[El dedo en la llaga] Hay políticos que gobiernan en nombre de una Constitución, otros en nombre de una ideología y otros que, con bastante más ambición, parecen querer gobernar en nombre de Dios. Donald Trump, presidente de Estados Unidos; José Antonio Kast, presidente de Chile; Abelardo de la Espriella, presidente de Colombia; y Keiko Fujimori, presidenta del Perú, pertenecen, con matices muy diferentes, a esta última categoría. Los cuatro han encontrado en Dios, la familia, la vida y los «valores cristianos» elementos particularmente eficaces de su discurso político. ¿Se trata de convicciones religiosas auténticas que simplemente trasladan a la esfera pública? Es posible. ¿O estamos ante una forma particularmente rentable de convertir la religión en capital electoral? La pregunta no es impertinente. Y resulta especialmente pertinente cuando el nombre de Dios empieza a aparecer con demasiada frecuencia allí donde se disputan votos, poder e influencia. Conviene recordar, por tanto, algo bastante elemental: Dios no es candidato, el Evangelio no es programa electoral y Jesucristo no necesita un partido político que lo represente.
No sabemos qué tan sincera es la fe de cada uno. Trump puede creer sinceramente en Dios; Kast puede ser un católico convencido; De la Espriella puede haber vivido una auténtica conversión; Keiko Fujimori puede profesar sinceramente sus convicciones religiosas. Nada de eso resulta incompatible con la posibilidad de que la religión sea utilizada políticamente. La sinceridad personal no constituye un certificado de inocencia política. Un político puede rezar sinceramente y, al mismo tiempo, descubrir que rezar ante una cámara resulta electoralmente conveniente; puede creer en Dios y, sin embargo, presentar sus propias decisiones como si tuvieran una legitimidad superior por proceder de sus convicciones religiosas; puede defender la familia y convertir, de paso, su particular definición política de la familia en una frontera entre los buenos y los malos. El problema, por tanto, no es que estos políticos crean en Dios. El problema aparece cuando Dios comienza a funcionar como aval de sus proyectos políticos. Y ahí conviene empezar a sospechar.
Trump: Dios bendiga al presidente
Donald Trump constituye el ejemplo más espectacular. El hombre que convirtió su nombre en una marca, que hizo del ego una plataforma política y de la confrontación una forma de liderazgo terminó siendo considerado por una parte importante del evangelicalismo conservador estadounidense como una especie de instrumento providencial para salvar a Estados Unidos. La paradoja resulta difícil de ignorar: sectores cristianos que predican humildad, dominio de sí, verdad, misericordia y amor al enemigo encontraron en Trump al político más adecuado para defender el cristianismo.
Quizá la explicación sea menos teológica de lo que parece. Trump no necesita parecerse demasiado a Cristo; basta con que combata con eficacia a quienes sus seguidores consideran enemigos de Cristo. Aborto, inmigración, derechos LGBT, secularización, educación, identidad nacional y libertad religiosa se convierten en trincheras de una guerra cultural en la que el carácter del candidato parece importar menos que su utilidad. Si derrota al enemigo correcto, algunas de sus contradicciones pueden ser toleradas. Si protege las causas correctas, determinadas conductas que en otro contexto serían consideradas moralmente problemáticas adquieren una sorprendente elasticidad.
La operación es bastante ingeniosa: la imperfección moral del líder deja de ser un inconveniente y puede convertirse incluso en prueba de que Dios lo está utilizando. Trump no es un santo, reconocen sus defensores; precisamente por eso Dios puede servirse de él. El argumento tiene un precedente bíblico: Dios, ciertamente, se sirve de pecadores. Lo que suele omitirse es que también los juzga. David fue elegido y, sin embargo, el profeta Natán tuvo que señalarlo. Su elección no lo hizo inmune al juicio moral; lo hizo más responsable.
El problema aparece cuando se invierte la relación entre fe y poder: el Evangelio deja de ser el criterio con el que se juzga al gobernante y el gobernante empieza a convertirse en el criterio con el que se selecciona qué parte del Evangelio resulta conveniente. Si miente, hay una explicación; si insulta, es que es fuerte; si humilla, es que combate; si desprecia al adversario, es que no se deja intimidar. La virtud cristiana parece reducirse entonces a una virtud bastante menos evangélica: ganar. Jesús, en cambio, habló de los pobres, los misericordiosos y los que trabajan por la paz; mandó amar al enemigo y lavó los pies de sus discípulos. No parece sencillo encontrar en esa pedagogía del servicio una justificación para convertir al adversario político en enemigo moral.
