Si Rafael López Aliaga quiere hacer gala de que es personaje identificado con el orden capitalista y el modelo proempresarial, tiene que reflexionar respecto de su demagógica propuesta de campaña de anular los contratos de concesiones viales de Lima, firmadas por sus antecesores (entre ellos, por su admirado Luis Castañeda Lossio).
Primero, que es una extraordinaria opción de inversión que el Perú opte por concesiones privadas, ya que no tiene los recursos para emprender millonarias inversiones, y mucho menos la pobretona Municipalidad Provincial de Lima.
Segundo, porque los contratos no se pueden romper unilateralmente bajo ninguna circunstancia. Se sentaría un precedente nefasto para la inversión privada que con tanta urgencia necesita nuestra capital. Y el costo, además, sería inmenso. Solo en inversión efectuada hasta la fecha por las dos concesionarias, estamos hablando de 5,400 millones de soles, más 2,700 millones de deuda garantizada que el Municipio tendría que pagar si anula las concesiones.
Adicionalmente, los concesionarios privados podrían emprender otras acciones por la vía judicial y/o arbitral a fin de reclamar indemnizaciones por los conceptos de lucro cesante, daño emergente, capital, entre otros, los cuales sumarían varios miles de millones de soles. Sería ingresar a una espiral judicial innecesaria y costosa.
Las gestiones municipales de Lima Metropolitana, a cargo de Luis Castañeda Lossio (2007-2010 y 2015-2018) y Susana Villarán (2011-2014), impulsaron los procesos de concesión de las iniciativas privadas Proyecto Línea Amarilla y Vías Nuevas de Lima (antes denominado Proyecto Línea Azul), posibilitando la suscripción de los contratos de concesión a favor de Línea Amarilla S.A.C (Lamsac) y Rutas de Lima S.A.C., bajo la modalidad de promoción de la inversión privada.
Hubo corrupción en algunos tramos de la negociación con ambos burgomaestres, eso está probado, pero a la fecha, las empresas titulares de dichos actos (Odebrecht y OAS) ya no manejan las concesiones, sino Vinci Higways (Lima Expresa) y el fondo Brookfield (Rutas de Lima), dos empresas de alto nivel competitivo y seriedad gerencial. Son operadores de talla mundial que están desplegando, además, aún una agenda pendiente de inversiones adicionales en ambos proyectos. Y el manejo técnico de las operaciones no esconde beneficios turbios obtenidos por los arreglos no santos de los exalcaldes.
López Aliaga tiene mucho por desarrollar en Lima y va a requerir convocar inversionistas privados para lograr realizar sus metas. Con el diálogo, incluidos los actuales concesionarios, puede lograr mucho. Si empieza con un mal paso antiempresarial e irrespetuoso de los contratos, su gestión, en esa perspectiva, va encaminada al fracaso.
