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Kilos de fierro verde. Colas de gente desesperada. Las fotos que retratan la escasez de oxígeno en el país serán el registro más penoso de la pandemia. Casi un año después de iniciada esta, el Estado fue incapaz de garantizar el suministro para la segunda ola. ¿Por qué? Es larga la lista de fallos, pero uno es especialmente clamoroso: la prestigiosa Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) incumplió un compromiso del que dependía la vida de cientos de personas. Según Contraloría, hasta el 24 de enero se debieron entregar las primeras 18 plantas de un total de 47. Sin embargo, apenas 5 han sido instaladas. Menos de un tercio de la cantidad debida.

¿Quién estuvo detrás de ese evidente fracaso? Una ciudadana domiciliada en Moquegua que no parece tener las credenciales académicas ni la experiencia como para haberse puesto al frente de algo tan urgente. Las fuentes consultadas la vinculan con el entorno cercano del expresidente Martín Vizcarra, con el que solía reunirse antes de que el nuevo coronavirus aterrizara en el país. ¿Quién es Elizabeth Chahuares y cómo llegó a gestionar un proyecto que hoy busca ayuda para no terminar de naufragar?

“Esta mañana he estado llamando a Washington y a San Francisco para ver que los apoyen en conseguir un permiso del ejército americano y traer los componentes [que les faltan para las plantas]”, contó el sábado pasado a Sudaca Ricardo Márquez, presidente de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI). Márquez dice que su gremio ha tenido que brindar ayuda de emergencia para sacar adelante “Oxigena 47”, que es como terminó llamando la UNI a su proyecto fallido.

Pero hay algo que hace todo esto aun más grave. Sudaca lo ha revelado durante las últimas semanas. En noviembre del año pasado, el Indecopi advirtió al Minsa que la única salida para evitar la escasez de oxígeno ante una eventual segunda ola era instalar plantas en hospitales públicos. La entonces ministra Pilar Mazzetti respondió que no había de qué preocuparse, porque ya estaba en marcha el convenio con la UNI para fabricarlas. Todas las fichas de su cartera estaban puestas en Oxigena 47.

Un ejemplo grafica lo que significó ese error. En diciembre pasado se rechazó la donación de una planta de oxígeno por parte de la cementera privada Unacem a un centro de salud clave de Lima Sur: el Hospital de Emergencias de Villa El Salvador (HEVES). ¿El argumento? Que la planta ofrecida no cubría su demanda de oxígeno y que, en cambio, ya tenían programada la llegada de una idónea a través del convenio con la UNI. Hoy los pacientes del HEVES se ahogan y siguen esperando al proyecto dirigido por Chahuares.

Sudaca ha rastreado su vínculo con la universidad de ingeniería, desde que esta pretendía fabricar ventiladores mecánicos a inicios de la pandemia, y sus visitas a Palacio, una junto al exrector de la casa de estudios. Ninguna de las fuentes consultadas es capaz de explicar por qué ella era la persona adecuada para asumir la responsabilidad que asumió.

¿Una directora sin sustento?

Elizabeth Chahuares tiene 35 años. Nació en Puno, pero su ficha del Reniec consigna al distrito de Ilo, en Moquegua, como su lugar de residencia. Seguirle el rastro a partir de allí es complicado, pues ha dejado pocas huellas de actividad pública previa a Oxigena 47. No registra paso alguno por empresas vinculadas a plantas de oxígeno o ensamblaje de productos similares. Como advirtió hace poco el portal Salud con Lupa, en registros públicos figura como subgerente de una empresa de reciclaje que fundó junto a su hermano en la misma región donde hizo carrera política Vizcarra.

Tanto Chahuares como Javier Franco, el decano de la Facultad de Ingeniería Mecánica de la UNI (y el otro gran responsable de Oxigena 47), firmaron el acta de verificación que elaboró la Contraloría tras inspeccionar las instalaciones del proyecto el último 25 de enero. Chahuares firma en calidad de directora, pese a que su experiencia profesional y sus galones académicos no parecen sustentar que ocupe ese cargo.

Pocos días después de la inspección de la Contraloría, cuyo informe corrobora el incumplimiento en la entrega de las plantas, más de 70 egresados de la UNI le enviaron una carta a Franco y a la rectora interina Luz de Fátima Eyzaguirre. Allí precisaron que, dado que Chahuares había sido presentada como ingeniera mecatrónica egresada de dicha universidad, los exalumnos habían prestado “atención relevante a su perfil profesional”. Sin embargo, les fue imposible “reconocer mediante la Oficina Central de Registros y Estadísticas (ORCE) a la persona en mención”. Es decir, no lograron ubicarla como egresada de su casa de estudios.

Además −agregaron− tampoco pudieron identificar su registro en el Colegio de Ingenieros del Perú. “Sabiendo que el Art. 2° del Reglamento de Colegiación es un requisito de ingeniería para ejercer derechos y asumir obligaciones de las leyes peruanas, el Estatuto y demás normas complementarias que el colegio establece, el hecho aquí relatado nos resulta, además de extraño, sumamente preocupante por cuanto no validamos, bajo los medios de información disponibles libremente, las competencias y el performance de la Directora a cargo”, expresaron.

“Somos muy solicitados en el mundo los ingenieros de acá, de la UNI”, había dicho Chahuares, sin embargo, en una entrevista en señal abierta, en la que la TV mostraba piezas de las plantas aún sin ensamblar en las instalaciones de Oxigena 47. “Iniciamos este proyecto en la Facultad de Ingeniería Mecánica, dirigido por la ingeniera mecatrónica Elizabeth Chahuares”, agregó Franco desde el mismo lugar poco tiempo después en un video institucional.

Carlos Armas Solf, presidente del capítulo de Ingeniería Mecánica del Colegio de Ingenieros del Perú (CIP), confirmó a Sudaca que Chahuares no figura en la base de datos de ingenieros colegiados a nivel nacional. Según cotejó este medio, tampoco aparece en la web de la ORCE que lleva el registro de los estudiantes y egresados de la UNI.

Sudaca solicitó documentos que prueben el título académico de la directora de Oxigena 47 al decano de la Facultad de Ingeniería Mecánica y a la rectora interina de la casa de estudios, pero ninguno respondió al pedido. Este medio también solicitó en reiteradas ocasiones los descargos de Chahuares, quien recibió los mensajes pero también optó por no responderlos.

Las visitas al entorno moqueguano

Donde sí aparece Elizabeth Chahuares es en el buscador de visitas a entidades públicas “Manolo”. Desde el 2018, ella ya tenía acceso al entorno de mayor confianza del presidente de la República. Tres visitas suyas a la presidencia quedaron registradas en los dos años previos a la pandemia. Una de esas reuniones, el 3 de enero del 2019, fue con el mismo Martín Vizcarra. Entró a Palacio por la puerta de Desamparados.

Pero antes y después Chahuares se reunió con el químico farmacéutico Iván Manchego, quien por entonces se desempeñaba como consultor del despacho presidencial y que conformó la llamada ‘muralla moqueguana’ junto a otras personas de extrema confianza del expresidente. Las reuniones con Manchego fueron el 16 de noviembre de 2018 y el 29 de mayo de 2019. A la misma hora de esta última, el ex rector de la UNI y público amigo de Vizcarra, Jorge Alva, quien estaba en el cargo cuando se firmó el convenio de Oxigena 47, también ingresaba a Palacio para reunirse con Manchego. El exasesor presidencial ha reconocido estas reuniones en diálogo con Sudaca, atribuyéndolas a la vaga categoría de “propuestas técnicas sobre minería” y precisando que otras personas tambièn asistieron.

Otra visita de Chahuares que también llama la atención es la que realizó en agosto del 2019 al entonces ministro de Justicia Vicente Zeballos, también conocido por formar parte del círculo de confianza más íntimo de Vizcarra. En el registro, Chahuares figura como representante de Palacio de Gobierno. «Me visitó acompañada de otra persona por un tema laboral, el mismo que rechazé», dijo el expremier a Sudaca. «Al caso de que venia en nombre del Presidente, resulta extraño, porque para cualquier cosa de nuestras funciones él podía llamarnos directamente», agregó.

Por su parte, el expresidente Vizcarra sostuvo que no recuerda a Chahuares ni la reunión con ella, al ser consultado por este medio a través de su asesora de prensa Mónica Moreno. Subrayó que fue el Minsa la entidad que manejó el tema de convenios con universidades y que Elizabeth Chahuares «nunca ha trabajado en el despacho de Palacio ni lo ha representado en ninguna función».

La supuesta ‘asesora presidencial’

Lo detallado corresponde a sucesos pre pandemia, pero cobra sentido al escuchar el testimonio del profesor de la UNI Manuel Luque Casanave. Cuando la Covid-19 empezó a esparcirse por el país, él fue llamado para montar un proyecto de fabricación de ventiladores mecánicos. Tenía los galones: el año anterior había ganado junto a sus alumnos un concurso de la NASA, el Human Exploration Rover Challenge. “Está muy consternado el gobierno, en este momento no se puede importar. Ingeniero Luque, le encargo fabricar un ventilador mecánico nacional, rápido y a bajo costo”, recuerda que fueron las palabras que le dijo ex rector Jorge Alva. “Todo el diseño lo hice con insumos nacionales. Trabajé 18 horas diarias para cumplir con este encargo tan importante para el país”, relata Luque a Sudaca.

Con el equipo ya convocado, el profesor decidió dirigir y avanzar el proyecto de manera remota para evitar el riesgo de contraer el virus. Fue entonces que apareció Elizabeth Chahuares. Llegó a la universidad para acoplarse desde la parte de ingeniería mecánica a la construcción de los ventiladores. Pero Luque recuerda que se presentó como representante de la presidencia. Le solicitó una videoconferencia y relata que le dijo: “Vengo de parte del rector para apoyar en el proyecto, soy asesora presidencial, cuente con nosotros”. La parte logística quedó a cargo de ella.

El entonces rector Jorge Alva no contestó a Sudaca las preguntas sobre cómo se armó el equipo de Oxigena 47, ni cómo conoció a Elizabeth Chahuares. Solo se limitó a precisar que el informe de Contraloría antes citado se emitió en enero, cuando él ya había dejado el rectorado.

