Es un Congreso deslegitimado, pero no por ello pierde las atribuciones que le corresponden. Y en ejercicio de ellas, ayer ha aprobado una buena reforma: la que retorna a la bicameralidad y permite la reelección inmediata de los legisladores. Ambas son positivas y se está a la espera de una segunda votación en la siguiente legislatura para finalmente ser incorporada en el texto constitucional.
Corresponde al Congreso efectuar reformas que enmienden los parches que se le efectuaron al proyecto de la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política, que presidió Fernando Tuesta, que, entre otras cosas, proponía justamente la bicameralidad y la reelección, y que la demagogia populista de Vizcarra hizo que se desaprobase en el referéndum convocado para ello.
En nuestro país la democracia está subrepresentada. Tener apenas 130 congresistas para 33 millones de peruanos nos coloca en el escalafón más bajo del ranking parlamentario mundial de calidad de representación política. Ello se empieza a corregir con esta reforma, pero es menester advertir que corresponde que vengan otras que refuercen esa perspectiva.
Por ejemplo, definir cómo será la elección del Senado, que podría ser en dos o tres grandes distritos macrorregionales, para evitar que la alta densidad poblacional limeña termine generando una cámara alta centralista. Asimismo, sería ideal que la cámara de Diputados sea elegida con distritos uninominales, que ayuden a evitar la dispersión y mejoren la supervisión ciudadana de los representantes. De la mano con ello, cabría pensar en la renovación por tercios o mitades.
Pero quizá la reforma más relevante es mantener la realización de las PASO (primarias abiertas, simultáneas y obligatorias), que permiten la elección de candidatos al Congreso de manera democrática por la ciudadanía y, lo que es más importante, la colocación de una valla (1.5% del padrón electoral nacional) para poder participar en el proceso electoral oficial.
Hay un proyecto impulsado por Fuerza Popular y apoyado por Alianza para el Progreso en la comisión de Constitución para abrir otras modalidades que desnaturalizan las PASO y vuelven a los esquemas opacos con los que normalmente se ha elegido las listas parlamentarias y se aligera la valla para poder participar, alentando la fragmentación partidaria para los comicios venideros. Este proyecto de modificación debería ser archivado.
Hay, como se ve, mucho trecho por recorrer y se espera que haya madurez política en el Legislativo para que el buen paso dado ayer sea continuado con otras acertadas decisiones.
[INFORMES] Hace aproximadamente unos 40,000 años, los neardentales que habitaban el actual territorio francés decidieron un buen día enterrar a sus muertos, creando una práctica que unos 25,000 años después se convertiría en el ritual sagrado de despedir y de enterrar a los fallecidos en terrenos destinados exclusivamente para ese fin.
Como quiera que desde ese lejano día, en que los miembros de esa comunidad humana ahora desaparecida decidieron guardar bajo tierra los restos de sus parientes fallecidos, hasta hoy han muerto unos 100 mil millones de seres humanos, según el Population Reference Bureau de Washington, el área ocupada por los muertos es inmensa, sobre todo en el vasto territorio euroasiático.
Si descontamos los cientos de miles de hombres, de mujeres y de niños enterrados en tumbas individuales o familiares en todos los continentes habitados por los cazadores y por los recolectores antes de la transformación de estos en seres sedentarios que aprendieron a domesticar a los animales y a cultivar estacionalmente los frutos y las verduras que antes recogían en su actividad nómada, nos quedan aún miles de millones de humanos enterrados en los cementerios que los humanos sedentarios crearon en los alrededores de las aldeas creadas hace más o menos 12,000 años.
Y este es el punto fundamental de la discusión abierta por los defensores de la intangibilidad de los terrenos situados cerca de los cientos de huacas existentes sólo en la ciudad de Lima. Pero antes de darle la palabra al arqueólogo Luis Jaime Castillo, ex ministro de Cultura, tenemos que describir rápidamente la epopeya de los primeros habitantes de América, quienes en un periodo no menor de 15,000 años y no mayor de 20,000 años poblaron el continente entero, y, para mayor gloria de sus descendientes en estas tierras, crearon Caral, las culturas Moche y Chimú en el norte y la Nasca en el sur.
Es en la parte peruana de esta epopeya sudamericana que sus primeros ocupantes crearon el mayor territorio arqueológico del planeta Tierra, y lo hicieron sin descubrir el uso de la rueda ni la escritura, que a otros hombres de esa misma época pero en otras latitudes les sirvió para recorrer mayores espacios en menos tiempo y trasmitir experiencias a sus descendientes.
Pero, mejor, leamos que nos dice nuestro entrevistado.
El ex ministro de Cultura, Luis Jaime Castillo, responde a los que defienden una deficitaria Ley de Cultura
¿Por qué nuestro país, que posee el patrimonio arqueológico más importante de América y cuya área es la más grande del planeta, no tiene las leyes que lo protejan y no colisionen con el imparable desarrollo inmobiliario del país?
El Perú es un país riquísimo en patrimonio cultural. En nuestro continente, solamente México tiene un patrimonio cultural comparable al peruano. El patrimonio peruano, en material mueble e inmueble no solamente es excepcional, sino que es numerosísimo y está en todas partes: las evidencias arqueológicas pre incas, incas, virreinales y republicanas están por todas partes, eso es algo que caracteriza la identidad nacional. Las evidencias las tenemos tan cerca que los peruanos no nos damos cuenta, pero si tú viajas a la Argentina encuentras que el edificio más antiguo es de 1890, vas a Chile y pasa lo mismo. En nuestro país, solo Lima tiene más de 350 huacas.
