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En noviembre del año 2016, antes que la Covid 19 desatara su guerra mundial contra el género humano, la multinacional Mondelez International, fabricante del ultra conocido chocolate Toblerone, decidió ensanchar el espacio entre los triángulos de chocolate de la famosa golosina, entregando menos por el mismo precio. Preguntado el portavoz de Mondelez en el Reino Unido por la decisión corporativa de la multinacional, este respondió en la cuenta de Facebook de la empresa: “Decidimos cambiar la forma para mantener el producto accesible para nuestros usuarios”.

Con esa pequeña nota, la compañía que produce en decenas de países las marcas de snacks más conocidas del mundo, como Oreo, Chips Ahoy!, Toblerone, Cadbury, Trident, Chiclets y Halls, le dio la partida de nacimiento a la reduflación, la práctica que vuelve “locas” a las amas de casa y hace más y más ricas a las empresas fabricantes de productos masivos, sobre todo en detergentes, aceites, condimentos, productos de limpieza y un largo etcétera.

Menos por más 

Desde las cuarentenas que obligaron al cierre temporal a una serie de negocios en todo el mundo, los fabricantes de productos de consumo masivo vieron reducirse sus enormes márgenes de ganancia, y, en lugar de mantener sus precios a la espera del fin de la pandemia, se pusieron rápidamente de acuerdo para castigar a los consumidores, trasladándoles todo el problema a los sufridos consumidores. Ese es el origen del problema que enfrenta a las asociaciones de consumidores del mundo entero contra los fabricantes abusivos.

La Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios (ASPEC) continúa la campaña iniciada el año pasado, denunciando la práctica conocida como reduflación, la cual está extendida por todo el mundo. Dicha política consiste en reducir la cantidad, el tamaño o el número de unidades de un producto manteniendo o elevando su precio.

Si a ese nuevo tipo de estafa al consumidor le sumamos la llamada obsolescencia programada, la cual consiste en fabricar piezas vitales de automóviles, de electrodomésticos y de muchos otros productos de uso cotidiano que se malogran al llegar a cierto número de ciclos de encendido. En todo el planeta, solo el arsenal legislativo de la República Francesa ha logrado incluir prohibiciones expresas a esa práctica, aunque es difícil penalizar todo y al mismo tiempo.

Aunque en el Perú se tolera la reduflación siempre y cuando se informe la disminución del contenido en el envase, ASPEC considera que eso no es suficiente, ya que muchos consumidores no revisan minuciosamente las etiquetas y confían en recibir el contenido de siempre.

Por ello, ASPEC insta a las autoridades del Legislativo y del Ejecutivo a seguir el ejemplo de Francia y promulgar las normas que sean necesarias a fin de informar y alertar a los consumidores sobre la reduflación.

En el Perú la compañía de alimentos procesados Alicorp ya no produce botellas de aceites de un litro, sino de 900 mililitros en todas sus marcas: Primor, Cocinero, entre otras, también ha reducido el contenido de fideos Don Vittorio de 500 a 450 gramos

En la industria láctea ha sucedido otro tanto. El paquete de mantequilla Laive se ha reducido de 200 a 180 gramos, mientras la botella de yogurt bebible Gloria pasó de 1.9 a 1.7 kilogramos. Y así continua la larga lista de productos como agua, yogurt, gaseosas, cereales, mayonesa, margarina, papel higiénico, detergentes, champú, toallas de papel, pastas, pan de molde,

 

Viviana Rodriguez
Alicorp ya no produce botellas de aceites de un litro, sino de 900 mililitros en todas sus marcas

La reduflación recorrre el mundo 

Carrefour, la cadena de supermercados de origen francés, decidió un día combatir in situ a las empresas que reducen los tamaños de sus productos pero mantienen sus precios iguales. Para ese fin, Carrefour colocó avisos en los estantes para advertir a sus compradores sobre la shrinkflation (algo así como la reduflación, una mezcla de reducción con inflación). El aviso estaba dirigido, principalmente, contra el té helado Lipton, los chocolates Lindt y otros productos de Pepsico/Unilever, uno de los gigantes de la comercialización de bebidas no alcohólicas.