Luque dio más credibilidad al vínculo que Chahuares decía tener con Palacio cuando el entonces Ministro de Salud Victor Zamora llegó a la UNI el 15 de mayo. Aquella vez Luque fue testigo de la visita vía teleconferencia. Quien sí estuvo en persona fue Elizabeth Chahuares. De hecho, aparece al lado del exministro en esta foto institucional recuperada por Sudaca 

Zamora dijo a este medio que acudió a la UNI por invitación de Chahuares y que ella lo contactó vía WhatsApp para contarle del proyecto. El exministro precisó que lo hizo como parte de varias visitas a distintas entidades que habían emprendido iniciativas similares: la Marina, la Pontificia Universidad Católica del Perú, etc.

Luego de esa visita, Luque cuenta que quedó entusiasmado porque veía posible que empresas privadas se unan para lograr la producción en serie de una versión mejorada del ventilador mecánico que llamó “Suyay” (‘esperanza’, en quechua). Eso no ocurrió. “Yo no quería realizar la producción en serie, porque para mí la universidad hace el prototipo y la empresa privada es la que pone la experiencia y la maquinaria [para la fabricación]”, precisa el profesor. Sin embargo, cuenta que a Chahuares le interesaba que una sola empresa privada fuese la socia estratégica del proyecto. Allí tuvo lugar el primer desacuerdo entre ellos.

Con el paso de las semanas, Luque sintió con más claridad que estaba siendo relegado, perdió el respaldo del equipo que había convocado y decidió desvincularse del proyecto. Todo quedó en manos de Chahuares. Hoy es imposible entender el fallido convenio de las plantas de oxígeno sin el antecedente de los ventiladores Suyay. Ambos a cargo de la misma persona.

Pese a que no respondió a este medio, recientemente Chahuares ha contado cómo viró de los ventiladores a las plantas. “El entonces ministro de Salud, Víctor Zamora, nos dijo que iba a faltar algo elemental para el funcionamiento de los ventiladores mecánicos: oxígeno. Empezamos a formar un equipo para hacer propuestas de plantas”, dijo a El Comercio.

Definida la necesidad de producir oxígeno, la UNI tenía una ventaja clara sobre otras universidades que, como la PUCP; también emprendieron proyectos para construir plantas. Al ser una universidad pública, la UNI no tenía que pasar por un engorroso concurso público antes de recibir fondos del Estado. Esto, con base en el Decreto de Urgencia 066-2020, que permitía suscribir convenios de cooperación interinstitucional con universidades públicas en el contexto de la pandemia.

Así, el 30 de octubre del año pasado el Minsa y la UNI firmaron el documento por 47 plantas, lo que equivalía a 960 camas con puntos de oxígeno. Hoy los pacientes que se ahogan en esas camas siguen esperando al proyecto de Chahuares. Mientras tanto, la PUCP ha logrado fabricar ya más de 20 plantas que ha tenido que vender principalmente a empresas con intención de donarlas a centros de salud regionales.

Fuentes con conocimiento cercano del proyecto, que prefirieron mantener anonimato por temor a represalias, contaron a Sudaca que, si bien distintos profesores y egresados de buena trayectoria profesional fueron invitados a participar en la primera fase de Oxigena 47, estos no permanecieron por muchos días al advertir la falta de experiencia técnica y de organización del equipo base. Dudaban que llegase a buen puerto.

Hoy sabemos que su análisis no fue errado. Las plantas aún no llegan. Y parece que no llegarán, ni después de los muertos.

La organización explicó que el ingreso de Sudaca, entre otros, le ayudará a profundizar su representación con medios digitales a nivel nacional.

Este medio periodístico, que desde su creación es 100% digital, se ha unido al Consejo de la Prensa Peruana. Lanzado en noviembre del año pasado, Sudaca se enfoca en análisis político, económico y social a través de reportajes, crónicas, informes y podcasts. Este portal tiene como objetivo mantener su independencia y la calidad de sus productos periodísticos a través de un futuro plan de suscripciones.

El Consejo de la Prensa Peruana (CPP) explicó en un comunicado que, con el ingreso de Sudaca, busca profundizar su representación con emprendimientos digitales a nivel nacional. “Recibimos con gusto a Sudaca, un nuevo medio de comunicación digital que refrescará la oferta que hay en el Perú. Es importante que los medios se unan en organizaciones como el CPP para autoimponerse un alto estándar ético, interpretado, en este caso, por nuestro Tribunal de Ética, y para juntos defender uno de los principios básicos de la democracia: la libertad de expresión. En el CPP le damos también la bienvenida a los nuevos medios digitales”, señaló Rodrigo Salazar Zimmermann, director ejecutivo de la organización. 

Por su parte, Juan Carlos Tafur, director periodístico de este medio, expresó: “Para Sudaca, un medio digital novísimo en el mercado, es importante establecer desde el inicio relaciones de cooperación con otros medios periodísticos. Es por ello que creímos relevante asociarnos al Consejo de la Prensa Peruana, entidad que, además de ser asociativa, tiene un destacado rol de cumplimiento ético que a un medio como Sudaca le interesa sobremanera. Mientras más controles o instancias de responsabilidad ética haya en el periodismo, tanto mejor será la profesión. Esperamos lograr esos objetivos merced a nuestra participación en el Consejo”.

El Consejo de la Prensa Peruana es una asociación civil sin fines de lucro dedicada a la defensa de la libertad de prensa y la promoción del ejercicio ético de la profesión. Fue fundado en 1997 y hoy incluye a los principales medios de comunicación tanto de prensa escrita, radial, televisiva y digital así como a instituciones académicas.

Cuando Forsyth era alcalde del distrito, la empresa que recogía la basura tuvo que dejar de brindar el servicio tras múltiples impagos. Ahora ha llevado el caso a un arbitraje que podría costarle caro a los contribuyentes victorianos.

Solo estuvo un año y ocho meses en el cargo, pero el breve paso de George Forsyth como alcalde de La Victoria, en el 2019, podría generarle más de S/6 millones de soles en pérdidas a esta municipalidad. ¿Por qué? La respuesta es un arbitraje que inició contra la comuna, en febrero del 2020, un consorcio de empresas peruano-colombianas. Estas alegan que la gestión del actual candidato presidencial se negó a pagarles un total de nueve semanas de deuda acumulada por el servicio de recojo de basura en el distrito. 

“Lo que era poco más de S/3 millones de soles en compromisos de pagos no cumplidos podría convertirse, con perjuicio e intereses, en una deuda millonaria que en un futuro los contribuyentes de La Victoria deberán afrontar” ha dicho a Sudaca el abogado del Consorcio Victoria Limpia, César Candela. Forsyth encabeza las últimas encuestas de intención de voto para las próximas elecciones.

El contrato 

El 26 de junio del 2017, la Municipalidad de La Victoria adjudicó la buena pro para el servicio de recolección, transporte y disposición final de residuos sólidos al Consorcio Victoria Limpia. Dos semanas después se firmó el contrato por S/29´305,850. La alcaldía estaba “obligada a pagar al contratista en soles y semanalmente”, estipula el documento.

Contrato con Consorcio Victoria Limpia estipula el pago semanal por el servicio de recojo de basura.

Un año más tarde, en agosto del 2018, el municipio cayó en su peor crisis de gobierno luego de que su entonces alcalde, Elías Cuba, fuera detenido por ser el presunto cabecilla de la organización criminal Los Intocables Ediles. Tras la vacancia de Cuba, entró como encargado de gestión el primer regidor del distrito, Harry Castro Durand. Es aquí cuando La Victoria empezó a dejar de afrontar el compromiso. 

En esta etapa, pese a los incumplimientos, “la empresa siguió brindando los servicios pues se trata de limpieza pública, de una necesidad básica para la comunidad”, según el abogado Candela.  

Mal jugado

En enero del 2019, la llegada a La Victoria del exfutbolista George Forsyth −como joven alcalde con proyección−, hizo creer a sus proveedores que la crisis de gestión terminaría. Sin embargo, la política del llamado perro muerto continuó. 

Desde el 15 de enero hasta el 1 de marzo, según los documentos oficiales que ha presentado el consorcio a Sudaca, la gestión de Forsyth no pagó por el recojo diario de basura. En febrero del 2019, los vecinos y comerciantes del distrito estuvieron a punto de quedarse sin el servicio. El contrato, además, estaba a punto de vencer. El municipio, entonces, planteó la ampliación del mismo, según estipulan las normas. 

El abogado Candela explica que, pese a que ya tenían semanas sin cobrar, el consorcio “decidió suscribir esta ampliación de servicio con la gestión de Forsyth el 1 de marzo del 2019 por S/5,861,170.00. Esto, dentro del marco de la ley, al tratarse de un servicio público que no puede quedar al aire”. 

Candela también precisa que lo hicieron porque la renovación propuesta por la gestión Forsyth les dio esperanza de que empezarían a cumplir con los compromisos de pago. Esto porque “la norma obliga a toda entidad pública a que, antes de suscribir estos nuevos contratos, tenga el presupuesto [el dinero] destinado, separado, para hacerlo. Pero esto [cumplir con los pagos atrasados] nunca ocurrió”, asegura. 

El 24 de junio del 2019, “pese a que supuestamente contaba con las partidas, la Municipalidad de La Victoria decidió de forma unilateral e injustificada, suspender el pago de la contraprestación acordada tanto en el contrato principal como en el segundo”, según Candela. El abogado agrega que aquí “empezó todo un vía crucis para la empresa”. 

Con más de S/3 millones de deuda y ante la negativa de siquiera responder sus reclamos, el 28 de junio del 2019, el consorcio “adoptó la decisión de resolver la relación contractual con la municipalidad por incumplimiento de la contraprestación”, explicó. La decisión fue comunicada por carta notarial, que la alcaldía se negó a recibir. El consorcio inició, entonces, un proceso arbitral. Eso es lo estipula el contrato ante cualquier controversia de las partes. Un año después, en octubre del 2020, Forsyth renunció a la alcaldía para convertirse en candidato presidencial.

Tras más de S/3 millones de deuda acumulada, el Consorcio Victoria Limpia decidió el 28 de junio del 2019 rescindir el contrato con el municipio y dar inicio a acciones legales.

La suma por los meses impagos ascendía a S/. 3,229,737. Sin embargo, el monto podría duplicarse a más de S/6 millones debido a que lo adeudado se suma el perjuicio causado al consorcio, los intereses pasados y los gastos que le ha generado al consorcio llevar el caso a contienda arbitral.

