Informes

El policía en retiro Carlos Sosa ha llegado a Lima huyendo de presuntas amenazas de muerte en Ucayali. Él asegura que “los autores intelectuales y únicos responsables de todo atentado, amedrentamiento y reglaje” en su contra son el fiscal supremo Luis Carlos Arce Córdova y sus hermanos: el juez superior Wilder Arce y el exfiscal Nelton Arce. Dice también que la familia que conforman estos tres personajes controla, desde hace años, el Poder Judicial de su región.

Luis Carlos Arce es miembro del pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) desde el 2016, en representación de la junta de fiscales supremos. Hoy, a cuatro meses de las elecciones, este organismo electoral tiene una agenda recargada: debe resolver con premura los cuestionamientos a la inscripción de candidaturas presidenciales y congresales. Arce es uno de los cuatro votos con los que se tomarán decisiones trascendentales para el futuro del país: quiénes pueden postular para gobernarlo y quiénes no.

Pero el más conocido de los Arce carga con varios procesos a cuestas. La Fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, le abrió en enero del 2020 dos investigaciones preliminares, una por presunto enriquecimiento ilícito y la otra por presunto tráfico de influencias. En marzo pasado, la fiscal suprema Bersabeth Revilla inició una tercera investigación por otro supuesto tráfico de influencias. Los tres expedientes tienen como base denuncias presentadas por Carlos Sosa. 

Para Renzo Carlos, el abogado de Wilder Arce, Sosa “miente de forma grave […], e inventa por haber sido sentenciado por difamación” en una de las dos querellas que los hermanos le interpusieron.

Acusados o acosados

“Estoy en Lima por mi seguridad, por un seguimiento, un acoso, y la integridad física mía y de mi familia”, dice Sosa, quien asegura que vive amenazado desde que hizo sus primeras denuncias públicas contra los hermanos Arce en Ucayali. Todos son oriundos de ese departamento.

Las presuntas represalias, asegura el policía en retiro, se iniciaron en el 2016. Ese año comenzó a acusar a los Arce por supuestamente proteger a alcaldes locales que enfrentaban cargos por corrupción o procesos de vacancia. Para Alexander Gonzales, el abogado de Luis Carlos Arce, la amenaza de muerte que les atribuye Sosa “es absurda y categóricamente falsa”. En diálogo con Sudaca, Gonzales dijo que su defendido no ha sido notificado oficialmente de estos cargos.

“Carlos Sosa se está extralimitando, pues ya no recurre a las autoridades sino a medios de comunicación a modo de auxilio. No tiene respeto a la legalidad y hace aseveraciones de tal calibre olvidando que debe tener elementos de prueba”, alega el abogado. Pero Sosa asegura tener pruebas.

En octubre del 2020, el ex reo del penal de Pucallpa Manuel Pozo afirmó que, cuando estuvo preso en el 2017, otro interno le pidió que “llame al señor Sosa [desde la cárcel], que lo extorsione, que lo amedrente, que le coaccione, que le intimide a él y a toda su familia”. Hizo esta declaración, como testigo de parte, en una audiencia virtual sobre la querella que Wilder Arce entabló contra Sosa por difamación.

Manuel Pozo, ya en libertad, aseguró también que Fredy Moreno, el presidiario que lo quiso contratar, “se conectaba con una persona del exterior por celular, ordenando unos trabajitos para amedrentar o para atentar contra la vida del señor Carlos Sosa. En dichas conversaciones, en dichos diálogos, hablaba y mencionaba de un tal, de unos hermanos Arce”. Moreno fue asesinado tras salir de la cárcel.

El abogado de Wilder Arce alega que la presentación de ese testigo “fue sorpresiva” y que “es un dicho de una persona que no tiene cómo probar [lo que dice]”. Asegura también que Carlos Sosa “da manotazos de ahogado” y que “solo busca mediatizar los procesos porque sabe que los va a perder”.

En paralelo a la querella en proceso de Wilder Arce, su hermano Luis Carlos ya le ganó a Sosa una denuncia por calumnia. Esta ha sido confirmada en segunda instancia. Sosa, sin embargo, ha apelado el fallo al considerarlo parte de un hostigamiento judicial: “primero, la jueza que me condena aceptó como pruebas documentos que eran copias simples y sin legalizar; segundo, era una juez supernumeraria, o sea de aquellas que tienen el cargo a dedo y sin pasar un concurso; tercero, la sala que confirmó la sentencia estaba conformada por magistrados que trabajaron con Luis Arce y, cuarto, esa acusación por difamación es por un caso que hoy investiga la propia fiscal de la Nación”.

La tesis de Sosa es que, al tratarse de una juez supernumeraria, elegida de forma directa por los presidentes de corte sin que medie concursos de mérito, es vulnerable al direccionamiento de sus fallos. En cuanto a la sala donde perdió la querella, Sudaca ha cotejado que los tres vocales que ratificaron la sentencia coincidieron con Luis Carlos Arce en la Corte Superior de Justicia de Lima antes de que este se convirtiera en fiscal. Finalmente, parte de las afirmaciones por las que Sosa ha sido condenado como difamador son elementos tomados por la Fiscalía de la Nación en el caso de presunto tráfico de influencias abierto de forma preliminar contra los hermanos Arce.

Respecto a la declaración del exreo Manuel Pozo, el abogado de Luis Carlos Arce, Alexander Gonzales, dice que “evidentemente no hay asidero legal, ni el respaldo de elementos de prueba que debe tener toda versión, así sea testimonial. Debe estar respaldada por, siquiera, un elemento: cámara de vigilancia, conversaciones, mensajes, llamadas […]. Quizás por eso este señor Sosa recurre a ustedes pero hasta ahora no nos emplaza. Porque seguro sabrá que cuando nosotros tomemos conocimiento de ello vamos a tomar no represalias sino acciones por la vía legal. Evaluaremos una [nueva] querella o denuncia”. 

Los abogados de los dos hermanos Arce dijeron que Sosa tiene otra denuncia por difamación que un alcalde local le acaba de ganar y recordaron que este tiene abierto un caso por presunto tráfico de influencias.

Pero el policía en retiro tiene un contraargumento de fondo: está peleando contra personajes que, según él, controlarían el sistema de justicia de su lugar de residencia. Su versión es que vive un “acoso judicial despiadado” y que ello incluye la fabricación de pruebas en su contra. “La Fiscal de la Nación ha abierto procesos basada en las denuncias que yo he hecho. Ellos responden con querellas, pero querellas que debería ver un Poder Judicial independiente, no el de Ucayali, que ellos manejan”, reclama.

Las investigaciones

Carlos Sosa acaba de recibir una notificación para declarar contra Luis Carlos Arce el próximo 20 de enero. Se trata de la tercera investigación preliminar abierta el año pasado, por presunto tráfico de influencias, con base en indicios provistos por él. La fiscal suprema Bersabeth Revilla es quien lleva el caso.

Según los cargos que Sosa presentó, Luis Carlos Arce tendría injerencia en las salas de apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Ucayali. Antes de ser fiscal supremo y miembro del pleno del JNE, él era juez y presidió dicha corte entre los años 2004 y 2006. Su hermano, el juez Wilder Arce, ocupó el mismo cargo entre 2017 y 2018.

