la campaña electoral se refuerza ahora con el lanzamiento de la primera iniciativa periodística de verificación colaborativa que expondrá las versiones falsas o imprecisas que circulen en el contexto de los comicios para la presidencia de la República y el Congreso: se trata de Ama Llulla (No Mentirás), una red de medios independientes de todo el país que realizará un esfuerzo inédito para contrarrestar la desinformación en la contienda política que culminará el próximo 11 de abril.

Ama Llulla –iniciativa impulsada por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)– producirá verificaciones basadas en criterios y estándares de rigor y precisión unificados para determinar el grado de veracidad de las versiones emitidas por los principales actores de la campaña o los mensajes que se difundan en redes sociales.

Con ese objetivo, los medios participantes se adhieren a un código de principios éticos orientado a ofrecer confianza a la audiencia y que -de acuerdo con experiencias internacionales- contempla la imparcialidad en la selección de personajes y contenido a verificar, transparencia de fuentes, respeto a una metodología estándar y buena fe en la aplicación de una política de correcciones.

Este esfuerzo colaborativo se implementará a través de una redacción virtual facilitada por el medio digital OjoPúblico y que cuenta como miembros a los medios IDL-Reporteros, Ideeleradio, Útero.pe, LaMula.pe, El Búho, Sudaca, Convoca, El Filtro y una red de radioemisoras en ocho regiones de la zona andina y amazónica.

A esta iniciativa podrán sumarse medios locales, regionales o nacionales interesados en generar o difundir información confiable para contrarrestar los efectos de la infodemia, es decir, la profusa circulación de versiones engañosas o falsas.

Este proceso colaborativo irá acompañado por una estrategia de capacitación a periodistas, universitarios y participantes del Programa de Juventudes del proyecto de Innovación para la Participación Política Ciudadana del PNUD, en la metodología de verificación, una práctica que en el ámbito internacional se suele fomentar como una vía para estimular el pensamiento crítico y la capacidad argumentativa de estudiantes escolares y universitarios.

A lo largo de la campaña, se realizarán diversos talleres virtuales de factchecking de acceso libre para profesionales y voluntarios de distintas regiones del país.

Ama Llulla también hará un énfasis en la cobertura y difusión de información confiable en las regiones, a través de una red de medios locales que generarán contenido y emitirán versiones resumidas de los chequeos en formato podcast traducidos al menos a dos lenguas originarias, quechua y asháninka. El objetivo es asegurar el derecho de acceder a la información para poblaciones vulnerables a lo largo del país.

El ecosistema emprendedor tiene un conjunto de variables destinadas al surgimiento, desarrollo y potenciar los emprendimientos.

El emprendedor peruano -asegura el Ministerio de la Producción- es aquella persona que identifica una oportunidad y la aprovecha para desarrollar una idea de negocio o una empresa por medio de su trabajo y autoaprendizaje, motivado por el logro de objetivos. Tiene habilidades y virtudes como liderazgo, perseverancia, empatía, resiliencia y disciplina. Pero necesita de un entorno que estimule el desarrollo de su emprendimiento. A este entorno se le conoce como Ecosistema del Emprendedor Peruano.

¿Quiénes forman parte de este ecosistema? incubadoras, sistema financiero, Gobierno, iniciativas privadas, instituciones interesadas en invertir en emprendimientos, redes de inversión, inversionistas ángeles, Venture capital y empresas privadas.

La consolidación y fortalecimiento del ecosistema es también labor del Estado. A través del Ministerio de la Producción, por ejemplo, se ofrece un abanico de oportunidades para el emprendedor peruano que se traducen en inversión para la generación de competencias y habilidades de gestión empresarial y liderazgo.

La idea es que mientras más se le facilite las cosas a los emprendedores para que florezcan y se consoliden, mejor será el ecosistema y por lo tanto tendrá un impacto positivo en nuestra economía.

En pocas palabras el ecosistema emprendedor tiene un conjunto de variables destinadas al surgimiento, desarrollo y potenciar los emprendimientos.

“Con los años hemos generado políticas e instrumentos de cofinanciamiento que se ajustan a las necesidades del ecosistema con un capital semilla para emprendedores innovadores y para el fortalecimiento de las capacidades de las incubadoras y aceleradoras de negocios. A la fecha apuntamos a promover la innovación y emprendimiento en todas las regiones del país”, dijo Rafael Castillo Manrique, coordinador adjunto del Programa Innóvate Perú.