Pitazo final

Sudaca solicitó los descargos de George Forsyth, pero −al cierre de edición− sus voceros no concretaron la entrevista. Sin embargo, fuentes de la Municipalidad de La Victoria alegaron que la gestión del hoy candidato presidencial dejó, el 4 de julio del 2019, una carta en la que responsabiliza al Consorcio Victoria Limpia de paralizar el servicio de recojo el el 27 de junio de ese año. Ante la supuesta rebeldía de la proveedora, la alcaldía de Forsyth emitió una resolución aquel 2 de agosto del 2019 con la decisión de resolver el contrato. 

Para el abogado de la empresa, César Candela, “es una práctica medio torpe la que hizo Forsyth porque, de acuerdo al Código Civil, no puedes resolver un contrato ya resuelto, y −en este caso− la empresa fue la que, el 28 de junio, ya lo había dado por terminado ante los constantes incumplimientos”.

César Candela, abogado del consorcio, sostuvo que la ley sí estipula responsabilidad penal y administrativa del exalcalde George Forsyth.

Candela dice que “este tipo de malas prácticas se están repitiendo en otras gestiones ediles y la irresponsabilidad de alcaldes como Forsyth terminan ahuyentando a las empresas”. Recuerda que aquí las proveedoras “invierten antes de lograr un concurso con una entidad pública porque contratan personal, compran camiones para calificar y aprobar los requisitos”. “Ahora, la empresa tendrá que esperar un largo proceso para recibir su pago. Por el tiempo transcurrido, [este] superaría los S/6 millones, que deberán ser afrontados por una nueva gestión edil y por los contribuyentes del distrito”, remarca.

Sobre la responsabilidad directa o no del exfutbolista y eventual futuro presidente del país en este problema, Candela sostuvo que “el responsable de la ejecución del presupuesto y las contrataciones públicas es el titular de la entidad; en este caso, Forsyth”. 

Como experto en contrataciones del Estado, Candela agrega que la actuación del candidato Forsyth, “la de su equipo, incluyendo a su entonces gerente municipal, se enmarca, primero, en la posible comisión del delito de omisión de funciones por no cumplir su responsabilidad en la efectiva ejecución del presupuesto. Segundo, amerita el inicio de un proceso administrativo sancionador que puede llegar a una inhabilitación definitiva y permanente de ejercer un cargo público”.

Foto portada: ANDINA

El candidato puntero en las encuestas y el alcalde de Lima fueron los principales promotores del traslado de 2.745 ambulantes de La Parada a Santa Anita. El mercado al que han sido reubicados, sin embargo, no tiene agua, desagüe, ni cumple protocolos Covid-19. Es una ‘bomba de tiempo’ sanitaria.

Cuando todavía era alcalde de La Victoria, George Forsyth fue uno de los anfitriones en la ceremonia de inicio de obras en el mercado La Tierra Prometida. Fue el último 7 de octubre, cinco días antes de renunciar a su cargo para postular a la presidencia. El entonces alcalde aseguraba que, con la reubicación de ambulantes, iba a resolver un problema social y sanitario. La evidencia indica que, al menos por ahora, se equivocó.

El alcalde de Lima, Jorge Muñoz, y autoridades del gobierno de Martín Vizcarra estuvieron con Forsyth aquel día. Parado al lado de ellos, el exarquero aliancista explicó por qué 2.745 ambulantes que vendían productos perecibles y verduras en los alrededores de lo que había sido el Mercado Mayorista de La Parada iban a ser trasladados a Santa Anita: la zona de su distrito se había convertido en una “fábrica del Covid”.

Era octubre y el país estaba dejando atrás la primera ola de la pandemia. La Parada, prosiguió Forsyth, seguía “infectando a todo Lima y, por ende, a todo el país”. El Estado –dijo– tenía a los comerciantes “trabajando en la calle, entre la basura, entre los perros, entre las ratas; y, al final, [los alimentos ofrecidos en esas condiciones] es lo que comíamos todos los limeños”.

Las declaraciones del entonces alcalde victoriano quedaron registradas en un video grabado por la Municipalidad de Lima. Sus palabras, sin embargo, se contradecían con la realidad que tenía enfrente. ¿Por qué? Porque el pampón de tierra llamado el ‘Gran Mercado Minorista La Tierra Prometida’, a donde finalmente se trasladó a los ambulantes, aún no tenía conexión de agua potable, alcantarillado ni energía eléctrica. Y los vecinos estaban preparados para bloquear la instalación.

¿Cómo se iba a combatir la pandemia si el nuevo mercado no contaba con la instalación de servicios básicos?

En el mercado ‘La Tierra Prometida’, donde el piso es de tierra y piedras, una vendedora no usa bien su mascarilla. Esta imagen fue captada en la visita realizada el pasado jueves 21 por Sudaca (video: Juan C. Chamorro).

Las coordinaciones

Hagamos un poco más de ‘memorex’. El vocero de la Municipalidad de Santa Anita en el caso La Tierra Prometida, Luis Milla, recordó a Sudaca que el traslado de los ambulantes victorianos era un tema que se venía dialogando con Lima y La Victoria desde el 2012, cuando Susana Villarán era alcaldesa capitalina. La idea se originó luego del sangriento desalojo que llevó a cabo la política de izquierda que hoy cumple arresto domiciliario. Tras la aparición de la pandemia, en marzo de 2020, el proyecto de reubicación volvió a ponerse en agenda.

Milla sostuvo que las primeras reuniones se dieron entre marzo y abril del año pasado, en la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). Participaban el entonces premier Vicente Zeballos, y los alcaldes de La Victoria, George Forsyth; de Lima, Jorge Muñoz; y de Santa Anita, José Luis Nole.

“Se conversó la necesidad que tenía el Estado y la Municipalidad de Lima de erradicar los ambulantes de La Victoria. Fueron como cuatro reuniones de ese tipo, vía Zoom, donde se puso bien clara nuestra posición de que nos oponíamos al traslado de los ambulantes de La Parada a Santa Anita”, dijo Milla.

¿Por qué se oponía Santa Anita? Porque el terreno no tenía “habilitación urbana” otorgado a por la comuna distrital y, por lo tanto, no podía solicitar a Sedapal la instalación del suministro de agua y desagüe ni su licencia de funcionamiento. Además, porque el municipio creía que los comerciantes iban a importar el Covid como lo graficaba, en su momento, Forsyth. Durante esas coordinaciones, se proponía el traslado de los ambulantes a otros tres lugares: Cuartel los Barbones, un campo deportivo de La Victoria y los galpones de los camiones mayoristas de la Parada. Esta última era la propuesta de Santa Anita.

Tras uno de esos encuentros, el 24 de mayo del 2020, Forsyth presentó un ambicioso video que detalla cómo sería el nuevo Gran Mercado Minorista ‘La Tierra Prometida’. Así lo recopilan La República y El Comercio a través de notas periodísticas. En poco más de un minuto y con el logo de la Municipalidad de La Victoria, el video muestra que a pocos metros del ingreso al establecimiento hay cámaras de desinfección y lavatorios con agua para que los visitantes se laven.

La reubicación se ejecutó, finalmente, entre la noche del 8 y la madrugada del 9 de noviembre, con la protección de 700 policías. Ese mismo día, La Tierra Prometida abrió sus diez puertas al público. Todos los protocolos anunciados por la gestión edil del actual candidato puntero en las encuestas quedaron apenas en su imaginación. Estamos ya subiendo la cresta de la segunda ola de la pandemia y nada ha sido implementado.

Una bomba de tiempo 

‘La Tierra Prometida’ es una franja de 4,8 hectáreas cercada por cuatro paredes. No tiene techo y el piso es una mezcla de tierra, polvo y pequeñas piedras. Está sobre el cruce de las avenidas La Cultura y Metropolitana, frente al Mercado Mayorista de Santa Anita.

Sudaca visitó el lugar el pasado jueves 21 y pudo comprobar que los baños están con las puertas cerradas y los lavatorios no funcionan. ¿Por qué? Porque no hay conexión de agua y desagüe. Y si bien hay una persona en la puerta con un chisguete de alcohol y un termómetro, muchos compradores entran sin pasar por su filtro. Tampoco existe supervisión del uso de las mascarillas dentro del mercado: visitantes y vendedores las llevaban mal colocadas.

El mercado minorista ‘La Tierra , Prometida’, al no tener conexiones de agua ni alcantarillado, ha tenido que colocar baños portátiles (foto: Juan C. Chamorro).

En los puestos de venta tampoco hay luz: los vendedores deben llevar sus propios focos recargables para alumbrarse de madrugada. “Solo hay luz en los postes” señaló el exvocero de 21 agrupaciones de La Parada y actual arrendatario de un puesto en La Tierra Prometida, Wilfredo Guzmán.

Como medida paliativa se han implementado baños portátiles, pero eso simplemente no basta. No hay un lugar para lavarse las manos. El agua, desde la inauguración hasta la actualidad -dos meses después-, llega en camiones cisterna que ingresan al mercado cada cierto tiempo. El líquido, sin embargo, va destinado principalmente para el aseo de los comerciantes y no de los visitantes.

El supervisor designado por la Municipalidad de Lima (MML) para el traslado de los comerciantes a La Tierra Prometida, Juan Pablo de la Guerra, asegura que la responsabilidad de que se cumplan los protocolos recae sobre la Asociación de la Comisión Ejecutiva para la Construcción del Mercado Minorista en la Tierra Prometida, gremio de comerciantes que ha firmado un contrato de alquiler de dicho predio con la Empresa Municipal de Mercados SA (EMMSA). ¿Acaso ellos también debían gestionar la instalación de tuberías de agua y desagüe?

De la Guerra señala que el pasado domingo 17 la municipalidad recién ha podido iniciar la instalación de los servicios básicos y que pronto comenzarán a funcionar. Antes no lo pudo hacer por la oposición de los vecinos. El portavoz de Santa Anita Luis Milla explicó a Sudaca que los ciudadanos que viven en los alrededores del mercado también rechazan que haya conexión del servicio de agua, porque temen que la presión disminuya más de lo habitual y haya escasez.

