La demanda de nueva constitución, que parece ser el único punto de programa del presidente Castillo, no tendría por qué ser motivo de conflicto si se debatiera en los términos políticos normales, para los que existen cauces preestablecidos. Pueden avanzarse argumentos a favor y en contra, con seguridad acalorados, sobre el tema, pero así es el quehacer político. Y se gana o se pierde en la cancha, con todas las de la ley. 

Lo que no se debe hacer es colocar un tema propiamente político, incluso ideológico, por importante que sea, por encima del manejo de la agenda diaria, de las demandas urgentes de la población. De la gobernabilidad, en suma. 

En un texto muy conocido   el historiador Alberto Flores Galindo cita a Aristóteles que dice que: “la diferencia real entre democracia y oligarquía es pobreza y riqueza. Siempre que los hombres gobiernen en virtud de su riqueza, sean muchos o pocos, estaremos ante una oligarquía; y cuando los pobres gobiernan, estaremos ante una democracia.” Y concluye diciendo, a partir de la cita del estagirita, que “Democratizar el Perú significaría construir otro tipo de relaciones sociales y otra forma de organizar el poder. La democracia exige la revolución social.” Esa afirmación que suena subversiva, sobre todo en un país como el nuestro, no tendría por qué serlo. ¿Alguien puede negar que hay una agenda de exclusión y pobreza pendiente, aquella que, al hacerse cuerpo en la figura que representaba, como candidato, el profesor Pedro Castillo, lo llevó a la presidencia de la república?

Pero, esa revolución social no requiere de grandes movilizaciones, no se trata de tomar el palacio de invierno, ni de asambleas populares tipo soviets para concretarse. El presidente Castillo tiene, hasta que la población decida si quiere o no cambio de constitución, todo en las manos para realizar profundas transformaciones, muchas de las cuales ni siquiera requieren del amén del Congreso de la República. 

Atender las demandas de un electorado pendiente de sus decisiones para saldar aquella deuda histórica, en un contexto de minoría en el Congreso de la República, y una mayoría de la prensa opositora que no le va a perdonar ni cuándo estornuda, podría ser posible. Sin embargo, el señor presidente Pedro Castillo no está haciendo nada para alcanzar este objetivo que el destino puso a su alcance. Y él, y toda la izquierda que lo acompaña, están perdiendo una oportunidad histórica.   

Pedro Castillo, en suma, debiera estar resolviendo el dilema de iniciar el proceso de atender la deuda pendiente hacia una mayoría poblacional, con lo que, según Aristóteles, actuaría en democracia. Pero no es eso lo que está haciendo. 

Para Castillo no importa el ambiente

No voy a centrarme en la total ausencia de acciones políticas relevantes en todos los sectores, salvo la eficacia solitaria de Pedro Francke en el Ministerio de Economía. Quiero referirme a aquello en lo que, con toda razón y sin dudas, ya se ganó el rechazo y la animadversión de toda la comunidad ecologista y la duda e inquietud del pueblo indígena. 

El debate técnico entre los dos candidatos a segunda vuelta, ya fue anuncio de que para ninguno de los dos candidatos se trataba de tema relevante. El dúo Castillo/Cerrón es igual al fujimorismo en su desprecio por el cuidado del territorio. La señora Celeste no recuerdo qué, representante de Perú Libre en esa ocasión, tuvo una presentación vergonzosa. 

Lo que siguió, una vez en la presidencia, es que Pedro Castillo nombró como ministro del ambiente a un abogado, Rubén Ramírez Mateo, sin vinculación alguna con la agenda ambiental, y que además tiene el antecedente de ser abogado de invasores de terreno para vivienda en Lomo de Corvina, en Lima, que no solo no es terreno apto para edificar, sino que es zona de protección arqueológica. Ramírez es hombre de Cerrón que, no me cabe dudas, quiere usar ese ministerio para negociar –vaya uno a saber cuáles – condiciones con las mineras y otras empresas extractivas. 

Enseguida, desde ese ministerio a manos de tan inepta persona se objetó la promulgación de la ley, aprobada por el Congreso de la República anterior, que establecía la obligación de protección, descontaminación, remediación y recuperación de cuencas hidrográficas afectadas por daños ambientales, al tiempo que concedía derechos a los ríos, y para la que solo faltaba la firma del presidente de la república: Castillo la observó asesorado por el Ministerio del Ambiente, y pasó a archivo, y con eso afectó los intereses de millones de ese “pueblo” al que Castillo aludía tanto en sus discursos. 

Un ejemplo sobre cómo esto afecta, sobre un caso que leo en un post de denuncia de un amigo que trabaja en la zona. En Parinacochas, los pobladores del distrito Coronel Castañeda, al sur de Ayacucho, reclaman a la empresa minera Ares por la muerte de truchas en el río Suyamarca y la contaminación del valle Huancahuanca. Si el presidente Castillo hubiera promulgado esa ley que observó asesorado por el peón de Cerrón, los campesinos afectados tendrían un instrumento legal firme para su defensa. Pero no la tienen.

