“Si votas en blanco, votas en rojo” es una de las frases que ha circulado por Facebook apoyando la candidatura de Keiko Fujimori. Al menos 27 anuncios similares fueron pagados por la agencia de publicidad Algoritmo, de acuerdo a la biblioteca de anuncios de Facebook. Esta misma empresa ha sido seleccionada por la ONPE como parte del plan de medios de la franja electoral, un mecanismo a través del cual los partidos políticos compran espacios publicitarios con fondos públicos.
Son tres las empresas postoras que ofrecen espacio en redes sociales: Radio Onda Sideral, Ozono Networks y Algoritmo. Perú Libre, quizá sin saber de los anuncios naranjas de la empresa, eligió solo a esta última. El monto: S/60 mil que le da la ONPE.
Fuerza Popular, por su lado, ha apostado por no tener presencia en redes sociales con dinero del Estado. No tiene porqué. El fujimorismo ya tiene aliados en ese espacio, la mayoría ‘anónimos’, que han impulsado las iniciativas “Por mi familia” y “Unidos por un Perú mejor”.
Uno de los financistas de la campaña “Por mi familia” es justamente Algoritmo, una empresa fundada en 2013 cuya razón social es Go Digital Perú S.A.C. La página, creada el 29 de abril pasado, promueve el voto a favor de Fujimori, a quien califican como el “mal menor”. En unos videos publicados el 10 y 11 de mayo, se puede ver a la bailarina Vania Masías asegurando que no es “pro Keiko” y que, aunque le va a costar, va a marcar la K “por mi familia, porque no quiero que pasen por lo que ya pasamos”.
En otro de los videos pagados por Go Digital y difundidos el pasado 7 de mayo, aparecen figuras conocidas como Inés Melchor y Renzo Reggiardo hablando sobre no perder lo que ya ganaron, en alusión al comunismo, y “no votar con odio, sino por el Perú”.
No todos los videos publicados asociados a esta campaña fueron pagados por Algoritmo. Según el medio Ojo Público, la semana pasada Facebook eliminó tres anuncios virales en contra de Pedro Castillo −publicados en la página “Por mi familia”− porque no identificaron al financista detrás de la propaganda política.
Como explica Facebook en su biblioteca de anuncios, estas publicaciones pagadas se pusieron en circulación “sin un descargo de responsabilidad”, es decir, no se advirtió quién las había financiado. Una vez publicadas, se determinó que cada una de ellas “era un anuncio sobre temas sociales, elecciones o política, y que requerían la etiqueta [de propaganda política], así que lo quitamos”.
Los videos que no se eliminaron fueron los de Algoritmo, precisamente porque en ese caso sí se identificó que esta empresa fue la que pagó la pauta publicitaria a favor de Keiko Fujimori.
¿Confidencialidad?
Consultados por el financiamiento de los anuncios pro fujimoristas, Algoritmo respondió que ellos solo son “una agencia de compra de medios digitales”, que sirven como intermediarios y que la campaña “Por mi familia” no fue financiada por ellos, sino por un cliente, “el cual debemos mantener en confidencialidad por nuestras políticas internas”.
Iván Lanegra, secretario general de Transparencia, explica que las empresas están prohibidas de hacer aportes a las campañas electorales. Ante el argumento de que esta publicidad fue financiada por un tercero, Lanegra agrega que sería importante que la ONPE intervenga para conocer quién financió estos anuncios, tal como sucedió con el caso de los carteles de “No al comunismo”, por un tema de transparencia.
Hasta el cierre de esta edición, no recibimos respuesta de parte de la agencia de publicidad Algoritmo a la pregunta explícita de quién es el cliente que habría financiado los videos.
Aunque la ONPE es responsable de asegurar la neutralidad y transparencia en el proceso electoral, Benito Portocarrero, jefe de prensa del organismo estatal, nos respondió que “no habría ningún impedimento legal” para financiar particularmente la campaña publicitaria de un candidato y, al mismo tiempo, ser el encargado por la ONPE de la campaña del competidor.
