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Guión, voces y música original: Juan Luis Nugent
Edición y postproducción de audio: Carlos Mejía V.
Ilustración y diseño: Adriana Galbani
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Lima – Perú
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La salida del fiscal Luis Arce Córdova del Jurado Nacional de Elecciones no habría significado un revés al proceso electoral si el Colegio de Abogados de Lima (CAL) hubiese cumplido con elegir a su representante en esta instancia, que revisa el festival de apelaciones presentadas por Fuerza Popular.
Finalmente ayer el suplente de Arce, el fiscal supremo Víctor Rodríguez Monteza -también investigado por sus vínculos con Los Cuellos Blanco- juramentó en el cargo. Pero la autoridad electoral vivió momentos de zozobra porque, hasta que esto ocurriese, no podían seguir evaluando las actas sobre las que el fujimorismo y su staff de abogados han pedido nulidades. Un trámite que se viene decantando en contra de los intereses de la tienda naranja.
Para elegir a su miembro ante el JNE, todos los abogados habilitados del CAL -es decir, los que estén al día en sus pagos- tienen derecho a votar. Estos suman unos 35.000, de los más de 76.000 abogados registrados. Según Nancy Miranda, una de los tres miembros del comité electoral del CAL y secretaria de este órgano, desde el año pasado vienen solicitando un padrón completo a la Junta Directiva que preside la decana María Elena Portocarrero, pero siempre les ponen trabas.
“Los encargados de elaborar este padrón son los directivos del CAL, de acuerdo a sus funciones. La decana tiene que organizarse y decir que elaborará esto, que es trabajo de la Dirección de Informática. Son cinco veces que el padrón ha sido observado por la ONPE”, dice Miranda a Sudaca.
El pasado 30 de marzo, por ejemplo, la ONPE remitió una carta al comité electoral donde señala lo siguiente: “Reiteramos nuestra observación sobre el padrón electoral, en el sentido que dicho instrumento no reúne las condiciones mínimas de confiabilidad que aseguren la participación plena de todos sus agremiados […] resulta necesario contar con un padrón debida y totalmente actualizado, fidedigno e inobjetable, para poder llevar a cabo unas elecciones óptimas”.
Portocarrero -que debió dejar el cargo a fines del 2019- admite una demora del proceso y confirma las observaciones hechas por la ONPE. Pero aduce que, en gran parte, la responsabilidad fue de este organismo electoral porque no dejó claro, desde el primer momento y específicamente, qué información necesitaba.
“Las actualizaciones fueron por partes. Primero referente a los datos hábiles e inhábiles. Luego requirieron la actualización de correos electrónicos, la última observación fue referente al reglamento. Estas observaciones pudieron efectuarse de manera conjunta para agilizar el proceso”, dice Portocarrero para este informe.
La decana señala que ella propuso contratar una empresa privada para llevar a cabo las elecciones, luego de que, por las demoras, se suspendiera la votación programada para inicios de marzo de este año. Pero no sabe precisar por qué se frustró aquella alternativa.
“Les dije al comité electoral que, con la data que se tenía, se haga la elección con una empresa privada de veedores, de manera formal, pero querían confiar en el respaldo de la ONPE. La Junta Directiva no participa de las elecciones. El comité electoral es autónomo. Las propuestas [de empresas privadas] han debido de llegar al comité electoral. Yo no manejo la mesa virtual. Si ha llegado un documento y se ha remitido, yo no me acuerdo”, apunta.
Hacia fines de abril, el comité electoral finalmente consiguió un padrón subsanado. Entre idas y venidas, el 13 de mayo este comité le indicó a la ONPE que señale una fecha para la elección electrónica, que se desarrollaría de manera gratuita gracias a la entidad electoral. Pero no ha habido respuesta. Una vez se tenga una por parte de la ONPE, recién correrán 45 días para la preparación del software que utilizarán para los comicios.
“La ONPE tiene una agenda y recién han estado con las elecciones presidenciales. No por ser el CAL nos van a atender de inmediato. Esperemos que sea pronto [determinar la fecha de elecciones], estamos trabajando en eso y en estos días se nos va a señalar cuándo. Pero el comité electoral no tiene responsabilidad alguna con el tema del padrón”, insiste Miranda.