Como se mencionó líneas arriba, ese no es el único proceso con el que Sosa ha logrado arremeter legalmente contra los Arce. En enero del 2020, la Fiscal de la Nación Zoraida Ávalos abrió dos investigaciones preliminares. En la primera están involucrados Luis Carlos Arce, y sus hermanos Wilder y Nelton, por presunto enriquecimiento ilícito. Según los documentos que presentó Sosa, el miembro del pleno del JNE habría comprado, solo en el 2017 y al contado, cinco bienes inmuebles por más de US$170.000. También se han incluido más de 100 registros de compras y ventas de vehículos de los hermanos y sus hijos.

La segunda carpeta, por el presunto delito de tráfico de influencias, implica a Luis Carlos Arce junto a los exconsejeros Guido Aguila, Iván Noguera, Julio Gutiérrez, Orlando Velásquez y Pablo Talavera. Estos son hoy investigados en el caso Cuellos Blancos. Según la acusación de Sosa, todos los antes mencionados habrían concertado para que Wilder Arce fuera nombrado presidente de la Corte Superior de Justicia de Ucayali el año 2017.

El abogado del fiscal Luis Carlos Arce negó que las investigaciones abiertas le resten credibilidad a su defendido y consideró que solo se ha seguido el camino normal de todo proceso. “En esos tres expedientes aún no hay ejercicio de la acción penal. Todo proceso inicia con una denuncia, luego se abren las diligencias preliminares, y es ahí donde nos encontramos […]. El doctor Arce está llano a que todas sus investigaciones sean esclarecidas, hemos presentado ingente cantidad de documentos de descargo. En el caso del desbalance patrimonial hemos entregado más de 1.200 páginas de descargo”, asegura.

Para el abogado del otro hermano Arce, Wilder, estos procesos no prosperarán porque ellos tienen “la suficiente documentación para demostrar la inocencia” de sus patrocinados. Según él, “en la investigación de la fiscal de la Nación se demostrará que este señor [Sosa] está mintiendo y seguro se ganaría otra querella después de ello por vulnerar la imagen y la buena reputación de personas que se han ganado a pulso lo que hoy tienen”.

Según fuentes oficiales, los documentos que de los casos que lleva la Fiscalía de la Nación contra Luis Carlos Arce han sido solicitados por la Junta Nacional de Justicia (JNJ). En julio del año pasado, esta entidad inició un proceso disciplinario en su contra a raíz de los diálogos que protagonizó con el exjuez César Hinostroza.

Sosa se mantendrá en Lima por el momento. Aunque, dados sus problemas económicos, no sabe por cuánto tiempo podrá sostenerse aquí. “Temo por mi vida y la integridad de mi familia, por eso estoy acá, porque [en Ucayali] no hay seguridad jurídica y menos garantías personales contra mi integridad física”, dijo a Sudaca.

**Ilustración: Manuel Cárdenas.

Es integrante del movimiento Fuerza Ciudadana y en septiembre, como parte de un acuerdo entre grupos políticos, se inscribió en el Partido Morado. Su intención era acompañar a Julio Guzmán en la plancha presidencial, pero ese lugar finalmente lo obtuvo la exministra de Educación Flor Pablo. Hoy defiende las coincidencias ideológicas entre el socialismo y el centrismo morado.

Ha sido gerenta de fiscalización de cuatro municipalidades: Lima Metropolitana, Los Olivos, La Victoria y Magdalena. En la última ejerció el cargo hasta el 30 de noviembre pasado. A los vendedores ambulantes afectados por sus operativos les dice que solo cumplió con la ley, que le exijan a sus alcaldes que trabajen más el área de desarrollo económico distrital y que ella buscará hacerlo como parlamentaria.

La candidata Paredes quiere llevar parte de su agenda municipal al Congreso: quiere cambiar la Ley Orgánica de Municipalidades y combatir el tráfico de terrenos. Se sigue considerando una mujer de izquierda, pero todavía no perdona a Verónika Mendoza por su fallida alianza con Vladimir Cerrón, a quien llama “misógino y homofóbico”, e insiste en que no sabe qué piensa su exjefe George Forsyth. En vísperas de Navidad, conversó con Sudaca.

En 2006 postuló al Congreso con el Partido Socialista y en 2011 con Fuerza Social. En su página web hay un texto que, refiriéndose a usted, dice: “en San Marcos conoce al Perú y al socialismo mariateguista que orienta su vida hasta el día de hoy”. ¿Se sigue considerando socialista?

Bueno, hay distintas interpretaciones del socialismo. Si el socialismo es un Estado fuerte que cobre impuestos, y estos se traduzcan en servicios y oportunidades para todas y todos, sí. Pero no estoy de acuerdo con los regímenes en los que hay partido único, control de la prensa, control del aparato del Estado por el mismo partido.

Se lo preguntaba porque el ideario del Partido Morado dice, textualmente, que el socialismo “no da una respuesta satisfactoria a las demandas y oportunidades de la vida moderna”. También dice que el republicanismo les permite superar al socialismo. ¿No encuentra cierta discordancia ideológica entre las agrupaciones?

No, porque este es un acuerdo político donde cada uno entra con sus esencias. Nosotros somos de centro izquierda. Ellos son de centro republicano. Sin embargo, encontramos coincidencias.

¿Qué coincidencia ideológica encuentran?

La del centro y los valores republicanos que de ninguna manera se contradicen con el origen socialista. Si el socialismo es una educación pública de primer nivel, soy socialista. Si la salud tiene que ser gratuita en los hospitales públicos, y que con tu receta vayas a cualquier farmacia y te la den pagada por el Estado, sí, estoy de acuerdo. Eso pasa en Francia, por si acaso, y son conquistas que la influencia del socialismo ha logrado. Lo que pasa es que en el Perú, en el afán de satanizar a la izquierda, satanizan cualquier origen ideológico que venga del socialismo. Pero eso es ignorancia pura y dura. Yo me defino como socialdemócrata.

El plan de acción de Fuerza Ciudadana es crítico con el modelo económico neoliberal e indica que, frente a eso, el Estado, como usted misma está diciendo, debe tener un rol más participativo. ¿El Partido Morado concuerda con esa idea?

En algunos puntos, sí. Por ejemplo, en la educación. ¿Quién tiene que garantizarla? El Estado, pues. Universidades públicas, salud pública, eso es un Estado fuerte. El acceso a la justicia. Todas las personas deben tener un abogado que se lo pague el Estado. ¿Hacia a dónde me quieren llevar?

La pregunta que quiero hacerle es sobre las actividades productivas del Estado.

Ajá, ya ves, ahí me quieres llevar. Para que haya productividad tienen que haber derechos. Para que un trabajador sea productivo debe tener educación de alta calidad. Pero también justicia. Primero eso, después lo otro. ¿Dónde está la contradicción? Lo que pasa es que quieren ir de frente a los temas productivos sin empezar con la esencia de la persona. ¿Tú has visitado el Loayza, el Dos de Mayo, el Bravo Chico [todos centros de salud públicos]? Parece un viaje al pasado. ¿De qué nos sirvió todo ese crecimiento? Entonces, no es una cuestión de hablar en abstracto del tema productivo, hablemos de los problemas concretos de la gente.

Postuló dos veces al Congreso y una vez a la alcaldía de Magdalena con partidos abiertamente de izquierda. A esta última lo hizo con Juntos por el Perú. 

Sí, soy una mujer de izquierda.

No tuvo buenos resultados en ninguno de esos tres procesos. No logró el objetivo de ser elegida. 

