Saludos estimados lectores, es grato nuevamente escribir para compartir ideas, desde este espacio de análisis, ante el el uso responsable, de la IA en la Administración Pública.
En la actividad social y económica existe la tendencia al uso intensivo de la Inteligencia Artificial para la Gestión y análisis de datos que permite ofrecer servicios inclusivos sostenibles en el tiempo, eficientes y centrados en los ciudadanos. La automatización de los procesos del Estado encamina a la toma de decisiones ágiles y que generen valor a la atención al ciudadano.
Sin embargo, ante el problema estructural profundo de la división de los actores sociales de una nación, que son el Estado, el Congreso, las empresas y la sociedad civil, es reflejo una vez más, de la brecha actual de la administración pública vs el uso papel. De la misma manera, la seguridad jurídica y los derechos básicos fundamentales.
Cada vez más, la tendencia al cero papel se va desarrollando. Esa desmaterialización de documentos, canales de transmisión, firmas digitales, se va gestando. La desterritorialización, y la desestatalización como actividad desarrollada sobrepasa los límites y el marco normativo de un Estado, también va avanzando.
El uso por la Administracion de aplicaciones basadas en sistemas Web e Internet y otras tecnologías de la información, combinando con procesos para implementar esas tecnologías, permitir el acceso y entrega de información y prestación de servicios al público, a otras agencias y a otras entidades de gobierno.
Los y riesgos en el diseño y la utilización de la algoritmia son altos.
Los temas de regulaciones de ley se están construyendo. El concepto jurídico – inexistente del concepto de la IA abre una inseguridad jurídica. De la misma manera como existe un reglamento europeo de IA donde indica qué tecnologías deben incluirse y cuales no bajo este concepto y así poder determinar el régimen jurídico aplicable, crea riesgos.
La confianza al uso de la tecnología se da por un tema de regulación, donde el marco jurídico debe estar y debe además ser garante de nuestros derechos fundamentales.
Hoy, existen lagunas en la privacidad de los datos y en la protección de la intimidad.
No existe la transparencia, sigue habiendo sesgos, permanece la tibieza en la rendición de cuentas, no existe un sistema de ciberseguridad robusto o sostenible que le haga frente a la desinformación. Nadie ni el Estado, es consciente de las mareas de fake news.
Gobierno Digital o la Transformación Digital del Estado es una reforma de modernización del Estado peruano
Alain Dongo es el nuevo secretario de Gobierno y Transformación Digital tras la salida de Marushka Chocobar, desde el 5 de agosto del 2023. Si bien la OCDE, con relación a Perú, ha colocado al país en un lugar privilegiado, no se sienten ruidos ni acciones o actividades sobre el avance del Gobierno Digital. Este 14 de febrero Perú se ha adherido a la Declaración sobre un futuro digital fiable, sostenible e inclusivo, todavía hay mucho por seguir impulsando el desarrollo inclusivo y el fortalecimiento institucional con enfoque a la ciudadanía que ya es digital. De la misma manera, dar y crear un marco jurídico para la protección de datos, que es responsabilidad del Congreso. Parece que nadie lo sabe hacer o quizás desconocen alcance en el tema.
Desde que empezó la gestión, no se escucha comunicación alguna. Como siempre digo, el silencio no es rentable para nadie. Menos para un País que está en crisis y anhela noticias de progreso real, para recuperar una esperanza aún futura.