Para potenciar el ecosistema emprendedor en el Perú, han surgido diversas entidades de soporte como Innovate Perú (con su programa Startup Perú), Emprende UP, StartUPC, PQS, Wayra que han logrado tener una participación más activa en la preincubación, incubación de proyectos y su escalamiento comercial en el mercado. Y por el lado de la investigación científica, Concytec.

El ecosistema peruano debe empujar a las startups, para hacerlas crecer con una mirada regional e internacional bajo la lógica “Piensa globalmente, actúa localmente”, explicó Giancarlo Falconi, responsable de la Incubadora PQS. Explicó que los ecosistemas de Israel, Sillicon Valley e Inclusive México nacen, desde la formación, con una mirada global de vender al mundo.

A pesar de la crisis económica por la pandemia, la inversión en emprendimientos no se ha detenido.

“No habrá perdón que valga”. Era 28 de diciembre y la médica general Michele Panduro se refería así a la posibilidad de que pacientes con la Covid-19 muriesen en el departamento de Huánuco por falta de oxígeno al llegar la segunda ola. “Ya son 9 meses que deben haber servido para asegurarse de que todas las ciudades tengan un suministro”, decía desde su cuenta de Twitter.

Pocas semanas después, Huánuco capital pediría oxígeno a gritos. Sería noticia a nivel nacional y las imágenes de familiares clamando por camas de cuidados intensivos (UCI) generarían impotencia.

Con 26 años, Panduro lidera el Comando Covid del Hospital de Tingo María. Viajó de Lima a esa pequeña ciudad, que queda a tres horas en auto de la capital regional, porque faltaban manos para combatir al coronavirus. Comenzó a atender pacientes críticos en setiembre. Recién desde hace un par de semanas lleva la voz de mando en su unidad.

“El primer paciente Covid de la segunda ola que llegó acá [a Tingo María] había pedido su alta voluntaria en Huánuco porque ya no había camas UCI disponibles. Eso fue más o menos pasada Navidad”, cuenta a Sudaca. Recuerda que llegó con su balón de oxígeno a cuestas y fue enviado directamente a ventilación mecánica. 

Ubicados en el departamento de Huánuco, alrededor de tres horas de trayecto en auto separan a Huánuco (capital) de Tingo María (provincia Leoncio Prado). Foto: Google Maps.

Fue en la última semana del 2020 que Huánuco empezó a colapsar. El ingeniero Rodrigo Parra Wong explicó a Sudaca que la cantidad de fallecidos totales comenzó a subir con mayor notoriedad desde del 7 de diciembre. Él analiza a diario las cifras del Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef), una forma más exacta de dimensionar el efecto de la pandemia que las cifras oficiales de fallecidos por la Covid-19.

El 4 de enero, tres de los cuatro médicos intensivistas del Hospital de Contingencia Hermilio Valdizán de EsSalud en Huánuco renunciaron a sus puestos. Alegaron que no les habían estado pagando y que no tienen apoyo especializado para atender a los pacientes críticos.

“El hospital ya no puede atenderlos. Por eso, en la última semana los médicos les han estado sugiriendo a los pacientes que pidan su alta voluntaria para buscar atención en el Hospital de Tingo María [que corresponde al Ministerio de Salud]”, declaró a RPP el médico renunciante Jorge Cárdenas Siu, hasta entonces jefe del área UCI en el Hermilio Valdizán. Les deben sus honorarios desde agosto, explicó.

Precisamente por esos días salió de alta el paciente que llegó cargando su balón de oxígeno desde Huánuco poco después de Navidad, y que la jefa de Comando Covid del Hospital de Tingo María identificó como el primero de la segunda ola. De la pequeña ciudad donde trabaja Panduro se pueden aprender algunas lecciones.

La estrategia de Tingo María

“En Huánuco la segunda ola ya es peor que la primera”, concluyó Marco Sifuentes en La Encerrona al revisar la data del Sinadef que sistematizó Parra Wong hasta el 19 de enero. Ese día, la líneas roja de fallecidos mostraba cómo se había superado el pico más alto de la primera ola, en julio.

