Definitivamente tenemos un congreso agresor, al cual no le interesa los temas relacionados con la igualdad, los derechos de las mujeres ni los derechos de la población LGBTIQ+.
¿Novedad?, Pues no. Sin embargo, el día que estos escenarios dejen de indignarnos nos habrán ganado la batalla, y, la construcción de sociedades realmente democráticas será imposible.
Han pasado semanas desde que el Congresista Fredy Diaz fue denunciado por violación, uno de los crímenes más graves que existen. Hasta el momento el agresor no ha sido desaforado del Parlamento, ni siquiera suspendido. A pesar de ser un caso emblemático, ya que es la primera vez que un legislador es acusado de haber ejercido violencia sexual contra una trabajadora del Congreso, el hecho solo ha generado revuelo mediático, pero no medidas concretas.
La falta compromiso de las autoridades, inmediatez y diligencia para abordar un caso tan grave es indignante y parte de la indiferencia que existe cuando se trata de vulneraciones a los derechos de las mujeres.
Aunque si se ha abierto una investigación a nivel de la Comisión de Ética y algunas/os legisladores/as ya han presentado Acusación Constitucional (desafuero); nada se concreta aún. Fredy Diaz sigue como si nada hubiera pasado, es aún legislador, recibe con normalidad su sueldo, se encuentra libre y representando a la ciudadanía.
La figura de la “inmunidad parlamentaria” fue eliminada para evitar que autoridades tan relevantes se sientan por encima de las normas y cumplan con su deber de responder frente a imputaciones diversas.
El Congreso debe velar porque las investigaciones en este caso se desarrollen en el marco de la debida diligencia estatal, pero a la vez, tiene que tomar acciones para sancionar al agresor y medidas preventivas para evitar la repetición de los hechos.
No dejemos que este caso se pierda en el tiempo, exijamos investigación célere, sanciones adecuadas y respuestas concretas desde el Congreso que contribuyan a devolverle algo de legitimidad al espacio.