De mantenerse las tendencias, Keiko debe estar llevándose el triunfo en la jornada del 6 de junio. Quizás ajustadamente, pero favorable a ella. Hay, sin embargo, imponderables que podrían romper el curso de las tendencias señaladas. Aquí, algunos de ellos:
1.- Escándalo por denuncia periodística. Puede surgir de algún medio opositor y armar tal escándalo que le cueste votos. El 2016 la feble denuncia de Cuarto Poder le costó la elección a Keiko.
2.- Sentencia condenatoria ante acusación fiscal contra Keiko o esposo. Es muy improbable, ya que la acusación fiscal recién se ha presentado y tendría que haber una especial indisposición para que el juez acelere el caso sin previo juicio oral.
3.- “Chicharrón” o “nosotros matamos menos”. Keiko no comete errores, por lo general, pero un dislate, un exabrupto, suyo o de algún vocero cercano a la cúpula, puede ocasionarle daño y quitarle pocos puntos, pero decisivos en una elección tan ajustada.
4.- Que siga hablando López Aliaga. El líder de la DBA peruana está aprovechando, oportunistamente, para mejor su posición política en vista de la campaña edil en la que ya ha anunciado que será candidato. Pero su violencia verbal, lo único que hace es refrescar en el pueblo la memoria de los últimos cinco años de virulencia keikista en el Congreso. El comando de campaña de Keiko debería implorarle que se calle o se vaya de viaje.
5.- Que a Keiko le dé Covid. Es un hecho fortuito, pero muy posible dada la cercanía y contacto a la que se obliga la candidata en sus mítines y visitas. Si sale fuera de la campaña dos o tres semanas, pierde la elección.
6.- Que vaquen a Sagasti y se genere una crisis política de envergadura. Ya un congresista vinculado a Castillo pidió su censura. A mayor zozobra, quien cosecha es el candidato disruptivo antisistema, Pedro Castillo. Felizmente no prosperó la peregrina idea, pero harían bien las bancadas mayoritarias en estar advertidas del torvo proyecto detrás de este tipo de iniciativas.
7.- Un debate funesto. Que le vaya pésimo a la candidata de Fuerza Popular en el debate. No parece probable. Por el contrario, quien seguramente va a perder es Pedro Castillo, pero ya vimos que un debate puede incidir (Chota, el segundo debate Keiko-PPK del 2016).
8.- Reactivación del antifujimorismo. Que Keiko haya subido al punto de alcanzar a su contendor ha movilizado a todos los colectivos de izquierda antifujimorista, que suelen ser muy activos en redes sociales y en creatividad publicitaria. El antivoto de Keiko ya no es tan alto y se equipara al de Castillo, así que no parece que vaya a tener mayor impacto, pero siempre es un imponderable que puede mellar su desenlace.
Todos los días, de lunes a viernes, Alexandra Ames, David Rivera y Paolo Benza discuten los temas más importantes del día por Debate. En nuestro episodio número 131: El fujimorismo explota el fiasco del debate en Santa Mónica. Se acercan el perulibrismo y el etnocacerismo. La incidencia de pobreza se dispara. ¿Y control de precios educativos?
El simulacro de votación de Datum arroja un 44% para Castillo y un 41% para Keiko, en la práctica un empate técnico, pero la encuesta de intención de voto es más reveladora porque nos permite comparar las tendencias con las anteriores mediciones de la misma encuestadora.
Y allí Castillo tiene 42% y Keiko 40%. Se acorta a 2 puntos la diferencia que en la medición anterior estaba en 5 puntos. Los múltiples errores de Castillo están haciéndole perder votos y, sobre todo, haciendo que los indecisos terminen sumándose al bando keikista (cae de 12% a 7% el “No sabe”).
Según la encuesta de Datum, donde más sube Castillo es en mujeres (+5), entre 45 y 54 años (+6), Lima (+6), Centro (+6) y sector C (+8). Keiko, en cambio, crece más en jóvenes entre 18 y 24 años (+6), de 55 a 70 años (+5), se dispara en el norte (+11), en el A/B (+8) y en el crucial sector E (+8).
Si las tendencias se mantienen es dable pronosticar un triunfo ajustado de Keiko. Cuenta con la ventaja de tener un equipo y una estrategia afinada, a diferencia de su contendor, que en esta semana ha dado un espectáculo superlativo de improvisación.