Actualmente hay ocho candidatos a ser miembros del JNE. Por reglamento, la persona que sea elegida asume el cargo por un período de cuatro años.
Según el experto electoral José Manuel Villalobos -quien confiesa que aspira a ser el elegido de este proceso-, el marco legal del JNE no contempla el problema de no designación de un miembro por parte del CAL. Además, recordó que en elecciones nacionales anteriores no se registraron tantas apelaciones. PPK, por ejemplo, fue proclamado el 28 de junio de 2016.
Que no se haya podido nombrar hasta ahora al representante en el JNE también tiene un telón de fondo caótico. El Comité Electoral y la Decana del CAL se llevan pésimo. El punto de quiebre en dicha relación se habría dado hacia fines del 2019, previo a las elecciones internas al decanato de aquel año. Según fuentes colegiadas, en una asamblea ordinaria se reveló un audio de un miembro del comité electoral donde se hablaba sobre una supuesta preferencia hacia uno de los candidatos.
Fue a raíz de eso que los tres miembros del comité, incluida Nancy Miranda, fueron removidos. Le pedimos más detalles a Portocarrero, pero dijo que no podía hablar del caso al ser un proceso abierto.
Como fuese, las elecciones para el nuevo decano se dieron luego de aquel incidente, llevado a cabo por otro comité electoral, en noviembre de aquel año. A la segunda vuelta habían llegado Javier Villa Stein y César Castañeda Serrano. Según fuentes del CAL, la figura de Villa Stein no es del agrado de Portocarrero. Pero no fue ella quien finalmente frustró su designación. Lo cierto es que las elecciones no fueron avaladas por ninguna entidad.
De hecho, la ONPE no participó del proceso y hasta la notaría contratada para dar el visto bueno a la jornada tuvo que retirarse en medio de denuncias públicas de fraude. A pedido de uno de los participantes en los comicios, el Poder Judicial emitió una medida cautelar que suspendía cualquier elección hasta que no se resuelva si los comicios de noviembre eran o no válidos.
En setiembre del 2020, sin embargo, el comité electoral destituido logró -via judicial- ser repuesto. A pesar de la medida cautelar que impedía la elección, ese setiembre el comité convocó a otro proceso. Javier Villa Stein se llevó la victoria. Muchos de los candidatos, sin embargo, se negaron a participar alegando que les habían avisado con apenas 48 horas de anticipación. Incluso el notario “desistió de dar fe a cualquier acto electoral”, según reveló Hildebrandt en sus Trece.
Esta es la historia del caos de lo que alguna vez fue uno de los colegios profesionales más prestigiosos del país.
Este video es un recuento de las reacciones de Alexandra Ames, semana a semana respecto a cómo ha ido cambiando el discurso fujimorista al no querer respetar los resultados de la ONPE. Verlo hasta al final.
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Yisella Inga no tiene ninguna filiación con Fuerza Popular. A pesar de eso fue una de las personeras en la ciudad de Talara, Piura, la región en la que el fujimorismo arrasó con 64,2% de votos. Una familiar la contactó días antes del 6 de junio para preguntarle si le interesaba participar de aquella segunda vuelta. Le contó que el pago era, en un primer momento, de S/50, una cifra que se dobló un día antes de las elecciones cuando una persona que se presentó como miembro del partido le ofreció S/100. Todo gracias al supuesto apoyo de un misterioso empresario, cuenta Inga.
Emocionada, dice, fue al local partidario en dicha ciudad y coordinó con Janet Guerrero, quien era coordinadora de personeros en esa jurisdicción. Ella le confirmó el pago de tres cifras.
Una vez conocido el conteo rápido de Ipsos que daba como ganador momentáneo a Pedro Castillo, la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, instó a los personeros a seguir luchando voto a voto antes del cierre oficial de la segunda vuelta. Pero al terminar la jornada electoral, en Piura algunos no vieron un sol.
