Durante la noche del martes, el Congreso le otorgó el voto de confianza al gabinete liderado por Alberto Otárola. Sin embargo, este respaldo mayoritario al gobierno de Dina Boluarte parece existir únicamente dentro del hemiciclo. En la última semana, las protestas en contra de lo que es percibido como un cogobierno de la exvicepresidenta de Pedro Castillo y el Legislativo no sólo se siguieron realizando en diversas regiones del sur sino que hasta se empezó a hablar de una movilización masiva con dirección a Lima.
LA CAPITAL INCAICA EN LLAMAS
Cusco fue una de las regiones que tomó protagonismo en la última semana. Si bien las protestas se venían realizando desde diciembre, durante los últimos días la situación parece haber tomado un tinte más dramático y hasta se ha reportado el fallecimiento de un dirigente campesino por un disparo en el tórax. Sudaca ha conversado con tres representantes de los movimientos que se vienen manifestando en esta región para conocer de cerca sus reclamos y respuestas al gobierno.
Josué Mauro Marocho Orué es presidente de la Asamblea Regional de Jóvenes del Cusco y participa en las movilizaciones desde inicios de diciembre. “La única salida es la renuncia de Dina Boluarte”, señala y pide por un nuevo presidente del Congreso para liderar un gobierno de transición que debe tener una “agenda única de adelanto de elecciones”.
“Dina Boluarte ha hecho un pacto para sobrevivir en el poder y el costo es que la oposición gobierne y ella actúe como un títere”, comenta Josué y acusa al gobierno actual de pretender “imponer la democracia de las balas, porque la que siempre tuvimos ya la perdimos”. Según relata, en los últimos días se han reportado cuarenta personas con impactos de balas en el contexto de las manifestaciones en Cusco.
Durante la noche del viernes, la presidenta Dina Boluarte hizo mención al pedido de liberación del expresidente Pedro Castillo como una de las exigencias de las protestas. No obstante, desde Cusco marcan distancia con el exmandatario. “Nosotros no estamos marchando por la liberación ni restitución de Pedro Castillo. El tema de Castillo es un tema judicial y tiene su propio curso”, explica Marocho.
Si bien el gobierno de Boluarte intentó enmendar con prontitud la duración de su presencia en Palacio de Gobierno, que inicialmente iba a durar hasta 2026, Marocho Orué indica que esta propuesta fue desvirtuada por los intereses del Legislativo. “Si bien hemos apostado por el adelanto con reformas electorales, estas no eran para favorecer a los actuales congresistas con reelección y bicameralidad”, indica al respecto.
Aunque lo que más ha indignado a esta región ha sido el tratamiento por parte del gobierno al número de fallecidos durante las manifestaciones. “Ni tienen la decencia de pedir perdón por los fallecidos”, reclama Josué e indica que la confianza otorgada al gabinete presidido por Alberto Otárola es vista como “un insulto a las víctimas y un premio por los asesinatos”.
Pero, además, denuncia que vienen sufriendo amenazas por protestar. “Hemos visto que varios infiltrados han ido amenazando de muerte a los dirigentes y mandando mensajes”, revela Marocho y acusa al gobierno de intentar comprar dirigentes para dividir a la población. “En lugar de poder establecer una mesa de diálogo han logrado que no quieran diálogo con un gobierno manchado con sangre”, relató a Sudaca.
“ES COMO QUERER DIALOGAR CON UNA PISTOLA EN LA CABEZA”
“Vamos a ir a Lima a hacer escuchar nuestras voces”, anuncia Kelyn Leonela Labra Panocca, presidenta de la Federación Universitaria de Cusco. Si bien reconoce que Dina Boluarte es la presidenta constitucional, considera que su gobierno perdió legitimidad porque “desde el primer día lo que ha hecho es reprimir y esto ha deslegitimado su gobierno”.
Labra Panocca señala que el diálogo con el gobierno no fue posible porque cuando visitaron Cusco lo hicieron mientras se venían registrando actos de represión en diversas regiones del país. “Ha venido un consejo de ministros. Pero no puede venir a conversar en medio de balas”, cuestiona y señala que no podrían haber apoyado un diálogo en esas condiciones que consideran como “querer dialogar con una pistola en la cabeza”.
Al igual que Josué Marocho, la titular de la Federación Universitaria de Cusco ve a Dina Boluarte como una persona que está realizando un cogobierno con el Legislativo. “El Congreso ha tomado por asalto el Ejecutivo. No son poderes separados”, explica. Por ello, pide que la nueva Mesa Directiva que asuma tras la renuncia de Boluarte, una de las exigencias que Labra respalda, tenga una actitud dialogante al considerar que “cada vez que el sur quiere hacer escuchar su voz no se le escucha”.
Kelyn Labra también descarta que estas movilizaciones tengan respaldo desde Bolivia o que las consignas sean impuestas por políticos de dicho país. “Evo Morales es un expresidente de un país hermano y un agente político importante, pero en esta medida de lucha descarto que haya tenido injerencia”, comenta al respecto.
Por otro lado, Rómulo Ramos Miranda, secretario general de la Federación de Campesinos, sostiene que es importante hablar del referéndum para una nueva Constitución y responsabiliza a la actual de la situación que están viviendo en las regiones. “De qué democracia nos habla esta constitución si nos mandan a matar”, cuestiona Ramos.
“No hemos visto bolivianos acá. Son estrategias con las que quieren desprestigiar a las organizaciones”, comenta sobre las denuncias de algunos sectores y explica que durante las manifestaciones han observado personas infiltradas. “Hemos encontrado varios infiltrados y lo hemos hecho ver a la policía, pero no hacen nada”, cuenta a Sudaca y denuncia a los policías de tener “órdenes de matar a dirigentes y líderes de los gremios”.
Ramos Miranda dice no tener seguridad para dialogar con representantes del Estado y desconfía de las intenciones de Dina Boluarte. “Esa señora es capaz de mandar policías para que nos asesinen”, agrega. Además, anuncia que pronto estarán en Lima para realizar una nueva Marcha de los Cuatro suyos.
En las últimas horas, el Ejecutivo ha declarado Estado de Emergencia en numerosos departamentos entre los que se incluye a Cusco. Además, el Instituto de Estudios Peruanos (IEP) ha publicado una encuesta en la que Dina Boluarte cuenta con un 71% de desaprobación a nivel nacional y un 58% considera que se cometieron excesos por parte de las fuerzas del orden frente a las protestas. El gobierno de Boluarte ha logrado contar con el respaldo de quienes solían ser la oposición, pero el camino para recuperar el diálogo con las regiones parece ser cada vez más complicado.