Castillo no solo no tiene un plan de marketing electoral sino que en términos de sus equipos técnicos ha armado un despelote descomunal, con grupos en disputa por adueñarse del programa, en un desenlace final que parece confirmará la línea radical cerronista, alguito atenuada por los técnicos de Juntos por el Perú, pero no tanto como para hablar de un Castillo con el polo blanco.
Ese Castillo radical, improvisado y soberbio, le va a costar la campaña. Va a ocurrir, según todo lo hace prever, lo mismo que en Ecuador, donde el candidato de la derecha ganó sobre todo por los gruesos yerros cometidos por el candidato correísta.
Se vienen tres semanas decisivas, donde el papel más crucial podrá jugarlo el desempeño de ambos en los dos debates ya acordados. Lo más probable es que allí se defina la elección. Keiko cuenta a su favor con una masa crítica centroderechista que debiera, al final, inclinarse por ella, pero todo hace suponer que igual va a ser una definición de fotografía que va a depender de quién cometa la menor cantidad de errores.
Todos los días, de lunes a viernes, Alexandra Ames, David Rivera y Paolo Benza discuten los temas más importantes del día por Debate. En nuestro episodio número 130: El Congreso y sus apuros a poco del cambio de mando. ¿Castillo está paseando a varios grupos de técnicos a ver con cual se queda? Y el mercantilismo tras el cartel de las imprentas.
Si gana Keiko Fujimori, como todo lo hace prever, y no realiza un gobierno extraordinario, la derecha se podrá ir despidiendo por una buena cantidad de años de la posibilidad de acceder nuevamente al poder.
Un gobierno superlativo de derecha implica no solo efectuar un shock de inversiones privadas, un golpe capitalista a la vena, que saque al país de la recesión y lo lleve a tasas de crecimiento capaces de reducir la pobreza y las desigualdades de modo significativo.
Eso no basta. Lo que mejor lo demuestra es el gobierno de García, que tuvo eso, pero por no emprender ninguna sola reforma, le dejó el camino servido a un izquierdista como Ollanta Humala en el 2011.
Junto al shock capitalista mencionado deberá desplegarse una batería moderna y eficaz de programas sociales, capaces de aliviar rápidamente la pobreza generada por la pandemia y compensar la tragedia vivida por los peruanos más indefensos.
Implicará, además, reemprender una reforma del Estado, que incluye una reingeniería de sectores públicos básicos, como salud, educación y seguridad interna. Una salud que no ofenda a los millones de peruanos que acuden a ella y son tratados como ciudadanos de quinta categoría, como ilegales dentro de su propio país. La salud pública en el Perú genera disidencias y antisistemas.
Que continúe la reforma educativa, en el sentido de otorgarle infraestructura y apoyo logístico suficiente para que se convierta en herramienta de equidad y no de mayor diferencia social. Y una política agresiva de lucha contra la delincuencia, que a quienes más afecta es a los más pobres del país.
Si Keiko no hace todo ello en el lapso de cinco años, el 2026 seguramente veremos a Mario Vargas Llosa apoyando a una Indira Huillca para evitar que triunfe una opción ultrarradical como la de Antauro Humala.
El modelo necesita cambios con urgencia. Nos hemos pasado los 21 años de la transición democrática perdiendo el tiempo, sin hacer las reformas pertinentes. Y si bien también son corresponsables políticos originalmente de izquierda, como Ollanta Humala, claramente lo que ha salido perdiendo a ojos de la ciudadanía es el modelo estrenado en los 90, frente al que la gente de a pie muestra legítima insatisfacción e irritación. Si mañana vota por Keiko, será la última ocasión de la derecha para hacer lo que corresponde hacer si quiere mantener al país en la senda de las libertades económicas y políticas.
Recientemente los dueños del Grupo El Comercio decidieron, por mayoría, renovar la dirección periodística de su brazo televisivo en busca de una cobertura más dura contra Pedro Castillo.El ala de la familia Miró Quesada que tomó esta decisión tiene entre sus principales temores un cambio radical en el modelo de libre mercado. Un modelo que redujo en 38,5 puntos porcentuales la incidencia de pobreza del país en los 16 últimos años.