Lima Metropolitana está por entrar a una segunda cuarentena que permitirá que los centros de abastos, incluidos los mercados, puedan seguir operando. Era la oportunidad perfecta para darle a los exambulantes de los alrededores de La Parada un espacio salubre y seguro donde vender sus productos. La Tierra Prometida por George Forsyth -y Jorge Muñoz-, no obstante, luce hoy muy distinta a la maqueta promocionada por la gestión del exalcalde victoriano.

Alcaldes y gobierno

El traslado de los ambulantes de las inmediaciones de La Parada se dio en el marco del decreto supremo 011-2020-Produce, que regula el funcionamiento de mercados temporales (‘itinerantes’). El gobierno de Martín Vizcarra puso en marcha el Plan de Operaciones N°200/-RegiónPolicialLima/Unipledu-Ofiplo que, en coordinación con las Fuerzas Armadas, dieron apoyo a los municipios de Lima y la Victoria en el proceso de reubicación.

“Como alcalde de La Victoria, para él [Forsyth], era un problema tener esa congestión de ambulantes en toda esa zona. Él quería erradicarlos. Hasta allí es entendible, como alcalde, pero no ha tenido una alternativa. Lo más fácil es simplemente exportarles [el problema] a otro distrito [Santa Anita], pasarle el problema a otros”, dice Milla.

“Lo que ha hecho es ganar popularidad […] Fue para las pantallas. Fue para lanzarse como candidato [a la presidencia]. Eso ha sido, como se dice, su caballito de batalla”, sostuvo Wilfredo Guzmán, exrepresentante gremial de La Parada y hoy arrendatario en La Tierra Prometida.  Según De La Guerra, de la Municipalidad de Lima, de las pruebas rápidas tomadas a los comerciantes el día de su traslado “solo cinco dieron positivo”.

El dirigente del Frente de Defensa de Santa Anita, Gustavo Rosas, recordó que Forsyth y Muñoz “andaban de la mano” por el tema de La Tierra Prometida, hasta que el primero de ellos renunció a la comuna victoriana y el segundo se peleó con él por dejarle todo ese problema.

El pasado 12 de octubre, tras conocerse la renuncia de Forsyth a su cargo, esto es lo que declaró Muñoz: “Creo en la libertad de las personas, cada uno es libre de hacer lo que considere. Pero si me preguntas a mí como Jorge Muñoz, creo que es incoherente dejar a los electores tirados en el camino porque tú fuiste elegido por cuatro años, no para dos ni para tres. En ese orden de ideas, hay algo que es incoherente. Más adelante, cuando tienes otras exigencias, ¿podrás ser coherente? eso es lo que hay que responder”De la Guerra, quien también es miembro del directorio de EMMSA, considera que Forsyth “solo quería que sus ambulantes salgan de allí [de La Parada]”, pese a que el terreno de La Tierra Prometida tenía piso de tierra y carecía de servicios básicos.

Los pagos de los arrendatarios

El traslado de los comerciantes no ha sido gratis. Es algo de lo que se ha hablado en voz baja durante todo este tiempo. El arrendatario Guzmán confirmó a Sudaca haber cancelado S/5.700 por el alquiler de un puesto a la Asociación de la Comisión Ejecutiva Para la Construcción del Mercado Minorista en la Tierra Prometida, por un año y medio. Entregó una copia del recibo.

El exvocero de 21 asociaciones de comerciantes ambulantes de perecibles de La Parada, Wilfredo Guzmán, entregó a Sudaca este voucher de 5.700 soles que realizó a la Asociación de la Comisión Ejecutiva para la Construcción del Mercado La Tierra Prometida en su cuenta de la Caja Piura, para tener un puesto de venta, por un año y medio, en el pampón de Santa Anita.

“Esto es una vil estafa con alevosía, porque nos dijeron que iba a haber luz y agua, y que el mercado iba a tener piso de cemento y no de tierra” aseguró. El exdirigente hizo el pago cinco días antes de su traslado a Santa Anita. El voucher que entregó el comerciante a Sudaca tiene la fecha del 5 de noviembre de 2020 y fue girado, en la Caja Piura, a la cuenta N°020-01-1864889 de la asociación de comerciantes de La Tierra Prometida.

¿Usted lo sabía?, le preguntamos a De la Guerra. “No es de conocimiento mío, es de conocimiento de todo el mundo. Hay financiamiento con cajas. Me parece que era la Caja Piura, pero todo era público. Ha habido un sorteo para dar los puestos, que también ha sido público. Todo es un tema público y transparente. Hay quienes quieren decir: esto se hizo a escondidas. Nada que ver”, respondió. Según él, EMMSA solo “supervisa el alquiler” del local por la asociación de comerciantes.

El dirigente vecinal del Frente de Defensa de Santa Anita, Gustavo Rosas, aseguró que los vecinos están en vigilia y que harán que el mercado, tarde o temprano, deje de funcionar en su distrito.

No hay que olvidar que un día antes de la colocación de la primera piedra del nuevo mercado, el 6 de octubre del año pasado, el alcalde de Santa Anita, José Luis Nole, fue detenido por la Policía por presuntamente alterar el orden público tras realizar una protesta junto a sus vecinos por este tema. Sudaca envió un pliego de preguntas al equipo de prensa de George Forsyth, pero no obtuvo respuesta.

‘La Tierra Prometida’ y sus alrededores son una bomba de tiempo. Milla, de la Municipalidad de Santa Anita, aseguró que la clausura del mercado, por no contar con la licencia de funcionamiento, es solo cuestión de horas. “Hemos pedido el apoyo policial para hacerla efectiva y sabemos que esto puede terminar en una batalla campal, por el uso y las costumbres que tienen los comerciantes que vienen de La Parada”, añadió.

“Por sus obras los conoceréis”, dice un pasaje bíblico. George Patrick Forsyth Sommer (38) quiso aparecer en los medios como uno de los principales responsables del traslado de ambulantes de La Victoria a La Tierra Prometida. Hoy es candidato a la presidencia y ha dejado de comandar el distrito. Quizás a la hora de votar, las partes en conflicto en ese nuevo y mal instalado mercado se acuerden de él.

Un comerciante entregó a Sudaca este documento que era supuestamente para cerrar el trato del alquiler.

** Imagen de portada: Corresponde a la captura de un video grabado en el mercado ‘La Tierra Prometida’ (video: Juan C. Chamorro).

El golpe del confinamiento es crítico, pero diferenciado. Los comerciantes de Gamarra y Mesa Redonda, pese a que están endeudados y al borde de la quiebra, cumplen con el cierre. En los alrededores, sin embargo, se permite el comercio ambulatorio. La cereza del pastel: volvió La Parada.

La historia de la tienda de zapatos ‘Gino Galdini’, de la galería ‘El Rey’ de Gamarra, es de superación. Una de tantas construidas al amparo de tres décadas de retórica ‘emprendedora’: aquella que dice que cada peruano debe salir adelante por su cuenta, sin que lo ayude nadie. Ni siquiera el Estado. Su administradora, Miriam Romero, recuerda que sus padres, Félix y Matilde, empezaron fabricando calzado masculino en un taller en El Agustino. Hace tres décadas vendían sus productos en el Jirón de la Unión. Eran ambulantes. Su sueño era alquilar, algún día, una tienda comercial. Y lo lograron. Entre 1995 y 2003, los padres de Miriam compartían un pequeño espacio que alquilaban con otro comerciante en una tienda del emporio comercial. En el 2004 dieron el gran salto: rentaron el local de la emblemática galería ‘El Rey’. El trabajo se dividió, desde entonces, entre los seis hermanos. Si bien con el transcurso del tiempo cada uno ha sacado su propia marca de zapatos, ‘Gino Galdini’ es su bandera. El orgullo familiar.

Antes de la pandemia, la tienda vendía 20 pares de zapatos diarios, lo que representaba una ganancia de S/600. No estaba nada mal. Su marca ha sido solicitada por personajes del mundo de la televisión, la farándula y la política. Por ejemplo, para el día de su boda, el boxeador Jonathan Maicelo les encargó la elaboración de un par de zapatos con un diseño exclusivo. “Me pidió fabricarle unos de color plateado, el mismo de su terno”, recuerda Miriam. Sin embargo, la familia que construyó desde cero ‘Gino Galdini’ nunca imaginó que iba a estar al borde de la quiebra. Hoy lo está. En esta segunda cuarentena, las ventas de la tienda han caído dramáticamente, como en todo Gamarra.

Miriam Romero dijo a Sudaca que su venta actualmente es por delivery y que, como máximo, tiene pedidos diarios que suman dos pares de zapatos Eso representa una ganancia líquida de solo S/30. “Aunque hay días que no vendo ni un solo par”, añade la comerciante con mucha preocupación.  Ese dinero no le alcanza ni para pagar los US$800 mensuales que le cobra el propietario del local. Entre marzo y noviembre, obtuvo un descuento del 50% del costo del alquiler: pagaba solo US$400. El compromiso, sin embargo, fue que a partir de diciembre el precio volvería a ser de US$800 dólares. Hasta ahora Miriam no ha podido pagar la mensualidad de diciembre ni enero. Ese pago está en negociación. Es muy probable que abandone el local. Y dado que el dinero no le alcanza, ha pasado a sus dos hijos de un colegio privado a uno estatal.

¿Por qué está a punto de quebrar? Miriam explica que la situación económica de su tienda se ha agravado con la segunda cuarentena, iniciada el pasado 1 de febrero. El gobierno decidió que las 230 galerías de Gamarra permanezcan cerradas. “No soportaremos que haya una nueva prolongación de la cuarentena; allí sí quebramos”, advierte. La comerciante respeta el confinamiento, como lo hace la gran mayoría de empresarios formales de ese conglomerado comercial. Lo hacen pese a que ellos hubieran preferido que les permitan seguir atendiendo de forma presencial, pero con un aforo más reducido (aceptarían que sea solo de 20%). Un caso similar es el que atraviesa Magno Chávez, dueño de la marca de jeans para mujer Vogui, quien hasta junio del año pasado alquilaba 11 tiendas y ofrecía tres marcas: Lucma, Shennys y Vakko. Hoy, por la crisis económica, se ha quedado con siete tiendas. Don Magno tiene un préstamo de S/300.000 a cancelar en dos años. Debe comenzar a pagarlo en mayo, con montos mensuales de S/12,500, aproximadamente. No sabe de dónde sacará ese dinero si sus ingresos hoy solo representan el 30% de lo que ganaba antes de la pandemia. Antes de la cuarentena tenía 20 trabajadores, ahora se ha quedado con cuatro.