“Cerca de las 11 de la noche de ese domingo nos dijeron que no iba a llegar la persona que nos iba a pagar por un inconveniente. Ni siquiera nos habían dado la comida que nos prometieron. He estado llamando reiteradas veces. A otros coordinadores sí les han pagado”, cuenta Inga a Sudaca. Este medio conversó con tres personeros más que están en la misma situación, aunque prefirieron mantener sus nombres en reserva.
“Primero se nos dijo que nos iban a dar S/50, pero luego vino otra orden de S/100. Al final, a poco más de 20 personas se nos ha dado S/30 por parte de la señora Janet Guerrero, pero con eso la gente no iba a contentarse. Hacia el lunes, si no hay un resultado, se irá a los medios masivamente y se denunciará al partido”, dice otro coordinador de personeros.
En total, serían más de 70 personas quienes o no han recibido pago alguno o a quienes se les ha dado apenas S/30, según los cálculos de los coordinadores naranjas en esta provincia. Cuando insisten con las personas encargadas, estos hacen caso omiso o dan largas. La vieja historia del perro muerto en un partido que izaba la bandera de la unión frente al ‘comunismo’.
Según la aludida Janet Guerrero, quien era responsable de los personeros en el distrito de Pariñas y que viene apoyando al fujimorismo desde hace más de 10 años, el pago fue un caos porque se distribuyó mal el dinero. Según ella, todo debió centrarse a través de su persona, pero no fue así.
“Alexander Gallardo era nuestro coordinador de personeros regionales y estuvo mandando la información y los enlaces para enviar la data de personeros, para filtrarlos también. Yo puse 228 personeros y la señora Roxana Zapata, 53; sin embargo, luego apareció Gilbert Mora (antiguo partidario) con credenciales para más personeros”, explica. Esto último descuadró todos los cálculos.
En total, en la provincia de Talara hubo 366 personas que fungieron de personeros y coordinadores de estos. El día de las elecciones, asegura Guerrero, se repartieron los pagos en todos los distritos. Pero al llegar a su jurisdicción, se dejó S/8.000 a Mora, S/6.000 a Roxana y S/15.000 a ella, lo que alcanzaba para pagarles a 290 personeros. Los personeros que había llevado Guerrero fueron los que se quedaron en el aire, porque fueron los últimos en recibir la plata y representaban la mayor parte de estos. ¿De dónde salió este dinero? ¿Quién es el supuesto empresario que financió todo? Ninguno de los entrevistados supo responder.
Luego de varias conversaciones, Guerrero consiguió que Zapata devolviera S/1.500 y luego, según cuenta, pidieron ayuda de congresistas electos en su región, con lo que se logró conseguir un pago de S/30 a una parte de los personeros sobrantes. No fue suficiente. Decenas siguen reclamando a su puerta casi a diario.
“Yo solo quiero quedar bien, recuperar mi paz y retirarme del partido. Hasta ahora vengo insistiendo que me den para pagar. Con esto que ha pasado, estoy bien golpeada. No pensé que el partido hiciera esto. Me han dado la espalda”, cuenta acongojada.
Guerrero señala que los otros dos coordinadores le han mandado cartas notariales para rectificarse tras haber salido en medios de Piura y reclamar los pagos. Sostiene que incluso la presión viene de dirigentes con mayor jerarquía, quienes le han llamado la atención. Pero ella se reafirma.
Para Andrés Sandoval, coordinador de personeros en uno de los locales de votación de Talara, el error estuvo en no centralizar el pago en una sola persona en la jurisdicción. Señala que al contactarse con fujimoristas de mayor peso en la región, de igual manera les han dado largas.
Sudaca conoció, a través de fuentes del fujimorismo, que antes del 6 de junio había un espíritu de cuerpo y sobraban las arengas en los chats de WhatsApp de la organización de personeros, como el “no al comunismo” o “vamos, por el Perú”. Aquellos mensajes ahora brillan por su ausencia.
Otra fuente fujimorista comenta que hoy la atención no está en honrar la palabra del partido con los personeros, sino más bien en la estrategia de anular las actas, aunque los Jurados Electorales Especiales ya rechazaron todos los pedidos de nulidad. La política de la yuca en todo su esplendor.
