Como dijimos ayer, habrá que proceder primero a una limpieza de los congresistas corruptos que se han vendido al gobierno, pero también para ello se necesita afiatar una estrategia, para que no se trunque por nimiedades a veces ridículas (inasistencia de congresistas que prefieren ir a un programa de televisión en lugar de estar en la votación respectiva, por ejemplo). Hecho ello, el camino estaría allanado para que la oposición empiece a hacer política en serio.
–La del estribo: conmovedora la puesta en escena de Limpiar la sangre, escrita e interpretada por Nishme Sumar, y codirigida por ella y Steven Buendía. Ella, de origen palestino, viaja a su lugar de origen a recuperar una casa familiar y en el proceso, que muestra al público en video y testimonio, se abren ventanas de su propia vida, pasado y expectativas. Va en el Centro Cultural de la PUCP, los jueves y viernes a las 20.00 horas, hasta el 9 de diciembre. ¡Y ya hay estacionamiento gratuito!
Como muchos, soy de los que piensa que la gran mayoría de peruanos, quiere elecciones. Pero el tema no concluye allí, lo que la mayoría de peruanos quiere son elecciones con partidos y candidatos buenos o mínimamente decentes y aceptables, y eso es algo que hoy prácticamente no existe en el país, a no ser por algunos esfuerzos en el centro como los de Francisco Sagasti, solitario Quijote del republicanismo, el abogado Carlomagno Salcedo, Secretario General del recién fundado Confluencia Perú y el aún vigente Partido Morado, que, bajo la conducción del también abogado Luis Durán, busca recuperar popularidad ya que su organización es de las más organizadas del país.
Hablo del centro también, porque, visto el panorama mundial, y el ambiente de polarización que vive Italia, con la elección de la ultraderechista Georgia Meloni, o la próxima segunda vuelta en Brasil cuya difícil disyuntiva es la de decantarse entre el también conservador extremo Jair Bolsonaro y el populista, y vinculado con la corrupción, Luis Ignacio Lula da Silva, parece importante voltear a ver lo que hubo, lo que aún existe y lo que podría o debería haber en el centro político.
Los vientos que comenzamos a respirar son los de la moderación, y si no lo son, deberían serlo, por eso dejo estas pautas, para pensar desde otras premisas la política peruana y mundial.
Duff McKagan (bajo), Slash (guitarras) y W. Axl Rose (voz), reunidos desde el 2016, grabaron estas canciones junto a sus cómplices Steven Adler (batería) e Izzy Stradlin (guitarras), cuando todos tenían entre 23 y 25 años y querían comerse el mundo con su hard-rock intoxicado y promiscuo. Hoy, bordeando los sesenta y con muchos de sus vicios convenientemente superados, lo que queda es un conjunto de contundentes composiciones acerca de una juventud destrampada y libertina, vivida al filo de la cornisa, pero a la vez cargada de entusiasmo, reacción ante lo social y políticamente correcto y auténtica pasión por la música que hacían en oscuros sótanos y clubes nocturnos, entrenando sus habilidades hasta alcanzar la excelencia.
Para nadie es novedad que Axl Rose ya no es aquel flaco y arrebatado cantante que daba alaridos similares, por momentos, a los de Brian Johnson de Ac/Dc, en perfecta afinación (como en este legendario concierto en el Ritz, 1988). Sin embargo, desde hace varios años es lo único que se comenta respecto de sus actuaciones. Que si su voz, que si su aspecto, que si su estado físico. Prefiero concentrarme en dos puntos notables de su desempeño el sábado pasado: por un lado, la energía desplegada en la justa medida de sus posibilidades le permitió hacer, de vez en cuando, sus característicos pasos de baile, un rezago de aquel estilo reptiliano que todos recordamos. Y por otro, su decisión de no bajar ni medio tono a las canciones, aunque hubiera sido una salida fácil para evitar fallas.Continue reading «Guns N’ Roses en Lima: Reavivando el apetito»
El grupo archivó la propuesta por mayoría al considerar “innecesaria” su aprobación. “Cabe señalar que el objeto del acuerdo, es internacionalizar la gestión del territorio en aras del medio ambiente e introduce el control de la gestión territorial por ONG nacionales y extranjeras registradas en el Perú, es decir, les permite actuar como parte en temas medio ambientales”, sostuvo Bustamante en aquella ocasión, según una nota de prensa del Legislativo.