Consultado el director de comunicaciones con los clientes de Carrefour, este declaró a la prensa: “queremos poner presión a las empresas fabricantes para que mantengan precios bajos”.

En México, Cuauhtémoc Rivera, presidente de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC), le dijo a la BBC que en su país esta “tendencia afectaba a los productos de alto consumo en general” que son ofrecidos en presentaciones más pequeñas y en envolturas distintas a las originales. Se refería, fundamentalmente, a los panes, los snacks, los aceites, los cereales, los atunes los refrescos y los detergentes.

Vanesa Ruiz, la gerente general del Centro de Almaceneros, Autoservicios y Comerciantes Minoristas de Córdoba, Argentina, también indicó que en su país se venía detectando la reduflación desde hace algún tiempo. “Muchas empresas realizan esto de forma paulatina como una forma de ahorro, porque esas reducciones pequeñas en cada producto significan un beneficio importante para ellas”, le dijo a BBC en Español.

Así como los gremialistas mexicanos y los argentinos se dieron cuenta que las bolsas de papas fritas venían llenas de aire, las latas de sopa se habían encogido y los paquetes, frascos y sachets de detergentes que se habían reducido, las amas de casa descubrieron que el papel higiénico, las servilletas y toallas de papel y demás productos de uso diario pesaban menos y eran más caras.

La indignación es mundial, porque la estafa es global, llámese shrinkflation en inglés o reduflación en castellano; además, la fórmula encontrada por los abogados corporativos de las multinacionales les dijo que la práctica era malsana, pero no ilegal, porque ninguna de las corporaciones había firmado un contrato de inamovilidad de precios con uno, varios, muchos o todos los consumidores.

Según la Asociación de Consumidores de Columbia Británica, la reduflación nació realmente en 1988, es decir hace treinta y tantos años, cuando la marca Chock Full o’Nuts redujo su lata de café de 455  a 368 gramos, y otros productores siguieron su (mal) ejemplo: la estafa de los productores a los consumidores había llegado para quedarse entre nosotros.

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Alicorp, aspec, Mondelez Internacional, poder legislativo, Reduflación

El polémico detrás de escena del salto a la fama del exministro Juan Carrasco Millones en su época como fiscal adjunto.

En un país en el que abundan la historias de jueces, fiscales y abogados que, por el precio correcto, parecen estar dispuestos a manipular la justicia para beneficiar hasta a los delincuentes más siniestros, la aparición de personajes que cumplen con su trabajo en la lucha contra el crimen termina por generar en la población un entusiasmo propio de quien encontró a un ser que creía extinto.

Sin embargo, no todas las historias de estos personajes que, por momentos, parecieran ser los únicos dispuestos a defender las banderas de la justicia tienen un final en el cual estos héroes inesperados logran consagrarse en ese rol sino que, por el contrario, son varios los casos en los que se descubre que las motivaciones que los impulsan pueden estar tan corrompidas como las de aquellos contra los que dicen luchar.

TODO POR EL PODER

Este parece ser el caso del exministro Juan Carrasco Millones según lo expuesto por Carlos Cabrejos Vega en su libro publicado recientemente  titulado “El falso Sheriff”. En este texto, Cabrejos relata el violento momento que atravesaba Lambayeque hace más de una década en medio de las extorsiones y peleas por el control de las obras de construcción civil.

En medio de ese panorama de aparente desinterés de las autoridades por combatir a quienes habían acabado con la tranquilidad de la región es que toma notoriedad el nombre del fiscal adjunto provincial penal de Chiclayo, Juan Carrasco Millones, quien formaría parte de una mesa de diálogo que pretendía dar una solución a las extorsiones e informalidad del sector transporte.

Carrasco se enfocó, durante aquellos años, en promover investigaciones y juicios orales a extorsionadores. Carlos Cabrejos detalla en su libro que Carrasco Millones pretendía darle uso a la formación política que tuvo como parte del Frente de Integración Estudiantil para que su imagen pública tome mayor importancia.

Si bien una dosis de vanidad puede parecer un dato irrelevante si la historia se trata de una autoridad que, finalmente, podía ponerle fin a los problemas con la delincuencia que aquejaban a la región, la respuesta delo propio Carrasco a un periodista terminaría por exponer que el exfiscal había construido una imagen que estaba muy lejos de la realidad.

