Sale a la luz un nuevo capítulo polémico del historial del exministro Juan Carrasco. Sudaca conversó con la protagonista de una escandalosa acusación de plagio contra Carrasco Millones.
Aunque su momento de mayor popularidad a nivel nacional fue por lo que parecía ser una labor heroica contra la corrupción, el historial de Juan Carrasco Millones parece estar plagado de más cuestionamientos que méritos por su labor en los diferentes cargos que ocupó antes de convertirse en ministro durante el gobierno de Pedro Castillo.
Tal como lo ha relatado Sudaca en informes anteriores, los casos en los que ha estado involucrado Carrasco Millones han recibido serias críticas que van desde el uso de colaboradores eficaces manipulados hasta el uso de informes de inteligencia que luego desaparecieron sin dejar rastro.
Sin embargo, en esta oportunidad, la historia que pudo conocer Sudaca lo involucra con una grave denuncia por un aparente plagio para el cual, además, habría contado con la protección de fiscales, Poder Judicial y hasta la policía, según relató un personaje clave en esta historia que habló con este medio.
UNA EXTRAÑA COINCIDENCIA
Esta historia empezó hace más de una década cuando a Segundo Montenegro Villegas y Andrés Samamé Chuque se les inició un proceso penal porque, supuestamente, eran responsables por el delito de insolvencia fraudulenta bajo la modalidad de simulación de deuda y había tenido como agraviado a Inversiones Agroindustriales UPS SAC, empresa que realiza aportes de capital y había comprado acreencias de la Corporación Agrícola Úcupe.
En septiembre del 2015, el Sexto Juzgado Penal Unipersonal de Chiclayo, con el juez José Merino Iberos a la cabeza, emitió una sentencia absolutoria en favor de Montenegro y Samamé. En base al informe técnico que proporcionó Indecopi, los acusados se libraron de la acusación fiscal debido a que la acreencia cuestionada no cumplía con lo exigido por el Artículo 209 del Código Penal para que se configure como un delito.
Sin embargo, esta historia todavía no estaba cerca de su final. Juan Carrasco Millones, quien se desempeñaba como fiscal, y Percy Panta Burga, el abogado de Inversiones Agroindustriales USP SAC que era la empresa supuestamente afectada, interpusieron el recurso de apelación en la audiencia de lectura de sentencia.
Por ello, el 14 de septiembre a las 2:38 pm, Percy Panta Burga, en nombre de Inversiones Agroindustriales USP SAC, presentó el recurso de apelación contra el fallo absolutorio que el juez José Merino había dado días atrás.
Si bien se trata de un recurso válido, llamó la atención que, poco más de una hora después, el fiscal Juan Carrasco Millones presentara un recurso de apelación con detalles muy particulares que han sido el objeto de una investigación.
“Tanto el fiscal como el abogado no sólo hayan coincidido en sus posiciones de discrepar con la decisión del juez sino que, además, han redactado los fundamentos del recurso de un modo muy inusual que, a simple vista, hace sospechar que se trata de algo más que de una coincidencia”, comentó a Rosa Chambergo Montejo, directora del semanario Expresión.
El medio que encabeza Chambergo se encargó en ese momento de investigar las extrañas coincidencias entre los documentos presentados por Carrasco y Panta. “Los cinco fundamentos que aparecían en el recurso del fiscal eran la copia textual, hasta con los mismos errores, del recurso presentado por el abogado Percy Panta Burga”, declaró Chambergo a Sudaca.
Esta investigación demostró que, en los dos primeros fundamentos del recurso de apelación, el fiscal Carrasco Millones y el abogado Panta Burga iniciaban y finalizaban los párrafos con las mismas palabras. Aunque lo que hacía que esta situación sea todavía más sospechosa era que incluso cometían los mismos errores.
Pese a que el proceso en cuestión se había iniciado en aplicación del inciso 2 del Artículo 209 del Código Penal, tanto Carrasco como Panta habían cometido el error de invocar el inciso 1 en uno de los fundamentos presentados. “Era una copia. Las palabras empleadas son las mismas”, comentó la directora del semanario regional Expresión.
CONSECUENCIAS
Un caso con tantos indicios de plagio supondría, para el criterio dela mayoría, el inicio de investigación y posterior sanción a los involucrados. No obstante, el único que debió afrontar consecuencias en esta historia fue el medio regional que expuso las extrañas coincidencias en los documentos presentados por el fiscal y el abogado.
“Nos envió una carta notarial. Nos amenazó y nosotros le dijimos que no nos rectificábamos”, relata la directora de Expresión sobre la actitud del entonces fiscal Carrasco Millones tras la publicación que hizo su medio. “Era cierto lo que nosotros estábamos publicando. No era ninguna difamación. Si nosotros no hubiésemos tenido la razón, él podría haber denunciado”, agregó Chambergo.
“Desde nuestro punto de vista, esto significa un plagio. No puede haber un escrito igual cien por ciento a otro, menos si lo presenta un funcionario del Estado”, indicó el abogado Carlos Martínez Oblitas, quien era decano del Colegio de Abogados de Lambayeque, en declaraciones al medio RPP cuando se difundió este caso.
No obstante, pese a las pruebas, este caso no derivó en ningún tipo de sanción para los involucrados. Para Rosa Chambergo del semanario Expresión, el final de esa historia no es resultado de una investigación seria y señala que “Él (Carrasco) tuvo toda la protección del Poder Judicial, policía y compañeros fiscales”.
Aunque el aparente plagio que se relata en esta historia despierta indignación y lleva a que se pierda la confianza en los encargados de velar por la justicia, lo más grave resulta que los involucrados, además, cuenten con protección de sus propios colegas pese a lo cuestionable de su accionar.
