Crisis y nueva Constitución

"Las últimas encuestas muestran un aumento significativo de los peruanos que estarían de acuerdo con la convocatoria a una Asamblea Constituyente (69%). Es cierto que no se debe gobernar a base de encuestas y que, dada la seriedad y riesgos que implica elaborar un nuevo marco regulatorio de todo nuestro ordenamiento político, social, económico y jurídico, el asunto no debe tomarse a la ligera."

¿Será nuestra democracia capaz de solucionar la grave crisis que el país viene sufriendo? ¿Por qué la mayoría de peruanos opina a favor de la convocatoria a una Asamblea Constituyente, y esto a pesar de nuestro crecimiento económico? ¿Qué circunstancias excepcionales pueden conducir a materializar dicha convocatoria? Con esta breve nota, quisiéramos contribuir al análisis que estas preguntas suscitan, para lo cual, echaremos mano de las contribuciones que, sobre estabilidad democrática y cambios constitucionales, han realizado tres reconocidos investigadores internacionales.                     

¿Una democracia fracasada? 

Adam Przeworski es un especialista norteamericano en temas relacionados a la economía política y los sistemas democráticos en el mundo. En su libro del 2019, “Crisis of democracy”, Przeworski describe una serie de elementos que, presentes en una democracia enfrentada a periodos de crisis como el que vivimos, son predictivos del fracaso del sistema. Aplicando estos parámetros a nuestro país tenemos: 1) Bajos niveles educativos: el Perú ocupa la posición 127 de 138 economías mundiales en lo concerniente a la calidad educativa (WEF). 2) Deficiente redistribución de la riqueza: el 10% de los peruanos más ricos concentra el 50% de los ingresos, mientras que el 50% más pobre, apenas alcanza el 11% (BBVA). 3) Ausencia de mayorías parlamentarias estables: desde Alberto Fujimori, ningún presidente ha podido contar con una mayoría parlamentaria propia que respalde su gestión. 4) Recurrencia de crisis de gobierno: desde el año 2016, el Perú ha acumulado 6 presidentes, 15 gabinetes ministeriales y 7 procesos de vacancia presidencial. 5) Polarización política extrema: el anti-fujimorismo es el factor de polarización política más importante en nuestro país, muy por encima del clivaje izquierda/derecha. 6) Erosión de los partidos políticos: únicamente el 8% de la población confía en ellos (Barómetro de las Américas); 7) Bajo apoyo a la democracia en las encuestas de opinión pública: la mitad de los peruanos apoya la democracia, aunque solo el 21% está satisfecho con ella, mientras que el 45% aceptaría eventualmente un golpe militar (Barómetro de las Américas). Un dato adicional muy interesante: según Przeworski, las protestas callejeras contra un gobierno, incluso frecuentes y de gran magnitud, no son un indicador de fragilidad democrática, a menos que en ellas se despliegue violencia.

Frente a esta evidencia, no podemos sino expresar nuestras serias dudas de que el actual sistema democrático (más allá del episódico gobierno de Dina Boluarte), sustentado en la Constitución del 93, sea capaz de hacer frente con éxito duradero, a la problemática social que subyace en la actual crisis. El accionar cotidiano, tanto del Ejecutivo como del Congreso, cargado de indolencia, falta de entendimiento y en ocasiones, de una frivolidad nauseabunda, no hace sino aumentar estas dudas.

¿Hacia una Asamblea Constituyente?

¿En qué circunstancias una crisis social se convierte en un “momentum constituyente”, es decir, en un impulso imparable e inevitable, en términos de oportunidad política, para un cambio de Constitución?  Las investigaciones de los politólogos, María Cristina Escudero Illanes de Chile y Gabriel L. Negretto de la Argentina, nos proporcionan algunos interesantes elementos a considerar.

Ambos politólogos señalan que, en Latinoamérica, todos los procesos constituyentes ocurridos en democracia han sido la consecuencia de situaciones de crisis, motivadas por deficiencias o desajustes de las instituciones, o la necesidad de un nuevo pacto social más inclusivo en lo político y lo económico. Deberíamos por tanto abandonar la idea, defendida por algunos, de que la convocatoria a una Asamblea Constituyente en una situación como la que vivimos, está contraindicada, pues según la evidencia, no solo no lo está, sino que muchos casos, constituye la única vía de salida posible.