“¿Y luego de qué vivimos, don Carlos?”, fueron las palabras que Carrasco Millones le dijo a un periodista que, tras una conferencia de prensa, le preguntó “¿por qué si ya se tiene la estrategia para combatir a la delincuencia, no se acababa con ella?” y que empezaron a exponer sus verdaderas intenciones y compromiso con la justicia.

El coronel Jorge Linares Ripalda es uno  de los que conoció a Carrasco Millones en sus inicios y pudo presenciar desde la primera fila la manera en que el exministro operó en contra suya y de sus hombres cuando estuvo en Lambayeque intentando darle pelea a las bancas criminales de esta zona. Según se enteró el propio Linares, Carrasco incluyó a sus hombres en un organigrama que pretendía involucrarlos con actos delictivos pese a que no contaba con las pruebas para sustentarlo.

El general PNP Eleuterio Díaz Pérez sería otra de las personas afectadas por el entonces fiscal que lo culpaba por la rotación de su personal de confianza. Para ese momento, Carrasco Millones no sólo se mostraba como un personaje que disfrutaba de la fama sino como alguien que podía realizar serias acusaciones en su intento de escalar y empezó a ser visto con cierto temor en su entorno laboral.

PROHIBIDO CRITICAR

Pero para Carrasco no bastaba el poder que venía acumulando en su institución ni el temor de algunos colegas. El fiscal provincial también intentaría intimidar a aquellos medios que, por aquella época, empezaban a realizar publicaciones incómodas sobre el trabajo que venía realizando.

Uno de estos medios fue el semanario “El Gato”, el cual era un crítico severo de su labor contra las mafias extorsionadoras así como de algunos allanamientos extraños. Si bien Carrasco Millones ya tenía en la mira a este medio desde el inicio de sus publicaciones, no tardaría mucho en tomar acciones en contra de ellos.

Para 2014 se publicó un informe policial, hecho por pedido del Ministerio Público, en el cual se acusaba al medio de amedrentar a las autoridades y se intentaba vincularlo con la gestión del alcalde Roberto Torres. Como era de suponerse, el fiscal a cargo de esta investigación fue Juan Carrasco Millones.

En su libro, Carlos Cabrejos sospecha que el accionar de Carrasco Millones contra el alcalde Roberto Torres y los funcionarios de su gestión no fue producto de una lucha contra la corrupción sino de una venganza contra quienes sentía que podían ser una amenaza para el poder que estaba construyendo y, tal como lo informó Sudaca en informes previos, hubo muchas irregularidades en el accionar de Carrasco en el caso del exalcalde Torres que respaldan las sospechas de Cabrejos.

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Carlos Cabrejos, Juan Carrasco, Lambayeque

Un asesinato por miedo a sus declaraciones. Santiago Guardamino Gonzales ocupaba el cargo de presidente de la Directiva Comunal de la Comunidad Campesina de Quipan cuando a manos de sicarios se silenció su vida con 9 balas en el cuerpo. El dirigente fue secuestrado y su cuerpo fue tirado a pocos metros de su casa.

¿Qué hay detrás de la muerte de Guardamino?

El dirigente asume el cargo de presidente mientras la comunidad padecía una grave crisis producto de irregularidades de su antecesor el ex presidente de la comunidad campesina Abel Cruz Mosquera Ortiz, quien falsificando documentación (Acta de Asamblea General y estudios topográficos y catastrales), en complicidad con Aniceto Elvis Arguelles Loayza dueño de la empresa Industrias Argüelles y Servicios Generales S.A.C. efectúan la compra venta fraudulenta de 10,000 hectáreas pertenecientes a la Comunidad Campesina de Quipán por la ridícula suma de 600,000 soles, es decir, 0.006 soles por metro cuadrado

La actual dirigencia, al mando de Santiago Guardamino, plantea ante el 4to Juzgado de Lima Norte la NULIDAD DEL CONTRATO y denuncia al ex presidente Mosquera Ortiz, quien fue condenado -en primera instancia- a 5 años de prisión efectiva y -en segunda instancia- esto es reducido a 4 años de prisión suspendida.