Sin embargo, el negocio de impresiones del grupo El Comercio −que en el 2019 facturó S/73,8 millones− no tiene un historial de cumplimiento de las reglas que deberían regir en un mercado que, por libre y competitivo, sirve al ciudadano.
La Comisión de Defensa de la Libre Competencia del Indecopi (CLC) acaba de sancionar, el pasado 5 de mayo y en primera instancia, a la Empresa Editora El Comercio y a su subordinada Amauta Impresiones Comerciales. La infracción: coordinar y pactar ilegalmente con sus principales competidores y así repartirse las licitaciones de textos escolares lanzadas por el Ministerio de Educación. Las otras tres integrantes del cartel fueron Metrocolor, Navarrete y Quad Graphics.
La figura es semejante al reparto de licitaciones que efectuaron las compañías del Club de la Construcción, entre las que está Graña y Montero.
Esta ilícita repartija ocurrió entre el 2009 y el 2016, durante gestiones ministeriales apristas y nacionalistas (desde la de José Antonio Chang hasta la de Jaime Saavedra). Nadie la tuvo en el radar hasta que El Comercio mismo decidió acogerse a la delación y pidió clemencia al Indecopi. Hoy, el conglomerado periodístico esgrime una defensa reputacional que busca capitalizar aquella veloz movida. Pero las razones que da son −cuando menos− cuestionables.
Manos invisibles
Aunque todavía queda un camino de apelación administrativa, las pruebas están al canto. A la resolución de la CLC le precede una gruesa recopilación de archivos, correos, cruces con documentos públicos y, especialmente, el testimonio de personas que aceptan lo que hicieron. Sudaca revisó el documento, difícilmente reversible en sus conclusiones esenciales en el tribunal de segunda instancia.
El Comercio, Metrocolor, Navarrete y la estadounidense Quad Graphics eran cuatro de las cinco principales empresas de un mercado en el que no todos tienen la capacidad operativa para atender contratos gordos rápidamente. Aunque la industria peruana de la impresión recibe la mayoría de sus ingresos del sector privado, la tajada del negocio que representa el sector público no es nada despreciable.
Según la investigación del Indecopi, las ventas al Estado de los miembros del cartel representaron, según cada empresa, entre el 14% y el 43% de sus ingresos totales en el período en que se coludieron. El Minedu y sus unidades ejecutoras licitaron en esos años más de S/850 millones en impresión de materiales. Más de 6 millones de alumnos acuden a la escuela pública en el Perú.
Si no es solo retórica, el modelo que defienden los dueños del grupo El Comercio presupone esta hipótesis: la libre competencia es buena porque obliga a bajar los precios, lo que se traduce en productos más baratos para el ciudadano y hace que las empresas busquen ser más eficientes para mantenerse en el mercado. Así, cuando un grupo de empresas compite por ganar una licitación pública, el monto que pagará el Estado tendría que tirar hacia abajo jalado por una mano invisible.
El problema ocurre cuando no hay verdadera competencia. Entonces el Estado desembolsa más dinero del que debería, de nuestros impuestos, mientras un grupo de empresas renuncia al esfuerzo de mantenerse a flote por sus méritos comerciales. La CLC calcula que el “beneficio extraordinario” que el cartel de las imprentas le quiso sacar al Estado −es decir, lo que esperaban ganar como miembros del pacto− suma más de S/55 millones. Solo en el caso de El Comercio, la cifra es de S/12,3 millones. El incentivo para operar ilícitamente no fue pequeño.
El beneficio extraordinario que la CLC calcula que los miembros del cartel de las imprentas apostaron ganar durante toda su operación. Gráfico: Leyla López.
Indiscutible cartel
Hasta enero del 2014, El Comercio ofrecía sus servicios de impresión directamente, a través de su Gerencia Comercial de Impresiones. En febrero de ese año, dicha unidad fue absorbida junto a un bloque patrimonial por Amauta, pero esta nueva razón social quedó bajo el control de la misma oficina del grupo que controlaba a su predecesora: la Gerencia de Servicios Empresariales. Por encima de esta, solo está la gerencia general. Para el Indecopi, “Amauta y El Comercio son consideradas como un solo agente económico” respecto a la conducta ilícita sancionada.