El proyecto de construcción de un ferrocarril desde una región del sur hasta la costa central del país, que tendría como punto de partida el “nodo minero” ubicado en el Cusco o en Apurímac para llegar hasta el puerto de Marcona en el Océano Pacífico, implica la participación de grandes empresas mineras como, por ejemplo, la china MMG que explota Las Bambas – comunidad con conflictos pendientes que el presidente del Consejo de Ministros dejó meciendo en el aire, como sabemos – y la Southern Perú sancionada y con funcionarios culpables de delitos ambientales. Esto subraya la voluntad de continuar con la lógica extractivista de los gobiernos anteriores. ¿Novedad para el “pueblo” ?: pues ninguna. 

Por lo que se refiere a la actividad extractiva petrolera, lo mismo. Las federaciones de Pueblos Afectados por las Actividades Extractivas (PAAE), conformados en gran parte por los pueblos indígenas del circuito petrolero loretano, con lotes como el 192 y el 64 en Datem de Marañón, el 8 de Trompeteros, el 95 en Bretaña, víctimas desde hace 50 años de la destrucción de su entorno y ellos mismos con poblaciones enteras envenenadas, familias diezmadas, recibieron el año 2020, vía DS N° 145-2020-PCM, o Plan de Cierre de Brechas un monto compensatorio que no cubre tantas décadas de devastación y desgracias, pero es igual un monto importante, de 6 mil millones de soles. Falta definir si va a un fideicomiso administrado localmente con fiscalización de los pueblos indígenas, como piden las federaciones indígenas, o se diluye entre los sectores del gobierno central que, como se sabe por experiencia, es la mejor manera de que no llegue nada o la mitad a los beneficiarios.  

Al renovar las conversaciones con los funcionarios del Estado, los dirigentes indígenas se han topado con personas que manifiestan una relación de hermandad e igualitarismo casi infantil, muy buena voluntad, pero nulo criterio, ningún conocimiento ni experiencia, la improvisación como regla. También se mata “sin querer queriendo”, por usar la fórmula del Chavo del ocho que, al menos, reconocía su falta. Quizá aprendan, pero ese aprendizaje puede tener un alto precio, quizá años de retraso. 

La vasta idea de “pueblo” va a llevar, además, al gobierno de Castillo por senderos oscuros, más precisamente. Según reveló Roberto Ochoa hace algunos meses, el entonces candidato Castillo, conocedor como no conocía el gobierno de la fuga por pandemia a las actividades ilegales de miles de personas, fue al corazón de Madre de Dios a organizar mítines sin mayores cuidados, que planteaban desde facilitar la extracción de oro fluvial, incluso en áreas prohibidas, hasta “paralizar los operativos que erradicaron la minería ilegal de zonas como La Pampa”. Con oferta semejante, como bien decía Ochoa, de cumplirse, se abriría la puerta para la “colonización de áreas naturales protegidas, la extracción ilegal de madera, la siembra de cocales, instalación de laboratorios de cocaína, la construcción de trochas carrozables y de aeropuertos clandestinos, entre otras perlas contaminantes y depredadoras.”

Eso va en serio, los dirigentes de las federaciones indígenas del circuito petrolero, que tratan sobre sus problemas con los nuevos funcionarios estatales, los han escuchado, con aprehensión, hablar sin desparpajo del pueblo minero, maderero, cocalero, agricultor en la selva, al que hay que reconocer y apoyar para que realice su trabajo en la legalidad, es decir precisamente aquellas actividades que devastan Amazonía y constituyen una de las mayores amenazas para la sobrevivencia del bosque húmedo, y de los pueblos indígenas amazónicos. Pero también de bosques de neblina y bosques secos, hay que agregar. Las promesas de Castillo en Madre de Dios, iban en serio.

Iremos viendo sin mucha esperanza. Ya el mensaje del primer ministro ante el Congreso de la República, da una idea de hacia dónde va la cosa: aparte unas cuantas menciones sueltas, ni por azar una propuesta de política ambiental, en tiempos de urgencia climática. De ignorancia con respecto a qué se refirió el presidente de la república cuando habló de lucha contra la deforestación, en medio de un rosario de promesas: una sola mención a los bosques, y solo tangencial, una cita que quiso ser poética. Ni hablar del mar de Grau, sobre lo que tampoco hubo una línea, aparte de prometer pesca.

Queda claro, como dijeran en la Red Muqui, “que el gobierno de Pedro Castillo mantendrá una línea de continuidad en la política minera del país.” Es decir, de preferencia por los intereses de las empresas sobre los de las poblaciones, ni siquiera una promesa de trato equitativo. Y ello será en lo que se refiere a todas las actividades extractivas, hay que agregar: no solo minería, como ya vimos, incluyendo las peligrosísimas concesiones a cierto “pueblo” que debiera recibir alternativas a lo que hace, y no aliento depredador. 

En tiempos de urgencia climática, estas son noticias gravísimas. 

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