Dado el contexto, comparto una carta colectiva remitida por el CMP Flora Tristán, Promsex, Demus, Manuela Ramos y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos dirigida al Presidente del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA); mediante la cual se expresan las siguientes preocupaciones:
La crisis de la democracia en el Perú viene manifestándose de diversas maneras desde las fuerzas políticas ahora en el poder. La actual confrontación entre los poderes del Estado, es consecuencia de la fragmentación y polarización del espectro político que hizo que la segunda vuelta electoral se llevara a cabo entre dos oponentes que tenían tan solo una votación de 18.92% (Perú Libre, candidato Pedro Castillo) y 13.41% (Fuerza Popular, candidata Keiko Fujimori) con un ausentismo del 30%. Las elecciones presidenciales de 2021 venían precedidas de una crisis política donde se enfrentaban el Ejecutivo y el Congreso desde 2016, resultando que en un período presidencial hasta 2021, se alternaran sucesivamente cuatro Presidentes y dos Congresos. Los casos de corrupción en los que se sumía la clase política, acrecentaron el escepticismo en la población y orientaron el voto hacia outsiders cuyos equipos de gobierno no contaban con experiencia y sí con antecedentes de corrupción.
Tras la segunda vuelta, las fuerzas políticas electas para el Congreso se sumaron a una campaña de desprestigio y acusación de fraude caracterizada por el racismo que oponía el voto capitalino al voto del interior del país, lo que evidencia nuestra histórica falta de integración y desiguales niveles de ciudadanía a medida que nos alejamos de la capital. Este es un factor a tener en cuenta en la polarización política, lo cual no justifica la mala gestión o corrupción de quienes dicen representar a los estratos más marginados.
Hoy en día, la ciudadanía se encuentra atrapada en el fuego cruzado entre el Congreso y el Ejecutivo. En lo que respecta a las mujeres y diversidades, de un lado, el Congreso ha iniciado una escalada de ataque a sus derechos bajo la consigna católico- evangélica de “Vamos por más”, liderada por el partido Renovación Popular. De otro lado, el Ejecutivo y sus partidos aliados en el Congreso –Perú Libre, Bancada Magisterial- comparten y apoyan la misma ideología contraria al enfoque de género, los derechos reproductivos y la educación sexual integral, al considerar estos temas nocivos, superfluos, ideologizantes y extranjeros al país. Lo peligroso de ambas posiciones es que relativizan el respeto a los derechos humanos como “ideología foránea” y a la institucionalidad, ante lo que prevalece el populismo de “lo que el Pueblo mande”, o el dogma de “lo que Dios mande”.
Los derechos humanos son indivisibles e interdependientes y protegen a la persona en toda su integridad, sin recortes provenientes de ninguna moral. Ni el Ejecutivo ni el Congreso peruano pueden dejar de garantizar las esferas concernientes al género y los derechos sexuales y reproductivos, y por contrario, deben profundizar en lo avanzado hasta el momento. Lamentablemente, respecto a estas esferas las agrupaciones políticas identificadas como de izquierda como aquellas ubicadas a la derecha del espectro político, han expresado públicamente, pese a sus diferencias ideológicas, coincidencias autoritarias.
El mensaje de los autoritarismos es claro: aferrarse a un biologicismo para no cambiar relaciones de poder y apropiarse de los valores considerados sagrados –patrióticos o religiosos- para instalar dogmas que consagren estas jerarquías. Ante ello nos manifestamos firmemente por el respeto de los derechos y libertades de nuestra individualidad a lo que no puede imponerse una moral patriótica o “decidida por mayorías” o una moral proveniente de una creencia religiosa. Los derechos humanos provienen de raíces universales, no solo occidentales, así como religiosas y laicas, y responden a un consenso logrado tras dolorosas lecciones históricas; no son, por lo tanto, “una ideología que quiere imponer su dictadura” sino una posibilidad de apertura y no de clausura al continuo progreso de los derechos de las personas, y de los seres que habitan el planeta.
Los autoritarismos de izquierda y de derecha en el Perú han puesto énfasis en controlar la capacidad reproductiva de las mujeres, el proceso educativo en sus niveles escolar y universitario, y la sexualidad de las personas, desde una posición que niega el debate, enarbolando como valores absolutos, a la “vida”, la “familia” o la correspondencia de un sexo biológico con un comportamiento sexual.