Las culturas del Perú antiguo se desarrollaron aisladas del resto del mundo, no recibieron influencia alguna ni de México ni de China ni de Europa ni de ninguna otra parte: todo lo que se conoce aquí en la parte arqueológica es creación independiente, aquí se inventó la cerámica; la metalurgia y la textilería existieron también en otros lugares, pero aquí se inventaron paralelamente sin influencia externa. Lo que hay en el Perú es sólo comparable con lo que hay en la China, con lo que hay en la India y lo que hay en Irak; con lo que hay en Grecia, en Roma y en México.
Es más, las expresiones físicas del patrimonio cultural son decrecientes, porque a diferencia del patrimonio natural una vez que se destruyen no vuelven. Y, además, nosotros hemos heredado ese patrimonio cultural, nosotros no hemos hecho nada para merecernos Machu Picchu, Chan Chan, Chavín de Huántar, por lo tanto tenemos la responsabilidad de legar esas maravillas a las siguientes generaciones, y tal como las recibimos.
Las invasiones en la zona Intangible de Chan Chan y otras zonas arqueológicas del Perú es una amenaza constante ante la inacción de las autoridades.
Aquí hablamos de patrimonio cultural, pero en realidad la palabra es herencia cultural, porque ese patrimonio nos lo va a reclamar la siguiente generación. Y en este momento tenemos que hablar de armonización, porque evidentemente en un país con tanto patrimonio usted tiene que balancear lo que ha heredado y lo que necesita para el futuro, o sea, hay que armonizar la protección con la necesidad del desarrollo. Y en base de ese principio durante años se ha generado una política de protección, de salvaguardia del patrimonio cultural. Esa política, a su vez, tiene una normativa, unos procedimientos, que permiten que se proteja el patrimonio y, también, que se desarrolle la sociedad como debe desarrollarse, que usted pueda hacer carreteras, que usted pueda hacer aeropuertos y pueda hacer una serie de cosas sin afectar la herencia cultural. Esas acciones desarrollistas a veces entran en conflicto, por ejemplo, con la construcción del aeropuerto de Chincheros, que un primer momento se quiso hacer a la mala: lo haga y no me importa lo que se destruye. Y el Ministerio de Cultura dijo “nosotros no vamos a autorizar la construcción del aeropuerto hasta asegurarnos que no se destruya nada”. Claro, hay gente que tiene opiniones divergentes, que dicen que ahí no debe haber un aeropuerto, pero hay que transar entre las dos opiniones contrarias. Ese es mi concepto de armonizar el pasado con el futuro. De cara a esa solución, a lo largo del tiempo se han ido gestando una serie de leyes y de reglamentos que regulan lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer; en base a todo eso se creó la Ley General de Patrimonio Cultural, que es una de las grandes leyes que existen en el país. Que a su vez esa ley tiene reglamentos, y, además, en torno al tema existen otras leyes y otros decretos firmados por presidentes y ministros, que no sólo regulan el tema arqueológico, sino también lo histórico, completan lo que no está en la ley original, convirtiendo la ley en una ley súper completa. Entonces, en junio de este año, entre gallos y medianoche, nuestro “ilustre” Congreso hizo una reforma a la ley, modificando la ley en una serie de capítulos. Si nos atenemos a las leyes, cuando el Congreso tiene una propuesta para modificar una ley, se la tiene que pasar al sector presuntamente afectado, y este sector puede y debe comunicarle las objeciones y decir “no va”. Por lo tanto la modificación es inconstitucional. Lo raro del caso es que la ley no fue observada por el sector Cultura, simplemente dejó pasar las modificaciones. Y aquí voy al tema: la ley modificada contiene una serie de barbaridades, es una Ley Frankenstein hecha con piezas de diferentes cuerpos. Es una ley estalinista que prohíbe los museos privados, pone a todos los museos bajo el brazo de hierro del Ministerio de Cultura, el cual decide cuáles museos pueden funcionar y cuáles no. Y es estalinista, además, porque el Director de Museos del Ministerio de Cultura es un comunista llamado Carlos del Águila, quien, felizmente, ya salió del ministerio. Pero la ley es, además, bárbara, porque permite que las casonas, los campos como el que ocupa el Morro Solar y los sitios arqueológicos puedan ser afectados en su integridad sin levantarles su condición patrimonial. Es una ley para lotizar los sitios arqueológicos y las casonas republicanas; parece ser una ley redactada por la sociedad nacional de traficantes de terrenos. La ley fue publicada en junio y antes de cumplir seis meses fue publicado el reglamento. La ley y reglamento permiten que cualquier empleadito de Defensa Civil pueda declarar inhabitable una casona y ordenar su demolición. Cuando se conoció la magnitud del despropósito, los arqueólogos comenzaron a moverse, los arquitectos colegiados también, intentando parar en seco la ley estalinista. Es en ese contexto que la mayoría de ex ministros de Cultura de diferentes tendencias políticas y sellos ideológicos firmamos un comunicado en defensa cerrada del patrimonio cultural del país, que, nuevamente, repito no es nuestro, porque tenemos que entregárselo íntegro a las nuevas generaciones, ya que es parte de nuestra identidad nacional. Como el Perú es un país establecido en una gigantesca área arqueológica, para muchos una de las más extensas del mundo. Hay miles de razones para defender ese patrimonio cultural, sin cortar las posibilidades de desarrollo de los linderos de los sitios arqueológicos. Para eso existe un sistema de protección, entonces, para socavar el sistema de protección existente en el Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos en Superficie (Cira), pareciera que la ministra Leslie Urteaga están buscando la forma de perforar las leyes que protegen nuestro patrimonio, y, de esa forma, dejar en manos de los traficantes de tierras el futuro de Chan Chan, de Caral, de Chavin de Huántar y, probablemente, Machu Picchu.