Kast: Dios, patria, familia y la santificación política
José Antonio Kast, presidente de Chile, presenta un caso menos estridente. Su catolicismo forma parte de su trayectoria y él mismo ha afirmado: «Primero soy católico, después soy político». La frase parece impecable. Precisamente por eso conviene tomarla en serio. Si primero es católico y después político, habrá que preguntarse qué significa ser católico cuando se ejerce el poder sobre una sociedad plural en la que no todos comparten sus convicciones.
Kast ha hablado reiteradamente de Dios, patria, familia, vida y valores cristianos. En 2017 llegó a afirmar ante representantes evangélicos que a Chile «le hace falta Dios». La frase suena piadosa, pero plantea una pregunta incómoda: ¿qué significa exactamente que a un país le «falte Dios»? ¿Que se seculariza? ¿Que modifica determinadas leyes? ¿Que reconoce derechos que algunos cristianos rechazan? ¿O que sus ciudadanos dejan de vivir de acuerdo con el Evangelio? Porque quizá a Chile no le falte Dios. Quizá le falte algo bastante menos solemne y mucho más difícil: cristianos dispuestos a aplicar el Evangelio también cuando deja de resultar políticamente rentable.
Es relativamente sencillo convertir la religión en un inventario de prohibiciones sexuales y familiares. Mucho más complicado es llevar las palabras de Jesús al ejercicio cotidiano del poder: recordar que el extranjero también es prójimo, que el pobre no es una estadística, que el adversario político no es un enemigo moral y que el gobernante tampoco está por encima de aquellos a quienes gobierna.
La cuestión no es si Kast puede defender la vida. Naturalmente que puede. La cuestión es si esa defensa puede reducirse casi exclusivamente a la protección del niño no nacido. Para el cristianismo, la dignidad de la vida humana continúa después del nacimiento y alcanza al pobre, al enfermo, al anciano, al migrante, al preso y a todo ser humano vulnerable. Defender la vida antes de nacer es una exigencia cristiana; convertir esa defensa en sustituto de la preocupación por la vida de quienes ya han nacido es reducir considerablemente el alcance del mensaje cristiano.
Si Kast quiere gobernar como católico, tendrá que aceptar una de las partes menos cómodas del catolicismo: la fe no solo permite juzgar a los adversarios; también obliga a dejarse juzgar por esa misma fe.
De la Espriella: cuando Dios llega a la Casa de Nariño
Abelardo de la Espriella, presidente de Colombia, ofrece un caso todavía más llamativo: una identidad política fuertemente acompañada de referencias religiosas. Su experiencia de fe puede ser completamente auténtica. Pero conviene desconfiar de una inferencia bastante habitual: que una conversión religiosa sincera convierte automáticamente en cristianas las posiciones políticas posteriores.
De la Espriella ha pronunciado una frase que resume el problema: «Hay que poner a Dios en el centro de cada decisión». Difícilmente podría sonar más piadosa. Pero precisamente por eso cabe formular la pregunta que suele quedar convenientemente escondida: ¿quién determina cuál es la decisión que Dios quiere? ¿El Evangelio? ¿La Iglesia? ¿La conciencia? ¿La Constitución? ¿O el propio gobernante? Porque si un presidente puede presentar sus decisiones políticas como expresión de la voluntad divina, sus adversarios quedan en una posición bastante incómoda: ya no estarían simplemente discrepando con el presidente, sino —al menos retóricamente— con Dios.
Colombia es un Estado laico. Eso no significa expulsar a Dios de la sociedad ni pedirle al creyente que deje su fe en la puerta del palacio presidencial. Significa algo bastante más sencillo: que el Estado no pertenece a ninguna religión. Un presidente puede rezar, asistir a misa y pedir la bendición de Dios. Lo que resulta mucho más discutible es convertir sus convicciones religiosas en una especie de Constitución paralela.
Y aquí aparece otra cuestión incómoda. ¿Por qué el discurso sobre los «valores cristianos» encuentra tanta facilidad para hablar de familia, aborto, sexualidad, género, orden y autoridad, y tanta dificultad para mantener la misma intensidad cuando aparecen pobres, migrantes, presos, enfermos, ancianos abandonados o víctimas de la violencia? El Evangelio, por cierto, no parece compartir esa distribución de prioridades. Tal vez porque la guerra cultural produce bastante más rédito electoral que la misericordia.