Sudaca buscó a Milagros Takayama, personera nacional de Fuerza Popular; Mártires Lizana, congresista por Piura; y a Alexander Gallardo, excandidato al congreso por la misma región para conocer sus descargos. Hasta el cierre de la nota no obtuvimos respuesta.
“Un político es un abogado más viejo”, escribió Hernan Casciari en esta sátira publicada por el diario español El Mundo. El último 7 de junio, día posterior a la segunda vuelta, decenas de abogados de las más célebres firmas jurídicas del país −muchos de ellos aún jóvenes− emprendieron una misión política: la revisión de documentos para defender los intereses de uno de los dos partidos en competencia. A favor de Fuerza Popular y en contra de Pedro Castillo.
Desde aquel día, distintos medios periodísticos han corroborado la participación de abogados de grandes estudios −cuando menos inicialmente− en la estrategia legal del fujimorismo. Estrategia que ha tenido poco éxito en primera instancia en los jurados electorales. Lo propio ha hecho Sudaca, llamando a algunos de los abogados que fueron registrados como parte de las coordinaciones iniciales de ese camino.
Una de las firmas cuyos empleados participaron en la revisión documentaria a favor de Fuerza Popular −una de las más reputadas− fue Payet, Rey, Cauvi, Perez Abogados (PRCP), o simplemente el Payet, como es más conocida. Sudaca ha conversado con empleados y revisado comunicaciones que indican que sus abogados participaron del emprendimiento keikista. No solo eso. Uno de los socios principales del estudio, José Antonio Payet, fue personero del partido naranja el pasado 6 de junio.
En la semana previa a la elección, Payet convocó a una reunión a sus colaboradores en la que les explicó que “lamentablemente, esta situación que tenemos ahora es una donde el impacto de la elección en nuestro futuro inmediato va a ser dramático” y dijo que “no es válida la opción de no tomar una decisión [votar en blanco o viciado], de abdicar”. Sus palabras causaron malestar en las fuentes que conversaron con este medio, que se preguntaban extrañadas por qué su jefe les daba indicaciones políticas.
En su charla, el socio fundador detalló, primero, los motivos por los que no quería votar por Keiko Fujimori. Sin embargo, luego retrucó diciendo que un gobierno de Perú Libre sería peor. No llamó directamente al voto por Fuerza Popular, pero sí enumeró las razones por las que una presidencia de Castillo sería “mucho peor que el Covid”. Le preocupaban −dijo− sus hijos, que tendrían que emigrar, las libertades individuales en el país y la supervivencia de su firma.
“Nosotros facturamos en dólares […] En un gobierno de Cerrón nadie va a poder tener dólares. En la época de Velasco era delito tener dólares, te metían a la cárcel”, aseguró. También dijo que las medidas que tomaría un eventual gobierno del profesor chotano ‘matarían’ al estudio.
José Antonio Payet es reconocido por las fuentes de su firma como fujimorista. Ha sido asesor del entonces llamado Ministerio de Industria y Turismo hasta 1993, tras el autogolpe, según este perfil que le escribió la cementera UNACEM. Y en esta segunda vuelta fue personero de Fuerza Popular en la mesa 033904 de la universidad San Marcos, donde ese partido sacó 140 votos y Perú Libre 63.
Payet Puccio es uno de los abogados más respetados en su área de especialización: el derecho corporativo. Ha sido formado en la PUCP y luego fue becario Fulbright en Harvard. “Los clientes le otorgan comentarios positivos, con uno de los entrevistados remarcando: ‘Es de primera categoría. Discutimos asuntos estratégicos con él; no solo asesoría legal, sino estrategia del negocio’”, dice su reseña de Chambers & Partners, una empresa británica que elabora listas de referencia para abogados en todo el mundo.
“Cuando el mejor en algo es, al mismo tiempo o por eso, el peor, tenemos un problema”, escribió Casciari hace cuatro años. Y más allá de que se trata de una sátira, su afirmación implica una división clave: una cosa es el buen manejo de las leyes y otra, la conducción ética del actuar personal. Quizá por eso sea importante recordar las palabras del propio Payet en una conferencia de la CADE 2018: “Es necesario erradicar la zona gris, la zona de la ambigüedad”.
