fapjunk.com teensexonline.com
Desastres naturales y violencia sexual | Sudaca - Periodismo libre y en profundidad

Desastres naturales y violencia sexual

“Medidas como la dictadas ayer por el gobierno son insuficientes sino tienen enfoque de género. Los servicios de atención de la violencia tienen que ser declarados en alerta máxima, para evitar una mayor revictimización en quienes estructuralmente ya están afectados por la discriminación de género (…) surge la necesidad de contar con un protocolo especializado de actuación para la atención y prevención de la violencia sexual en contextos de desastres naturales y emergencias”.

El Perú es un país bastante proclive a ser afectado por desastres naturales, no solo por el hecho de tener una geografía compleja sino, además, por las profundas desigualdades.

El Estado está en la obligación de prevenir el daño y los impactos negativos de los fenómenos naturales en la vida de toda la ciudadanía, y, especialmente en aquellas poblaciones en situación de vulnerabilidad cómo son las niñas, niños, adolescentes, mujeres, población migrante, población LGBTI, personas con discapacidad, población rural e indígena amazónica. La situación de exclusión y precariedad previa a la ocurrencia de un hecho natural desastroso, profundiza el riesgo de violencia y expone doblemente a la pobreza.

Las mujeres, las niñas y adolescentes son especialmente vulnerables a la violencia sexual, riesgo que se incrementa en contextos de desastres o conflictividad social. Tal es así que el Estado, ha reconocido como una modalidad de violencia de género la que ocurre en dichos escenarios[1]. Así mismo, en el Reglamento de la Ley N°30364 se señala que las víctimas de violencia que no puedan acudir a los servicios del Estado debido a situaciones de emergencia, desastre natural o por estar en zonas de difícil acceso, pueden acercarse a cualquier otro servicio vinculado que brinde el Estado para recibir la atención inmediata y de urgencia que requieran.

Al respecto, el año pasado el Comité CEDAW emitió una serie de recomendaciones al Perú en el marco del cumplimiento de la “Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer”. Se recomendó al estado peruano la aprobación de una nueva política nacional para la prevención y atención a la violencia de género 2022-2027, que incluya respuestas públicas en contextos de emergencia y humanitarios y que garantice la asignación de un presupuesto adecuado para su implementación[2].

Sin embargo, a pesar de estas disposiciones nacionales e internacionales no se cuenta con instrumentos normativos que contribuyan a aminorar los efectos negativos que repercuten en los derechos de las mujeres producto de situaciones de emergencia o desastres naturales.

El Comité CEDAW ha señalado que la violencia sexual es una problemática recurrente en las crisis humanitarias y puede tornarse grave tras un desastre natural. Los escenarios que presentan una alta ilegalidad, contextos de estrés y una gran cantidad de personas sin vivienda, representan mayores amenazas de violencia hacia las mujeres[3] de todas las edades.

Ante esto, surge la necesidad de contar con un protocolo especializado de actuación para la atención y prevención de la violencia sexual en contextos de desastres naturales y emergencias. Lamentablemente, ante esta ausencia no se activan mecanismos diferenciados de urgencia para brindar una adecuada protección a niñas/os, adolescentes y mujeres.

Medidas como la dictadas ayer por la presidenta Boluarte son insuficientes sino tienen enfoque de género. Los servicios de atención a la violencia y a la salud sexual y reproductiva, tienen que ser declarados en alerta máxima, para evitar una mayor revictimización en quienes estructuralmente ya están afectados por la discriminación de género.

Durante el terremoto del 2007, como en las inundaciones provocadas por el niño costero, se registró un aumento de los casos de violencia de género, especialmente de violencia sexual. Un nuevo escenario de catástrofe como el que vivimos actualmente con el Ciclón Yaku vuelve a generar la alerta. Pero una vez más, nos encuentra sin mecanismos estatales establecidos para la atención de uno de los principales problemas que tiene el país que registra más de 25 000 denuncias por violencia sexual al año en agravio de mujeres, siendo que para el 2022, 11 080 eran de violación sexual y de estas, 7614 en agravio de niñas y adolescentes.

La solidaridad ciudadanía es aplaudida, sobre todo la relacionada con dotación de alimentos para la población afectada. Sin embargo, hay necesidades que son invisibles en estas circunstancias pero que exponen y agreden a las personas más vulnerables y cuya atención es responsabilidad estatal.

Urge un protocolo de actuación específico para estos casos, que involucre la participación ciudadana y contribuya a la lucha contra la violencia y la discriminación.

 

[1] Artículo 8 del Reglamento de la Ley N°30364 – “Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar” que reconoce como una modalidad de violencia a la violencia en conflictos sociales.

[2] Recomendaciones del Comité CEDAW al estado peruano en el marco de su noveno informe periódico, párr. 24, h).

[3] Recomendación General N°37 del Comité CEDAW, párr. 56.

Tags:

Ciclón, desastre natural, violencia sexual

Mas artículos del autor:

"Hablemos del cuidado como un derecho universal para vivir dignamente"
"8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres: Celebramos con nuestra voz en alto"
"¿En defensa de la vida?"
x