El negocio de impresión de los Miró Quesada no tiene nada que ver con el despacho de sus periódicos, sino con venderle a clientes −públicos y privados− desde libros hasta fascículos publicitarios. Y los directivos del grupo tuvieron durante muchos años a un hombre fuerte encargado de eso: Renzo Mariátegui Bosse.
Mariátegui Bosse fue gerente de Servicios Empresariales de El Comercio (o tuvo un cargo equivalente) durante todo el periodo en el que esta empresa se repartió las licitaciones del Minedu. Nieto de José Carlos Mariátegui, Renzo heredó de su familia la inclinación por el negocio de imprimir masivamente. En los años 20, su tío abuelo Julio César fundó junto al abuelo José Carlos la imprenta y editorial Minerva. Allí se editaron los 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana y una revista con un nombre recurrente: Amauta.
Renzo Mariátegui también es hermano del periodista Aldo Mariátegui, quien por lo demás no tiene otra vinculación con este caso.
Renzo Mariátegui Bosse, ex hombre fuerte del negocio de imprentas de El Comercio. Foto: Facebook.
La investigación del Indecopi está plagada de evidencia contra la que no hay mucho que refutar. Aquí dos ejemplos. “Renzo me acaban de llamar y quieren ir por inicial […] Hace 1 hora me dijo que sí y ahora dicen que no y que van por inicial y nos dejan Mat[emáticas] y Leng[uaje]”, le comunica a Mariátegui uno de sus entonces subordinados, Javier Wong, en febrero del 2010. Este correo se refiere a desavenencias momentáneas con Quad Graphics en la repartija de una licitación.
Otro ejemplo. “Llama por favor a Perico [ejecutivo de Quad Graphics] y dile que no fue lo acordado conmigo!!!”, se queja Mariátegui en un correo de octubre del 2009 con otro subordinado. Su molestia responde a que la empresa estadounidense parecía incumplir un trato que él consideraba ya cerrado.
Y sus subordinados también coordinaban sus propias fechorías entre ellos. “Hablé con Carlos [Ramos, de Metrocolor] va a suyo y al mío con 2175000 para pasar piola […] todos no tenemos idea de q hará Navarrete no contesta a nadie”, le advierte Brigitte Portocarrero a Guillermo Stanbury en diciembre del 2013. Ella era ejecutiva de ventas de El Comercio y él, gerente comercial de impresiones. En el organigrama, ambos están por debajo de Mariátegui.
Todos los correos recopilados por el Indecopi fueron cruzados con las actas de los procesos de selección y las declaraciones de los involucrados. Las pruebas resultan irrefutables. En su declaración ante la Secretaría Técnica de la CLC, el 24 de junio del 2019, Mariátegui reconoció haber sido partícipe de la colusión. Otros exfuncionarios de El Comercio hicieron lo mismo.
¿Cómo operó el cartel? Dividiéndose la adjudicación de ‘ítems’ −los libros de Matemática o de Lenguaje, por ejemplo− en base a dos patrones. El primero, el de “autoeliminación”: cuando las empresas a las que no les tocaba ganar presentaban propuestas no competitivas para quedar fuera. El segundo, el de “equivalencia”: implicaba que los montos repartidos debían ser equitativos entre las partes.
Todo era coordinado mediante reuniones de los altos ejecutivos de las firmas en hoteles como El Golf los Incas y El Polo, o en restaurantes como el Café Arango.
Según la resolución de la CLC, el cartel de las imprentas intentó adjudicarse la licitación de 87 ‘ítems’, con éxito en 63. Todo esto como parte de 20 proceso de licitación del Minedu y uno del INEI. Además de las cuatro empresas y Renzo Mariátegui, la Comisión ha sancionado a otros siete directivos de aquellas: Guillermo Stanbury, Javier Wong, Brigitte Portocarrero, Pedro Isasi, Emilio Presentación, Carlos Ramos y Juan José Monteverde.
Las multas para las compañías calculadas en primera instancia superan los S/46 millones (10.460 UIT). Solo la de Amauta-El Comercio −la más alta luego de un ajuste por ingresos− fue estimada en más de S/20,5 millones.
Tras los últimos años de operación del cartel de las imprentas, la facturación de Amauta al Estado cayó. Sin embargo, se recuperó durante el gobierno de Martín Vizcarra. Gráfico: Leyla López.