El director regional de salud César Torres dice a Sudaca que en diciembre pidió al Ministerio de Salud (Minsa) una planta de oxígeno. Este medio consultó al Minsa, pero al cierre de la nota no recibió respuesta al respecto. “Tiene que haber una planta o hasta dos si es posible. Estamos de subida. El peor escenario para febrero-marzo es que pueda tener 1.800 muertos. No voy a esperar que suceda”, afirma.

Recién este último fin de semana el Minsa hizo llegar oxígeno a Huánuco. “Nos están mandando concentradores de oxígeno, lo agradezco. Nos han mandado 50 balones [de oxígeno], lo agradezco; pero eso es insuficiente, replica César Torres. “Ayuda pero no resuelve el problema”, concluye.

En medio de la desgracia regional, el hospital de Tingo María, donde trabaja Panduro, aún no colapsa.Tiene un médico intensivista de planta y otros tres (uno de Pucallpa, dos de Huánuco) que asisten a la UCI intercaladamente. Panduro los apoya. “Sí, tenemos varios pacientes que son de afuera, que al no encontrar cama en Huánuco donde era su centro de referencia, empezaron a llegar acá”, confirma ella. ¿Por qué?

Sin que lo plantee así, queda claro con base en su testimonio que la adquisición de equipos de alto flujo de oxígeno y adelantarse en la apertura de camas previendo una mayor demanda han sido las medidas clave.

El alto flujo de oxígeno es un tratamiento intermedio entre el soporte de oxígeno de bajo flujo y la ventilación mecánica. Se parece a la cánula binasal pero brinda el oxígeno con mayor fuerza. A diferencia de la intubación, el alto flujo es un tratamiento menos invasivo y con menos probabilidad de secuelas. “Nosotros tenemos una forma de ver [un índice] si un paciente va a responder al alto flujo o no, porque también es importante no retrasar la intubación en caso el paciente la necesite”, precisa Panduro.

El presidente de la Sociedad de Medicina Intensiva (SOPEMI) cuenta a Sudaca que en setiembre ellos propusieron al Minsa implementar las “Salas de alto flujo” a nivel nacional, justamente como un espacio previo a la intubación. “Nosotros presentamos la Guía de Manejo de Pacientes Covid, […] en la guía incluimos la necesidad de implementar dichas salas”, dice.

Valverde sostiene que en el documento solicitaron la adquisición de 2.500 equipos de alto flujo y que no recibieron respuesta al respecto. Según un mapeo realizado en diciembre por la SOPEMI, solo hay alrededor de 500 equipos a nivel nacional, más de la mitad en Lima. En las regiones casi no se encuentran.

Pero sí en Tingo María. El hospital en el que trabaja Panduro hoy tiene 10 equipos de alto flujo que han llegado de distintas maneras: adquisiciones propias, donaciones de Médicos sin Fronteras o del mismo personal médico e, incluso, hay uno traído personalmente por un paciente. “Nos ha ayudado a cortar la lista de pacientes que necesitan ventilación [intubación]”, dice ella.

“Al menos en mi UCI está salvando vidas”, asegura la doctora. Los tratamientos con alto flujo de oxígeno, además, no requieren de un intensivista que los conecte y dan más margen de maniobra a las enfermeras: una puede manejar más de dos personas a la vez.

Valverde recuerda que cuando empezó la pandemia estos equipos escaseaban en buena cuenta por las compras masivas que otros países vecinos como Chile y Colombia habían realizado. Ciertamente, el vecino del sur anunció en mayo último a la oxigenoterapia de alto flujo como nuevo método adoptado para tratar pacientes COVID-19. Un camino que la experiencia de Tingo María y la opinión experta de la SOPEMI indican como adecuado. 

En diciembre, lo normal en el Hospital de Tingo María era ya casi no tener pacientes Covid-19. Máximo uno o dos en UCI, frente a las 8 camas con las que contaba esa unidad. Hoy, con la segunda ola acercándose a la cresta, tiene todas sus camas UCI copadas: ahora son 9 con ventilador mecánico y 10 con alto flujo (en el trabajo de campo han generado esa denominación: “cama UCI con alto flujo”). Hasta el último miércoles 27, el hospital donde trabaja Panduro no tenía lista de espera para intubación, a diferencia de su par de Huánuco capital.

