Desde el inicio de nuestra república y como herencia del virreinato español, Lima, la capital, centralizó no solamente el poder político y la actividad económica, sino también el interés de las élites sociales, las que miraron de lejos, quizá con un poco de nostalgia pero también con cierto desdén, al interior del país.
En la década de los 70’s y ante la llegada de la Asamblea Constituyente (que culminaría con la Constitución de 1979), uno de los temas álgidos de discusión política era la descentralización del país, tanto en materia económica, como de integración vial y cultural.
Sin embargo, no fue hasta el año 2002, luego de varios intentos fallidos por establecer macrorregiones, que se promulga la ley #27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, y se eligen las primeras autoridades regionales con el nuevo esquema de 26 regiones, incluyendo la Provincia Constitucional del Callo y la división del Departamento de Lima entre la Provincia de Lima Metropolitana y la región Lima.
Esta nueva organización geopolítica del Perú superpuso una estructura burocrática, como las regiones, a los ya existentes departamentos, con la inclusión de importantes competencias entre las que se destacan las funciones en temas de infraestructura, educación, salud, trabajo y sectores productivos.
Sin embargo, después de más de 20 años de regionalización, continuamos con la misma retórica de la indiferencia Lima-Provincias y la evidente falta de servicios básicos de calidad en el interior del país, lo que influye negativamente en el sentimiento de bienestar de la población.
Pero lejos de asumir sus responsabilidades, muchos gobernadores regionales y agentes políticos siguen con la narrativa del centralismo limeño, azuzando las diferencias socioeconómicas e incentivando un separatismo no solamente inconstitucional, sino, además, con un tufillo hediondo lleno de corrupción y violencia.
Esos gobiernos regionales no han hecho su chamba. Se han dedicado (no todos, pero en una buena parte), a la orgía sin fin de la ineptitud y de la corrupción, seducidos por los ingentes presupuestos con los que ahora cuentan (y que encima solo ejecutan 2/3 de los mismos) y dejando a los ciudadanos más desfavorecidos en el abandono, sin tener escrúpulo alguno.
Durante las protestas pasadas en Puno y Juliaca, donde murieron 17 compatriotas, se escuchaba por la radio que los heridos eran trasladados a Lima para ser atendidos y que peritos especializados estaban viajando de Lima a esa zona para analizar el cuerpo calcinado del suboficial de la PNP. Una muestra del fracaso de la regionalización.
Como está el país ahora de enardecido, no es momento de pensar en una reformulación de la relación entre las regiones con el Ejecutivo. Sin embargo, un tema clave es ordenar en el futuro esta relación fomentando que exista un alineamiento entre las políticas nacionales y regionales, con el único objetivo de beneficiar a la población con, por ejemplo, hospitales completamente implementados (tanto en equipos como en personal), colegios con toda la infraestructura necesaria para darle educación de calidad a toda la niñez y adolescencia y vías de comunicación modernas que reduzcan los accidentes.
Para ello, una alternativa es que los gobernadores regionales sean designados por el Ejecutivo, de esta manera se orienta esta relación nacional-regional en el aspecto técnico-político para que puedan confluir tantos las necesidades nacionales como las regionales y alinear las políticas públicas. Será también importante, para mantener ese nexo entre estas necesidades, que el Consejo Regional siga siendo conformado por elección popular para que lleve al gobernador las demandas y prioridades que la población espera que sean resueltas por sus autoridades.