No, pero sí tuve muy buenos resultados. El problema es que la lampa arrastró. Pero le gané a los que habían invertido miles de soles en campaña. Hice toda mi campaña a pie y en bicicleta, y solo puse letreros en las casas. Y así le empaté al PPC. Respecto a las postulaciones anteriores, conquisté algo más importante que un cargo: posicionar el tema de los derechos LTGB dentro de una agenda política. Eso es un triunfo. Los éxitos electorales a veces no son el reflejo de éxitos políticos. Mi participación allanó el camino. Ahora estoy en el Partido Morado que tiene el matrimonio igualitario en su agenda parlamentaria desde antes que entre yo. ¿Eso ha sido producto del azar? No, ha sido una construcción política de la narrativa de los derechos de las personas. Creo que las preguntas que me haces es porque no creemos que exista el centro en el Perú y el Partido Morado es de centro.

De postular con partidos de izquierda, ahora lo hace con uno de centro. ¿Es un cambio de estrategia para revertir la tendencia de no lograr sus objetivos electorales?

No. Yo me voy de Juntos por el Perú. ¿Cómo vas a postular con una persona como Verónika [Mendoza], que intentó hacer un acuerdo con Cerrón, un hombre misógino, homofóbico, condenado por la justicia? Yo no podría acompañar a esa ciudadana.

¿A pesar de que ya no está con Cerrón?

No importa que ya no esté. ¿Por qué no está? ¿Porque no quiso o porque no pudo? Porque no pudo. Eso en derecho se llama delito en grado de tentativa. O sea, no lo pudiste hacer, pero lo hubieras hecho. Yo no podría estar al lado de ni tomarme una foto con el señor Cerrón. Creo que a él le daría asco tomarse una foto conmigo también, porque represento todo lo que desprecia. ¿Cuánto se demoró Verónika en decir que Venezuela era dictadura? Un montón de tiempo. Yo no.

Y si se trataba de ir con un candidato de centro, ¿no le hubiera convenido postular con George Forsyth, a quien tenía cerca y ha estado primero en las encuestas con bastante holgura?

Yo no hago política porque me convenga. Para eso hubiera escogido otros partidos, donde hubiera ganado elecciones. Yo no solamente participo para ganar, sino para afirmar posiciones. Además, no sé qué piensa el señor Forsyth.

Hace unos meses declaró a Cosas que Forsyth no tenía propuestas. ¿Todavía lo piensa?

Sí. Por ejemplo, lo de los jurados, haciendo la comparación con las películas, a mí me parece poco serio. Le tengo el mayor de los respetos, pero no sé qué quiere para el país. Yo sí sé qué quiere Julio [Guzmán] para el país, y lo puedes leer y contrastar con nuestras posiciones desde Fuerza Ciudadana. Eso nos diferencia. El señor Forsyth va con Restauración Nacional. ¿Cómo voy a postular con el partido de un pastor evangélico, que desprecia a mi comunidad, que desprecia las libertades de las personas? Aunque le cambien de nombre, mantendrá sus principios, ¿no? Nosotros pensamos que debemos tener un Estado laico.

Volvamos a un punto específico del plan de gobierno del Partido Morado. Indica que harán un referéndum para consultar el cambio de Constitución en el segundo año. ¿Cuál es su posición personal sobre el tema?

Sí habría que cambiarla, al igual que en Chile, porque es un documento promovido por un dictador: Alberto Fujimori. A nivel simbólico y político me parece que estaría muy bien que la cambiemos. Es un oprobio orientarse por esa Constitución.

¿Qué gana Fuerza Ciudadana con este acuerdo, además de que usted pueda ser candidata?

Ahora somos conocidos a nivel nacional, la gente sabe que existimos. Eso hemos ganado: visibilidad. Dos: afirmación. Tres: creemos que nuestras propuestas, que se han incluido en el plan de gobierno, van a poder hacerse efectivas.

¿Por qué no se concretó su participación en la plancha presidencial?

Es una decisión de la Comisión Política del Partido Morado. Ahora, estoy muy de acuerdo con esa decisión. Conozco muy bien Lima. La verdad es que me siento más cómoda en la lista con el número 1. Lima ha tenido un problema: sus representantes han funcionado como senadores. Muchos representantes de las regiones después han sido representantes por Lima, como [Yohny] Lescano. Yo quiero que la agenda de estos más de 10 millones de ciudadanos y ciudadanas esté presente y se trabaje. Que se represente a Lima. Por ejemplo, creo que se necesita trabajar desde la fiscalización y el control político el tema del tráfico de terrenos. Y es un tema en el que no se meten los congresistas sino para dar títulos, para hacer leyes que postergan la titulación. Con esos me voy a mechar.

Dice que siente que representa mucho a Lima.

Sí.

¿Cree que no fue incluida en la plancha presidencial para evitar que esta sea ‘muy limeña’?

Puede ser, ¿no?

Los invitados del Partido Morado han sido criticados en redes sociales por diferentes razones: por ser influencers, no tener experiencia política. ¿Qué respondería usted a esas críticas?

Que la Constitución señala expresamente que la libertad de expresión de las ideas es un derecho. Entonces, tienen derecho a opinar.

Hablemos sobre los informales. Usted ha ganado protagonismo mediático por sacar a los ambulantes de los espacios públicos.

Sí. Cumplo con lo que me dice la Ley Orgánica de Municipalidades.

Estamos en un país que es 70% informal. ¿La solución contra la informalidad es la confrontación?

No. Lo que yo planteo es que la Ley Orgánica de Municipalidades tiene que darle más fuerza a [la parte de] desarrollo económico, para que el ordenamiento del territorio tenga un correlato promotor de la economía. Entonces el enfoque de la ley no va a ser solo represivo. Ahora, yo lo que he hecho siempre es cumplir con lo que dice la ley. No cometo abuso de autoridad, cumplo. La ley dice ‘decomiso’, ‘retención’, y yo lo hago. Lo que pasa es que los que hacen desarrollo económico no tienen mi velocidad.

Quizá usted está poniendo la carreta delante de los caballos, al hacer primero la labor represiva sin que haya una continuidad de promoción.

En todo caso, han puesto la carreta delante de los caballos los congresistas, como siempre, porque la Ley Orgánica de Municipalidades ordena eso. El orden lo tiene [la gerencia de] Fiscalización y te da todas esas herramientas. Ese mismo peso no lo ha puesto en Desarrollo Económico. Entonces, hay que arreglarla, eso voy a hacer yo.

Mientras usted no esté en el Congreso y pueda cambiar esas disposiciones, ¿qué le propone a los ambulantes, a los comerciantes informales que viven de su venta, en un contexto de crisis económica?

Que le exijan a los alcaldes que hagan su trabajo. Por ejemplo, en Magdalena: la feria que hay ahora en el coliseo Chamochumbi y la de la propia plaza son iniciativas que propuso
[la gerencia de] Fiscalización. Yo, en mi experiencia, lo que he visto es que no se hace ese trabajo de promoción cuando sí se puede. Magdalena es la prueba.

Usted ha tenido un discurso de orden, autoridad y represión. ¿Cuál es su posición sobre la acción de la Policía en las protestas de trabajadores de empresas agroexportadoras?

El derecho a la protesta es un derecho que tenemos todos. Yo he protestado, el presidente Sagasti ha protestado, Julio [Guzmán] ha protestado. Soy sanmarquina, he vivido protestando. La policía tiene obligaciones, leyes, manuales y protocolos que cumplir. Entonces, esos que han disparado canicas tienen que ir presos. El señor [Manuel] Merino tiene que ir preso. El control del orden tiene reglas. En mi opinión, en el caso de la muerte de Inti y Bryan, hay responsabilidad por esos homicidios.

En el caso de los bloqueos de carreteras, ¿cree que los protestantes están haciendo vandalismo?