Para entender quiénes fueron los congresistas que se pusieron de acuerdo para perforar la ley que protege los activos arqueológicos del Estado, y cómo encontraron el apoyo de la actual ministra de Cultura, Leslie Urteaga, para intentar empoderar a los traficantes de tierras, le preguntamos al congresista Héctor Acuña, presidente de la Comisión de Cultura del Congreso:
¿Cómo se gestó el texto de la ley depredadora de los activos arqueológicos del Perú?
En 2022, cuando el congresista Alex Randu Flores presidía la Comisión de Cultura, un grupo de parlamentarios liderado por él produjo un dictamen aprobando ese acumulado de proyectos de ley que luego se transformaría en el texto depredador de los bienes nacionales. Cuando en agosto de ese año asumí la presidencia de esa comisión, los congresistas integrantes de esta dijeron que el dictamen aprobado no reunía los requisitos legales, y solicitamos al pleno que lo devuelva a la Comisión. Y dos o tres meses después, el dictamen regresa a la Comisión, aprobándose por mayoría y publicándose en junio de 2023. Se dijo, entonces, que esa ley protegería, mejorarla y utilizarla las nuevas herramientas contractuales y de gestión de proyectos para la sostenibilidad de los sitios arqueológicos. Es decir, que las huacas y monumentos sean súper protegidos y no amenazados como las ciudadelas de Caral y de Chan Chan, donde se han construido edificios de cuatro pisos ante la indiferencia del alcalde y la aquiescencia del ministerio, cuyas autoridades dicen que esos edificios tienen más de trece años de construcción.
Los invasores construyeron viviendas rústicas y realizaron surcos para colocar árboles de plátano y de tuna, dando inicio a un supuesto proyecto agrícola para apropiarse de más de una hectárea del sitio arqueológico de la Civilización Caral.
A propósito de eso, mi equipo de asesores ha revisado ese despropósito y ha concluido que en la ley que creó el Ministerio de Cultura existe la novena disposición que obligaba a ese portafolio a transferir en un plazo máximo de 120 días las unidades departamentales del extinto Instituto Nacional de Cultura (INC) a los gobiernos regionales. ¿Qué ha hecho el Ministerio con esa orden ejecutiva? Nada, nada de nada,
El año pasado les dije a mis colegas congresistas que no podemos seguir tolerando que todos los años el sector Cultura siga evitando la transferencia a los gobiernos regionales. Les dije: ¿entonces de qué descentralización estamos hablando?
Cuando en julio el Ministerio de Cultura publica un proyecto de reglamento que elimina el Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (Cira), los arqueólogos saltan hasta el techo y publican el comunicado contra el sector Cultura. Entonces, a pedido de varios congresistas se crearon unas mesas de trabajo que han concluido que se debe derogar la Ley 31770. Ese solo acto no arreglaría todo el problema, porque si no se aplica la novena disposición nunca habrá dinero para enfrentar todos los problemas.
En la primera reunión de trabajo también estuvo presente la viceministra de Cultura Haydeé Victoria Rosas Chávez.
Ha sido políticamente muy significativa la merecida censura al ministro del Interior, Vicente Romero. Que Fuerza Popular haya aportado su contingente de votos parlamentarios a esa causa merece un análisis político, anteponiendo la atingencia de que es una lástima que no se hayan sumado a ella las otras dos bancadas de derecha, Renovación Popular y Avanza País.
Resulta imperativo que la derecha marque distancia de este fallido y mediocre gobierno, que tenía en el tema de la inseguridad ciudadana una cima de incompetencia, con un ministro que no tenía la menor idea de qué hacer al respecto.
Lamentablemente, la opinión ciudadana identifica a este gobierno y a su tácito pacto con el Congreso como una gran coalición de derecha, y esa circunstancia, aderezada por la inmensa desaprobación al régimen, generaba un estado de cosas atentatorio de las posibilidades políticas futuras de este sector del espectro ideológico.
En aras de su duración hasta el 2026, el Legislativo se había aconchavado con el Ejecutivo, dándole argumentos a la percepción popular de un pacto vergonzoso entre ambos poderes del Estado.
Con decisiones radicales como la de ayer, se puede empezar a romper esa percepción, el Congreso empezar a recuperar un rol fiscalizador necesario frente a un gobierno tan inoperante en materias urgentes, como la inseguridad ciudadana, la crisis económica y la prevención del Niño (los siguientes interpelados deberían ser el titular del MEF y la ministra de Vivienda).