Si delaté, ¿soy inocente?
Pese a haber cometido sistemáticamente la infracción por la que ha sido sancionado, el Grupo El Comercio no tendrá que pagar la multa que se le ha impuesto. La razón: es el delator del grupo. En un Hecho de Importancia enviado a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), El Comercio hizo público que era parte de un proceso sancionador por las prácticas anticompetitivas del cartel de las imprentas.
En esa comunicación −cuyo correlato fue publicado en su web de noticias− El Comercio resalta que fue gracias a su delación que se pudo develar el esquema del que era parte. En comunicación con Sudaca, el actual gerente general del grupo, Mariano Nejamkis, alega algo similar. “Desde entonces hemos colaborado de manera proactiva con la autoridad. Además, ambas empresas [incluye a Amauta] reforzaron su ambiente de control y el programa de compliance”, agrega. Y no se olvida de dejar claro su “compromiso con el mercado”.
Efectivamente, la investigación del Indecopi contra el cartel de las imprentas no se habría iniciado sin la alerta lanzada por El Comercio. La versión oficial del grupo es que, en setiembre del 2017, detectaron que sus directivos y empleados del negocio de impresiones podían estar incurriendo en una práctica anticompetitiva. Luego iniciaron una “pericia forense que confirmó” la infracción, por lo que fueron a denunciarla ante el Indecopi.
Renzo Mariátegui dejó la Gerencia de Servicios Empresariales en octubre del 2017.
Dos especialistas en derecho de la competencia que pidieron la reserva de su identidad por temor a represalias mediáticas aseguraron que la versión de El Comercio no es del todo verosímil por varias razones. La primera es que muy difícilmente los altos mandos de una empresa no están enterados, durante tanto tiempo, de la estrategia comercial de una de sus unidades.
Además de gerente de línea en el grupo y hombre de confianza para el negocio de impresión, Mariátegui ha sido director de varias empresas de los Miró Quesada relacionadas al rubro. En un reporte a la SMV del 2014, por ejemplo, aparece como miembro de los directorios de Dataimágenes S.A.C. y Zetta Comunicadores del Perú S.A.C.
“En cuanto al segundo factor, vinculado con responsabilidad dentro de la empresa, el señor Renzo Mariátegui señaló que él ocupó un cargo de gerente de segunda línea y que solo cumplía órdenes. […] Durante todo este periodo, la Gerencia de Servicios Empresariales, en la que el señor Renzo Mariátegui se desempeñó, dependió de la Gerencia General de El Comercio”, asegura el punto 415 de la resolución de Indecopi.
César Pardo Figueroa fue el gerente general de El Comercio por largos 20 años, entre diciembre de 1996 y febrero del 2017, lo que incluye a todo el periodo de colusión. Su figura dentro del grupo −como uno de los primeros gerentes que no pertenecía a la familia− tuvo un peso gravitante.
“La presencia de Pardo Figueroa ha sido clave para las acciones emprendidas por el grupo El Comercio en las últimas dos décadas. Fue el periodo en el que el conglomerado mediático creció más −tanto en nuevos negocios como en lo que se refiere a sus ganancias”, escribió hace cuatro años en su blog José Alejandro Godoy, autor de “El Comercio y la política peruana del siglo XXI”.
“En rojo para Pardo Figueroa se encuentra el apoyo que dio, junto a algunos accionistas y algunos periodistas de El Comercio, a Keiko Fujimori en la campaña presidencial del 2011”, agrega Godoy, quien ha descrito al exhombre fuerte del grupo como una “bisagra” y con un rol activo en esa campaña.
Pardo Figueroa no es nombrado en el proceso por las licitaciones con el Minedu, pero sí en la sanción espejo que la CLC emitió en el contra El Comercio-Amauta −entre otros− por haber hecho algo parecido con sus clientes privados. La comisión concluyó en el 2020 que la empresa participó también de una repartija de clientes del mercado privado junto a Quad Graphics, y señala a Pardo Figueroa como uno de los responsables.