En el caso del volteo de la ambulancia [en Ica], por supuesto que están haciendo vandalismo. No se puede voltear una ambulancia. Esos trabajadores de la agroindustria tienen derecho a protestar, pero la policía tiene derecho a ordenar. Sin embargo, desde ambas partes tienen que controlar los límites.

¿Qué opina de la reacción del gobierno de Sagasti frente al problema laboral agrario?

Ha recibido una policía en una situación muy grave: 516 policías muertos de Covid, la institución desmoralizada. No los ha matado solo el virus, sino la corrupción. [A eso súmale] una bomba de tiempo que tenían los trabajadores del sector agroindustrial, que ya no daba para más. El Congreso debe tomar más responsabilidad y acelerar lo más pronto posible la aprobación del proyecto del nuevo régimen agrario. Sagasti está haciendo todo lo humanamente posible para resolver el problema en este contexto, pero tiene un Congreso adverso, golpista, y una policía de luto.

¿Cree que el mayor problema del Partido Morado en la campaña va a ser cargar con los errores que pueda cometer Sagasti?

Claro, el poder desgasta. Por supuesto que todo lo que haga nos afecta. Son los costos de hacer una campaña con un militante en el poder. Pero tengamos claro que este es un gobierno de transición y emergencia, este no es un gobierno elegido por el pueblo. No es un gobierno morado.

Si el Partido Morado gana y usted tiene la posibilidad de conformar el gabinete, ¿qué ministerio preferiría?

[Piensa] Bueno, estoy postulando para congresista, pero un ministerio que me encantaría, en el que creo que lo haría muy bien, sería el de Cultura.

“Durante todos estos años han querido imponer su versión como la verdad. Ellos implementan una política de mentira, de engaño. Están distorsionando la historia”, dice Carmen Amaro, hermana de Armando, uno de los nueve estudiantes de La Cantuta asesinados en julio de 1992 por el destacamento Colina. Los crímenes de lesa humanidad perpetrados por ese grupo de militares llevaron a la cárcel a Alberto Fujimori, como autor mediato.

Pero a los jóvenes estudiantes de la Escuela Naranja, el programa virtual de formación política del fujimorismo, les enseñan que el terrorismo de Estado no existió. El reportero de Sudaca que firma esta nota asistió con atención a las lecciones fujimoristas sobre el combate contra Sendero Luminoso y observó con interés los mensajes enviados por sus alumnos. ¿Qué aprendieron tras el cierre del curso?

El WhatsApp

En los últimos años se han revelado apasionadas y delatoras conversaciones entre líderes fujimoristas en grupos como‘Mototaxi’ y ‘La Botica’. La Escuela Naranja no fue ajena a esa tradición. Cada aula tuvo un grupo de coordinación en el que los alumnos compartieron indicaciones, resúmenes de clase y, por supuesto, opiniones políticas. El autor de este reportaje estuvo en el grupo denominado ‘#LaClaseDelChino-EN8’, con los más de 70 participantes del aula 8.

Uno de los temas recurrentes en el grupo fue la lucha contra el terrorismo. “Uno de los logros más importantes fue vencer al terrorismo. Salvaguardar la paz”, reiteró Keiko Fujimori en el evento de clausura de la escuela, este lunes 21, cuya foto abre esta nota. Pero para mantener el compromiso naranja con esa idea parece imprescindible encontrar antagonistas. El ‘terruqueo’ y las calificaciones de ‘rojos’, ‘caviares’, ‘comunistas’ y ‘terroristas’ a quienes no piensan como ellos son persistentes. 

“[Este] es el nuevo terrorismo, crear inestabilidad política en las calles”, escribió en el grupo, por ejemplo, una de las participantes el 17 de noviembre, sobre las marchas que derrocaron al gobierno de Manuel Merino. Ni el actual presidente de la República se salvó de esas calificaciones. “¿Sabías que Sagasti ha venido actuando en el Perú desde 1992 usando a los movimientos subversivos para lograr un sistema de gobierno con visión progresista?”, escribió uno de los alumnos.

“Este gobierno es de puros comunistas”, intervino otro. “Los rojos ya tomaron todo el Estado, solo ahora les toca empezar a perseguir y consolidar el gobierno inclusivo. O sea, aceitar a la gente para eso. Ya lo dijo el comunista de Sagastegui [sic], el Perú se va endeudar por 30.000”, remató un tercero.

Lecciones antisubversivas   

La currícula de la Escuela Naranja incluyó una clase sobre la acción de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el terrorismo y otra sobre la toma de las universidades por Sendero Luminoso. La primera la dictó el excongresista y vicealmirante en retiro Carlos Tubino. Se tituló “El rol de las Fuerzas Armadas en el gobierno de Fujimori” y el ponente aseguró que los cuestionamientos de violaciones a los derechos humanos fueron aislados y mínimos.

“Es falso, con ‘f’ mayúscula, que hubo terrorismo de Estado. No se dejen sorprender”, sostuvo Tubino.Según él, hubo sólo 25 mil muertos en la guerra interna y no los casi 70 mil que consigna el informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR). “La historia es esta, no la que tratan de formar algunos terroristas derrotados y algunos tontos útiles, que terminan tergiversando los temas de derechos humanos”, afirmó.

“El terrorismo son acciones que tienden a crear caos y terror en la gente. En casos como El Santa o Pativilca [los militares] secuestran y desaparecen a los campesinos, y hacen pintas en alusión a Sendero Luminoso para crear terror. Por supuesto que hubo terrorismo de Estado”, responde Gloria Cano, abogada de Aprodeh. La conferencia de Tubino, sin embargo, fue alabada en el WhatsApp de los alumnos naranjas. “Muy clara y precisa la intervención de Carlos Tubino en la guerra contra el terrorismo. Es un ejemplo de lucha y valentía de nuestro héroe Alberto Fujimori”, compartió una de ellas.

La exposición sobre la incursión senderista en las universidades, en tanto, fue dictada por el coronel en situación de retiro Walter Jibaja. Se tituló “Liberando a las universidades del terror”. El ponente explicó que parte de la estrategia de Fujimori para pacificar el país fue establecer bases militares en los centros de educación superior. Su conferencia también recibió halagos en el grupo de WhatsApp.

“Que buena la clase de hoy. Tenemos que agradecer que gracias al presidente Alberto Fujimori tuvieron paz nuestros hijos y los jóvenes universitarios porque fue el único que pudo parar esa masacre terrorista que había tomado las universidades, cambiándole la ideología a los jóvenes. Por eso tenemos que agradecer a nuestro chinito, el mejor presidente que tuvo el Perú. ¡Por eso! ¡Viva EL FUJIMORISMO! ¡Viva ALBERTO FUJIMORI! ¡Viva FUERZA POPULAR!”, escribió una emocionada participante.

La gran omisión naranja

Así como Tubino sostuvo que la única verdad es la que ellos cuentan, en el grupo de WhatsApp sobraron los mensajes con la misma opinión. “Es importante educar a nuestros jóvenes para que conozcan la verdad del fujimorismo y no se dejen envenenar en los colegios y universidades”, publicó uno de los participantes. Pero Tubino y Jibaja omitieron información: ninguna de las exposiciones mencionó los crímenes cometidos por las Fuerzas Armadas. La negación del terrorismo de Estado, como era de esperarse, también implica la omisión completa del accionar del Grupo Colina.