Michele Panduro da indicaciones a familiares de pacientes Covid al interior del Hospital de Tingo María. Foto: HTM.

Además, alrededor de treinta camas de hospitalización (no UCI) están aún libres. Aparte de ellas, el viernes pasado el personal médico habilitó, en otro ambiente del hospital, más camas como precaución. Su suministro propio aún abastece sus ventiladores mecánicos y máquinas de alto flujo, y cuentan además con más de 300 balones de oxígeno.

Las pruebas rápidas, una trampa mortal

Otra arista importante de la experiencia de Tingo María es haber aprendido a convivir con las pruebas rápidas. Estas fueron casi tan nocivas como el propio virus durante la primera ola. Los falsos negativos hicieron que muchos pacientes perdieran días valiosos y que la muerte fuese la ganadora constante. En el Hospital de Tingo María aún las usan. Parte de su estrategia ha sido aprender a lidiar con los resultados falsos. Pero no siempre es posible. Y es que aparte de los falsos negativos, también se encuentran los falsos positivos.

—Como tenemos contadas las pruebas de antígenos, tenemos que ver a qué casos sí les tomamos y a cuáles no”. 

—¿Desde cuándo tienen las pruebas de antígenos?

—Recién, a finales de 2020, inicios de este año. Pero igual, como le digo, son restringidas.

La coordinadora del Comando Covid recuerda, por ejemplo, cómo una familia no pudo despedirse de su ser querido. Un paciente que aunque había fallecido por una causa diferente a la Covid-19, tenía un resultado positivo en su prueba rápida realizada a su ingreso al nosocomio.

“Cuando un paciente fallece teniendo prueba rápida positiva, se aplica todo el protocolo Covid, que implica que no lo pueden trasladar, que ven al paciente antes de que se cierre la bolsa con cremallera, y que luego se lo lleve la funeraria”, precisa la doctora.

Aunque sí logró aplicarle una prueba de hisopado, el resultado del laboratorio tardaba en llegar. “Era el tío de una técnica [de enfermería] de acá. Yo estaba a la espera [del resultado]. ¿Dónde está el hisopado?, ¿dónde está el hisopado? [pensaba]. Sabía que el hisopado le iba a salir negativo. La familia obviamente quería velarlo. Al final el hisopado salió negativo, pero tarde”. El resultado llegó horas después de que se lo llevase la funeraria, contó la médica a Sudaca. Recuerda que fue frustrante.

“Muchos piensan que cuando sale la prueba rápida positiva, vas a contagiar. Pero no. Simplemente ya hiciste la enfermedad, le dejó respuesta inmunológica a tu organismo y nada más. Eres una persona sana”, explicó el médico Jesús Valverde. “Ha sido un gran error tomar la prueba rápida como un símbolo de diagnóstico precoz o de tomar decisiones en el campo hospitalario”, agregó.

Pero están también los pacientes que pasan a hospitalización y que deben pasar antes por una prueba de descarte. “Pasa que la prueba rápida te puede dar falsos negativos los siete primeros días. En los días donde más contagias, te sale negativo. Y tú pasas a ese paciente a piso, diciendo que no va a contagiar, y es el que más puede hacerlo”, explicó Panduro. “Y al que sale positivo, que seguramente ya está dejando de contagiar, a ese le tienes más temor”, agregó. El personal médico ya ha aprendido a vivir con esa incertidumbre, con la decisión de extremar los cuidados que previenen el contagio.

Entre noviembre y diciembre, cuando el hospital llegó a albergar un solo paciente en UCI, ocurrió algo que Panduro todavía recuerda. Era un hombre de 45 años llegó a estar tres meses con ellos. Lograron extubarlo, pero no logró vencer la Covid-19 y falleció. Ella fue quien convivió con él por más tiempo. 

“Para nosotros era un paciente muy querido, luchamos muchísimo por él. Siempre tuvimos la esperanza de que volviera a casa. Llegó a ser, en un momento, el único paciente que teníamos en la UCI, entonces toda nuestra energía se iba para él”, cuenta. “Lamentablemente, el mismo coronavirus lo dejó muy secuelado. Era un pulmón ya muy maltratado, que al final hizo una complicación y no resistió”.