Benjamin Zevallos 

Sentencia contra el expresidente de la comunidad de Quipan, Abel Cruz

La empresa Industrias Arguelles y Servicios Generales S.A.C viene operando en el terreno un botadero de basura llamado Proyecto Ecológico Sanitario Kurumi”, lo que motivó una serie de denuncias del Presidente Guardamino, por el daño al medio ambiente y a la salud de los propios comuneros.

Argüelles a fin de evitar que la Comunidad Campesina de Quipán recupere los terrenos como resultado del juicio de nulidad de acto jurídico, simula la transferencia del terreno en forma de pago por un supuesto contrato de movimiento de tierras impago hacia la empresa Constructora y Servicios ALYM S.A.C., empresa que de acuerdo a SUNAT tiene como Gerente General a Gerson Guillen Argüelles, sobrino de Aniceto Elvis Argüelles Loayza.

Pero vayamos al punto central, ¿Cuál fue el motivo de asesinarlo?

Todo aterriza a que un día después de su asesinato, Guardamino tenía que acercarse al Ministerio Publico para responder sobre la denuncia que había interpuesto contra Industrias Arguelles y Servicios Generales S.A.C. por la nulidad de acto jurídico. Sin embargo, en la noche anterior es asesinado. Pero, ¿Por qué tanto miedo de que el dirigente fuese a declarar?

Guardamino había iniciado varios procesos legales contra Industrias Arguelles, entre ellos, y el que más resalta, es que el dirigente interpone denuncia penal por la comisión del delito de lavado de activos en el marco de una organización criminal. Dicha denuncia penal iba contra:

Aniceto Elvis Arguelles Loayza, socio principal de la empresa Industria Arguelles

Karen Marianella Pasco Flores, Gerente General de la empresa Industria Arguelles

Abel Mosquera Ortiz, ex presidente de la Comunidad Campesina de Quipan

Gerson Guillen Arguelles, Gerente General de la empresa Constructora y Servicios ALYM S.A.C

Guardamino mencionó en su denuncia que Karen Marianella Pasco Flores cumplió órdenes de Aniceto Elvis Arguelles Loayza para que el 12 de diciembre del 2016 adquiera en compra venta la extensión de 10,000 hectáreas de tierras de propiedad de la comunidad campesina de Quipan por la suma de 600,000 soles cuando el valor real de dichas tierras está estimado en aproximadamente 5,533,708.31 nuevos soles.

Benjamin Zevallos
Denuncia interpuesta por, quien en vida fue, Santiago Guardamino, presidente de la comunidad de Quipan

Según la documentación en donde se introdujo datos e información falsa y en claro contubernio entre los denunciados Karen Marianella Pasco Flores y Abel Cruz Mosquera Ortiz cumpliendo estrictamente las órdenes impartidas por su líder Aniceto Elvis Arguelles Loayza simularon celebrar la compra venta de terrenos de propiedad”, menciona el documento indicando que los 600,000 soles fueron pagados a través de un cheque de gerencia.

 

 

 

Mientras siguen dándose a conocer detalles que complican la situación de Martín Gonzáles Sánchez, el exdirector de la DIGIMIN, aparecen nuevos nombres y hechos que exponen el copamiento de puestos claves para lograr la impunidad de algunos personajes.

La detención del director de la Dirección General de Inteligencia (DIGIMIN), el coronel PNP Martín Gonzáles Sánchez, parece haber destapado una serie de irregularidades que comprometen a varios personajes vinculados al gobierno de turno así como al que encabezaba Pedro Castillo.

Acorde a la información que maneja la Fiscalía, Gonzáles Sánchez tuvo una participación clave en la fuga de personajes como Juan Silva, César Hinostroza y Fray Vásquez, el  sobrino de Pedro Castillo. El coronel PNP habría sido el responsable de alertar a estos prófugos sobre las acciones de la policía para que estos puedan adelantarse a sus movimientos y seguir escapando de la justicia.

Además, con respecto a su relación con el gobierno de Dina Boluarte, Gonzáles Sánchez habría sido el encargado de desbaratar el Equipo Especial de la Policía Nacional, el cual era liderado por Harvey Colchado, un hecho que fue seriamente cuestionado e interpretado como una venganza.