Hay peruanos que aún no saben qué fue el Grupo Colina. Algunos son alumnos de la Escuela Naranja. “¿Alguien puede confirmarme una cosilla…? Lo que pasa es que un profe está diciendo ahorita en su clase, mostrando un arte… Algo sobre gente incinerada y puesta en latas de leche gloria en el gobierno de Fujimori. ¿Esto es verdad? ¿Alguien sabe algo de eso?”, preguntó una alumna. En el grupo nadie le respondió. 

Los restos de cuerpos devueltos en cajas de leche Gloria –no en latas– fueron de algunos de los nueve alumnos y un profesor asesinados por el Grupo Colina después de ser secuestrados de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, conocida como La Cantuta. Entre ellos estuvo el hermano de Carmen, cuya declaración abre esta nota. Pero no fue el único operativo del destacamento. La matanza de Barios Altos, en la que 15 personas fueron asesinadas, incluyendo un niño de 8 años, también fue de su autoría.

Aunque es correcto afirmar que el responsable principal de los actos criminales durante la guerra interna fue Sendero Luminoso, como bien indica la CVR, el Grupo Colina es un actor que no puede dejar de ser mencionado en una clase sobre el rol de las Fuerzas Armadas en los años 90. Al menos, no en una que pretenda ser completa.

¿Por qué se debe mencionar el terrorismo de Estado al hablar sobre la guerra interna? “La importancia es que puedes empezar a abrir diálogos. El joven puede investigar por él mismo”, aclara Gladys Ayllón, magister en Derechos Humanos y doctora en Educación. Cuando se ofrece a los jóvenes una sola versión de lo que sucedió, explica, hay adoctrinamiento.

Reclamar memoria

Los familiares de las personas asesinadas por fuerzas del Estado transitan todavía por un largo proceso de búsqueda de justicia. Y para ellos es fundamental construir memoria. El silencio y la omisión los afecta. “La verdad sobre la derrota de las organizaciones subversivas es diferente de la ‘verdad oficial’ construida en la década del 90”, dice el Informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR).

En su exposición, Tubino dijo que los cuestionamientos de violaciones de derechos humanos fueron aislados y mínimos. “Se implementó una política sistemática de violación de derechos humanos. No era un grupo aislado, había una logística. Su rol era asesinar y desaparecer personas”, responde Carmen Amaro, la hermana de Armando. Y la CVR ha sido explícita. “El despliegue incluyó procedimientos de eliminación selectiva y otras formas de violaciones de los derechos humanos”, dice en referencia a la estrategia antisubversiva de Fujimori.

Lo que sucedió, para Carmen, está claro. “Lo que nos ampara es que hay sentencias judiciales. Judicialmente se les ha ganado”, sostiene. La opinión de un familiar de una víctima, aunque imprescindible para entender a los afectados por el discurso fujimorista, puede parecer obvia. Lo imprevisto, sin embargo, es la posición de alguien que participó en la guerra desde el otro lado, empuñando las armas.

Sudaca se comunicó con un exagente de inteligencia que participó en operativos que la justicia ha determinado que estuvieron ordenados por el gobierno. Su nombre no puede ser revelado. Su posición es que la acción del Grupo Colina fue necesaria para terminar con el terrorismo, una idea que probablemente Tubino comparta. El problema es que, así la comparta, omitirla borra del mapa también a los perpetradores directos.

El exagente concuerda con Carmen en que el silencio sobre las acciones del Ejército merece revisarse.Aunque, claro, entiende por qué no los mencionan. “No vamos a esperar que reconozcan lo que tuvimos que hacer. En inteligencia nunca esperamos reconocimiento. Pero es necesario dar explicaciones”, dice. Por supuesto, él está en la orilla opuesta a los familiares de las víctimas. Sostiene que no hubo violaciones a los derechos humanos. Su posición busca justificar los hechos, no omitirlos.

Cuando se le preguntó si se sentía traicionado por el fujimorismo, respondió: “Quién no se va a sentir afectado de que no se reconozca el sacrificio que hicimos”. Y remarca que cuando salga de la cárcel quiere hablar. “Espero que en alguna oportunidad nos den el estrado y nos escuchen”, afirma. El silencio es criticado desde orillas opuestas.

Riesgos sociales

“Para cualquier persona que tiene entendimiento de lo que pasó, este negacionismo resulta ridículo. Las diversas acciones están documentadas”, resalta Cano. La abogada también explica el riesgo de subestimar las omisiones. “Me preocupa que quieran llevar esa mirada unilateral, sesgada, a las posiciones oficiales”, dice sobre un eventual gobierno fujimorista, que este medio ha evaluado improbable, pero no imposible.

Sudaca buscó los descargos de la Escuela Naranja a través de su coordinadora académica, Flor Meza. La también candidata al Congreso por Fuerza Popular prefirió no declarar. “Mi función es netamente académica”, argumentó.

La omisión naranja no es solo una anécdota. Para Cano, si no hay conocimiento de la verdad, los crímenes tenderán a repetirse. Ayllón es más radical. “Tienes gente fundamentalista. Estamos reproduciendo personas con fuerza de negación. Falta empatía hacia el otro. No podemos construir una sociedad democrática si no importa lo que siente y piensa el otro”, afirma.

“¡Muy interesante las clases de la Escuela! ¡Sería muy importante compartirlas con los jóvenes y que conozcan nuestra verdadera historia! Mis clases las compartí con ellos y mi hija, que está a puertas de cumplir 15 años lo hizo igual con sus amigas del colegio. Muchas veces estos jóvenes están llevando el odio de sus padres y desconocen mucho de nuestra historia”, escribió una de las alumnas en el grupo de WhatsApp. “Debemos unirnos, informar a nuestros hijos… y que no se dejen manipular”, publicó otra.

Carmen Amaro, la hermana de una víctima del grupo Colina, deja el mensaje que le enviaría a los alumnos de la Escuela Naranja que no conocen lo que hizo el destacamento: “antes de creer, sean investigadores”. 

Fin de curso

El fujimorismo está construyendo su propia versión de la verdad. El mes pasado Sudaca analizó el caso de la supuesta revolución educativa fujimorista, también mencionada en la Escuela Naranja, que llevó –entre otros– al caos y la precariedad del mercado universitario. Pero este caso es más grave porque involucra a víctimas mortales.

“Tengo 18 años y ahora sé que no es verdad lo que me decían del presidente Fujimori”, comentó uno de los inscritos en el evento del lunes. “La Escuela Naranja es la verdadera historia contemporánea de nuestro país”, remató otro. La verdad incompleta ha sido propagada. Al terminar el evento de clausura de la escuela, Keiko Fujimori dijo: “Gracias por defender al fujimorismo”.

Queda en manos de todos los ciudadanos definir qué verdad va a trascender en la historia. Las elecciones de abril serán un termómetro para medir la potencia de la desinformación y la exacerbación del discurso antagónico naranja. Mientras tanto, el Perú sigue bastante lejos de alcanzar la reconciliación. El silencio, para ello, es el peor veneno.

Nota de edición: Alejandro Guzmán, el autor de esta nota, también escribió el artículo La versión naranja de la educación. Ese artículo fue firmado con un seudónimo para evitar que el reportero sea sacado de la Escuela Naranja y de sus grupos de Whatsapp. El reporteo continuaba para esta segunda publicación. Ahora que ha terminado el curso, su nombre puede ser revelado sin problemas. 

En esta nota hemos decidido mantener en reserva la identidad de los alumnos del fujimorismo, dado que no se trata de autoridades ni figuras políticas públicas. Los pantallazos que acompañan el texto, así como las citas literales que se reproducen en el mismo, son apenas unos pocos fragmentos de las conversaciones que este medio ha podido recopilar. 