Y de paso, la derecha empezar a tomar distancia de la debacle institucional, social, económica y política en la que el país está sumido, en gran medida por la funesta gestión del izquierdista Pedro Castillo, cuya salida intempestiva le ha permitido, paradójicamente, a la izquierda, presentarse ahora como auroral y virginal oposición, asomándose como alternativa para el 2026, dado el creciente ánimo antiestablishment que dicha debacle produce.
La censura al ministro del Interior puede ser el inicio de una gran recolocación política de la derecha y permitirle así mejores posibilidades en las elecciones presidenciales venideras. Ojalá siga ese camino y en la próxima ocasión no sea solo el fujimorismo el abanderado de ese giro político estratégico.
[LA TANA ZURDA] Luego de su aparición el 2020 en Lima por el sello Hipocampo Editores, la reciente aparición en Nueva York del poemario Nawa Isko Iki / cantos amazónicos de José Antonio Mazzotti en edición bilingüe inglés-español (por Pro Latina Press) sitúa a su autor dentro de los grandes vates de la diáspora peruana en los Estados Unidos, aparte de su ya reconocida trayectoria en el contexto de la literatura latinoamericana. No solo eso: el prestigioso sello francés Éditions de l’Harmattan acaba de anunciar para dentro de muy poco una edición francés-español en París. Al llevar el mundo del Amazonas a un ámbito internacional, Mazzotti pone sobre el tapete la urgencia de una reflexión sobre esta vasta región amenazada por la deforestación y la extinción de grupos humanos y de una increíble diversidad biológica y cultural. Y lo hace con versos de impactantes imágenes que se originan dentro del ámbito de la misma selva para relatar leyendas y mitos e historias relacionadas con esta región.
Los poemas de Nawa Isko Iki derivan de un trabajo de campo de varios años con la comunidad iskonawa, en la selva de Ucayali. Hasta hace algunos años se pensaba que esta nación originaria estaba extinguida, pero gracias al equipo de investigación liderado por Mazzotti (en el que se cuenta el reconocido lingüista Roberto Zariquiey) se pudo hacer el primer trabajo de documentación amplia, que incluyó una pormenorizada gramática, el primer vocabulario y la primera recopilación de la tradición oral iskonawa. La lengua que hablan los miembros de esta comunidad es una de las diecisiete sobrevivientes de la familia pano, de notable importancia en nuestro territorio. Lamentablemente, el iskonawa, a diferencia de sus lenguas parientes como el shipibo-konibo y el cacataibo, cuenta con apenas unos veinte hablantes reconocidos y posiblemente un grupo más amplio (se calcula que unos 80) que aún viven en aislamiento voluntario en la Sierra del Divisor, su hábitat milenario, entre Perú y Brasil. Por eso, es absurdo hablar en Nawa Isko Iki de «apropiación cultural», como les gustaría decir a algunas «zorroras» que nunca han metido el pie en el barro de un río de la selva. Se trata de un trabajo consciente de recuperación, poetización y difusión aceptado por la comunidad porque eso empodera su agenda por la lucha de reconocimiento y mayores derechos. En ese sentido, Mazzotti se convierte en lo que los movimientos indígenas contemporáneos llamarían un aliado activista, estratégico en este caso por la visibilidad internacional del autor del poemario.
En Nawa isko Iki (que literalmente significa «soy del pueblo isko») la musicalidad del verso trasciende el lenguaje y lo reproduce también en el inglés, ya que Mazzotti mismo reescribió los poemas en la lengua de Whitman. Gran acierto es conservar en los poemas las palabras nativas que, pese a tener traducción al español y al inglés, connotan sabores, colores y sonidos inéditos en ambas lenguas. Asimismo, se logra con acierto en los versos en inglés la aliteración y la sutileza y sensualidad de las imágenes, muchas de ellas relacionadas con el carácter altamente erótico de las relaciones entre seres humanos y no humanos que habitan en la Amazonía. Al igual que en el castellano, donde la cadencia marca un ritmo propio del verso que le da gran vitalidad, en el inglés también se respeta esa intensidad para recrear el mundo mágico amazónico y la cosmovisión que privilegia la identificación entre humanos y otros seres vivientes.
Por ejemplo, mediante un lenguaje lúdico y elevado, el poeta recrea situaciones analógicas entre los animales para referirse a ciertos aprendizajes y valores. Así, aparecen el delfín de pecho rosado seductor de jóvenes mujeres, el Chullachaki o demonio multiforme que engaña a los extraviados y se los lleva al interior de la jungla, el perezoso que se embarca en una relación sodomítica con un hombre solitario, o el individuo que se transforma en huagana por amor. Cada uno de los poemas nos relata un origen, una experiencia de aprendizaje, un valor vital o una situación mundana donde los personajes son los que ofrecen alternativas y perspectivas para reflexionar sobre la vida misma.
La voz poética se identifica en su totalidad con la cosmovisión de la nación iskonawa, lo cual no es poco mérito. Como dijo en su momento el reconocido crítico Ricardo González Vigil, se trata de una de las mejores muestras de poesía latinoamericana con temática amazónica.
José Antonio Mazzotti estará visitando el Perú dentro de muy poco para realizar una serie de presentaciones, que incluyen también las de su nueva antología Murmullos del delfín Koshoshka, que edita el sello Némesis, dirigido por el poeta Manuel Kentore. Estemos atentos. Y salud (con masato) al poeta.