Ejemplo de ello ha sido:
- El proyecto de ley N° 01520/2021-CR, “Ley que promueve la protección del embarazo, de la madre gestante, del niño por nacer y de su entorno familiar”, propuesto por el partido Fuerza Popular, que amenaza la vigencia del aborto terapéutico, pretendiendo equiparar la posibilidad de vida antes del nacimiento con la vida de una persona después del nacimiento, dando a ambos la denominación de “niño”, así como crear un marco jurídico de protección del embarazo y del niño por nacer, a pesar de que ya se encuentran tutelados por la Constitución Peruana y el artículo 2 del Código Civil.
- La Ley 31498, de iniciativa del partido Renovación Popular, aprobada este año, para eliminar el enfoque de género y la educación sexual integral estableciendo el control de los contenidos de los materiales educativos y el currículum escolar por parte de ciertos grupos de familias, pese a que la Ley general de educación ya establecía el derecho de los padres de familia a participar en las deliberaciones concernientes al proceso educativo de sus hijos e hijas. Se suman proyectos de ley en curso para vigilar la administración de la gestión educativa estatal, así como el nombramiento de los psicólogos al interior de los planteles educativos.
- El proyecto de ley 1229/2021-CR para cambiar la denominación del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables por Ministerio de Familia, proveniente del partido Perú Libre, plantea erróneamente que las normas de derecho afirmativo en favor de la mujer discriminan al resto de poblaciones vulnerables y debilitan a la familia peruana.
- La Ley 31590, aprobada en octubre último, aduce también que las madres tienen más ventajas que los padres, y obliga a la tenencia compartida desde que los padres se separan de hecho, sin tener en cuenta si la separación fue a causa de la violencia de uno de ellos.
Las personas LGBTI también se ven vulneradas frente a este contexto socio político conservador y anti-derechos:
- El proyecto de Ley N° 2803/2022-CR establece la Unión Civil entre parejas del mismo sexo, contradiciendo tratados internacionales y la Opinión Consultiva OC-24/17 de la CIDH, al establecer discriminatoriamente una institución que produce derechos similares al matrimonio, pero sin llevar ese nombre. Estos temas son considerados “antinaturales o perversos” por los grupos conservadores en el Congreso, y no llegan siquiera a ser aprobados en las comisiones y a colocarse en la agenda del pleno para ser discutidos.
- La Norma Técnica del Ministerio de Salud N° 126 -MINSA/2016/DGIESP que garantiza la Atención Integral de la Población Trans Femenina para la Prevención y Control de las ITS y el VIH/SIDA, no se aplica de forma integral. Dicha norma prevé la distribución de preservativos, retrovirales, hormonas.
Estas iniciativas, en las que lamentablemente coinciden Ejecutivo y Legislativo, tienen como consecuencia la regresión de los derechos de las mujeres y disidencias, y recortan la acción del Estado en cuanto a su obligación de garantizar y proteger, sobreponiendo intereses privados bajo la excusa de que se defiende valores sagrados.
En cuanto al Ejecutivo, es preocupante que prevalezca el reparto de cuotas de poder para mantener su estabilidad política por sobre la calidad del funcionariado que dirige los ministerios, lo que impacta de manera negativa en la calidad de los servicios públicos:
- El Ministerio de Salud, otorgado al partido Perú Libre cuyo presidente está sentenciado por corrupción y que llevó al Ejecutivo al poder, ha tenido sucesivos Ministros inadecuados. En los dos últimos años han fallecido cerca de 800 mujeres en el parto y la muerte materna se ha incrementado en un 40% solo en 2021, y poco o nada se ha hecho para fortalecer el primer nivel de atención, aun disponiendo de los recursos para hacerlo.
- La defensa ante demandas contrarias a la anticoncepción oral de emergencia y al protocolo del aborto terapéutico ha tenido que ser asumida por organizaciones de la sociedad civil de mujeres en lugar de ser defendidas por el Estado como parte de la política pública y del derecho de las ciudadanas. Las organizaciones defensoras son constantemente hostigadas tanto por fuerzas políticas aliadas del Ejecutivo y su discurso anti ONG, como por partidos de extrema derecha.
Agradecemos al Grupo de Alto Nivel de la Organización de Estados Americanos (OEA) la recepción de esta misiva que expresa nuestras inquietudes en el marco de la lucha constante por la defensa de los derechos humanos de las mujeres y las disidencias de nuestro país.