Mientras que en la dimensión legal está todo aquello que un abogado puede (o no) hacer, en la ética está lo que debe hacer si quiere −cuando menos− ceñirse a la cultura empresarial de su firma.
¿Cuál es el manual de referencia que detalla el buen comportamiento en términos éticos según los valores del Payet? Su ‘Código de conducta’, un documento interno al cual este medio pudo acceder. En él, los socios −incluido Payet− firman una introducción que dice: “queremos asegurarnos que quienes formamos parte del PRCP conozcamos las reglas y lineamientos que deben guiar nuestro comportamiento, disminuyendo ambigüedades y confusiones”.
El cuarto acápite del segundo capítulo detalla el comportamiento referido al financiamiento de campañas políticas. Es muy detallado y abarcador. Empieza afirmando: “PRCP declara ser neutro políticamente y, en ese sentido, PCRP no apoyará a ningún partido, movimiento político o candidat@, sea financieramente o de cualquier otra forma”.
Luego, el estudio Payet detalla cómo se deben comportar sus miembros: “Aun cuando respetamos las posiciones políticas de quienes forman parte del PRCP, creemos que el ejercicio político activo por parte de cualquier miembro del PRCP, sea a través de algún puesto en un partido o movimiento político o sea a través de financiamiento a favor de candidat@s a puestos políticos, genera incompatibilidad y posibles conflictos de interés en nuestro actual profesional”.
Y la conclusión del acápite sentencia: “Por lo tanto, quienes formen parte de PRCP tienen prohibido participar activamente en política (sea como candidat@, o asumiendo funciones en cualquier partido o movimiento político) y/o financiar a título personal a cualquier partido o movimiento político”.
Para Natalia Manso, profesora de responsabilidad social empresarial y compliance de Pacífico Business School, es claro el incumplimiento de Payet -socio y personero- de su propia guía ética. También de los abogados que participaron en la revisión documentaria. “Que incumplen su propio código de conducta es clarísimo y no hay que ser abogado para decirlo. […] La empresa está exigiendo que en el ámbito privado sus colaboradores no realicen esta labor de voluntariado para aportar ni su dinero, ni conocimientos ni tiempo en favor de un partido político”, afirma.
Manso explica que un código como este “no se ciñe a la legalidad, porque sería una redundancia”, sino que “tiene que ser un compromiso más allá del cumplimiento meramente legal, que va hacia el campo de la ética, de los valores”. Agrega que, en concordancia con su código de conducta, el Payet tendría que haber “levantado una bandera para hacer la investigación interna para saber si eso estaba pasando” apenas medios independientes publicaron la noticia de que había abogados coordinando para realizar trabajos con implicancias políticas, así sea a título personal.
Sudaca se contactó tanto con José Antonio Payet a título personal como con los encargados de prensa de su firma. Por ambas vías se negaron a dar declaraciones para la elaboración de esta nota. Tampoco quisieron responder la pregunta explícita de si la semana pasada habían transgredido sin empacho su ‘Código de conducta’.
También hubo abogados de esa firma que prefirieron no contestar. Uno es Mario Lercari, asociado que se especializa en derecho corporativo, fusiones y adquisiciones, y mercado de valores, cuyo nombre fue registrado como parte de las coordinaciones iniciales para defender el voto naranja. A puertas de la segunda vuelta del 2016, Lercari escribió una columna −en el portal Enfoque Derecho− en la que alertaba sobre los riesgos de darle al fujimorismo la posibilidad de elegir a los magistrados del Tribunal Constitucional (TC).
A la consulta de este medio, dio una respuesta vaga: “Prefiero no comentar sobre el tema. Mi nombre estuvo publicado en una lista [de coordinación] que se generó el lunes 7 de junio, cuando se pensaba apoyar con las impugnaciones de actas que había presentado PL. Eso finalmente lo vio directamente el equipo de FP”. Ante la pregunta puntual de si había participado en instancias posteriores, dejó de responder. La mayoría de abogados de esa lista han alegado que su participación fue a título personal: así es como se salvan de romper una norma.