Ha hecho bien el segundo vicepresidente de la Confiep, Álvaro Correa, en señalarle al premier Otárola algunas contradicciones entre el discurso proempresarial que el presidente del consejo de ministros se lanzó a las orillas del Urubamba, en CADE, y algunas realidades que apuntan a todo lo contrario.
Así, hizo hincapié, entre varios ejemplos, en el tema de la regulación laboral, que fue impulsado por el gobierno de Pedro Castillo con la llamada Agenda 19, que se expresó en tres decretos del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) que prohíben la tercerización laboral, fomentan la sindicalización artificial en sindicatos, sectores económicos y grupos empresariales y liberalizan el derecho a la huelga. Los reglamentos al respecto siguen flotando sin que el Ejecutivo derogue dichos decretos.
Señaló a su vez la inacción del gobierno en la derogatoria de la eliminación de la Ley de Promoción Agraria, que hubiera permitido al sector capear el temporal que lo aqueja por el fenómeno del Niño. No solo se debería retomar esa beneficiosa ley sino ampliarla a otras zonas el país, como el mundo de la agricultura andina.
Finalmente, Correa puso sobre la mesa la arbitraria, irracional y antitécnica decisión del Ejecutivo de asignarle lotes petroleros a Petroperú, empresa quebrada y sin capacidad técnica de emprender exploraciones, en lugar de haber procedido a una subasta de los mismos a través de la empresa privada.
A ello habría que agregarle la desastrosa participación de la ministra de Cultura en la negociación írrita con mafias organizadas alrededor del santuario de Machu Picchu, la joya de la corona en materia del turismo nacional, que sigue atravesando una profunda crisis y que sin ese imán de visitantes no levantará cabeza.
Si estos temas no se resuelven y no se dan señales inequívocas de compromiso con la inversión privada, el señalamiento del premier de que se vienen por delante tres años para trabajar de la mano con los inversores capitalistas, lejos de tranquilizar los ánimos, los tornará más inciertos.
Si a todo ello le sumamos la conducta anti institucional de un Congreso desatado y sobrerregulatorio, se entenderá por qué la confianza empresarial para invertir está por los suelos. Y al respecto, cabe anotar también responsabilidad del Ejecutivo, que por no pisar ningún callo parlamentario, deja que el desmán se apodere del recinto legislativo, sin contrapeso ni acción política.
[EN LA ARENA] Una semana atrás el Congreso aprobó por insistencia el Proyecto de Ley que reconoce los derechos del concebido. Aprobar por insistencia significa que aunque el poder ejecutivo lo rechazó, el pleno del congreso volvió a votar a favor de su promulgación. Como este proyecto atenta directamente contra el derecho al aborto terapéutico e implica cambiar el Código Civil y toda la legislación vinculada, ya se habían pronunciado instituciones como la Defensoría del Pueblo y organismos de derechos humanos nacionales e internacionales con sustento en determinaciones del Tribunal Constitucional. Cada una de estas organizaciones había emitido informes de rechazo con impecable argumentación jurídica y sin embargo, 73 congresistas prefirieron optar por la sustentación que presentó Milagros Jáuregui, la pastora evangélica de Araujo, para atacar nuevamente los derechos de nuestras niñas, de aquellas que crecieron en duros entornos de abuso sexual.
Si 73 congresistas peruanos prefieren hoy argumentación religiosa, ¿alguna vez conseguimos que un “espíritu laico” primara en nuestra normativa social? Si miramos los últimos cien años de búsqueda de modernidad, muchos de nuestros partidos políticos estuvieron vinculados con la Doctrina Social de la Iglesia Católica, la Teología de la Liberación, o con órdenes religiosas de violenta tradición conservadora. Los protestantes, por razones de convenios políticos con sus países, participaron de muchos proyectos estatales de desarrollo, pero no tuvieron mayor protagonismo político, aunque sí influencia ideológica, como en el caso de Víctor Raúl Haya de la Torre. Sin embargo la directa irrupción de la religión y del cristianismo en la política peruana comenzó en 1990 cuando ingresaron los evangélicos con sus propias organizaciones políticas al Congreso.
Las iglesias evangélicas (a diferencia de las protestantes que llegaron con los colonizadores europeos de Estados Unidos) nacieron y se expandieron por todo el continente americano a lo largo del siglo pasado, derivando algunas de ellas en el movimiento que hoy se denomina Neopentecostal. Este movimiento religioso y político está compuesto por empresas familiares de fe lideradas por la sus pastores. En sus sermones utilizan fragmentos de la Biblia sin contexto, sin sustento teológico o ético, pero con la fuerza para atraer y crear redes sociales y económicas a las que añaden poder político. Su discurso sustenta el libre emprededurismo, la disminución del control estatal y la estratégica negación un conjunto de derechos humanos para el sometimiento de amplios sectores excluidos de la población. Por eso ha resultado muy sencillo establecer en todo el continente alianzas políticas y económicas entre el Estado, el diezmo de sus fieles y los emprendimientos de narcotraficantes, servicios paramilitares y diversas formas de lavado de activos. La congresista Milagros Jáuregui y su esposo, conocidos como los Araujo, tienen su propia iglesia evangélica. Ella sólo terminó el colegio y hoy es una exitosa pastora. Es congresista porque fue la segunda en la lista de Renovación Popular, el partido de Rafael López, el católico alcalde de Lima que más ha invertido en participar de eventos en contra del aborto en la historia de la capital. Esa es nuestra realidad política.