Una de las consecuencias de las últimas movilizaciones ha sido el retorno del debate sobre una nueva Constitución, como parte de las reformas que el Perú necesita de cara al bicentenario de su independencia. Si se requiere una modificación total o parcial de la Carta Magna, las vías más idóneas para lograrlo y los puntos específicos que demandan un cambio urgente son hoy –con más fuerza que en los últimos veinte años– parte de la discusión pública.

Y no es coincidencia que esto haya crecido con el descontento de los jóvenes, reflejado luego en las protestas a nivel nacional. Una semana antes de que el Congreso decida vacar al expresidente Martín Vizcarra, una encuesta de Datum reveló que el 56% de los peruanos estaba a favor de tener una nueva Constitución. Otro 27% dijo estar en contra. Entre quienes apostaban por el cambio, el 31% respondió que la principal razón es incrementar los castigos a los corruptos y el 25% señaló que no podíamos continuar con la Constitución concebida luego del autogolpe de Alberto Fujimori. Un 20% consideró que se deberían incluir mayores sanciones para los delincuentes.

La opinión ciudadana –que el lector puede juzgar justa, acertada, errada o extraviada– está sobre la mesa. A la par, se ha creado una nueva bancada en el Congreso que tiene un nombre bastante explícito, Nueva Constitución, y que se suma a similares pedidos –por ejemplo– del Frente Amplio. Así, es oportuno evaluar lo más conveniente para el país. ¿Qué camino es el más viable para los cambios que la Constitución requiere? ¿Cuáles son esas reformas urgentes? ¿Es necesario el cambio total o una reforma parcial?

Las vías 

El abogado constitucionalista Luciano López recuerda a Sudaca que existen dos caminos para las modificaciones a la Constitución. El primero es a través del Congreso de la República: el artículo 206 contempla la posibilidad de que se puedan hacer reformas parciales. “Pero no soy partidario, los congresos nos han demostrado que son de visiones cortoplacistas, que se llevan por intereses de coyuntura, no han sido capaces de llevar una reforma política,el próximo parlamento que venga va a ser tan igual que este o el disuelto”, opina.

El especialista precisa que el otro camino es el referéndum: una consulta promovida por la ciudadanía. “La única posibilidad de hacer una reforma total con la Constitución actual es llamando a un referéndum. O que la presión ciudadana desemboque en una herramienta legal como el referéndum. La Constitución reconoce el derecho de los ciudadanos a convocar a referéndum”, señala.

López plantea que en esa convocatoria se consulte a la población si quiere una Asamblea Constituyente o quiere a una comisión que se encargue solo de reformas parciales. Él es partidario de la creación de una convención nacional que vea cambios específicos. “Un órgano que se dedique solo y exclusivamente a ver las reformas, terminan su trabajo y se van, plantean reformas hacia el futuro. Un Congreso no te va a ver algo así, al menos ya nos lo han demostrado”, dijo.

Su propuesta tiene un elemento clave: que el proceso no quede atrapado en el sistema político y partidario que nos llevó a la crisis. O, en otras palabras, que no sean los mismos políticos que han generado el caos del último mes los que redacten las reformas. Buscar independientes para que hagan el trabajo es un método que también podría aplicarse en caso se optara por redactar toda una nueva Constitución.

“Propongo que la convención se forme por voto popular con listas independientes para participar. De esa manera no te pones en manos de los partidos. Es más o menos lo que se hace en Chile, las elecciones para elegir a los miembros de su Asamblea Constituyente se van a hacer el mismo día que las elecciones generales en Perú, y ellos han elegido una fórmula en la que van a participar miembros de los partidos y listas independientes. Creo que podríamos buscar gente que no le interese estar en partidos pero le interese participar en una reforma estructural”, explica.

El constitucionalista dice que “lo rescatable del último quinquenio es que nos ha demostrado que el sistema político tiene una serie de fallas, no tiene como desahogar, por ejemplo, las tensiones entre Ejecutivo y Legislativo. Tenemos un sistema demasiado parlamentarizado”.

El economista y exjefe de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP Juan José Marthans, por su parte, tampoco le cierra las puertas a un referéndum como primera vía para una nueva Constitución. “Primero hay que definir qué se necesita modificar de la Constitución y en el caso extremo ponerlos a consideración de un referéndum, para que se defina si hay cambios o no, en qué espacios, en qué temas, y sobre eso se trabajen a nivel del gobierno o de Asamblea Constituyente las reformas del caso”, añade.

“Hay que propiciar el cambio de la Constitución con ciertos lineamientos. La que tenemos ahora lamentablemente se ha dado al amparo de uno de los gobierno más corruptos en la historia del Perú, eso no es una buena distinción para un peruano que tenga un mínimo de vergüenza democrática en el país”, asegura. El centro del debate pasa, entonces, del cómo –mediante cambios puntuales o un nuevo texto– al qué.

Principales reformas

¿Qué es exactamente lo que se debe cambiar de la Constitución? López considera que lo más conveniente es un cambio parcial, donde el tema prioritario son los capítulos vinculados a la estructura del Estado. “Ahí está la gran reforma, ahí sí hay que cambiar todo, requiere una profunda reforma”, dice.

“Al capítulo económico no le haría mayor modificación. La experiencia nos ha demostrado que el gran problema que tiene el Perú es la informalidad, entonces una buena estrategia puede ser establecer cambios constitucionales pero para incentivar del Estado una serie de obligaciones destinadas a la formalización de la economía”, agrega. En el capítulo 2, relacionado a derechos sociales y políticos, podrían hacerse ajustes vinculados al derecho a la salud, la seguridad social y las pensiones.

Marthans considera que la prioridad entre las modificaciones que necesita la Carta Magna está en el terreno político, pero no niega la posibilidad de que se cambie el capítulo económico. “La Constitución ha sido sistemáticamente violentada en todos sus capítulos, incluyendo el económico”.

Marthans hace un llamado sensato a los empresarios: “oponerse a una reforma va a ser un gran problema, ello podría exacerbar los ánimos, hay que ser inteligente”. “Lo ideal –matiza– es que en este último ambiente [el económico] se genere una reforma sin mellar los pilares básicos y el alcance de la definición de subsidiaridad del Estado. Creo que es esencial que se mantengan esos pilares a efectos de evitar un retroceso”.

Como primer punto a modificar propone la necesidad de reforzar los mecanismos que permitan evitar “niveles de concentración extremos” en mercados. Para eso hay que darle un rango constitucional a Indecopi, el ente regulador encargado de velar por la libre competencia, agrega. También afinar medidas para que el capítulo económico sea respetado por todos los agentes económicos, así como remarcar que el Parlamento no tiene posibilidad de iniciativa de gasto.

“Si es que se evalúa la posibilidad de una nueva Constitución, tiene que hacerse con mucho cuidado porque si se abre la posibilidad del capítulo económico y se afecta negativamente el rol subsidiario del Estado y la autonomía de ciertas instituciones con carácter institucional, entonces vamos a dar un paso atrás inmenso”, insiste.

Tanto López como Marthans son partidarios, en primera instancia, de hacer reformas puntuales al texto constitucional. Pero ninguno de los dos se horroriza con la posibilidad de redactar una nueva Carta Magna, incluso si esta decisión parte del voto popular. El debate, tanto en las calles como en la clase política, está abierto. Toca abordarlo y no huir de él.

Con su startup ha creado una innovadora forma de vender pescados frescos vía online. Pero para lograrlo, ha tenido que vencer estereotipos y al machismo que asegura que las mujeres, no pueden pescar.