En noviembre del 2011, por ejemplo, este le envió un correo a Mariátegui consultándole si unos clientes ya estaban ‘separados’. “Favor ver si tienes algún conflicto con estos clientes”, le preguntó. A lo que Renzo respondió: “César, solo tendríamos conflicto con 4 clientes: Maestro, Metro, Boticas Arcángel y Supermercados Peruanos. Con el resto no habría problema”. Indecopi cotejó que esas cuatro empresas fueron atendidas exclusivamente por Quad Graphics.
El propio Pardo Figueroa, hombre fuerte de todo el grupo, aceptó su participación en la repartija de empresas privadas. La CLC asegura que, aún si no hubiera tenido participación activa en la infracción, la conocía y “no ejecutó ninguna acción para detenerla”. Mariátegui alegó que Pardo Figueroa “era el que delineaba la política de acuerdos [colusorios]”.
Sudaca buscó los descargos de Renzo Mariátegui por distintos canales, incluidas sus redes sociales, sin éxito.
Clemencia y desfachatez
La figura de la ‘clemencia’ en los procesos administrativos ante Indecopi es similar a la de la ‘colaboración eficaz’ en el fuero penal. Es decir, la de un infractor que acepta su culpa y delata a sus cómplices para ganarse un beneficio: una pena menos grave. Es a lo que ha apelado El Comercio en este caso. Sin embargo, ello no lo exime de responsabilidad ni del golpe reputacional.
Según una fuente consultada por Sudaca, la naturaleza misma de los programas de clemencia implica que su existencia impulse a alguno de los cómplices de un cartel a acusar al resto por miedo a ser traicionados primero. No solo por otra de las compañías concertadas, sino por funcionarios de su propia organización. Por ejemplo: un gerente que, ante el fastidio de ser removido de la compañía o al estar peleado con esta, pueda dar la voz de alerta.
La multa que fue calculada para Amauta-El Comercio por repartirse clientes privados fue de más de S/61 millones. Y aunque tampoco tenía que pagarla completa, porque ese proceso también se abrió a partir de sus delaciones, el conglomerado periodístico la apeló, sin éxito en segunda instancia. Fuentes expertas explican que esto se debería a que ese monto podría servir como base para que las empresas afectadas reclamen una indemnización fuera de la vía administrativa. Reducirlo es clave si no se quiere asumir ninguna responsabilidad
“Ambas empresas [Amauta y El Comercio] asumirán las consecuencias que correspondan”, asegura Nejamkis a Sudaca. Sin embargo, dado que el Minedu también podría buscar una reparación, queda por ver si no apelarán la resolución del cartel de las imprentas, versión sector público.
O si, en cambio, el grupo que ha decidido defender el modelo de libre mercado para afuera, pero que no lo pudo respetar hacia adentro, apelará con algún argumento similar al que esgrimió en primera instancia: que el monto de su multa −de la que igual estaba exonerado− debía ser menor porque parte de los beneficios ilícitos habían sido destinados a pagar el IGV y el Impuesto a la Renta. Habrase visto tamaña conchudez.
*El autor de esta nota fue reportero de Política del diario El Comercio hasta hace 11 meses.
¿Estamos frente a un candidato a la presidencia o a un monigote que jamás se imaginó a un paso de convertirse en el primer mandatario?
Resulta que el candidato que promete indultar al asesino de policías, Antauro Humala, tiene miedo de que lo maten. Pedro Castillo no puede dormir, en su cabeza ronda un chanchito inofensivo y escucha su voz repitiendo «muerte al comunismo, muerte a Castillo, muerte a Cerrón». Eso, lo tiene inquieto, asustado y escondido debajo de la cama. Tanto que no quiere ni debatir.
Pero hasta ahí todo bien. El antiamauta Castillo tiene derecho a sentir miedo, incluso de un chanchito. Tiene derecho a tener pesadillas, pero que no nos venga con incoherencias ridículas si pretende presentarse como un político serio. Si su bandera de campaña es la de las promesas de cerrar instituciones de servicio público, hoy se ve gracioso que recurra a ellas para que lo defiendan. Total, ¿no que la Defensoría no sirve para nada y que por eso se cierra cuando él sea presidente? Es patético verlo hoy llevando papelitos a esa entidad para quejarse de Rafael López Aliaga por ser tan malo, malvado, perverso al decir «muerte al comunismo, muerte a Castillo, muerte a Cerrón» en una plaza pública delante de miles. Claramente RLA se refería a la muerte civil del comunista Castillo. Tan claro que no se necesitaba aclaración; sin embargo, para evitarse una tergiversación y un mal uso de sus expresiones en la recta final de la campaña de segunda vuelta electoral, él y sus voceros lo zanjaron a través de varios pronunciamientos: «Estimados amigos, quiero aclarar que hoy me referí a la muerte política del comunismo y de dirigentes de Perú Libre, porque su ideología solo va a generar miseria y pobreza en el Perú».