Los ambulantes

En un recorrido realizado la semana pasada, Sudaca pudo comprobar que en Gamarra solo existen pequeños grupos de comerciantes que acuden al emporio a sacar su mercadería, aquella que tienen almacenada en sus tiendas. Lo hacen para realizar pequeñas ventas por delivery. Las galerías están cerradas. Este medio también ha comprobado que existe un trato diferenciado de la Municipalidad de La Victoria entre comerciantes formales e informales. Por ejemplo, para ingresar a Gamarra por cualquiera de sus puertas de la Av. Aviación, la seguridad de la comuna exige al visitante su pase laboral que especifique el distrito. Quien no lo tiene, no ingresa.

Aquí no hay cuarentena. Así luce el exterior del emporio de Gamarra. Esta imagen fue captada, el pasado jueves 18, desde la Estación del Metro de Lima, a la altura de la cuadra 9 de la avenida Aviación. El personal de Fiscalización del municipio de La Victoria brilla por su ausencia. Por momentos, hay batidas; luego, los comerciantes informales vuelven a instalarse con sus productos (foto: Juan C. Chamorro). 

Ese exhaustivo control, en cambio, no ocurre con los ambulantes que se han instalado en los exteriores del conglomerado comercial, exactamente sobre la Av. Aviación. Ellos ofrecen una diversidad de productos en las veredas de siete largas cuadras de dicha arteria. Algunos colocan encima de retazos de plásticos o de tela recostados sobre la acera. Otros cuelgan sus prendas con ganchos sujetados a vestidores. Muchos están cerquita, sin guardar distanciamiento social. La mayoría posee sombrillas multicolores para protegerse del fuerte sol que sale por estos días en Lima. Algunos andan protegidos con mascarillas, pero otros no las tienen o las usan incorrectamente: sin cubrir la nariz o la boca. La cadena de ambulantes comienza a la altura de la cuadra 9, a la altura del Centro Comercial Gama, y termina en la cuadra 3, donde está la Estación del Tren Eléctrico.

Formales asfixiados. Así luce la avenida Agustín Gamarra, al interior del emperio textil del mismo nombre. Esta imagen fue tomada el pasado jueves 18, por la tarde. Los comerciantes formales cumplen con el confinamiento, pero en los exteriores hay luz verde para que los ambulantes vendan sus productos libremente (foto: Juan C. Chamorro). 

También transitan por ese sector los vendedores de frutas. “Diez granadillas de Oxapampa por un S/1”, dice un comerciante. Pareciera que allí, de las rejas del emporio para afuera, no hubiera confinamiento. En la Av. Aviación los informales, cientos de ellos, ofrecen desde ropa −de confección nacional e importada, para hombres y mujeres (polos, zapatos, zapatillas, shorts, gorros, etc.)−, hasta platos de comida que se cocinan en una parrilla o que ya vienen listos (pollada, arroz con pollo, tallarines rojos, etc.).  Los precios de la ropa que ofrecen son muy accesibles. Se pueden encontrar ofertas de dos polos, para hombre o mujer, a S/15. El acabado no está nada mal. Los miembros de Serenazgo y los fiscalizadores municipales que pasan cerca de los comerciantes informales aplican la bautizada como “política Shakira”: ciegos, sordos y mudos. Tampoco reaccionan con los restaurantes o las pollerías que reciben al público en el interior, con la puerta entreabierta, pese a estar prohibido. Cuando ocurre alguna de las escasas batidas en la Av. Aviación, los ambulantes hacen el amague de que se van y esconden su mercadería en tiendas que atienden con la puerta cerrada y que, en su mayoría, son de venta de accesorios para celular. Dentro de los dameros oficiales de Gamarra, el panorama es distinto. Allí sí hay control estricto por parte de los fiscalizadores. Si pasa un sereno y observa la puerta abierta de una galería, ordena que permanezca cerrada.

Miriam Romero tiene varios amigos que en estas dos semanas de cuarentena se han convertido en ambulantes porque tienen que llevar el pan a su hogar. Asegura que se han puesto a vender ropa y zapatillas en la Av. Aviación. ¿Queda otra?

En Mesa Redonda

La realidad que se vive en Gamarra es muy parecida a la que se respira en otro importante conglomerado comercial: Mesa Redonda, en el Cercado de Lima. La única diferencia es que para ingresar a ese recinto, conformado por 129 galerías, no piden pase laboral por ninguno de los accesos.

Aquí también hay ambulantes que ofrecen mercadería, en el piso o sobre cajas de cartón, en los jirones Cusco, Puno, Andahuaylas y Ayacucho. En este conglomerado, los ambulantes ofrecen mucha más variedad de productos que en la Av. Aviación. No solo se vende ropa de hombre y mujer, sino también artículos de cocina (jarras, vasos, platos, ollas, vajillas, baldes), de belleza (secadoras de pelo, máquinas para cortar cabello) y hasta celulares.

A diferencia de Gamarra, el hostigamiento contra los ambulantes en Mesa Redonda es visible. Los empresarios han colocado carteles en los frontis de sus negocios cerrados con frases que reflejan su malestar contra el comercio informal que se ha apoderado de las calles: “La cuarentena solo la cumplimos los comerciantes formales. Y las calles, tomadas por los informales”, dice uno de ellos, en letras blancas sobre fondo negro.

Los jirones Puno, Cusco, Andahuaylas y Ayacucho, que conforman el conglomerado ‘Mesa Redonda’, han sido tomados por los ambulantes. Esta imagen fue captada el pasado viernes 19. Se puede apreciar que en la fachada de un local, que cumple la cuarentena, ha sido colocado un cartel que manifiesta la queja contra la Municipalidad de Lima por permitir el comercio informal en este sector (foto: Juan C. Chamorro).

La comerciante Alejandra Gonzáles, quien es propietaria de varias tiendas en la galería ‘Tradiciones’ de Mesa Redonda, tiene que repartir por teléfono sus artículos de regalo (bolsas y stickers), que ella misma fabrica. En las paredes de la fachada de la galería, muchos comerciantes formales han colocado cartelitos con sus números de celular para poder despachar sus productos.

Antes de la pandemia, Alejandra podía tener ganancias diarias de entre S/4.000 a S/5.000. Hacía hasta envíos a provincia. Nunca pensó que llegaría a no facturar ni un sol, como le ocurre a veces ahora. En sus mejores días de esta cuarentena, alcanza S/100, pero otras veces no vende nada. Por eso, decidió ir todos los días a su galería para estar atenta al sonido del teléfono. Si recibe una llamada, ella misma sale de la galería, que está siempre con la puerta cerrada, a entregar el pedido.

La hija de doña Alejandra, una joven abogada de 27 años, fue despedida el año pasado de una inmobiliaria con el comienzo de la pandemia. Desde esa fecha, le ayuda en las ventas. También cuenta con el decisivo trabajo de un joven de nacionalidad venezolana.

La Parada

Quienes pensaban que La Parada había sido reubicada en Santa Anita, se equivocaron. El exvocero de 21 agrupaciones de ese conglomerado, Wilfredo Guzmán, ha confirmado a Sudaca que, desde hace dos semanas, centenares de comerciantes que habían sido reubicados en el mercado La Tierra Prometida han vuelto a La Victoria a seguir vendiendo sus productos.

Otra vez se han instalado, desde las 02:00 de la madrugada hasta las 07:00 de la mañana, en la Av. San Pablo y en el cruce de las avenidas Nicolás Ayllón y Riva Agüero. Así también lo ha confirmado este medio en una visita realizada la semana pasada.

Volvió La Parada. Martes 16 de febrero, 06:00 de la mañana. Cruce de las avenidas Nicolás Ayllón y Riva Agüero. Estos ambulantes fueron reubicados de este lugar, a fines del año pasado, al Mercado ‘La Tierra Prometida’, en Santa Anita. Desde enero, han retornado a este mismo espacio comercial callejero, más conocido como ‘La Paradita’, en el límite de La Victoria y El Agustino (foto: Juan C. Chamorro). 

Guzmán explicó que uno de los motivos de que los comerciantes hayan retornado a los alrededores de La Parada es que sus productos no se venden en La Tierra Prometida. “Hay que admitir que ha sido un fracaso”, señaló, sobre el proyecto de reubicación que encabezaron el exalcalde de La Victoria George Forsyth y el alcalde de Lima Metropolitana, Jorge Muñoz.

Henry Huayta es vendedor ambulante. Señaló a Sudaca que ha dejado el puesto que alquiló en ‘La Tierra Prometida’, pagando S/5.700 por un año y medio, a una señora a la que no le cobra nada porque allí no hay ventas. Sostiene haber retornado porque en los alrededores de La Parada puede tener al menos una ganancia de S/50 al día. Se ha instalado en el cruce de las avenidas Nicolás Ayllón y Riva Agüero. Sudaca ha revelado en un informe de enero pasado que los comerciantes pagaron entre S/3.700 y S/5.700 en La Tierra Prometida por el alquiler de un puesto, por un año y medio.

Entre la noche del 8 y la madrugada del 9 de noviembre del 2020, con la protección de 700 policías, los 2.745 vendedores de productos perecibles y verduras que vendían en los alrededores de lo que fue el ‘Mercado Mayorista La Parada’ fueron trasladados al mercado La Tierra Prometida, en Santa Anita, que es de propiedad de la Empresa Municipal de Mercados SA (EMMSA).

Cuando fue abierto al público, La Tierra Prometida increíblemente no tenía conexión de agua (hoy ya lo tiene) y había comenzado a atender con baños portátiles.

Solución

En Gamarra hay 31.000 locales comerciales distribuidos en 230 galerías, según un censo realizado por el INEI en el 2016. La presidenta de la Asociación Empresarial Gamarra Perú, Susana Saldaña, aseguró a Sudaca que el 40% de esos microempresarios, aproximadamente unos 12 mil, han quebrado o están al borde de la quiebra

¿De dónde sale esa cifra? A partir de junio del año pasado, cuando Gamarra reabrió sus puertas al público tras el primer confinamiento, comenzó a trabajar a media máquina. Es decir, solo el 50% ó 60% volvió. El resto, ese 40%, no lo hizo. Se presume que ellos son los que estarían muy cerca de la bancarrota. La dirigente señaló que la situación económica ha empeorado porque, en esta nueva cuarentena, solo el 20% −unos 6 mil empresarios− está trabajando de forma virtual o remota.

