Daniel Salaverry desafía a Aníbal Torres. Sudaca ha podido corroborar que el consejero ad honorem del presidente Pedro Castillo le ha propuesto reemplazar a su ministro de Justicia, Félix Chero Medina. Esto, mientras el gobierno enfrenta su peor crisis en diez meses de mandato, presionado por la calle y ensayando respuestas −encierros masivos, estados de emergencia y sesiones del Consejo de Ministros descentralizadas− al descontento popular.
Salaverry, quien fue nombrado consejero sin sueldo del Despacho Presidencial el 17 de marzo, ha puesto sobre el escritorio del jefe de Estado la hoja de vida de José Coloma Marquina, exviceministro de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia del gobierno de PPK. Con ello, Salaverry confronta directamente al premier Torres, quien ha dejado en claro que “el Gabinete está muy sólido” y que está contento con su equipo pese a las críticas.
El excongresista fujimorista busca la destitución de Félix Chero porque considera que este, como principal asesor jurídico del gobierno, pudo detener el despropósito del último 5 de abril. Pero, en cambio, Chero firmó el decreto supremo que ‘encerró’ a limeños y chalacos en sus casas durante un día. Una medida que Salaverry ha calificado en la interna como una “metida de pata”.
Conocido por su camaleónico pasado, el consejero presidencial ad honorem apuesta a una cirugía mayor en el Gabinete para apaciguar los ánimos de la calle y callar las voces que exigen la renuncia de Castillo, según una fuente de su entorno más cercano. En una declaración que dio a los medios el 6 de abril, un día después del fallido toque de queda, Salaverry ya había cuestionado a los ministros de Transportes y Vivienda, Nicolás Bustamante y Geiner Alvarado.
Sudaca se comunicó con José Coloma, el recomendado para ocupar la caretera de Justicia, quien no le cierra las puertas a la oportunidad. “No tendría ningún inconveniente bajo unas mínimas condiciones. No tengo duda de que tengo el perfil para ese cargo, pero formalmente no me han dicho nada”, señala Coloma.
Por estos días, en el Ejecutivo se vive un auténtico despelote. “Lamentablemente [Castillo] escucha otras voces que creen que no pasa nada, que todo está perfecto y que las cosas tienen que continuar como están”, declaró el propio Salaverry recientemente. El 6 de abril, Aníbal Torres había dicho que el suelo está parejo y que no renunciará a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).
EL GOBIERNO HACE AGUA
Castillo ahora presta oídos a los susurros ‘estratégicos’ de Henry Shimabukuro Guevara, Cristina Boyd Jara y Violeta Romero Adama (algo que también han reportado El País e IDL Reporteros). El ingreso a Palacio de este nuevo círculo de poder coincide con la caída en desgracia del exsecretario general de la presidencia, Bruno Pacheco, y con las luchas intestinas entre los integrantes del llamado “Gabinete en la sombra”, al que el mandatario ha dejado de escuchar.
Shimabukuro es un ingeniero y empresario constructor que trabaja en la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), y que ha sido destacado en Palacio. Su familia maneja “Las Cucardas”, el único prostíbulo legal de Lima. Su tía, Rosa Shimabukuro Shimabukuro, figura como socia fundadora del club nocturno. Este personaje también ha estado ligado al fujimorismo. En el 2014, fue contratado por los hermanos Sachie, Hiro y Kenji Fujimori para construir un almacén en un basural de Villa El Salvador, por un monto cercano al millón de soles.
Cristina Boyd Jara, por su lado, trabaja en la Secretaría de Comunicación Estratégica y Prensa de Palacio desde marzo de este año. Ella no dirige nominalmente la oficina, pero sí lo hace en la práctica, según fuentes palaciegas. El jefe formal, Rodolfo Idrogo, ha quedado relegado.
En el 2013, Boyd condujo el programa “Estrategas del poder”, en Youtube, donde repetía teorías conspirativas. El espacio se dedicaba a reseñar “los errores de inteligencia del Perú y el mundo”. En diciembre del 2021, la mujer llevó un curso de capacitación sobre manejo de crisis en la Marina.
En su programa online, Boyd ha cuestionado a los agentes de inteligencia de la Policía y ha asegurado que sus reportes tienen “una redacción poco idónea, muy mal preparada, con muchas faltas ortográficas y sus conclusiones son muy pobres”. Sudaca le pidió una declaración −a través de su correo electrónico− pero no obtuvimos respuesta al cierre de la edición.
Otra mujer influyente es Violeta Romero Adama, quien trabaja en Palacio desde septiembre del 2021. Romero ha sido contratada para redactar documentos y organizar viajes a provincias. Es, además, cercana a Perú Libre. En el 2020 trabajó en el Gobierno Regional de Junín, bajo dominio de ese partido, para labores de “capacitación técnica”. Hoy funge de secretaria personal del gobernante, aseguran las fuentes.
LA DINI VS LA PNP
Esos tres personajes son los que hoy alimentan las teorías conspirativas en Palacio. Una particular visión del mundo que, en conjunto, podría explicar el choque entre la DINI −adscrita a la Presidencia del Consejo de Ministros− y la Policía Nacional. Ambas instituciones están enfrentadas por la orden de inamovilidad de hace tres días.
La noche del 4 de abril, los integrantes del Gabinete se reunieron de emergencia tras “tomar conocimiento por información de inteligencia (de la DINI) que el 5 de abril se agudizaría y agravaría la situación de violencia en Lima y Callao”, según un comunicado de la Policía.
A las 10 de la noche de ese 4 de abril, el ministro del Interior, Alfonso Chávarry, solicitó un informe a la Oficina de Planeamiento Operativo del Comando de Asesoramiento General de la Policía sobre la pertinencia o no de decretar un toque de queda en Lima y Callao. Esta dependencia apenas opinó, de acuerdo a una fuente confiable de la PNP, que una medida así de extrema es una atribución del Ejecutivo.
La fuente policial asegura a Sudaca, además, que el alto mando nunca pidió el encierro porque ese no es su estilo de trabajo. “¿La Policía alguna vez ha pedido que la gente no use autos para frenar los robos de vehículos? Es absurdo”, dice.
Por eso, las cabezas de la Policía quedaron sorprendidas cuando vieron en el Decreto Supremo que se decretaba “la inmovilización social obligatoria” basados en el informe de la Oficina de Planeamiento. En un sector del alto mando se han sentido usados por el gobierno para legitimar una medida desproporcionada.
El primer ministro Aníbal Torres atizó el fuego al decir, en una entrevista con Blu Radio de Colombia, que los policías peruanos tienen una preparación deficiente. Después pidió disculpas, como siempre lo hace después de cada exabrupto. Así las cosas, el gobierno hace agua por todos lados.