Aún así, a Castillo, alguien le sopló al oído la idea de hacer el show ridículo de ir a la Defensoría del Pueblo (institución que él promete «desactivar» porque no sirve para nada) a pedir que lo defiendan.
Últimamente, el autodenominado rondero, Pedro Castillo, está dejando notar su improvisación, su incoherencia política e incapacidad para sostener promesas e idearios. Detesta las importaciones pero usa accesorios de marca extranjera, dice estar con el pueblo pero no se atiende en un hospital del pueblo sino en clínica privada. ¡Ah! y no solo lo revisa un médico sino una junta médica, qué crees. El candidato chotano reta a Keiko Fujimori a debatir pero luego rehuye, no sabe qué excusa poner. Pide cárcel para los corruptos y parece no darse cuenta que el mandamás de su partido, Vladimir Cerrón, es uno de ellos, y condenado, incluso, en dos instancias. Castillo llama «oportunista» a Verónika Mendoza pero decide convertirse en su víctima firmando alianza con ella. Quiere deslindar con el terrorismo pero su virtual congresista electo, Guillermo Bermejo, está a la espera de un nuevo juicio por ser acusado de pertenecer a la banda terrorista Sendero Luminoso. Castillo dice que la Defensoría del Pueblo no sirve pero recurre a ella.
¿Acaso estamos frente a un candidato a la presidencia o a un monigote que jamás se imaginó a un paso de convertirse en el primer mandatario?
Un imprevisto puede cambiar el curso de los acontecimientos electorales. Ha ocurrido en otras elecciones. Una denuncia periodística, por más feble que sea, si es escandalosa causa daño (la denuncia de Cuarto Poder le quitó el triunfo a Keiko el 2016); un error inaparente (el chicharrón de Barnechea); una frase infeliz (“nosotros matamos menos”); etc.
Aun estamos a tiempo de que algo así ocurra. Ambos candidatos, Pedro Castillo y Keiko Fujimori, tienen pasivos enormes y flancos débiles que en cualquier momento pueden detonar y generar daño estructural en sus respectivas campañas.
Pero hay un hecho fortuito, ajenos a las veleidades políticas, que merece atención y que sería bueno acometer: evitar la posibilidad de que cualquiera de ellos se contagie de Covid. Si eso ocurriese, el afectado perdería la elección porque tendría que suspender el resto de su campaña y proyectaría, además, una imagen de fragilidad absolutamente contraria a la investidura presidencial que pretende, y viciaría de ilegitimidad el proceso.
El gobierno y el Ministerio de Salud en particular debieran preocuparse en vacunar a ambos candidatos en el término de la hora. La vacuna Pfizer, además, que es la que el Perú tiene, protege hasta en un 80% desde la primera dosis. Acotaría enormemente que alguno de los candidatos corra ese riesgo.
Así como el presidente Sagasti se ha vacunado, como correspondía, es recomendable que cualquiera de los llamados a ocupar el sillón palaciego desde el 28 de julio del bicentenario, lo pueda hacer en justicia de competencia, sin que el virus termine por sacarlo de la carrera.
Ambos están permanentemente expuestos al contagio por el solo hecho de viajar y juntarse con gente que se les acerca y los toca (y lo último a lo que deberíamos aspirar es a que las elecciones del bicentenario terminen definiéndose de modo virtual).
Ello, por lo demás, no generaría ningún rechazo de la población, no sería visto como un privilegio, sino como un acto de justicia, de razón de Estado. Ojalá haya una reacción rápida de las autoridades sanitarias. Merecemos una contienda equitativa hasta el final y que las cruciales elecciones que tenemos en curso no se vean manchadas por un hecho sanitario lamentable e indeseable.