Una solución que plantearon los empresarios de Gamarra, sostiene la vocera, es que el gobierno coloque salvaguardias a las prendas importadas de Asia, especialmente China y Bangladesh. Una salvaguardia implica el aumento temporal de los aranceles de un producto, de forma provisional y no desde una lógica proteccionista. Una salvaguardia, en el contexto de una pandemia y dos cuarentenas estrictas, para proteger a una industria textil abundante en mano de obra, es un pedido urgente.

Según cifras de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), gremio que también solicitó las salvaguardias, de cada 10 prendas de vestir que se venden en el Perú, ocho son importadas. El Indecopi, entidad que se encarga de velar por la libre competencia en el país y a la que nadie acusaría de ‘proteccionista’, emitió un informe recomendando que las salvaguardias sean colocadas. Sin embargo, una comisión multisectorial del gobierno conformada por tres ministerios decidió hacer caso omiso a esa recomendación y desestimó el pedido de los textileros.

Otras medidas de salvataje que ensaya Saldaña son: que el gobierno compre a Gamarra productos de bioseguridad, como mascarillas e indumentaria para el sector salud; un plan masivo de Reactiva Perú con montos que superen los S/50.000 o S/100.000; y estar en la primera fase de reapertura de la cuarentena, para poder atender presencialmente con un aforo reducido a 20%.

Finalmente, los comerciantes formales piden que se erradique a los ambulantes de los exteriores del conglomerado. Alegan que no solo causan desorden, sino que no respetan el distanciamiento social ni tienen protocolos de bioseguridad.

Según la Cámara de Empresarios de Mesa Redonda, en este conglomerado hay 129 galerías y 70.000 comerciantes. El vocero de ese gremio, Pablo Goytizolo, dijo a Sudaca que su principal reclamo, antes de que se piense en una reapertura es que haya limpieza en la zona y la erradicación de los ambulantes. Extienden el pedido al alcalde de Lima, Jorge Muñoz. Desde junio del año pasado, dijo Goytizolo, los ambulantes han ocupado los alrededores de Mesa Redonda y el municipio no hace nada por evitarlo.

Goytizolo señaló que sostendrán reuniones con los emporios de Gamarra y Las Malvinas para realizar una protesta conjunta contra el sector informal. Hoy lunes por la mañana, cuatro gremios que agrupan a los empresarios de Gamarra anunciaron un desesperado platón para este jueves 25, a las 8 de la mañana. Reclaman salvaguardias, reapertura con aforo reducido y erradicación de ambulantes.

Sudaca envío un pliego de preguntas a los municipios de Lima y La Victoria, pero hasta el cierre de esta edición no obtuvo respuesta.

Toca darle un final a este artículo y este es el más apropiado. Pese a que piden erradicación porque los consideran una competencia desleal, hay también sentimientos encontrados en muchos comerciantes de Gamarra y Mesa Redonda con respecto a los ambulantes. No hay que olvidar que varios de ellos comenzaron como informales, pero en el transcurso de los años llegaron a convertirse en exitosos empresarios. La pandemia lo cambió todo y la mayoría hoy está al borde de la bancarrota. Un claro ejemplo de esa realidad la vive en carne propia la administradora de la tienda ‘Gino Galdini’ de Gamarra, Miriam Romero.

Por un lado, guarda bonitos recuerdos del tiempo en que sus padres vendían en la calle. Como anécdota, nos cuenta que cuando era bebé la colocaban dentro de una cajita de cartón sobre el piso del jirón de la Unión para que duerma, mientras vendían sus zapatos hechos a mano. Pero todo eso desaparece cuando le preguntamos por el futuro de su negocio. Entonces, descarga su molestia contra los informales. “Yo gano ahora S/30 diarios, tengo que pagar un alquiler de US$400 y arbitrios. Ellos no pagan nada. Ellos están acostumbrados a ganar sin pagar a la Sunat, dejan la calle sucia y fomentan el desorden”, reclama.

¿Mirará el gobierno a estos empresarios, atenderá sus demandas, o solo está dispuesto a escuchar a aquellos que organizan la CADE?

**Foto portada: Miércoles, 16 de febrero. Una vista de la Avenida Aviación desde la Estación Gamarra, del Metro de Lima (foto: Juan C. Chamorro).

Lavarse las manos y bañarse seguido. Cada vez que Victoria Huanca escucha esas recomendaciones de autoridades y expertos en salud siente impotencia. ¿Por qué? Porque su casa, en lo alto de un cerro de Villa María del Triunfo, en el asentamiento humano Parque Industrial, no tiene esa ‘suerte’. Si hay días que no tiene agua ni para cocinar, ¿cómo le alcanzaría para asearse constantemente?

Para llegar a la vivienda de doña Victoria, de 49 años, hay que sortear primero un empinado camino de tierra y piedras. Quebradas de por medio, allí una persona puede caerse sin que nadie la empuje. En algunos tramos se cruzan riachuelos de heces y desperdicios. Hay vecinos que los arrojan a las calles polvorientas porque todavía no construyeron sus silos. Sobra decir que en este pueblo joven tampoco hay pistas ni veredas. Las autoridades se han olvidado que existe.

El camión cisterna de Sedapal, que reparte agua de forma gratuita, solo pasa por la casa de doña Victoria una vez a la semana. Cuando lo hace, llena su tanque de plástico de 1.100 litros, que es más conocido por el nombre de su marca: el rotoplas. Todos los días, doña Victoria hace malabares para estirar como chicle la insuficiente ración que recibe. En San Isidro, según el regulador del agua Sunass, una sola persona usa 254 litros al día. Ella vive con sus cinco hijos.

Los olvidados. El asentamiento humano Parque Industrial (Villa María del Triunfo), fundado en  el año 1999, no tiene hasta hoy conexión de agua y alcantarillado. Tampoco, pistas ni veredas (foto: Juan C. Chamorro).

Desde hace dos semanas, además, doña Victoria ya no tiene que luchar solo contra la escasez de agua y la pandemia (ya estuvo enferma el año pasado), sino también contra el hambre. ¿Por qué? Porque no tiene dinero para solventar los gastos económicos ni la alimentación de sus pequeños: ¿Qué pasó? Julio Ramos, su esposo de 40 años, está internado desde hace dos semanas en el hospital Kaelin, muy cerca de que le amputen el pie derecho.

Don Julio se cayó de una escalera, se fracturó el tobillo y se hizo un profuso corte en el pie que le ha provocado una grave infección. Necesita un trasplante de piel. Con esa desgracia encima, ya no puede seguir trabajando como vigilante de un restaurante en San Borja y le es imposible llevar el pan a su hogar.

¿Cómo sobreviven doña Victoria y sus hijos? La dirigencia vecinal de Parque Industrial ha puesto en marcha, desde junio del año pasado, el programa autogestionario Olla Común, que ofrece generosamente el almuerzo a S/1.50 (sí, a un sol con cincuenta céntimos). Pero incluso ese precio es demasiado alto para ella. A su familia, por eso, le entregan la comida -sopa y segundo- gratis.

Otro calvario que vive esta mujer es que su único hijo varón, Julio, tiene una infección en el oído y si no consigue tratamiento. Lo necesita con urgencia, porque puede quedarse sordo.

¿Cómo es un día sin agua en medio de la pandemia? Doña Victoria lo narra a Sudaca: “Es muy triste. El camión viene una vez a la semana, todos los miércoles. No es suficiente. Cuando tenemos niños, queremos bañarlos [todos los días] y no hay agua. Cuando no hay agua [porque no cubre la semana], tenemos que prestarnos de los vecinos, uno o dos baldes” ¿Qué pide, con la voz quebrada? “Aunque sea, que nos envíen el camión cisterna dos o tres veces a la semana”.

Es cosa seria

Nataly Balbín, de 25 años, también es vecina del Parque Industrial de Villa María del Triunfo. ¿Dónde queda exactamente este asentamiento humano? Para llegar, cualquier limeño tiene que ubicarse primero en la cuadra 7 de la avenida Salvador Allende (Pista Nueva), a la altura del paradero del Tren Eléctrico. Allí debe tomar una combi que subirá el cerro y lo dejará en el arco de ingreso del pueblo joven. De ahí en más, hay que caminar. Y es bastante.

Sed de agua. Cada vivienda del Parque Industrial recibe la entrega gratuita de agua, por parte de los camiones cisterna de Sedapal, solo una vez por semana. Es obvio que es insuficiente (foto: Juan C. Chamorro).

Nataly es madre soltera y el agua que le reparten tampoco le alcanza para el aseo, ir al baño, cocinar los alimentos, hacer la limpieza de su casa y lavar su ropa. Sobre todo porque su pequeña hija ha sido operada recientemente. El camión cisterna también llena su rotoplas una vez a la semana. Su casa, en la que vive con sus padres, está ubicada en lo más alto de este pueblo joven.

Desde el año pasado Nataly no puede trabajar porque tiene que cuidar a Antonella, de un año y medio de edad, que fue sometida a la cirugía de displasia de cadera en diciembre. La niña tiene que permanecer tres meses con yeso en las piernas hasta que se recupere.

Pudo pagar el costo de la operación, de S/9.000, gracias al préstamo que le facilitó su primo. Ella ha comenzado a pagarle en cuotas. Sin embargo, necesitará más dinero para la terapia. Acude diariamente al comedor a comprar el menú para ella y su hija. Al no cocinar el almuerzo, ahorra agua para el desayuno y la cena. También puede guardar algo de dinero.

“El agua nos hace mucha falta. Todos los días sufro bastante. Si no viene el aguatero [camión cisterna], tengo que prestarme. A ella [mira a su hija] le lavo de aquí [desde la cintura] hasta la cabeza y los piecitos, pero es insuficiente”, asegura la joven madre.

