En su sugerente columna diaria, Mirko Lauer ha observado la evolución y casi banalización en los usos de la palabra terrorismo. Mientras hasta hace pocos años por terrorismo se tenía a las acciones violentas de SL y MRTA, hoy la categoría se extiende a cualquier izquierda, centro o hasta centro derecha que no concilie con la agenda de la derecha conservadora.
Aunque la narrativa se ha expandido a todo lo que se mueve a la izquierda de posiciones cercanas a las de Fuerza Popular o Renovación Popular, las opiniones por las cuales el excanciller y académico Héctor Béjar fue obligado a dejar Torre Tagle ha reabierto la polémica sobre el “terrorismo de estado” y las violaciones a los derechos humanos cometidas por las fuerzas armadas en las zonas de emergencias durante la guerra interna.
La controversia nos devuelve a lo que no ha resuelto la CVR y su museo, y menos por fallidos o sesgados, cuanto porque debieron y deben entenderse como el punto de partida para la ejecución de un proyecto de reconciliación nacional y no como el punto final de este proceso. El informe de la CVR, en este sentido, es la base de datos, desde la cual comenzar a trabajar y el Museo de la Memoria uno, no el único, de los medios de comunicación en el que deben exponerse los resultados de este trabajo con la finalidad de generar una narrativa más conciliadora acerca de la guerra interna.
A la reconciliación se llega a través de una serie de políticas, pero el gesto basal es el perdón, y el perdón que se le exige a los grupos terroristas no es, ni puede ser el mismo que se espera de las FF.AA. y policiales. En el primer caso se trata del perdón incondicional que tienen que pedirnos dos bandas armadas cuyos roles fueron los de ser violentos victimarios, además de únicos iniciadores y responsables directos del conflicto. En cambio, los roles de las FF. AA. fueron diversos: defensores de la sociedad y el Estado ante la amenaza terrorista, víctimas de la brutalidad de los grupos subversivos y victimarios cuando, en su lucha contra estos grupos, violaron derechos humanos y atentaron contra la población civil.
En tal sentido, una política de la reconciliación de las fuerzas armadas con la sociedad debe contemplar estos tres aspectos y no solo concentrarse en uno o dos de ellos. De hecho, esta es la razón que nos viene dividiendo como sociedad hace dos décadas: la derecha y sectores cercanos a las fuerzas armadas exigen que se reconozca el heroísmo y defensa de la sociedad por parte de estas, mientras que la izquierda enfatiza sus violaciones a los derechos humanos. Es por ello por lo que no hay acuerdo, porque no alcanzamos un consenso en el cual reconozcamos que ambas afirmaciones son básicamente correctas, y que pueden serlo simultáneamente y requerir políticas de reconocimiento y de reconciliación para cada premisa, o inclusive políticas conjuntas, que se cristalicen en los mismos actos y lugares de la memoria.
Yo he pensado mucho, para plantear una idea inicial, en reunir a las madres de las víctimas militares de la violencia terrorista, con las madres de las víctimas civiles de acciones militares. Esas mujeres tienen en común el mismo dolor del hijo arrancado por una guerra de la que solo son responsables SL y MRTA. Su abrazo podría comenzar a acercar a la familia militar, que también fue víctima de la violencia política, con aquellos sectores de la sociedad civil más dañados por la actuación castrense en esos tiempos.
La reconciliación siempre trata de gestos, pues busca reparar simbólicamente algo que se rompió en el pasado. La reconciliación nunca devuelve a los que partieron, pero cicatriza heridas abiertas y, si se hace bien, tiene la facultad de tranquilizar al pasado, logra que sus gritos cesen de perturbarnos en el presente para finalmente ocupar su lugar en la historia, dejándonos una enseñanza. El consenso de querer hacerlo es el primer paso para sanar aquel dolor que todavía vive entre nosotros.
