Estuvo el ministro de Transportes en el Congreso y dijo barbaridad y media sobre las concesiones privadas que funcionan en el Perú. En un país donde falta inversión enorme en infraestructura y la llamada a hacerlo es el sector privado, tener a un titular de pliego adverso a ella es, evidentemente, una pésima noticia.
Gran parte de la inversión privada y del empleo se genera en base a dichas concesiones. Puede haber eventual discusión sobre algunas de ellas, (como hemos consignado por ejemplo en Sudaca sobre la decisión de LAP en el Jorge Chávez), pero jamás podrá ponerse en duda que es una gran noticia para el país que un operador logístico de nivel mundial administre el principal terminal aéreo del país y que debe continuar allí.
Y lo mismo sucede en carreteras, puertos, servicios, etc. ¿Cómo pretende el gobierno que la inversión privada se dinamice si desde el propio gobierno se la sataniza y malentiende (hay claramente una campaña política cuya narrativa es ir contra los grupos empresariales, los medios de comunicación y el Congreso)?
A la vez, tenemos a un ministerio como el de Trabajo publicando normas claramente atentatorias del buen desempeño del crecimiento laboral del país, alentando la informalidad y golpeando, sobre todo, a las empresas más pequeñas.
Y al ministro de Energía y Minas, actuando no como árbitro sino como parte inclinada a favor de los azuzadores de los conflictos mineros, que tanto daño le hacen a la economía nacional en medio de una situación de bonanza en los precios de los minerales que nos debería hacer crecer a tasas del 5 o 6% del PBI.
Es menester que la sociedad civil y la clase política, de centro y derecha del país, salga en defensa de los fueros empresariales. La mediocridad e incompetencia del régimen ya es conocida, pero lo que no puede admitirse es que destruya gran parte de lo avanzado por el sector privado. Ya llegará el momento en que sobrevenga un gobierno que reconstruya el Estado colapsado que nos va a dejar en herencia Castillo, pero antes de ello, hay que alzar la voz en defensa de la inversión privada, que es la que dinamiza el país, hace realidad el empleo y, por ende, la disminución de la pobreza. Eso no lo hace el gobierno ni el Estado sino el sector privado y hay que enfrentar a un gobierno ideológicamente retardatario que no lo entiende así.