Dudo que existan países en los que las ideologías (aquellos conjuntos de principios que proponen los partidos políticos como base para la convivencia social) puedan estar realmente libres de afinidades religiosas, pero al otro extremo hay algunos estados, como Israel o la India que aún basan su sistema de justicia en normativa religiosa. Pareciera que el sueño moderno de un estado laico se ha podido establecer en muy pocos países, a lo que cabe sumar que algunas ideologías, sobre todo las totalitarias, culminan en éxtasis religiosos narcisistas que imponen creencias sin mayor sustento que el de surgir de su autor, como el presidente Bukele en el país, que no casualmente, se llama El Salvador.
En el Perú ya hemos visto que hay políticos que hasta monumento a sí mismo se han levantado. Otros han planteado por escrito la creación de una nueva religión étnica. Los nuevos partidos se reúnen para orar y los viejos, como el Partido Aprista y Acción Popular, de pobre postura religiosa y sin líder narcisista, ya quedaron en abandono. Si queremos replantear nuestro sistema político, debemos partir de que aquí, como en todo el continente, la religión, el abuso y la política han resultado inseparables, por encima de cualquier proyecto de gobernabilidad. Mientras no resolvamos este dilema, nuestros derechos, los de nuestras niñas y niños permanecerán acosados.
[INFORMES] En junio de este año, los vecinos de la Asociación de Moradores de la Santísima Cruz se encontraron con un panorama inesperado al ver que los negocios, ubicados en el cruce de las avenidas La Molina con Ricardo Elías Aparicio, no podrían seguir funcionando por orden de la Municipalidad de La Molina. Restaurantes, una ferretería, un minimarket y otros negocios vieron que la estabilidad económica de sus propietarios y los aproximadamente seis trabajadores que dependían de cada negocio se encontraba en peligro.
Si bien la Municipalidad de La Molina alega que no se cumplen con los requisitos para que estos establecimientos comerciales puedan funcionar, las razones detrás de este conflicto parecen ser mucho más complejas. Sudaca pudo conversar con el representante de la Asociación de Moradores de la Santísima Cruz y pudo conocer la historia detrás de una clausura que ha dejado en completa incertidumbre a los dueños del terreno y trabajadores.
LA HISTORIA DE LA LICENCIA
Aunque el alcalde Diego Uceda se ha expresado en redes sociales para justificar el cierre de estos negocios alegando que estos nunca tuvieron licencia, los documentos de los dueños de los negocios demuestran que desde el año 2011 contaban con a licencia para funcionar en estos establecimientos.
Además, en la época de pandemia, la gestión que se encontraba a cargo de la Municipalidad de La Molina les otorgó la posibilidad de seguir funcionando sin mayor inconveniente. Sin embargo, con la llegada del nuevo alcalde comenzaron los problemas. “Cuando cambió la gestión quisimos conversar con los nuevos funcionarios para renovar el permiso o sacar la licencia”, cuenta a Sudaca Luis Bonilla, quien representa a la Asociación de Moradores de la Santísima Cruz.
Según explica Bonilla, días antes de la clausura de los comercios, pudieron sostener una reunión con el alcalde Uceda en la que no les manifestó que sus negocios estaban en riesgo sino que, por el contrario, podrían seguir trabajando. “Él nos manifestó que sí nos iba a permitir trabajar mientras se haga mejoras en la zona, pero al día siguiente nos cerraron”, relata Luis.
Aunque esto podría parecer una decisión razonable ante la falta de licencia de funcionamiento, la versión de los propietarios de los negocios es que en más de una oportunidad intentaron obtenerla, pero la municipalidad se las negó con excusas que escapan de lo que se indica en las normas. “La excusa es la falta de habilitación urbana. Pero, investigando con abogados, descubrimos que no era un requisito para la licencia”, señala Bonilla.
Como se puede observar en el sustento que se dio para declarar improcedente la solicitud de licencia de funcionamiento, la Municipalidad de La Molina hace mención a la habilitación urbana como un requisito indispensable para que puedan continuar con los trámites que les darían la licencia de funcionamiento.
Acorde a información oficial, la habilitación urbana busca que se ejecuten obras de accesibilidad y que el terreno en cuestión cuente con agua, luz y desagüe. No obstante, la zona en que se ubican estos comercios es urbana desde hace varios años y cuentan con estas exigencias. “El único requisito es que cumpla con la zonificación y se cumple porque es una zona comercial. También se cumplen con los requisitos de seguridad”, comenta al respecto Luis Bonilla.
Según lo expuesto por los vecinos de La Molina, durante los últimos meses continuaron con sus intentos por obtener la licencia de funcionamiento. Sin embargo, cuentan que la municipalidad del distrito les ponía trabas hasta para ingresar los documentos. “Hemos intentado solicitar la licencia nuevamente, pero no la querían recibir”, explica el representante de la asociación.
Con asesoría legal, finalmente lograron ingresar las solicitudes para obtener la licencia de funcionamiento. No obstante, el resultado final no fue el esperado. “Hubo una inspección de seguridad con algunas observaciones. Esas observaciones eran subsanables. Tenían que ver con señalización, por ejemplo. Subsanamos todas esas observaciones y ese mismo día teníamos una reunión con el alcalde, pero no asistió”, cuenta Luis Bonilla.