Las polémicas
Cierto o no lo dicho por Bustamante, es indudable que Escazú genera opiniones divididas. El tratado tiene 26 artículos, pero la discusión gira en torno, sobre todo, a dos de ellos: los referidos a participación ciudadana y derechos de los defensores ambientales.
El tratado plantea en su artículo 7 que cada Estado firmante “garantizará mecanismos de participación del público en los procesos de toma de decisiones, revisiones, reexaminaciones o actualizaciones relativos a proyectos y actividades”. No precisa la exclusión de algún tipo de actividad económica o zona del territorio nacional de sus alcances.
Más adelante, en su artículo 9, Escazú exhorta a los países comprometidos a tomar “medidas apropiadas, efectivas y oportunas para prevenir, investigar y sancionar ataques, amenazas o intimidaciones que los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales puedan sufrir”. Lo anterior incluye atentados contra su vida, opinión, reunión y más.
Para el abogado constitucionalista Alejandro Rospigliosi, los postulados de Escazú son positivos, pero no hacen falta. “Es un tratado de buena intención, pero no es imprescindible, ni necesaria su ratificación, porque Perú ya cuenta con un marco legal para tutelar y proteger los mismos derechos [que defiende el tratado regional]”, considera el ex jefe del Centro de Estudios Constitucionales y Parlamentarios del Congreso.
Rospigliosi se refiere a fuentes del derecho nacional como la jurisprudencia del Tribunal Constitucional en materia ambiental o la existencia de un ente rector como el Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental (SINEFA). “Su ratificación por el contrario, generaría una sobreregulación y superposición de normas que generarían desconfianza en la inversión y desarrollo sustentable y amigable con el medio ambiente”, agrega el letrado.
En nuestro país, además, existe un vasto trasfondo legal que se relaciona a los puntos de Escazú. Por mencionar algunas tenemos la Ley del Derecho a Consulta Previa de los Pueblos Indígenas u Originarios, la Ley General del Ambiente, que crea el Sistema Nacional de Información Ambiental (SINIA); y contamos con una Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
La lista de los países que firmaron y ratificaron Escazú. El último lunes se sumó Colombia. Fuente: Organización de las Naciones Unidas (ONU).
En la misma línea que Rospigliosi opina ÁngelDelgado, también abogado constitucionalista. “En el Perú hay normas que regulan el derecho de petición y mecanismos judiciales como el habeas data para obtener información, pero para hacerlo hay que tener legitimidad y proporcionalidad porque hay información de carácter privado que no se puede difundir así no más”, sostiene.
Bajo la mirada de Delgado, ratificar Escazú también es un riesgo de que se desnaturalicen otras normativas. “El mecanismo perverso de este tipo de tratados es que extienden derechos como una liga. Los pueblos indígenas tienen derecho a consulta por la relación ancestral con sus territorios, pero eso no puede generalizarse a cualquier grupo de vecinos que viva en Asia y no quiera un proyecto determinado”, afirma el abogado.
Contrario a sus colegas, Dania Coz, abogada especialista en Derecho Internacional de los Derechos Humanos, no ve con malos ojos las exigencias de Escazú. “No lo veo como un problema. Es un tema básico de transparencia permitir la fiscalización ciudadana. Nosotros hemos dado poder a nuestras autoridades para que gobiernen, pero se nos olvida que no nos hacen un favor, lo hacen por delegación. Lo que busca [el tratado] es garantizar espacios”, asegura.