Keiko Fujimori: Dios, familia y votos
Keiko Fujimori, presidenta del Perú, representa la dimensión más abiertamente electoral de esta relación entre religión y política. El vínculo del fujimorismo con sectores evangélicos conservadores viene de lejos, pero durante sus campañas se hizo particularmente visible mediante compromisos políticos relacionados con el aborto, la unión civil, la adopción por parejas del mismo sexo y la defensa de la familia tradicional.
El mecanismo tampoco tiene demasiado misterio: el candidato promete defender aquello que determinados grupos religiosos consideran «valores cristianos»; dirigentes religiosos movilizan a sus comunidades; el político obtiene votos y las organizaciones religiosas consiguen influencia. ¿Todos ganan? Quizá. Pero hay algo que puede perderse en el intercambio: la independencia de la religión frente al poder. Cuando una comunidad religiosa necesita al político para defender la fe y el político necesita a la comunidad religiosa para ganar elecciones, la frontera entre convicción religiosa y conveniencia política empieza a volverse sospechosamente borrosa.
Keiko puede defender la familia y puede oponerse al aborto. Nada hay intrínsecamente incompatible entre esas posiciones y el cristianismo. Pero si quiere presentarse como representante de los valores cristianos tendrá que aceptar que el cristianismo tiene la incómoda costumbre de preguntar también por la verdad, la corrupción, la justicia, los pobres, la dignidad humana, el abuso del poder y el trato al adversario. No existe un cristianismo a la carta que permita defender la familia mientras se relativiza la verdad, defender la vida mientras se desprecia al débil o hablar de Dios mientras se justifica cualquier abuso del poder en nombre de una causa superior.
Cuatro presidentes y la misma tentación
Trump en Estados Unidos, Kast en Chile, De la Espriella en Colombia y Keiko Fujimori en Perú representan, con todas sus diferencias, una tentación bastante antigua: poner a Dios al servicio de la política en lugar de poner la política bajo el juicio de Dios. No hace falta atribuirles una conspiración ni cuestionar la sinceridad de su fe para advertir el problema. Basta observar qué ocurre cuando la religión se convierte en una fuente de legitimidad política y cuando determinadas posiciones partidarias empiezan a presentarse como si fueran la consecuencia natural de la fe cristiana.
Trump convierte la religión en combustible de una guerra cultural; Kast corre el riesgo de convertir su identidad católica en una identidad política; De la Espriella sitúa a Dios en el centro de sus decisiones hasta dejar abierta la pregunta sobre quién interpreta esa voluntad divina; y el fujimorismo muestra cómo la alianza entre religión conservadora y política electoral puede convertirse en una eficaz maquinaria de movilización.
Los cuatro pueden ser creyentes sinceros. Y los cuatro pueden, al mismo tiempo, beneficiarse políticamente de esa identificación entre religión y proyecto político. La contradicción no está en creer y hacer política. Está en invocar a Cristo para legitimar un ejercicio del poder que puede tener muy poco de cristiano.
Por eso, cuando un político promete defender los «valores cristianos», la pregunta realmente interesante no es cuánto habla de Dios, sino qué queda del Evangelio cuando desaparece la retórica religiosa. ¿Quedan misericordia, verdad, justicia, humildad, preocupación por los pobres, respeto por el adversario y capacidad de reconocer los propios errores? Si no quedan, quizá no estemos ante una política inspirada por el cristianismo, sino ante algo bastante más prosaico: una ideología política que ha descubierto que el lenguaje religioso también puede ser electoralmente rentable.
El peligro comienza cuando el creyente deja de preguntarse si el político actúa cristianamente y empieza a pensar que, por presentarse como cristiano, todo lo que hace debe ser defendido. Entonces la fe deja de juzgar al poder y el poder empieza a utilizar la fe para juzgar a sus enemigos. El gobernante adquiere una especie de inmunidad religiosa: cuestionarlo parece atacar a Dios; derrotarlo, traicionar los valores de la fe.
El Jesús de los Evangelios no construyó su movimiento alrededor de enemigos culturales, no prometió restaurar una grandeza nacional perdida ni enseñó a sus discípulos a conquistar el Estado. Les enseñó a servir, a perdonar, a amar al enemigo y a reconocer al extranjero como prójimo. Y en el capítulo 25 del Evangelio de Mateo dejó un criterio particularmente incómodo para cualquier gobernante: el juicio sobre la manera en que se trató al hambriento, al sediento, al extranjero, al desnudo, al enfermo y al preso.
En cambio, cuando la fe sirve para que el poderoso parezca moralmente intocable, ya no estamos ante una defensa del cristianismo. Estamos ante su instrumentalización.