Amparados en argumentos legales, los propietarios han explicado las razones por las que consideraban que la apelación a la negativa por parte de la Municipalidad de La Molina para otorgarles la licencia debía ser admitida. Sin embargo, pese al sustento legal que se puede observar en los siguientes documentos, la respuesta no cambió.
Además, los propietarios señalan que han intentado reunirse en más de una oportunidad con el alcalde, pero el burgomaestre de La Molina no ha mostrado interés en escuchar su problema. No obstante, en la Asociación de Moradores de la Santísima Cruz sienten que sus negocios están siendo condicionados a una construcción que la Municipalidad de La Molina pretende realizar.
Acorde a la versión que explica Bonilla, existe un interés de construir una vereda en la misma avenida para el Newton College que se ubica cerca a los comercios en cuestión. “Nos dijo que quería hacer una vereda en esa zona para el colegio y el mensaje fue ‘como necesito la vereda no te hago el negocio’. Es un tipo de extorsión”, relata el representante de los propietarios con respecto al mensaje que recibieron del alcalde Uceda.
“Los propietarios están dispuestos a ceder”, explica Bonilla con respecto a la posibilidad de coordinar con la Municipalidad de La Molina para la construcción de la vereda propuesta por el alcalde. Sin embargo, esta alternativa se ha visto truncada ante el nulo interés de las autoridades por reunirse con ellos.
“Él no quiere al pequeño empresario en su distrito”, comenta Luis y agrega que incluso, en la oportunidad que dialogaron con el alcalde, este les sugirió que mejor vendan el terreno para que se convierta en un parque o un centro comercial. Hasta la fecha, estos comercios llevan cinco meses sin abrir sus puertas y no parece existir una salida en el corto plazo.
[DETECTIVE SALVAJE]Este año, una de las novelas más representativas de la cultura peruana tiene su aniversario. Los ríos profundos, de José María Arguedas, se publicó en 1958, hace 65 años. La obra es un puente entre el quechua y el castellano, entre las costumbres indígenas y el Perú occidentalizado.
En Los ríos profundos, Abancay es un paso en una escalera cuyo fin es subsistir. Ernesto llega ahí con su padre, que busca trabajo de pueblo en pueblo de la costa y sierra peruana. Se instala en un internado, bajo la tutela de los curas. Ahí conoce al Lleras, por ejemplo, el matón del colegio, y a su cómplice, el Añuco. También a Antero, con quien Ernesto descubre lo que es la amistad. Este le enseña a hacer bailar el zumbayllu, un trompo con poderes mágicos. En el colegio, en el patio donde pasan los recreos y las tardes, Ernesto ve replicada la jerarquía, la perversidad y la injusticia que ha conocido en el centenar de pueblos a los que ha llegado con su padre. Incluso a quienes les coge cariño en algún momento muestran su lado oscuro, y eso para Ernesto es una desilusión.
Él no solo vela por su propia subsistencia. También arriesga el pellejo por los indios, que viven bajo la opresión de los hacendados. Acompaña a Doña Felipa a repartir la sal robada, y la admira después de su huida.
Los ríos profundos es un libro que nace de la propia experiencia de su autor. Como el padre de Ernesto, el de Arguedas también era un abogado itinerante que saltaba de pueblo en pueblo buscando trabajo. Mientras viajaba, José María y su hermano Arístides quedaron a disposición de su madrastra y hermanastro, quienes los maltrataban. Los dos jóvenes no aguantaron la situación y escaparon de la casa. Por dos años, vivieron con los indios en la hacienda Viseca. De ellos aprendieron el quechua y sus costumbres. Cuando su padre regresó, recogió a los hermanos y, tras parar en varios pueblos de la sierra, se asentaron en Abancay.
La vida de Arguedas y Los ríos profundos son historias de supervivencia. Todo sea por la vida propia, y si se es una buena persona, por la vida ajena. Cuando, por el final de la novela, la peste llega a la ciudad, la desesperación por vivir se vuelve más evidente. Y aún ahí, cuando la muerte toca la puerta, Ernesto arriesga su vida para cuidar a Marcelina, la Opa, una mujer loca de quien los otros estudiantes y los curas abusaban.
A fin de cuantas, la vida, por más desgarradora que sea, es lo que más valor tiene en Los ríos profundos.
Por esos años, también apareció, en México, Pedro Páramo. Las similitudes entre ambas novelas son notables y la relación entre los autores, Arguedas y Juan Rulfo, estrecha. El vínculo entre el padre y el hijo, la presencia de la religión en el corazón del pueblo peruano y mexicano, el indio y sus costumbres son temas que aparecen en ambas obras maestras. Pero hay un ámbito en el que se oponen: la vida y la muerte.
En Pedro Páramo, la vida es una anécdota y la muerte lo único real que se puede apuntar y decir ahí está, irrefutable. Es como si la peste de Los ríos profundos se tragara Abancay y escupiera Comala, a donde Juan Preciado va para buscar, como Ernesto, a su padre. Ahí, hasta las hojas que se escuchan rodar sobre el polvo están muertas; solo queda el eco de ellas, de los ladridos, del paso de un caballo. Para contar la historia de Pedro Páramo y su hijo Miguel, el narrador debe recurrir al pasado, que, como en Faulkner, se intercala con las distintas voces del presente y el futuro.