Pero, por supuesto, le presencia de Gonzáles Sánchez en un puesto clave no es una coincidencia. Acorde a la información que se dio a conocer durante el pedido de prisión preventiva para el exdirector de la DIGIMIN, el exministro Juan Carrasco Millones fue el responsable de la llegada de Martín Gonzáles a este puesto cuando estuvo al frente del Ministerio del Interior.

Aunque la información que se maneja actualmente también vincula la designación de Carrasco Millones como ministro del Interior a un pedido de Gonzáles Sánchez al prófugo líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón. Según información del programa Cuarto Poder, tras una reunión que se llevó a cabo en julio del 2021, en la cual Gonzáles expuso el seguimiento que se le venía realizando a Cerrón, se llegó al acuerdo de designar a Carrasco Millones como ministro.

Cristian RebosioA esto se le suma que, tal como se pudo apreciar en la imagen anterior, el propio Carrasco Millones mantenía diálogo con el sobrino de Pedro Castillo y se refería a Gonzáles Sánchez como alguien que podía “ayudar con sus problemas de investigación” para, posteriormente, brindarle el número del entonces director de DIGIMIN.

Además, también se presentó la declaración de un testigo en reserva que expuso la cercanía del exministro con el sobrino de Pedro Castillo Terrones. Según su declaración, incluso en la época en que Fray Vásquez se encontraba más complicado con la justicia, quien seguía en comunicación con él y se mantenía dispuesto a ayudarlo era el ministro Carrasco Millones.

Cristian Rebosio
Cabe señalar que, además, en los días previos a la detención de Martín Gonzáles Sánchez, más precisamente el 23 de abril, el exdirector de DIGIMIN fue fotografiado reunido con Romel Agustín Díaz Paz, secretario de la Inspectoría General de la Policía. Esta reunión ocurrió días después de la suspensión a Harvey Colchado.

Esta información toma especial relevancia por el vínculo que existe entre Juan Carrasco Millones, el responsable de llevar a Gonzáles Sánchez a DIGIMIN, y Romel Díaz Paz, quien tuvo una participación especial en la elaboración de los informes de inteligencia para las prisiones preventivas que Carrasco Millones solicitaba en sus días como fiscal y que, tal como lo ha informado Sudaca en otros informes periodísticos, mostraban serias irregularidades y, en numerosos casos, las personas detenidas eran liberadas posteriormente debido a la falta de pruebas.

Sin embargo, este no es el único dato que compromete a Díaz. Años atrás, luego de la detención del alcalde de Chiclayo, David Cornejo Chinguel, algunos de los funcionarios de su gestión que también fueron detenidos declararon que el burgomaestre afirmaba tener un policía que lo alertaba de cualquier operativo que se estuviese por realizar en la municipalidad y el nombre mencionado fue el de Romel Díaz Paz.

Paradójicamente, pese a estar involucrado en numerosos casos de prisiones preventivas que no concluían en condenas y presentaban serias irregularidades en la sustentación, el exministro Carrasco Millones a declarado con respecto a la detención y prisión preventiva para Martín Gonzáles Sánchez que “La estrategia era detener para investigar, pero se ha olvidado que hay un nuevo Código Procesal Penal, donde la exigencia es: investiga para detener”.

 

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Fray Vásquez, Juan Carrasco, Martín Gonzáles, Romel Díaz

La incredulidad nos ha llevado a creer en falsas historias y a presenciar una serie de cambios que se llevan a cabo a nivel intermedio. En la actualidad, nos sumergimos en la era de la tecno-política, donde somos testigos de una realidad fructífera envuelta en un entorno de desinformación y favores que otros se ven obligados a resolver. Y este aliado ha sido las redes sociales que se han vuelto el principal foco de desinformación para cubrir muchas necesidades.

Ulises Villegas es burgomaestre de Comas. Un alcalde que ha intentado hacer justicia, pero cuyo pasado y gestión al frente del distrito no lo favorece mucho. Sin embargo, vamos a lo ocurrido hace poco cuando personas lo interceptaron en su auto y le ocasionaron graves golpes en la cabeza. Este es un acto condenable hacia cualquier persona, sea alcalde, político en general o ciudadano de a pie.