¿Un comportamiento como el de Payet debería ser sancionado internamente? Según Manso, sí. “Si no conlleva una consecuencia, es un código que no tiene una validez real […] El mismo socio, propietario o jefe de la organización [al ser personero] está incumpliendo su propio código y debería por tanto ser sancionado. Los primeros que tienen que cumplir son las cabezas de la organización”, dice.
Y también explica: “El código de conducta ayuda al colaborador a dirimir dilemas éticos. Por ejemplo, si un funcionario público me pide una reunión en casa, puedo decirle que el código de mi empresa me lo prohíbe. Es una coraza ante dilemas éticos”. Al menos, así debería funcionar.
Una de las fuentes de esta nota, que ha pedido el anonimato por temor a previsibles represalias, explica a Sudaca por qué era importante que su estudio, el Payet, se ciñera a la prohibición sobre participar en política, así sea para cada abogado: “Lo que me molesta es que terminamos sirviendo al mismo discurso que hoy cobija a personas que piden un golpe de Estado o que se repitan las elecciones injustificadamente”.
El código, que debía marcar los límites para no caer en eso, terminó siendo un saludo a la bandera.
*Fotoportada: Leyla López.
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Lima – Perú
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Hace dos semanas, llegó de visita a la casa de una vecina mía un hombre que, por la voz, pasaba los 60 años. Era familiar de la dueña de la vivienda, quien celebraba su cumpleaños con una parrillada en la terraza que da a una de las ventanas del departamento que alquilo. “Yo juntaría a toda esa gente de la sierra y les invitaría un buen desayuno, les pondría su panetón con veneno. Y se acabó el problema”, le escuché decir al sujeto.
Luego arremetió contra Pedro Castillo, que muy a su pesar hoy es virtual presidente de la República, al 100% de actas contabilizadas por la ONPE. Ocurrió en pleno siglo XXI, pero la escena pudo haber nutrido tranquilamente un episodio de ‘El Último Bastión’.
El último fin de semana, un grupo de casi treintañeros con reciente formación universitaria repetía similares argumentos en un chat privado que se filtró a una cuenta de Twitter. Sudaca pudo comprobar su veracidad. Sus apellidos sonarán familiares para quienes hayan asistido alguna vez a las páginas de alguna de las revistas que cubre la anacrónica vida social de la alta sociedad limeña.
“Conclusiones personales: Ayacucho merece ser destruido, Apurímac, Cajamarca, Cusco, Huánuco, Puno. En esos lugares voy a votar mi basura al piso, escupir en la calle, violar a sus mujeres, pegarle a sus niños”, escribía uno de ellos. A continuación Sebastián Galliani, a quien pudimos identificar plenamente como Sebastián Galliani Paredes (29), extendió la metralleta de perversiones: “Esterilizar a todos, hombres, mujeres, gatos, perros”.
En otro momento, se lee un mensaje del mismo personaje: “Mano, Pedro Castillo es un cholo de mierda. Sin educación y va a cagar al país, sus votantes son alpacas que ni saben por qué votan. Ni leer deben saber […] Cuando no tenga ni un sol para hacer todo lo que prometió voy a ser bastante feliz viendo a sus votantes siendo más pobres que antes. Ojalá algunos mueran de hambre. Lamentablemente los ignorantes así aprenden, a la mala”.
Y agregaba luego: “Que a ese ganado de mierda, por favor, les anulen todo. Y sepan su lugar, al costado de los cerdos y vacas, en el granero, por corruptos, estúpidos y coimeados. Y pa tomarse fotos con los gringos nada más. QUE VUELVAN LAS ESTERILIZACIONES”.
En casa de Galliani, en la exclusiva urbanización Rinconada del Lago, en La Molina, una voz dice por el intercomunicador que los chats son falsos y no acepta más preguntas. Pero Sudaca se puso en contacto con dos miembros pasivos del grupo, Luis Carlos Arce y Sergio Cardozo, las únicas personas que le pedían al sujeto que se tranquilice. Ninguno negó su participación en los mensajes. Todo lo contrario. “Decir que yo he participado es mucho. Yo solo he puesto [la palabra] ‘tranqui’”, dice Cardozo (*). Ambos se abstuvieron de dar más declaraciones para este artículo.