El miedo que Ernesto siente por la muerte pierde sentido en Pedro Páramo. Cuando Juan Preciado muere, nada cambia. Ahora vive bajo tierra, pero siente la humedad de la lluvia y conversa con los muertos que tiene cerca. Piensa en su madre, oye los lamentos de los otros cadáveres, mira la tierra como antes miraba el cielo.
Lo surreal en Los ríos profundos es un recurso cultural. Se habla de la magia que tiene el trompo, de las creencias indígenas. Lo inexplicable sucede siempre en la mente del niño, que mira el mundo con ojos que los adultos han perdido. En Pedro Páramo, lo sobrenatural se adueña de lo real, y es un recurso literario que, en las siguientes décadas, dio forma al Realismo Mágico del Boom.
[EN EL PUNTO DE LA MIRA] Cifra realmente reveladora sobre los cambios de problemas que aquejan actualmente al peruano promedio. Cambios que pasan –de acuerdo a los resultados de varias encuestadoras– por el impacto que ha generado la corrupción desde la transición a la democracia.
Pero eso no quiere decir que estos problemas no estén estrechamente vinculados. Parece que son cambios sin vínculo alguno, pero no es así. Si tomamos en cuenta la crisis generalizada de la política partidaria a la luz de lo sucedido por los sobornos de la constructora brasileña Odebrecht, podemos apreciar –según también los resultados de varias encuestas– que los peruanos piden mano dura para gobernar el país.
Es allí donde podemos encontrar la conexión. Conexión que pasa por vínculos con políticos radicales, de mano dura, que no se hacen problema de tener relación con exterroristas o con grupos que pregonan el pensamiento de Abimael Guzmán. Allí tenemos –por ejemplo– la alianza política entre el etnocacerismo de Antauro Humala y el Movadef para los comicios electorales del año 2016.
Ahora, ¿cuánta relación existe entre memoria y preferencia electoral sobre exterroristas que entran a la vida política? Solo tenemos el caso de Yehude Simon, quien fue dos veces presidente regional en Lambayeque y ex primer ministro del gobierno de Alan García. Pero es un caso aislado. ¿Qué sabemos del resto? Nada.
El año 2008, La República entrevistó a Aníbal Apari y Alberto Gordon –dos exemerretistas– quienes fundaron el movimiento político Patria Libre. En dicha entrevista, ambos sostuvieron que querían formar parte de la vida política del país. Que estaban arrepentidos.
¿Realmente es cierto? Alberto Gordon, luego de su excarcelación, se reincorporó a San Marcos a estudiar sociología, cuando yo era estudiante. Recuerdo la conversación que tuve con él. Hablamos sobre su entrevista. Lo que pude apreciar –aún lo recuerdo– es cómo hablaba de la falaz “democracia burguesa” y las justificaciones a los actos terroristas del MRTA. No le noté cambio alguno.
Asumamos posición política: cuidemos, pese a sus defectos, la democracia.
Para entender quiénes fueron los congresistas que se pusieron de acuerdo para perforar la ley que protege los activos arqueológicos del Estado, y cómo encontraron el apoyo de la actual ministra de Cultura, Leslie Urteaga, para intentar empoderar a los traficantes de tierras, le preguntamos al congresista Héctor Acuña, presidente de la 
Además, en la época de pandemia, la gestión que se encontraba a cargo de la Municipalidad de La Molina les otorgó la posibilidad de seguir funcionando sin mayor inconveniente. Sin embargo, con la llegada del nuevo alcalde comenzaron los problemas. “Cuando cambió la gestión quisimos conversar con los nuevos funcionarios para renovar el permiso o sacar la licencia”, cuenta a Sudaca Luis Bonilla, quien representa a la Asociación de Moradores de la Santísima Cruz.
Acorde a información oficial, la habilitación urbana busca que se ejecuten obras de accesibilidad y que el terreno en cuestión cuente con agua, luz y desagüe. No obstante, la zona en que se ubican estos comercios es urbana desde hace varios años y cuentan con estas exigencias. “El único requisito es que cumpla con la zonificación y se cumple porque es una zona comercial. También se cumplen con los requisitos de seguridad”, comenta al respecto Luis Bonilla.
Según lo expuesto por los vecinos de La Molina, durante los últimos meses continuaron con sus intentos por obtener la licencia de funcionamiento. Sin embargo, cuentan que la municipalidad del distrito les ponía trabas hasta para ingresar los documentos. “Hemos intentado solicitar la licencia nuevamente, pero no la querían recibir”, explica el representante de la asociación.
Con asesoría legal, finalmente lograron ingresar las solicitudes para obtener la licencia de funcionamiento. No obstante, el resultado final no fue el esperado. “Hubo una inspección de seguridad con algunas observaciones. Esas observaciones eran subsanables. Tenían que ver con señalización, por ejemplo. Subsanamos todas esas observaciones y ese mismo día teníamos una reunión con el alcalde, pero no asistió”, cuenta Luis Bonilla.
Además, los propietarios señalan que han intentado reunirse en más de una oportunidad con el alcalde, pero el burgomaestre de La Molina no ha mostrado interés en escuchar su problema. No obstante, en la Asociación de Moradores de la Santísima Cruz sienten que sus negocios están siendo condicionados a una construcción que la Municipalidad de La Molina pretende realizar.