Por más éxito que haya conseguido el hospital de Tingo María con los tratamientos de alto flujo de oxígeno, sobreponerse a esos escenarios ha sido parte del aprendizaje del equipo médico. Sudaca se ha mantenido en comunicación con Panduro los últimos días. “En la UCI (por pandemia)”, precisa su ubicación en su cuenta de Twitter. Por ahora, este medio la deja cumplir con su importante labor.

 

¿Está postulando al Congreso y a la vicepresidencia por el candidato presidencial que acompaña o a pesar de él, porque desea hacer algo por el país?

No, obviamente por el candidato que tengo. George es una persona en la que creo y confío. No somos iguales ni pensamos igual, pero nos complementamos y ayudamos. Eso es bueno, de eso se trata la política: buscar puntos en común, dentro de determinadas compatibilidades. Hay sectores con los que para mí es imposible pensar en llegar a acuerdos, pero hay otros con los que, si llego al Congreso, voy a trabajar. En el caso de George, jamás diría que estoy ahí porque quiero hacer algo por el Perú a pesar del candidato.

Me ha quedado la impresión de que Forsyth, con la conformación de su plancha y su lista al Congreso, ha querido darle contenido político a una propuesta que él no puede llenar. ¿Es así?

Al organizar una plancha, obviamente tengo que pensar qué me aporta la persona. Si no me aporta, no lo voy a llevar en mi plancha. Me parece completamente normal y deseable. ¿Cuáles son las razones por las que uno escoge a alguien si no fuera por el contenido político que te aporta? Jorge [Chávez, el otro miembro de la plancha] y yo aportamos cosas completamente diferentes, pero cada uno enriquece el diálogo.

¿Qué aporta exactamente Forsyth en la discusión política?

Yo diría que sí aporta. Tiene algunos temas que para él son centrales. Por ejemplo, le importan mucho los temas de Interior y Defensa, que para mí son bastante ajenos. Le interesa el tema de la informalidad. George tiene ciertos temas que son un aporte político muy importante. Yo tengo los míos. A veces, los de él me interesan menos. Todos somos así, tenemos nuestros propios intereses. Él tiene muy clara la agenda anticorrupción y en eso sí coincidimos.

Si se tuviera que definir, ¿de qué lado del espectro político se ubicaría?

Digamos, a mí izquierda y derecha me parecen términos que están un poco caducos. Hay sectores de la derecha que son muy progresistas con respecto a derechos civiles, por ejemplo. Y sectores de izquierda que son homofóbicos. Yo prefiero llamarme de centro progresista. ¿En qué sentido? En que estoy buscando el cambio.

Entonces, en la concepción clásica de un solo eje, ¿sería de centro-izquierda?

Es que la concepción clásica es un poco complicada, pero puede ser que sí. Eso no significa que uno no pueda hacer alianzas con la derecha, si hubiera necesidad.

¿Está en una pequeña alianza con la derecha en el proyecto al que se ha sumado?

Sí, y también en una pequeña alianza con la izquierda. Pero no son concesiones a la derecha, sino cosas en las que creo: el libre mercado, en la empresa privada. No es una concesión. Y también creo en cosas que están más relacionadas con la izquierda normalmente: derechos civiles, por ejemplo.

¿El antifujimorismo la define políticamente?

No. ¿Es parte de mi definición política? Sí. El fujimorismo le ha hecho mucho daño al Perú. Yo nunca había estado tan interesada en política hasta que llegó el fujimorismo al Perú. Ahí empecé a decir: qué es esto, qué está pasando. Creo que hay personas dentro del fujimorismo que pueden tener buenas intenciones, pero son pocas. No sé quiénes son, pero supongo que existen.

¿A cuál de sus partidos competidores no podría endosarle el apoyo si pasa a segunda vuelta con Keiko Fujimori?

Probablemente a Unión por el Perú, pero no va a llegar, entonces no es una preocupación. ¿Sabes qué? Creo que no podría endosar nunca a Keiko. La he visto mentir demasiado. Esto de indultar a su padre es nuevamente un cálculo político: está buscando el voto duro albertista. Eso es algo con lo que no puedo: ver como alguien puede utilizar primero a su madre, después a su padre, después a su hermano, después nuevamente a su padre. No puedo confiar.