(*) En la primera versión de esta nota esta cita aparecía atribuida a Luis Carlos Arce, cuando en realidad fue dicha por el señor Cardozo.
Galliani creció en una de las zonas más exclusivas y excluyentes de La Molina. A los 19 años, según un parte policial, se cruzó frente a un vehículo “al parecer en evidente signo de ebriedad” y fue atropellado. Según su cuenta de LinkedIn, que tuvo que borrar por estos días, es egresado de la Universidad Pacífico y trabajó hasta febrero en la cervecera transnacional AB Inbev, dueña en el Perú de Backus.
No sabemos qué logros tiene el señor Galliani, pero al menos al interior de este chat de amigos el joven encontraba eco entre sus congéneres. Alberto Parodi, a quien hemos identificado como Alberto Parodi Castro (29), responde: “Serrano ignorante, tío, es la verdad. Es de la sierra e ignora demasiadas cosas que un candidato presidencial debería saber, serrano ignorante. Mejor dicho imposible”.
Parodi, egresado de la Universidad de Lima, posee el huachafo título de ‘managing partner’ en la empresa VC Soluciones Legales, una firma dedicada a la asesoría jurídica de empresas y de la cual es gerente. Es, además, comentarista del medio deportivo ‘Ovación’. Nos comunicamos con el medio, pero no pudieron ubicar a Parodi a lo largo del día. Tampoco contestó nuestras llamadas y mensajes al número que coloca en el sitio web de VC.
A la izquierda: los chats donde Alberto Parodi Castro llama «serranaso de mierda» a Pedro Castillo. Derecha: Parodi, egresado de la Universidad de Lima, quien tiene el huachafo título de managing partner en la empresa VC Soluciones Legales.
El pasado 11 de junio, sin embargo, esta empresa publicó un comunicado aceptando la veracidad de los mensajes. “No compartimos las prácticas realizadas por Alberto Parodi, ya que no representa la identidad ni los valores emprendedores, de crecimiento y desarrollo” de la empresa. Y añadía: “Cumplimos con informarles que hemos tomado las medidas correctivas correspondientes y hemos removido a Alberto Parodi del cargo de gerente general de la compañía”.
En la conversación, aparecen otros dos personajes a quienes no hemos podido identificar plenamente. Uno respondía refiriéndose a Castillo, y en mayúsculas, como “SERRANO ASQUEROSO”. Y otro hacía lo propio: “Es un campesino, es lo que es. SERRANASO DE MIERDA”. Todos los amigos tienen como núcleo social al colegio de sodalites ‘San Pedro’.
Según algunos abogados consultados para este breve informe, el Ministerio Público podría actuar de oficio y abrir una investigación. Esperamos que así sea.
Vivimos un momento muy delicado porque aparentemente los peruanos estamos totalmente divididos. Eso es lo que nos quieren hacer creer los extremistas de cada lado y la gran mayoría de periodistas y políticos que no han participado en las últimas elecciones.
Sin embargo, encontramos muchas posiciones en las que los peruanos estamos de acuerdo por abrumadora mayoría.
El proceso electoral que está por culminar nos ha dejado en claro que el pueblo peruano es abrumadoramente democrático. En épocas tan difíciles como las actuales, en medio de una pandemia terrible, el pueblo peruano se ha volcado, no una sino dos veces, a las mesas de sufragio para elegir a sus representantes. Si efectivamente ha habido ausentismo este ha sido minoritario. Además, no ha existido ninguna manifestación importante por parte de la población contra el sistema democrático.