Para Coz, que nuestra legislación vigente ya contemplealgunas exigencias de Escazú tampoco es un problema, sino una oportunidad de mejora. “Es parte del principio del derecho internacional pacta sunt servanda. Firmar un tratado es indiferente ante tus propias obligaciones, defender a los representantes ambientales igual se debe cumplir, pero si tú adoptas más herramientas para que ese derecho se ejerza es porque precisamente tienes esa buena voluntad de garantizarlo”, considera Coz que también es jefa de la división de Derecho Constitucional del Estudio Iriarte & Asociados.
Aunque también hay opiniones contrarias en ese punto. “Dirán que lo abunda, no daña, pero no es verdad. El Perú tiene una democracia representativa. Participamos a través de nuestras autoridades. Tenemos tribunales, a los congresistas e instituciones como la Defensoría del Pueblo [para tutelar los derechos que toca Escazú]”, manifiesta Ángel Delgado, abogado constitucionalista.
El acuerdo internacional no solo genera diversas corrientes de opinión entre constitucionalistas. En zonas de nuestra Amazonía, como Loreto, también se pueden encontrar posturas opuestas. Como prueba, un botón.
La Organización Regional de Pueblos Indígenas del Oriente (Orpio) busca la ratificación de Escazú al menos desde el 2020. En agosto de ese año, Orpio lanzó un comunicado exigiendo que el Congreso emita un dictamen favorable sobre el tratado.
“Orpio se pronuncia para exigir que el Congreso de la República ratifique el Acuerdo de Escazú, como reconocimiento a la defensa y protección del medio ambiente que por décadas venimos desarrollando como pueblos indígenas, y que cientos de hermanos y hermanas desarrollan a nivel nacional, incluso entregando su vida. Labor que, actualmente, no cuenta con mecanismos de protección de parte del Estado para su implementación”, señala el documento de la organización que agrupa a 26 federaciones indígenas de Loreto.
Pero también hay grupos que se oponen. Está, por ejemplo, la Coordinadora por el Desarrollo Sostenible de Loreto (CDL), antes conocida como el colectivo “No A Escazú». La razón, aseguran sus voceros, es por la posibilidad de que se frustren iniciativas necesarias para la región amazónica.
“Escazú puede tener una buena intención, pero en realidad hay un trasfondo de organizaciones internacionales para tomar control de nuestra Amazonía y que los defensores ambientales tengan derechos superiores. Nos oponemos porque el desarrollo de Loreto ha sido postergado bastantes años precisamente por la intervención de los ambientalistas”, dice Christian Pinasco, presidente de la CDL.
Según Pinasco, la lista de proyectos paralizados por intervención de organizaciones ambientalistas es larga. “El último gran proyecto frustrado es la carretera Iquitos-Saramiza [que conecta con la Costa Norte]. Ha sido denunciada por la Federación de la Nacionalidad Achuar del Perú, que se encuentran en el Marañón. Dicen que no se puede pasar por sus territorios porque son una nación independiente a la nuestra y que, si algún profesional quiere pasar, ellos no garantizan su vida”, afirma la cabeza de la organización loretana.
Si Escazú es el camino para mejorar las cifras de la Defensoría y la ejecución de proyectos ambientales es la interrogante. Seguir su aplicación regional puede ser la clave para obtener una respuesta.
El tratado ya está vigente desde el 22 de abril del año pasado luego de alcanzar 11 ratificaciones, el mínimo necesario, gracias a la adhesión mexicana. El más reciente es Colombia, que aprobó su ratificación el último lunes. Perú no se les sumará por ahora. Al menos hasta nuevo aviso.
No es un “golpe blando” lo que se propone. No estamos ante un escenario de “lawfare” o judicialización de la política para desprenderse de los adversarios, como enajenadamente sostienen algunos voceros políticos y mediáticos de la izquierda, hipotecados a la tentación del poder cercano o cegados por su odio a la derecha.