Los procesos constituyentes que se han vivido en las últimas décadas en países de nuestro entorno, como Ecuador, Colombia, Bolivia y últimamente Chile, tienen un denominador común: todos han sido el producto de crisis políticas y cambios en la estructura de poder. Las crisis políticas, que suelen ocurrir de manera periódica a lo largo del tiempo (meses o incluso años), se han caracterizado por: enfrentamientos entre poderes del Estado que acarrean parálisis en la toma de decisiones gubernamentales importantes para la correcta marcha de la economía; interrupciones frecuentes de los mandatos presidenciales, con la consiguiente inestabilidad política; descrédito de las instituciones del Estado por su ineficiencia y/o corrupción e incapacidad del gobierno para disminuir la informalidad y controlar la delincuencia. En lo concerniente a los cambios en la estructura de poder, que son siempre la consecuencia de las crisis, tenemos: desplome de los partidos tradicionales y su reemplazo por otros tipos de organizaciones políticas, tales como los “partidos empresariales” (Steven Levitsky); surgimiento de liderazgos anti-establishment con posibilidades reales de llegar al gobierno, y empoderamiento político de sectores populares y poblaciones excluidas (movimientos étnicos). Nada de lo que venimos de enumerar es ajeno a lo que viene ocurriendo en nuestro país, sería pues oportuno preguntarnos, si una oposición férrea a la convocatoria democrática a una Asamblea Constituyente, no alargaría y potenciaría inútilmente el sufrimiento al que se encuentra sometido nuestra sociedad.

No faltarán quienes argumenten que, acostumbrados, como parece que estamos, a vivir en una crisis permanente, nos ha inmunizado contra opciones maximalistas, como un cambio de Constitución; otros se preguntarán cuál es la señal inequívoca que indicará el momento justo para tal acción. La respuesta para todos es simple: habrá llegado el momento de un relevo constitucional, cuando la mayoría de nuestros ciudadanos haya identificado a la Constitución del 93 como responsable de los problemas que nos aquejan, o la consideren incapaz de solucionarlos. Tan simple como eso.

Posibles soluciones a la crisis actual

En democracias consolidadas, un recurso frecuente para enfrentar las crisis de cierta magnitud, es la convocatoria a elecciones generales al breve plazo, pues ellas, se erigen como la sola esperanza de que las cosas pueden mejorar, con nuevos actores y planteamientos políticos, permitiendo así, una salida pacífica a los conflictos. Desgraciadamente, como ha señalado Rosa María Palacios, nuestra representación nacional vive totalmente de espaldas a la realidad, y dedican todos sus esfuerzos a promover legislación que blinde al Congreso frente al ejecutivo. Nuestros parlamentarios abrigan la esperanza, no tan secreta, de permanecer en sus curules el mayor tiempo posible (inversión obliga) y establecer, además, las condiciones legales que permitan la reelección. No cabe duda de que los peruanos necesitamos a grandes patricios como ellos en nuestro Parlamento. Quizás Dina Boluarte tenga que tomar decisiones extremas (renuncia a la Presidencia) para liberarnos de semejante lastre y obligar a una inmediata convocatoria a Elecciones Generales, con o sin reformas. Mirko Lauer ha escrito, que acudir a elecciones sin reformas, nos conduciría a “opciones (que) parecen diseñadas en el laboratorio Castillo-Cerrón”.  Algunas veces, como en el caso del virus pandémico, nuestros peores problemas no son diseñados en laboratorio alguno, sino provienen de la naturaleza misma de las cosas. Inútil elaborar teorías conspirativas.

Las últimas encuestas muestran un aumento significativo de los peruanos que estarían de acuerdo con la convocatoria a una Asamblea Constituyente (69%). Es cierto que no se debe gobernar a base de encuestas y que, dada la seriedad y riesgos que implica elaborar un nuevo marco regulatorio de todo nuestro ordenamiento político, social, económico y jurídico, el asunto no debe tomarse a la ligera. En ese sentido, la Jefa de Estado, debería impulsar inmediatamente el llamado a una consulta popular no vinculante, con la finalidad de conocer la opinión del pueblo peruano sobre si hay o no necesidad de convocar tal Asamblea. Si bien no vinculante, dicha consulta permitirá, por una parte, calmar los ánimos, y por otra alinear a los actores políticos en una discusión fructífera de cara a las Elecciones Generales. De cualquier manera, como ha señalado Juan Carlos Tafur, el tema de la Constituyente será parte importantísima de la agenda electoral en el futuro inmediato y quienes pretendan soslayarlo, se encaminan a una estrepitosa derrota en las urnas.


*Fotografía perteneciente a terceros

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