¿Cuáles son los temas que usted pone en la discusión de su plancha presidencial? 

La anticorrupción es el principal. [Luego], lo que me caracteriza por formación, por trayectoria y por interés: educación y cultura, mujer, y agregaría algo que cada vez me importa más, que es la salud. Específicamente, salud mental.

Lo tiene indexado en tu cuenta de Twitter: una de sus cuatro prioridades es la salud mental. ¿Por qué?

Esta pandemia nos ha hecho ver carencias gravísimas que vienen de muchos años atrás, pero dentro de todos los descuidos posiblemente uno de los mayores es el de salud mental. Cuán frágiles somos, qué estigmatizado está el tema. La gente no se atreve a pedir ayuda, no sabe dónde hacerlo. Se confunde, muchas veces, salud mental con machismo, violencia de género, violaciones. Y ahora estamos viendo mucha depresión, mucha frustración, mucha violencia doméstica. Es una prioridad en el Perú.

¿Dos cosas urgentes que se puedan hacer desde el Legislativo en salud mental?

Por ejemplo, cada distrito debería tener un centro comunitario, donde no solamente haya acceso a un profesional de salud sino a una comunidad. La comunidad es una de las cosas más importantes para la salud mental. Uno de los grandes problemas es el aislamiento, no tener con quién hablar, actividades que realizar, sobre todo para los adultos mayores. Si en cada comunidad hubiera un centro cultural con psicólogos, donde puedas desarrollar arte, música, deporte, sería un gran paso.

Sin dudas la salud mental es importante. ¿Pero nuestro Estado está preparado para crear centros comunitarios en todo el país, cuando no puede implementar plantas de oxígeno?

Deberíamos, porque es tan importante como tener postas médicas. El espacio común, el espacio público, no es solamente un tema de ocio. Es un tema que en este momento es fundamental para resolver problemas como la violencia, la soledad, los suicidios, las violaciones. No digo que se vayan a solucionar con eso, pero el Perú necesita espacios donde la gente se sienta segura, acompañada. No sé si es posible en todos los distritos del país, pero se puede crear algún mecanismo de estímulo mediante asociaciones público-privadas. Hay muchas maneras en las que se pueden hacer este tipo de cosas.

Forsyth ha hecho carrera política con operativos de desalojo de ambulantes en La Victoria. ¿Qué opina de esa forma de tratar al comerciante informal, que tiene que llevar comida a casa?

Bueno, pregúntenle a Susel Paredes, que es la número 1 del Partido Morado. Ella fue quien encabezó toda la fiscalización en La Victoria.

Se lo preguntamos. 

Creo que a veces no hay más remedio. Por las buenas no salen. No es que tenga gran opinión al respecto. No veo muchas alternativas para hacer un desalojo, la verdad. No hay forma de hacer un desalojo amistosamente.

El 70% del Perú es informal. Es un tema que van a tener que enfrentar en algún momento. ¿Lo enfrentarán así si son gobierno?

No, no, no. En un gobierno local no tienes muchas posibilidades: lo único que puedes hacer es que salgan. Esa es una de las razones que llevan a George a moverse hacia las ligas mayores. Te das cuenta de que como alcalde distrital estás muy limitado. Se deben dar estímulos a la formalización. La formalización tiene que ser rentable y en este momento no lo es. Lo que te dan a cambio de formalizarte es muy poco en relación a lo que te cuesta. No es un tema policial, definitivamente. Pero allí el tema era desalojar a gente que estaba perjudicando a los formales, que son los que pagan los impuestos, los que sacan adelante el país con sus impuestos. Con la formalidad pagamos colegios, hospitales, carreteras, policías, maestros, ejército, etc. Sin eso, no hay nada.

¿No está creando ciudadanos de primera y segunda categoría?

No, de ninguna manera. Lo que queremos es que todos tengan las mismas oportunidades. Que la formalización sea rentable no tiene que ver con ser un ciudadano de mayor categoría, sino que te tiene que permitir tener ventajas. No porque seas un ciudadano de primera categoría, sino porque estás pagando tus impuestos. Es así en todas partes del mundo. Si no se pagan impuestos, no hay país.

¿Le gustaría asumir algún ministerio?