Lo que tenemos al frente es un desafío de profilaxis moral del poder palaciego y legislativo para iniciar un proceso de reconstitución democrática, no con los mismos de siempre, sino con nuevos liderazgos, que ya asoman, y que prometen una mejoría sustantiva del proscenio político peruano, tan deteriorado por la izquierda, centro y derecha corruptas que nos han gobernado los últimos lustros.
Se pasa luego a señalar las características de esta “cultura particular”, de este sistema institucional violador de derechos humanos fundamentales, donde el tema sexual también está presente pero de manera marginal. De estemodo se describe el entorno que hizo posibles los abusos físicos, psicológicos e incluso sexuales. Pero este informe aborda también algunos temas que luego serían omitidos posteriormente por los voceros del Sodalicio y los expertos internacionales convocados posteriormente: la falta de libertad en el discernimiento vocacional, la obligación impuesta de hacer estudios de teología y filosofía y no lo que uno deseaba, la ausencia de transparencia en las comunicaciones, la explotación económica, el clasismo basado sobre la procedencia social y económica, el racismo y la esclavitud moderna.
Evidentemente, este informe no le gustó nada a la cúpula del Sodalicio, y mientras lo elogiaban en público pero lo vituperaban internamente, anunciaron que se había convocado una segunda comisión para reparar a las víctimas, conformada por el irlandés Ian Elliott y las estadounidenses Kathleen McChesney y Monica Applewhite, que al final evacuaron dos informes, a saber, “Abusos Perpetrados por el Sr. Luis Fernando Figari y el Abuso Sexual a Menores por parte de Ex Sodálites” y “Abusos Perpetrados por Sodálites y Respuesta del SCV a las Acusaciones de Abuso”.
Ya los títulos nos indican por dónde va la cosa. El tema central será el “abuso sexual a menores”, lo cual ayudará a desviar la atención de los otros abusos, considerados de reducida importancia aun cuando sus efectos puedan ser tan o mas dañinos que un abuso sexual. Asimismo, el grupo de adultos jóvenes que sufrieron abuso sexual pasa también a estar detrás de bambalinas.
Resulta sintomático que en el informe de la Comisión de Ética la palabra “sexual” —en singular o plural— figure sólo 5 veces, mientras que en los informes de los expertos aparece 74 veces. El título también es sospechoso cuando sólo se habla de “Ex Sodálites” como perpetradores. Se le ve el fustán a la intención de dar a entender que no habría actualmente ningún abusador sexual en el Sodalicio, salvo Figari, que ha sido apartado de la vida comunitaria, y otros tres, cuyos nombres no se mencionan pero que aparecen como si estuvieran rehabilitados. «…uno dejó la vida comunitaria, uno ha sido retirado de todo apostolado y del contacto con personas vulnerables, y uno realiza apostolado de manera restringida». No se sabe con certeza quiénes son, no han sido denunciados ni canónicamente ni ante la justicia civil, pero eso no parece importar ante la circunstancia de que se llega a la conclusión de que los abusos sexuales serían cosa del pasado y que el problema ya estaría resuelto del todo.
Esto se hace evidente en el título del segundo informe, donde se detalla la “heroica” y “ejemplar” respuesta del Sodalicio ante los abusos sexuales y otros tipos de abusos (físicos y psicológicos), sumándose a los abusadores sexuales otros once abusadores no sexuales, no identificados con nombre y apellido, de los cuales se especifica que dos ya han abandonado el Sodalicio y «de los nueve infractores que todavía son miembros del SCV, los cuatro que eran superiores o formadores han sido retirados de esos puestos, y los otros cinco nunca ocuparon esos puestos». En fin, asunto solucionado, sin que haya habido ninguna denuncia ante la justicia civil por parte del Sodalicio, ni mucho menos una denuncia canónica.