Pucusana es un nostálgico balneario ubicado a 58 kilómetros al sur de Lima. En esta añorada caleta y rodeada de lanchas que parecen reposar sobre un manto platinado se encuentra Karin Abensur, una pescadora artesanal de 37 años que, como hija del mar, pretende hacer una oceánica revolución: empoderar a la mujer, luchar contra el hambre y fomentar la pesca sostenible en el país con su emprendimiento, Karin Ecofish.

Karin Abensur Montes de Oca fue la primera pescadora artesanal de la playa Punta Hermosa. Su historia con el mar comenzó cuando tenía doce años y entró por primera vez al océano acompañada de una tabla de surf. Ahí, surcando las olas, cayéndose y levantándose, entabló amistad con los pescadores. Aprendió sobre sus faenas, sus anécdotas. La dura vida del mar que la cautivaron y la motivaron a estudiar ingeniería pesquera en la Universidad Agraria La Molina y, para que ahora creara Karin Ecofish, su negocio online de venta de pescado fresco fileteado, envasado al vacío y con reparto a domicilio.

“Cuando entré al mar de Pucusana lo hice con un pescador que era muy conocido aquí y se hizo mi pata. Como estaba a su lado, todo el mundo lo miraba. No era bien visto que las mujeres entren al mar, de madrugada y a pescar. Entonces él les respondía: “¿Qué les pasa? ¡Es mi hija!”. Y todos callaban”, cuenta Karin.

Pero un día el pescador se fue y ella se quedó sola. La gente le preguntaba por su supuesto padre y ella respondía: ‘Él me ha mandado sola porque ya aprendí. Si no hubiera sido por él, hubiera sido más complicado ingresar a este mundo”, recuerda.

A Karin le ha tocado imponerse en un mundo dominado por hombres y el machismo. Por eso se ha encargado de luchar contra los estereotipos, esa batalla silenciosa que aún nos queda por ganar.

“Todos los seres humanos merecemos respeto y eso quiero lograr con Karin Ecofish: la igualdad. No porque soy mujer tengo que aceptar que me falten el respeto. Yo me siento con las mismas capacidades que cualquier hombre de mar”, refuta, quien fue elegida Pescadora artesanal del año 2018 por el Ministerio de la Producción. ¿Los argumentos? impulsar la pesca sostenible. ¿Qué la enamoró del mar?, le preguntamos.

“Estar en contacto con la naturaleza es más placentero que escuchar los cláxones de la ciudad. Mi meta siempre ha sido dedicarme a la pesca”, dice.

La mujer y el mar

Karin trabaja de la mano con las fileteadoras de Pucusana. A través de su empresa social no solo se encarga de darles trabajo sino de empoderarlas, capacitarlas y darles empleo para que logren una independencia económica que les permita valerse por ellas mismas.

“¿Por qué todo es para el pescador? Todo es para el hombre pescador, cuando estas señoras están fileteando y con las manos mojadas desde las 2am”, reclama, en el puerto de Pucusana.

Para el 2021 Karin Ecofish tiene dos nuevos proyectos. El ingreso de nuevos e innovadores cortes de pescados como pejerrey y especies de estación, como el bonito y el perico. Además de hacer hamburguesas de lomo de bonito y cortes parrilleros.

Los nuevos productos a base de pejerrey serán posibles gracias a que en noviembre del 2020, Karin Ecofish fue beneficiada con los fondos del Programa Nacional de Innovación en Pesca y Acuicultura.

Además, con su proyecto busca que el consumo del pescado se incremente. Para la FAO, el objetivo al 2025 es que el peruano consuma 27.6 kilos de pescados al año. Actualmente es de 17.4 kilos.

Pero para que Karin, sentada sobre su bote, pueda contar ahora su historia tuvo que pasar duras batallas. Sufrir derrotas, golpes de ola capaz de tumbar al nadador más cuajado.

No solo tuvo que vencer los prejuicios de que las mujeres no pueden ser pescadoras. También batalló contra las altas tasas de interés de los bancos que le impedían (o le dificultaban) acceder a préstamos para potenciar su negocio, además de luchar contra la informalidad de la pesca artesanal en el Perú.

Pero enfrentó esas batallas y su startup se ha convertido en una de las más innovadoras del país: ofrece ocho tipos de cortes de pescado listos para cocinar. Vienen congelados y sellados al vacío. Los cortes más solicitados son: Ceviche, Tiradito, Escabeche, Sudado, Jalea. La comercialización es vía web y los clientes pueden programar sus compras y a la vez saber el origen de los productos que están adquiriendo. Y de paso, conocer las historias de las personas que hicieron posible que aquellos productos estén en la mesa. La distribución de sus productos es directamente a la puerta de sus clientes.

Más de 1000 pescadoras

En el Perú existen más de 76 mil pescadores artesanales, según el Ministerio de la Producción. De ese total, unas 1300 son mujeres. Con un universo tan grande de pescadores, le preguntamos a Karin ¿Cómo logramos una pesca sostenible?

“Hay que fomentar la pesca responsable. Hay que ponerse la camiseta como pescador, como consumidor y también como vendedor y no fomentar el consumo del lenguado, de la chita y la corvina”, dice. Y agrega: “Son especies que viven 40 años, no los puedes matar al año porque estas colaborando a que desaparezcan”, señala.

No volver a ver una especie es cruel. Por eso Karin pretende formar la Asociación de Pescadores Responsables y que se sumen los pescadores de todo el litoral. La hora de la pesca sostenible, llegó.

Así es Karin Abensur Montes de Oca, una pescadora artesanal que lidera su propia revolución. Una mujer que rompe con los moldes, la hija del mar que desde su espacio ha sabido quebrar estereotipos, dar empleo y levantar la bandera de la sostenibilidad. Su voluntad, es tan grande como el mar.

Dato:

Los pedidos a Karin Ecofish se pueden hacer vía redes sociales. Facebook: @karinecofish1234. Instagram:  karin_ecofish. Whatsapp 987104168.

Por Gabriela García y Romina Mendoza

Lucía Guevara tiene 43 años y ha sido trabajadora del hogar desde los nueve. Cuando comenzó la cuarentena no pudo salir de su lugar de trabajo durante dos meses. “Normalmente [antes de la pandemia] trabajaba doce horas diarias. En la cuarentena tuve que quedarme a cuidar a tres adultos mayores, los cuales tenían miedo de que los contagie. Tuve que hacer todo tipo de servicios y aumentaron las labores por el mismo sueldo. El estrés era demasiado. Prácticamente me quedé encerrada en el trabajo”, cuenta.

La casa en la que Lucía trabaja no está habilitada para alojar permanentemente a más personas. Ella tuvo que improvisar para poder dormir, bañarse, comer o contar con un poco de privacidad. “Lo básico que una trabajadora del hogar necesita es tener un baño propio. Una empleadora jamás permitiría compartir el mismo wáter con su trabajadora”, menciona Guevara. Además, se vio en la obligación de atender todo el día a sus jefes. Llegó, incluso, a no dormir.

Durante la emergencia sanitaria por la Covid-19 el silencioso problema de las trabajadoras del hogar se ha agravado: despidos intempestivos, aumento de la carga laboral, reducción de sueldos, discriminación, retención en sus lugares de trabajo y falta de protocolos de seguridad. Esos son apenas algunos de los problemas a los que más de una se ha visto expuesta.

