La inmovilización social dictada por el gobierno ante la ola de protestas que sacudieron el país ayer, es una muestra, primero, de la suprema incompetencia del régimen para afrontar un problema que empezó focalizado y cuya torpeza negociadora hizo escalar, y, segundo, una muestra antidemocrática de la reacción automática que tiene Palacio para afrontar los problemas.
Nadie duda que había que ponerle coto al vandalismo, que el desborde social corroe la autoridad y el Estado de Derecho, pero hay estrategias de diálogo, de inteligencia y policiales que acá y en cualquier parte del mundo se emplean primero, antes de medidas extremas, para atender esas situaciones.
Lo que se vivía en el país no era, ni por asomo, algo equivalente al desborde social ocurrido en Chile o a la revuelta de febrero de 1975 en nuestro país. La reacción del gobierno es claramente desproporcionada e inmotivada, y en esa medida es saludable la reacción mostrada por la Defensoría del Pueblo (ha presentado un hábeas corpus), más aún cuando el ministro de Justicia ha dicho que la misma se podría prorrogar por varios días más.
No hay, políticamente hablando, por cierto, nada que festejar. La protesta ha sido detonada por el alza de los precios de diversos productos, pero la motivación movilizadora no es necesariamente coincidente con la que la derecha estima. Muchos han salido a las calles a exigirle a Castillo cumplir con sus promesas izquierdistas de campaña, y no solo por su mediocre gestión. En este río revuelto no hay ganancia de la derecha.
La inconmensurable mediocridad política del régimen, lo venimos advirtiendo en reiteradas ocasiones, va a dejar un país incendiado, materia dispuesta para la irrupción de un nuevo candidato radical disruptivo. El malestar ciudadano creciente no es la materia prima que una candidatura de centro o de derecha necesitan para cosechar votos.
Este gobierno ha destruido la estructura estatal dispuesta para atender conflictos sociales. Allí están los resultados del colapso del Estado que Castillo está perpetrando. Este, el de los transportistas, y otros conflictos sociales, tienen tiempo de haber sido detonados y el gobierno simplemente no hizo nada. Como era previsible, crecieron, irradiaron y estallaron en violencia. Y solo entonces, el gobierno toma cartas en el asunto, y aun más incompetente que al inicio, sobrereacciona y dicta una medida autoritaria y contraproducente. Así estamos.