Para redondear el trabajo, los informes de los expertos internacionales intentan solapadamente desacreditar el informe de la Comisión de Ética, señalando que «la Comisión no llevó a cabo una investigación exhaustiva de todas las denuncias reportadas ni examinó la cultura actual del SCV». No sé qué informe habrán leído, pues lo que allí se describe es precisamente la cultura que ha tenido el Sodalicio hasta bien entrado el siglo XXI, la cual configuró un sistema institucional que permitió y favoreció abusos lesivos de derechos humanos fundamentales y su encubrimiento.
La comisión de los expertos internacionales opina distinto:
«La mayoría de los sodálites eran, y son, personas piadosas, con un carácter bueno y moral, atraídos por el Evangelio y los aspectos positivos de la cultura del SCV. Estos sodálites inspiraron y sirvieron como modelos y directores espirituales para los jóvenes, los aspirantes y sus compañeros sodálites. No fue, entonces, la cultura del SCV la que causó que los agresores cometieran actos de abuso, pero hubo autoridades o sodálites mayores que permitieron o alentaron abusos físicos y psicológicos. Para muchos, Figari personificó la cultura del SCV y fue considerado como un icono, y trataba a la gente de maneras que fueron frecuentemente copiadas luego por compañeros y subordinados».
Más aún, los expertos piensan que la cultura actual del Sodalicio no es la misma que la de tiempos pasados:
«La cultura del SCV ha evolucionado de manera positiva en la última década, especialmente después de que Figari renunció como Superior General. El énfasis en ser un “soldado” o impresionar a la jerarquía católica ya no se manifiesta en los trabajos cotidianos y obras apostólicas del instituto. Los cambios son más evidentes en los procesos de discernimiento y formación».
¿Nos quieren dar a entender que durante casi cuatro décadas el Sodalicio tuvo una cultura donde se desarrollaron abusos y que desde la renuncia de Figari como Superior General en el año 2010 hasta la publicación de estos informes en febrero de 2017 el Sodalicio ha pasado raudamente a tener otra cultura institucional, como la rana del cuento que de un momento a otro pasa de serun animal desagradable y repugnante a un príncipe rebosante de virtudes y amor? A otro perro con ese hueso.
Por otra parte, los informes de los expertos internacionales indican que la Comisión de Ética invitó «a las personas que creían que habían sido abusadas por miembros del SCV a presentarse y divulgar confidencialmente su experiencia» y que su informe final es una simple sinopsis de testimonios de personas «que se consideraban víctimas». Que la Comisión de Ética, tras deliberaciones y arduo análisis, y luego de escuchar a la contraparte sodálite, haya validado esos testimonios, poniéndolo por escrito en los informes personales que se le entregó a cada una de las víctimas reconocidas, le valió un carajo tanto a los expertos internacionales, contratados y debidamente remunerados, como al Sodalicio mismo.
Ambos informes de los expertos internacionales suman en total 65 páginas, pero si quitamos las portadas, la carta introductoria de Alessandro Moroni, los perfiles de los tres expertos, la descripción de la metodología aplicada, las recomendaciones y los apéndices, nos quedan 36 páginas, de las cuales ocho se dedican enteramente a Luis Fernando Figari. y otras cuatro a Germán Doig, Virgilio Levaggi, Jeffery Daniels y Daniel Murguía. Esto es importante, pues cuando el informe intente explicar por qué ocurrieron los abusos, se incidirá en la influencia que tuvieron Figari y Doig en la cultura institucional. En otras palabras, serían estas “manzanas podridas” las causas del problema, y una vez separadas, el Sodalicio pudo recomponerse y convertirse en unainstituciónsana. Esta conclusión, que incide sólo en la responsabilidad personal de unos cuantos sodálites como causantes de abusos, se opone a la descripción de todo un sistema de abusos que hizo la Comisión de Ética, descripción que el Sodalicio consideraría hasta ahora como inexacta y alejada de la verdad.