Carmen Almeida, dirigente del Sindicato de Trabajadoras del Hogar de Lima (Sinttrahol), asegura que los derechos de las trabajadoras se han visto gravemente vulnerados. “La situación para nosotras ha sido muy crítica. El 80% de nuestras compañeras fueron despedidas. Otras quedaron prácticamente secuestradas en sus propios trabajos y a muchas les han reducido los sueldos”.

Se trata de números preocupantes recopilados por más de un gremio. La Federación Nacional de Trabajadores y Trabajadoras del Hogar Remunerados del Perú (Fenttrahop) calculó en septiembre que 6 de cada 10 trabajadoras del hogar habían sido despedidas, según El Comercio. Sudaca ha recopilado algunas de las historias detrás.

Denuncias laborales en pandemia

Catalina Robles (es un seudónimo, a pedido suyo), de 46 años, es trabajadora del hogar desde que tiene memoria. Su último trabajo durante la pandemia fue en una casa en Ate, en septiembre, y duró solo 4 días. “Me dijeron que me encargaría de la limpieza, cocina y lavado de ropa para tres personas. Cuando llegué, me di con la sorpresa de que eran cinco. Yo estaba mal del brazo. Pese a ello, la señora me obligaba a lavar la ropa a mano. No aguanté más. En la agencia que me contrataron me dijeron que me pagarían S/1000, pero luego los empleadores me pagaron menos porque decían que tenían que evaluar primero mi trabajo. Tampoco me querían dar el contrato. Solo cuando lloré y supliqué, me mostraron una parte”, recuerda.

La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) es el ente encargado de supervisar y fiscalizar que se cumplan los derechos laborales de las trabajadoras del hogar: condiciones de trabajo dignas, entrega de implementos de bioseguridad por parte de los empleadores, pago de horas extra por encima de las 48 semanales, gratificaciones, CTS. Todos estos derechos están recogidos en la nueva Ley de las Trabajadoras y Trabajadores del Hogar, publicada en octubre. Según la Sunafil, sin embargo, del 16 de marzo al 28 de septiembre recibieron apenas 36 denuncias de trabajadoras del hogar, de las cuales 18 se dieron en Lima Metropolitana. Lo cierto es que pocas llamadas a la central de denuncias terminan en un proceso de inspección.

Almeida, por ejemplo, reclama que en estos meses llamaron a la Sunafil para reportar 16 casos. No consiguieron que se abra un solo proceso de inspección. En el último mes también fueron ignoradas: enviaron seis denuncias mediante la plataforma virtual de la entidad, pero no obtuvieron respuesta. “Cuando llamaba, decían que en ese momento no tenían inspectores que pudieran salir a la calle, porque no tenían los equipos de protección personal. La Sunafil me decía que llamara a la Policía para que intervenga la casa en la que trabajaba la compañera y que pida que se la lleven”, afirma.

Esto lo confirma Lucía, quien intentó denunciar y no tuvo respuesta. “Cuando pasaron 60 días en los que estuve encerrada en la casa de mis empleadores, llegué a mi tope de estrés. Los señores salían a la calle todos los días y no se cuidaban. Yo vivía con miedo a que me pudieran infectar. Llamé a Sunafil, pero nadie contestó. Necesitaba que alguien tome mi llamada y pueda constatar que yo estaba ahí trabajando por si me contagiaba”, cuenta.

Denunciar ante la Policía o iniciar un proceso judicial puede llegar a ser imposible para una trabajadora del hogar. “Es muy difícil para ellas. Hay diversas trabas para constatar los hechos, en la medida en que no se puede entrar fácilmente en una casa o no existen las pruebas suficientes. En ocasiones, la trabajadora del hogar ni siquiera conoce el nombre completo de su empleador. Además, es un sector económico con remuneración básica, por lo que no se puede dar el lujo de costear un proceso judicial”, explica la abogada laboralista Andrea Chávez.

El riesgo de volver al trabajo

María Salazar tiene 45 años y trabaja desde que tenía ocho. El 12 de marzo sus empleadores la mandaron a su casa porque comenzó a tener síntomas de Covid-19. “Se enteraron que tenía la enfermedad y desde ahí no he vuelto a trabajar”, cuenta. ¿Se ha establecido algún mecanismo seguro para que las trabajadoras del hogar retomen sus labores?

Con los protocolos para la nueva normalidad y la reactivación económica, en junio el Ministerio de Salud (Minsa) promulgó dos resoluciones ministeriales: la RM N°377-2020, que obliga a cada empresa a elaborar, registrar y entregar a cada trabajador un protocolo de vigilancia, control y prevención contra el Covid-19; y la RM N°448-2020, que contiene los lineamientos de bioseguridad para la prevención del Covid-19 que deben seguir todos los empleadores y trabajadores. Ambas resoluciones incluyen los servicios de limpieza y asistencia en el hogar. Es decir, a las trabajadoras del hogar.

Cuatro meses después de que iniciara la reactivación de las actividades laborales, en octubre, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) publicó la Guía de Seguridad y Salud en el Trabajo para evitar la propagación del Covid-19. Este documento no es un protocolo de bioseguridad, sino una guía básica de consulta para que los empleadores de las trabajadoras del hogar puedan elaborar uno propio.

Sin embargo, la demora del ministerio y la deficiente fiscalización de Sunafil puso en riesgo a las trabajadoras. El Sinttrahol tuvo que realizar un protocolo propio con recomendaciones básicas. “Los empleadores no han sido cuidadosos con la salud de las trabajadoras del hogar. Así como ellos, también tenemos familia y no queremos contagiar a nuestros hijos y padres. Realmente nos cuidamos como podemos. Nosotras mismas compramos todos los implementos de desinfección”, indica Almeida.

Sálvese quien pueda

A pesar de los esfuerzos, el constante contacto con las familias y personas a las que atienden expone a las trabajadoras a mayores riesgos que los de otros empleos. Los jefes no siempre respetan el distanciamiento social y tampoco quieren asumir los protocolos. “Fue un lío porque la señora dice que no está obligada a pagar una prueba Covid. Yo compro con mi propio dinero las mascarillas, porque ella no me ha dado nada, ni lo va a hacer. Dice que no le corresponde”, afirma Lucía.

Además, por la naturaleza de su labor, las trabajadoras no pueden estar todo el tiempo con la protección correspondiente. “Normalmente utilizamos la mascarilla [en el trayecto] de nuestro hogar al lugar de trabajo. Nos cambiamos los zapatos y la ropa al entrar a la casa de la empleadora. Muchas empleadoras nos obligan a permanecer con la mascarilla, pero si estás cocinando debes probar lo que haces. No vas a ir a la cocina con mascarilla, ¿no?”, comenta Almeida.

La necesidad de generar ingresos es lo que las lleva a someterse a este tipo de prácticas, que ponen en riesgo su vida y la de sus familias. “Les hablo a mis empleadores del protocolo de seguridad, pero a ellos no les importa. Al final les dije que cada uno se cuide como pueda. Si nos vamos a morir, lo haremos juntos, porque yo ya me cansé”, finaliza Lucía.

A pesar de los protocolos ministeriales y del esforzado trabajo de sus gremios, la realidad es cruda: al final, la mayoría de trabajadoras debe cuidarse sola. Durante estos meses, muchas de ellas han tenido que lidiar con sus empleadores como una carga –antes que una ayuda– para su seguridad sanitaria. Y lo han hecho sin el apoyo de la Sunafil ni la supervisión efectiva de sus derechos. Los riesgos de la pandemia seguirán en el Perú, por lo menos, durante varios meses. ¿Seguirá la silenciosa batalla de las trabajadoras del hogar por cuidarse en casas ajenas?