Sí, a quién no. Solo en caso de que no fuera elegida congresista. Es un lugar desde donde uno puede hacer muchísimas cosas.

¿Qué ministerio?

De cualquiera de las cosas que te he mencionado: Educación, Cultura, Mujer.

Hablemos de Educación. Ricardo Cuenca dijo [inicialmente, luego retrocedió] que los COAR no iban a admitir alumnos este año. ¿Los COAR deben continuar o son elitistas?

Tienen sus ventajas y sus desventajas. Tampoco es que podamos decir ‘qué maravilla’. Está muy bien tener colegios de alto rendimiento si es que tenemos un sistema público educativo bueno. Cuando ya tienes algo bueno, puedes tener algo mejor. Pero no puedes tener un colegio arriba y el resto abajo, porque es discriminatorio. Está probado que tener alumnos de alto, mediano y bajo rendimiento en el mismo salón favorece que el nivel se eleve. Cuando tienes un compañero que es mejor que tú, tú vas a mejorar.

¿No se estaría condenando a personas que tienen mucho potencial a sucumbir a la precariedad de la educación pública, dado que el Estado no puede darle educación de calidad a todos?

El Estado debe brindar educación de calidad para todos. Conozco mucha gente que es producto de la educación pública reciente, escolar y universitaria, y son de primera. Destacadísimos. No fueron a un COAR. Los colegios emblemáticos son una muy buena experiencia. Se les dio muy buena infraestructura. Han dado excelentes resultados.

¿Se puede replicar un colegio emblemático en las zonas rurales del país, en La Pampa en Madre de Dios, o en Rinconada, en Puno? ¿No es esa también una forma de discriminación?

Igual, los mismos alumnos de La Pampa o Rinconada, con el COAR, están en la misma situación. Su situación no mejora porque existan COAR. ¿Qué es más importante? ¿Mejorar la situación de los alumnos de Rinconada o La Pampa, o hacer COAR? El Estado ha renunciado a su obligación de ser el principal proveedor de educación pública y de calidad. Cada vez menos alumnos van a colegios públicos. ¿Qué estamos haciendo? En la pandemia, muchos alumnos han migrado del sector privado al público. El esfuerzo que estaban haciendo para tener educación privada era tan precario que, en el fondo, no podían sostenerlo. Eso no es justo.

¿Está a favor o en contra de una nueva Constitución?

Favorezco una reforma. En este momento es más realista y menos riesgoso ir por una reforma de temas puntuales, que son los urgentes. Nada nos garantiza que la nueva Constitución va a ser mejor que la que tenemos, no sabemos quiénes la harían. El principal problema de la Constitución está en la reforma política, eso es lo más urgente. Somos uno de los países con menos representantes por habitante del mundo y la Constitución fija el número, lo cual es un error. Eso no tiene sentido, debería haber una fórmula poblacional para definirlo. Luego, tendría que haber renovación por mitades: que puedas premiar a aquellos a los que hay que premiar y castigar a los que lo han hecho mal. Abogaría porque las elecciones congresales se hagan en segunda vuelta y no en primera, eliminaría el voto preferencial para que haya verdadera paridad y alternancia.

¿Qué opina de las propuestas de Forsyth de utilizar ‘jurados como en las películas’ o renunciar a la franja electoral para que se invierta en salud, pese a que no va a revertir al Estado pronto?

Eso de las películas es anecdótico, es una forma de explicarlo con facilidad. Pero los jurados ciudadanos se usan en muchos sitios, no solamente en el derecho anglosajón. Es una propuesta que hay que afinar, no podría ser cualquier ciudadano, pero sí se puede pensar en designar a determinadas personas provenientes de determinadas instituciones. En cuanto al dinero de la franja electoral, creo que es un gesto. No sé si lo puede realmente hacer [renunciar a la franja], pero el gesto es “yo estoy dispuesto a renunciar a mi única posibilidad de hacer publicidad en radio y televisión, ¿tú como ciudadano a qué vas a renunciar para ayudar a tu país en esta pandemia?”.

Forsyth venia cayendo en las encuestas, aunque la caída se ha detenido. ¿Qué sensación le deja para encarar lo que resta de la campaña?

Ha vuelto a subir. Hay cosas que corregir, sin duda. Hay que aparecer más, hay que aparecer con propuestas.

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