En la primera vuelta encontramos nuevamente que una abrumadora mayoría no tiene simpatía por un candidato o partido. Hubo 18 candidaturas presidenciales. Menos de 11 de cada 100 electores hábiles votó por Castillo, poco más de 7 lo hicieron por Keiko, poco menos de 7 por Renovación Popular, muy similar cantidad por Avanza País, 5 de cada 100 votaron por Acción Popular, poco más de 4 por Juntos por el Perú, poco más de 3 por Alianza para el Progreso, al igual que por Victoria Nacional, 13 de cada 100 votaron en blanco o nulo y 30 de cada 100 electores hábiles no se presentó a votar. Repito sólo 11 de cada 100 peruanos aptos para votar lo hizo por Castillo y sólo 7 por Keiko.
La votación para el Congreso fue bastante similar sobre todo en lo que se refiere a la cantidad de votos nulos y en blanco y a la cantidad de electores que no acudieron a votar. Sin embargo, debido al uso del sistema de cifra repartidora, sólo obtuvieron representación 10 agrupaciones políticas.
Aquí nuevamente se repitió el abrumador fraccionamiento. Castillo obtuvo 37 escaños (28%), Keiko 24 escaños (18%),
En la segunda vuelta encontramos otra abrumadora mayoría, la del voto en contra. A la mayoría de peruanos no nos gusta ninguno de los 2 candidatos así que votamos en contra del que nos parece peor.
Contra Castillo votaron en rechazo y miedo a la propuesta comunista de su partido y en rechazo a la corrupción del presidente de su partido, actualmente sentenciado por corrupción, que representa al modelo mafioso que tiene sometidos a Venezuela, Cuba entre otros.
Contra Keiko votaron en rechazo y miedo a la continuidad del modelo mafioso, corrupto y negligente que venimos viviendo en el Perú en las últimas décadas ( con 5 ex Presidentes de la República acusados de corrupción o presos, con innumerables Presidentes regionales, jueces, fiscales, contralores, ministros, empresarios, etc, también procesados y encarcelados) y en rechazo al accionar corrupto de Keiko y sus partidarios que fue tan evidente como dañino al Perú en el último lustro.
Estoy seguro que muchos de los que votaron contra Castillo tenían también muchos motivos y ganas de votar contra Keiko y viceversa, pero el formato de segunda vuelta no lo permitía.
Nuevamente encontramos aquí una abrumadora mayoría que votó en contra, por rechazo y miedo a la mafia y la corrupción venga de donde venga.
¡Sólo 18 de cada 100 peruanos votaron por Castillo o Keiko en la primera vuelta, 82 votamos en contra o no votamos! 82 de cada 100 estamos de acuerdo en algo, entonces por qué nos peleamos como enemigos a muerte?
Según las reglas del sistema democrático que abrumadoramente apoyamos, ni Castillo ni Keiko, pueden imponer su oferta electoral porque para ello necesitan mayoría en el Congreso y no la tienen. Peor aún, están en absoluta minoría, tanto que en caso de llegar al poder si quieren gobernar solos el resto del congreso los puede vacar. Y eso, o la disolución del congreso, es lo que probablemente termine pasando si es que el que gana no tiende la mano en busca de concertación, moderando hacia el centro su programa y evitando la corrupción en sus actos.
El último lustro ha sido muy educativo para todos, pero sobre todo para los mafiosos. Si no hay acuerdo político el sistema obligará a nuevas elecciones y los corruptos ya saben que no sólo los estamos vigilando sino que hay equipos anticorrupción que vienen mostrando su capacidad para investigar, acusar y sancionar con penas de cárcel.
La ONPE ha hecho un trabajo extraordinario, ha llevado adelante exitosamente dos elecciones en plena pandemia y nos ha brindado los resultados de manera oportuna con total transparencia. Problemas ha habido pero han sido menores, no se puede esperar la perfección total .
El empate es una realidad , ya nos la habían anunciado las encuestadoras. La diferencia va a ser mínima, dejemos que las instituciones encargadas la establezcan a través de procedimientos transparentes y públicos.
Somos mayoría los que , ya sea a través de los congresistas que elegimos o a través de una militancia pacífica, legal y alerta tenemos el poder de evitar excesos de cualquiera que sea el ganador. No caigamos en el fanatismo y el odio de los extremistas, ellos son minoría, y recuperemos la paz y fraternidad que nos corresponde.