Cocinar con poca agua

La encargada del comedor que lleva el nombre Olla Común Las Esperanzas, Jovita Betsy Emiliano, dijo a Sudaca que cada día preparan 150 platos de menú. De esa cantidad, 50 almuerzos son repartidos de forma gratuita a los vecinos con mayor necesidad económica, entre adultos mayores y madres solteras. El resto, 100 almuerzos, se vende a S/1.50. Ese dinero sirve para la autogestión: para asegurar la compra de los alimentos del día siguiente. ¿De dónde sacan el agua? Los vecinos que participan colaboran, cada uno, con un balde.

En la Olla Común Las Esperanzas, en el asentamiento humano Parque Industrial, el menú con sopa y segundo cuesta S/1.50 (foto: Juan C. Chamorro).

En total son 80 madres que apoyan y rotan por turnos al comedor, a partir de las 08.00 de la mañana. Ellas se dividen el trabajo por grupos: las que compran los alimentos, las que lavan las verduras, las que recolectan el agua en baldes de los vecinos y las que cocinan. Por la cuarentena, todas se quedaron sin trabajo. Antes de la pandemia, se ganaban la vida como trabajadoras del hogar, ambulantes de la calle y comerciantes.

¿Cuál es la solución? El presidente de la junta vecinal del asentamiento humano Parque Industrial, Ignacio Tito Poma, explicó a Sudaca que Sedapal debería aumentar la periodicidad de la entrega de agua a dos o tres veces a la semana por vivienda. De esa manera, las 900 familias que viven en su pueblo joven, fundado el 9 de septiembre de 1999, podrían pasar con un poquito más de tranquilidad la cuarentena. Igual, nunca estarán totalmente seguros.

¿Por qué? Aparte de cuidarse de no infectarse con el coronavirus, los vecinos de Parque Industrial tienen que hervir bien el agua que reciben. Hay casos en los que se han detectado residuos de pintura y sarro, probablemente porque las cisternas no están del todo limpias.

El año pasado hubo 10 casos de Covid-19 en Parque Industrial y murió una persona. En lo que va de este año, se han registrado siete casos. Hay temor de que el número pueda crecer con el inicio de la segunda ola.

¿Burocracia e indecisión?

¿Por qué no tienen conexión de agua en sus casas? Sudaca le hizo esa pregunta a Tito Poma, de 50 años. El dirigente explicó que se trata de un tema burocrático y de decisión política. Sedapal les ha informado, dice, que la zona debe tener primero un reservorio de agua. Desde hace 22 años, la empresa y los políticos les prometen que ese reservorio se va a construir. El año pasado finalmente recibieron la esperada noticia de Sedapal: la licitación de la obra ya está en marcha. “Ver para creer”, señala don Ignacio.

La directora del colegio Nuestro Sagrado Corazón de Jesús, Jesús Carrasco Anchelia, quien tiene el cargo de representante del Niño, Adolescente y Adulto Mayor de Parque Industrial, ha propuesto una medida de emergencia para paliar la crisis del agua: instalar tanques de agua temporales que tenga mucha más capacidad que un rotoplas.

“Si hubiera [tanques temporales], aunque sea de la pileta cogemos un balde de agua si nos falta. Hay días en que a las familias no les llega el agua [del camión cisterna], entonces tenemos que prestarnos del vecino para [preparar] el desayuno. Sin agua no se vive. El agua es vida aquí”, sostuvo con preocupación.

El baño de la miss Jesús (así la llaman cariñosamente sus alumnos) tiene solo una tasa conectada con un silo. Cada cierto tiempo tiene que mover la tasa a otro lugar para evitar que el silo colapse. Para bañarse, se para sobre el interior de una batea y se echa agua al cuerpo con un recipiente. Reutiliza lo que se almacena en dicha batea para regar las plantas. Otras familias no tienen el ‘inodoro’ de la miss Jesús y deben ir al baño en un hueco en la tierra. Las que no pueden lidiar con el posible colapso de sus silos, echan los desperdicios a la calle.

Otra demanda que tienen los pobladores es que la municipalidad de Villa María del Triunfo, a cargo de Eloy Chávez, agilice los trámites de inscripción de su Olla Común. Así podrían recibir alimentos de la comuna y del gobierno. Exigen también el visado de los planos de sus viviendas para obtener títulos de propiedad del Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (Cofopri). De esa forma, cuando se construya el reservorio de Sedapal, si es que se construye pronto, podrán solicitar su conexión domiciliaria.

Cielo Azul

El asentamiento humano Cielo Azul está anclado, al igual que Parque Industrial,  sobre un cerro, aunque un poco más abajo. Está situado en la zona de Manchay, en el distrito de Pachacámac, a un costado del pueblo joven San Judas Tadeo.  Se podría decir que aquí la gente sufre un poco más: las 40 familias que lo habitan, además de no tener agua potable ni alcantarillado, tampoco poseen energía eléctrica.

¿Por qué? Al no tener títulos de propiedad, quienes viven en Cielo Azul no pueden solicitar los servicios básicos como la luz. Los vecinos de San Judas Tadeo que sí tienen medidor de luz en casa −no agua ni desagüe, por supuesto−, les alquilan la corriente eléctrica, permitiéndoles jalar cables, previo pago mensual de S/60. Los que pueden pagar lo hacen. Los que no pueden, como Tula García, de 30 años, iluminan sus casas con velas.

En oscuridad.  En el asentamiento humano Cielo Azul de Manchay (Pachacámac) no solo falta la conexión de agua y alcantarillado sino también la energía eléctrica. Aquí están un poco más olvidados (foto: Juan C. Chamorro).

La  joven mamá de Fred (9) no tiene luz en su hogar desde hace dos meses por falta de dinero. Cuando empezó la cuarentena, la cabina de Internet en la que trabajaba cerró y ella perdió el empleo. Antes de la pandemia se desempeñaba como empleada del hogar, pero sus empleadores le pidieron que se quede ‘cama adentro’. Como ella no podía, pues tenía que cuidar a su hijo, la despidieron.

Para subir a su casa hay que avanzar por un camino de escaleras que una parte es de cemento y, otra, de tierra y rocas. Tula tuvo Covid-19 el año pasado. Tiene miedo de volver a enfermarse por la escasez de agua. Su familia tampoco puede asearse como debería. El camión de Sedapal pasa por su casa una vez por semana. Ella sufre más que otros vecinos porque, encima, su rotaplas está en la parte baja del cerro en el que vive.

La casa de Tula está en lo alto de Cielo Azul. Y como no hay un camino para que el camión cisterna pase cerquita, todos los días tiene que trasladar el agua almacenada hasta arriba en baldes. Son 40 gradas, ida y vuelta. Un vía crucis.

Si bien unos 10 camiones del municipio de Pachacámac, a cargo de Elvis Pomez,  apoyan en la distribución del agua que realiza Sedapal, esto no cubre la demanda. Solo en el distrito hay cerca de 300 asentamientos humanos que no tienen conexión de agua domiciliaria.

¿Cómo es un día sin agua? Sudaca también le preguntó esto a Tula García. Esta es su triste confesión: “En Cielo Azul, si no hay agua, no podemos cocinar ni lavar. Antes [de la cuarentena] me iba al río de Manchay Bajo llevando la ropa, para poder lavar las frazadas. Ahora no se puede ir ni lavar al río. En este tiempo, las colchas no las lavamos. El agua la cuidamos como oro; no podemos gastar y gastar. Nuestro sueño es tener nuestro título de propiedad, y tener agua y luz”.

El presidente de la junta vecinal de Cielo Azul, Miguel Ángel Vela (76), señaló que espera que la municipalidad de Pachacámac les dé las constancias de posesión de sus terrenos, para tener por lo menos la conexión de luz.

En este pueblo joven también se ha instalado una olla común. Sin ella, en lugar de morir de Covid-19, morirían de hambre. El almuerzo cuesta S/2. Los vecinos tienen el apoyo de la comuna distrital, que les entrega arroz, papa y aceite una vez a la semana. No alcanza.

La respuesta de Sedapal

En entrevista telefónica con Sudaca, el presidente de Sedapal,  Francisco Dumler, reveló la cruda realidad de la capital:  “Hay 2.500 asentamientos humanos que no tienen las conexiones de agua y alcantarillado. Lima solo posee una cobertura del 93% de conexiones domiciliarias. Eso quiere decir, que de los 10,5 millones de habitantes que tiene la ciudad más o menos, ese 7% [que no tiene agua en sus casas] representa a unos 800.000 pobladores”.

Esos asentamientos humanos, añadió Dumler, se encuentran ubicados principalmente en los distritos de Puente Piedra, Comas, Ancón, Carabayllo, San Juan de Lurigancho, San Juan de Miraflores, Villa El Salvador, Pachacámac y Lurín.

¿Por qué no tienen conexión de agua en sus casas? El titular de Sedapal explicó que “hasta que uno no tenga título de propiedad de su terreno, no puede solicitar servicio de agua potable”. Precisó que para que Cofopri otorgue el título de propiedad a una persona que vive en un asentamiento humano, “tiene que haber pasado, según la norma, diez años de tenencia pacífica [de la propiedad] no consuetudinaria y no onerosa”.

Después de haber transcurrido esos 10 años, la persona recién podrá solicitar la conexión de agua domiciliaria. Pero acá empieza otro largo trámite: debe haber un proyecto de inversión pública para dicha instalación, que puede costar a Sedapal, por la geografía de la zona, hasta S/100.000 por vivienda. Lo mismo ocurre con la instalación de las tuberías de alcantarillado.

Para Dumler, una solución es que se entregue “un bono” económico a los vecinos de 1.000 asentamientos humanos, para que se trasladen a zonas donde ya exista “planificación urbana”. Es decir, se tendrían que ir a vivir a otro sitio donde sea más fácil y menos caro para la empresa conectarles el agua.

Sobre el reclamo de los vecinos de Parque Industrial y Cielo Azul para que Sedapal aumente la periodicidad de la distribución del agua en los camiones cisterna, Dumler respondió que la información que él maneja es que la entrega se realiza “dos a tres veces por semana”. Precisó, sin embargo, que “esto no es ciencia exacta”.

Dumler recordó que antes de la pandemia 290 camiones cisterna vendían el agua en 2.500 pueblos jóvenes. Cuando comenzó la primera cuarentena, en marzo de 2020, Sedapal alquiló esos camiones para distribuir el agua de forma gratuita. Después, contrató otros 61 vehículos para continuar haciendo esa labor. La flota se incrementó a 351 camiones. También recibe el apoyo de camiones cisterna de algunos municipios.