De hecho, las recomendaciones de la Comisión de Ética —que fueron ignoradas en su mayoría o cumplidas sólo parcialmente— eran más concretas y contundentes que las farragosas y vagas recomendaciones hechas por los tres expertos internacionales, algunas de ellas tan inútiles como «dar capacitación específica a los formadores, candidatos y formandos sobre la prevención de abuso sexual y los maltratos en el apostolado, los colegios y los servicios solidarios», es decir, en áreas donde no se cometió ningún abuso relevante, pues los abusos denunciados ocurrieron principalmente dentro de las comunidades sodálites, los centros de formación y en domicilios particulares. Además, es de hacer notar que estas recomendaciones se ven muy bonitas en el papel, pero también habrían sido incumplidas de manera masiva por el Sodalicio.
En resumen, la metodología del informe de los tres expertos internacionales parece haber sido darle prioridad al tema de abusos sexuales de menores —siendo que este tema es marginal dentro de la problemática global del Sodalicio—, desviar la atención de otro tipo de abusos que fueron igual de dañinos y mucho más frecuentes en la institución, cargar la responsabilidad exclusivamente sobre los abusadores sexuales sin mencionar en absoluto ni las causas sistémicas ni tampoco a quienes encubrieron esos abusos, y finalmente relegar todos los hechos a un pasado que ya habría sido superado.
De este modo, el abuso sexual de menores le habría servido al Sodalicio como cortina de humo para no tener que abordar los problemas centrales de su institución, una organización sectaria con un sistema que vulnera derechos fundamentales de las personas y termina dañándolas de por vida.
Lo que correspondería, de inmediato, en verdad, en el caso de Castillo, es procesar una vacancia por incapacidad moral. Sobre ella ya no hay duda posible y solo el interés pecuniario de algunos o la ceguera ideológica de otros, puede hacer que ello no se vea con absoluta claridad. Nos gobierna, según todos los indicios mostrados, un corrupto de marca mayor y el Legislativo debería proceder a sacarlo en las siguientes horas de Palacio.
Pero como, lamentablemente, el Parlamento está infectado de “niños” y “topos”, que han vendido su voto por prebendas (porque no hay pacto político detrás, no nos vengan con tonterías), el camino a seguir tendrá que ser, salvo sorpresa inesperada, el engorroso trámite de la denuncia constitucional bien fundamentada por la valiente Fiscal de la Nación. O por angas o por mangas, el Atila chotano debe dejar el poder lo antes posible.
Los perros del paraíso, en cambio, parece ceñirse más a los patrones de una novela histórica convencional –aunque cuestiona y a veces ignora la historia canónica sobre el tema– desarrollando de esta forma un relato lineal y que nos hace ver, desde el inicio, el férreo convencimiento de Colón respecto de su empresa, las intrigas palaciegas, los requiebros de diversos personajillos que merodean la corte de los reyes católicos e incluso se desliza la posibilidad de un lance entre el almirante y la reina Isabel.
La novela se divide en cuatro partes, correspondientes a los elementos presentes en la cosmovisión de los nativos americanos: aire, fugo, agua y tierra. Su propósito es sin duda desmitificador, la novela no parece desear tanto establecer verdades inamovibles sobre la conquista como sí invitar a repensarla. Su lenguaje, que llamaré “poco argentino” es decididamente barroco, algo no muy frecuente entre novelistas rioplatenses, hecha la excepción de Mujica Láinez.
Ambas novelas tienen en común inscribirse en un proyecto que desde la ficción revisa los hechos históricos y trata de colocarlos a una dimensión creativa, es verdad, pero también plenamente crítica. Quizá el valor de estas narraciones no es el mismo que puede tener una fuente histórica, de acuerdo, pero sus retratos suelen ser poderosos y convincentes y eso no es poco decir. Captar el espíritu de una época, trazar las oscuras líneas que conforman el temperamento de un personaje como Colón, así como resaltar sus luces, son retos que a mi parecer cumple mejor una novela que un texto de historia, sin desmerecer a nadie. Vale la pena internarse en las páginas de El arpa y la sombra y Los perros del paraíso. Si su visión de la historia no cambia, querido lector, al menos se enriquecerá.