Para Sedapal, el costo del alquiler mensual de los 351 camiones es de “aproximadamente entre S/8 millones a S/9 millones al mes”, según Dumler. “Esto cubre la demanda”, dijo. Con esa declaración, cierra la posibilidad de que la empresa pública contrate más camiones cisterna y se pueda incrementar la entrega de agua a los pueblos jóvenes capitalinos.

Los vecinos de Parque Industrial y Cielo Azul invitan gentilmente al titular de Sedapal a que viva junto a ellos, en sus casas, por unos días, para que él mismo se dé cuenta que la entrega de agua que realiza la empresa es insuficiente. “Él tendría que venir a ver cómo vivimos. Que pase una semanita acá para que sepa cómo se necesita el agua”, finaliza la vecina del asentamiento humano Parque Industrial, Nataly Balbín.

* Imagen de portada: Un trabajador de un camión cisterna de Sedapal entrega una ración de agua a una vivienda del asentamiento humano Parque Industrial, en Villa María del Triunfo (foto: Juan C. Chamorro).

Familiares del expresidente Vizcarra, exministras, viceministros, diplomáticos, médicos, rectores, empresarios, lobbistas. 487 privilegiados que, con vara, se vacunaron por fuera de los ensayos clínicos.

“Los que estamos a la cabeza de las instituciones debemos dar el ejemplo de esperar nuestro momento”, declaró el miércoles 10 de febrero la entonces ministra de Salud Pilar Mazzetti. Fue en la conferencia de prensa en la que anunció la prórroga de las medidas de emergencia por el aumento de casos de Covid-19.

Ese día Mazzetti aseguró que no se había vacunado. “El único funcionario público que no es del sector Salud que ha sido vacunado es el presidente de la República”, agregó la presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez.

Era falso. Desde el 9 de setiembre del año pasado, funcionarios y otras personas con poder se vacunaron por fuera del proceso de ensayos clínicos de la vacuna Sinopharm, gracias a un lote de dosis adicionales destinado para dicho proceso. Mazzetti fue la número 262 en vacunarse. Recibió la primera dosis el 12 de enero y la segunda el 6 de febrero.

Pilar Mazzetti fue ministra de Salud en tres gobiernos, los de Alejandro Toledo, Martín Vizcarra y Francisco Sagasti. El último 10 de febrero le mintió a todo el Perú. Foto: Minsa.

“Me estaría tocando [vacunarme] la próxima semana, pero el capitán es el último que abandona el barco. Una vez que todas las personas que trabajan en el sistema estén vacunadas, recién será nuestro momento, como debe ser”, fue otra de sus célebres frases. Después de su renuncia por haberse vacunado, el gobierno le retiró el agradecimiento por los servicios prestados a la Nación.

Mazzetti fue ministra en el gobierno de Martín Vizcarra. El expresidente también recibió la vacuna a escondidas. Fue el número 81. La primera dosis la recibió el 2 de octubre. Su esposa, Maribel Díaz, número 82, también. Su hermano César recibió la primera dosis el día que el presidente obtuvo la segunda, el 29 de octubre. La dosis complementaria se le aplicó el 18 de noviembre, cuando su hermano Martín ya no era presidente.

El privilegiado mundo de los médicos

El sector Salud es el que sacó más provecho de este lote de vacunas. Mazzetti no fue la única: su entorno más cercano también aprovechó. Juan de Dios Altamirano, quien recibió la primera dosis el 30 de enero, fue jefe de Gabinete de Asesores de Mazzetti en el Ministerio de Salud (Minsa) durante su primer periodo en esa cartera, en el gobierno de Alejandro Toledo. Lucy Olivares, número 263 en la lista, fue designada por Mazzetti como ejecutiva adjunta II en una resolución del último 29 de octubre, en el gobierno de Vizcarra.

Además, el portal Convoca reveló que el chofer de la exministra también se benefició. Según el medio, se trata de Juan Asencio. Aparece en el padrón con el número 30. Recibió la primera dosis el 12 de septiembre y la segunda el 3 de octubre.

El viceministro de Salud Pública Luis Suárez Ognio también se vacunó y usó su privilegio para vacunar a su familia. Su hermana María del Carmen, su esposa Inés Caro, su hija Juliet y su hijo Luis también se vacunaron.

Los favores familiares no fueron aprovechados solo por las autoridades vigentes en ese momento. El doctor fujimorista Alejandro Aguinaga, exministro de Salud y excongresista de Fuerza Popular, además de actual candidato naranja al Congreso por Lambayeque, también lo hizo. El médico de cabecera de Alberto Fujimori, número 190 en la infame lista, recibió la primera dosis el 4 de diciembre. El 28 de ese mes recibió la segunda y su esposa Fabienne Weber, número 208, obtuvo la primera. Ella se inoculó la segunda dosis el 18 de enero. En las observaciones de la lista, la esposa aparece como “entorno cercano”.

El exviceministro de Prestaciones del Minsa también se vacunó. Víctor Bocangel recibió la primera dosis el 12 de setiembre, lo que lo ubica en la casilla 39 de la lista. Según el documento, aún no recibe la segunda dosis. El asesor del Minsa Manuel Espinoza también integra la lista. Recibió la primera dosis el 3 de octubre.

Carlos Contreras, presidente de Sisol, el sistema de salud de la Municipalidad de Lima, es otro de los personajes públicos del listado. Recibió la primera dosis el 27 de octubre y la segunda el 17 de noviembre. Ayer martes, luego de que se conociera que ocupa el lugar número 140 de la lista, el alcalde Jorge Muñoz lo separó del cargo.

Ciro Maguiña, vicedecano del Colegio Médico del Perú (CMP), también se benefició de ese lote de vacunas. Él recibió la primera dosis el 19 de diciembre. Cuando se supo que integraba la lista, el CMP le inició un proceso disciplinario.

La exministra de Salud Patricia García también integra la lista. Lo mismo sucede con el médico infectólogo Eduardo Gotuzzo y su esposa María Elías. También aparece en el documento la directora de la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid), Sofía Salas.

Más favores en el Ejecutivo

Otro foco de vacunación irregular fue el Ministerio de Relaciones Exteriores. El caso más llamativo allí es el de la exministra Elizabeth Astete. Ella recibió la primera dosis el 22 de enero y, según la lista emitida por la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH), todavía no ha recibido la segunda.

Otro caso en Cancillería es el de Javier Sánchez, jefe del despacho ministerial. Como si fuera un regalo de los reyes magos, recibió la segunda dosis el 6 de enero. Ocupa el lugar 192 en la lista.

El diplomático Jorge Jarama, director de Ciencia y Tecnología de la Cancillería, recibió la primera dosis el 3 de octubre y la segunda el 24 de ese mes. Su esposa Darlene Mendizabal y su cuñado Víctor Mendizabal se vacunaron en las mismas fechas. Su suegra Violeta Quiñones, en cambio, esperó al 31 de octubre para recibir la primera dosis.

El Ministerio de Relaciones Exteriores reaccionó a la ola de diplomáticos comprometidos con el caso. El nuevo ministro Allan Wagner solicitó la renuncia y el retiro de todos los servidores del Ministerio que integran la lista. Francisco Tenya, recién vacunado con la primera dosis el 5 de febrero, renunció a la Secretaría General del Ministerio. También se dio por terminado el periodo de Óscar Suárez, número 142 en la lista, como cónsul del Perú en Vancouver, Canadá. Además, la Cancillería someterá a una investigación preliminar a los ocho comprometidos. El grupo lo conforman los cinco ya mencionados, Manuel González, Jorge Lazo y la servidora CAS Claudia Halabi.

La Cancillería ha sido clave en las negociaciones para obtener la vacuna y, quizá, por eso sus funcionarios tuvieron acceso a ese lote. Sin embargo, otros sectores del Ejecutivo no se salvan. El exconsultor del Viceministerio de Seguridad Pública del Ministerio del Interior (Mininter), Jean Baca, también aparece en la lista.

El provecho de las universidades

El encargado de los ensayos clínicos de la vacuna Sinopharm fue Germán Málaga, de la UPCH. Él y su familia también aprovecharon ese lote de vacunas. Fue el número 17 en la lista. Se vacunó el primer día posible. El 23 de diciembre, quizá como regalo de Navidad, su hija Ariana recibió la primera dosis. Ella está calificada en la lista como “entorno cercano”.

Empleados de la UPCH le sacaron el jugo a la vacuna que ellos administraban. El vicerrector de Investigación Alejandro Bussalleu tuvo la primera dosis el 19 de enero. El mismo día se vacunó el vicerrector académico José Espinoza y el rector Luis Varela. También integra la lista Andrés Lescano, representante de las universidades privadas ante la Sunedu y proveniente, justamente, de la UPCH.

Las autoridades de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) no se quedaron atrás. El rector Orestes Cachay, número 449 en la lista, recibió la primera dosis el 29 de diciembre. Al día siguiente lo hizo el vicerrector Felipe San Martín.

La tajada de los privados

El sector privado no fue ajeno al aprovechamiento. El caso icónico es el de la conocida abogada y lobbista Cecilia Blume. Pero también aparecen en la lista Antonio Armejo, integrante del polémico Fondo Blanquiazul, que llevó al descenso a Alianza Lima, y César Loo, presidente del gremio nacional de chifas.

Un empresario que merece una mención aparte es Ricardo Orellana Marambio, gerente general de Suiza Lab. Sus hijos Fhariddy y Fabrizio también se beneficiaron de la vacunación. Suiza Lab es un laboratorio que ofrece, entre otros servicios, pruebas de descarte de Covid-19.

Con el número 189 aparece en la lista Eduardo Javier Santa María Rizo Patrón, gerente de operaciones de la gigante Agroindustrias AIB, que cotiza en la Bolsa de Valores de Lima (BVL) y, con el 105, José Mario Mongilardi Fuchs, hasta hace poco presidente de la Cámara de Comercio de Lima (CCL).

Todos estos casos demuestran la forma de operar de buena parte de quienes tuvieron el poder de decidir qué hacer con ese lote de vacunas. Aprovecharon la vara para cuidarse a sí mismos, aunque no fueran prioritarios, a diferencia de quienes trabajan cada día exponiéndose al virus. Y, además, lo hicieron a escondidas. Aprovecharse y mentir parece haber sido la consigna.