Esto fue en la urbanización Santa Luzmila, quienes lo obligaron a salir de su camioneta a golpes junto a su esposa, causándole graves lesiones. La policía encontró el vehículo abandonado a pocas cuadras del lugar del ataque, ya que desplegó un operativo por los alrededores, ubicando la camioneta a pocas cuadras del ataque. Durante el asalto, los delincuentes golpearon al alcalde en la cabeza, lo que provocó graves lesiones. Su esposa también resultó gravemente herida. Ulises Villegas vinculó este ataque con las amenazas que ha recibido desde el año pasado, incluyendo amenazas de muerte.

Y es que muchas de estas suceden desde enero pasado. Villegas denunció que venía recibiendo amenazas de muerte, luego de desalojar a comerciantes ambulantes del mercado Chacra Cerro, quienes habían ocupado la vía del jirón León Pinelo y calles adyacentes durante 48 años. Además, denunció que venía recibiendo llamadas extorsivas por parte de presuntos integrantes del Tren de Aragua de Venezuela. Esto se da a pesar de que su gestión comenzó en enero de 2023

Esto pone al burgomaestre de Comas como una víctima más de la delincuencia, inseguridad y ajustes de cuenta que sucede a menudo en la capital. A tal punto que Villegas salió en un evento del distrito a gritarle a la presidente de la República de que “no era su hijo”. Esto en torno a una declaración de la mandataria fuera de su caso.

Tampoco es un santo

Parece que ahora con lo ocurrido con el alcalde se han desvanecido por arte de magia todos los antecedentes que Villegas tenía. Y es que este incidente ocurre mientras los medios publicaban las irregularidades que existían en la gestión del alcalde de Comas.

Un escándalo en el distrito de Comas puso bajo la lupa a Wendy Sueñer Rojo, una ama de casa residente en la zona, quien se encuentra en el ojo del huracán tras ser identificada como la propietaria de una empresa próspera, a pesar de su afirmación de no tener participación en actividades empresariales. Según registros de la Municipalidad de Comas, la empresa supuestamente facturó más de 500 mil soles en un lapso de ocho meses, lo que ha generado interrogantes sobre posibles actividades ilícitas en la gestión pública de la localidad.

Aunque Sueñer Rojo niega haber prestado servicios a la municipalidad y afirma vivir en condiciones modestas, los documentos oficiales muestran que su empresa, Distribuidora y Servicios Ismael, recibió órdenes de servicio por montos significativos, como los 39 mil soles generados en un solo día por la reparación de tres camionetas. Su aparente reticencia a brindar explicaciones sobre su participación empresarial, así como las contradicciones en sus declaraciones, han avivado las sospechas sobre su posible papel como testaferra.

El alcalde del distrito, Ulises Villegas, se vio obligado a responder a estas acusaciones, prometiendo tomar medidas drásticas y presentar denuncias penales si se confirma algún acto de corrupción en su administración. Sin embargo, estas promesas pueden resultar vacías si no se llevan a cabo investigaciones exhaustivas para esclarecer la situación y enjuiciar a los responsables del presunto fraude.

Mientras tanto, la ciudadanía de Comas y de todo el país observa con indignación cómo se desperdician recursos públicos que podrían destinarse a mejorar los servicios básicos y la calidad de vida de la población. El dinero desviado ilegalmente representa una pérdida directa para los contribuyentes, quienes exigen una buena explicación clara y acciones contundentes por parte de las autoridades competentes.

En un video publicado en TikTok, el alcalde de Comas expresó su frustración por las preguntas de un programa de televisión sobre la presunta empresa y solicitó que toda la documentación relacionada con el caso sea entregada para su revisión.

Denuncia de estafa

Según documentos presentados ante el Jurado Nacional de Elecciones, Villegas Rojas fue condenado en el 2002 por el delito de estafa, relacionado con un supuesto servicio legal que nunca se cumplió. Aunque la condena ya ha sido cumplida y rehabilitada, su existencia plantea interrogantes sobre la integridad del próximo líder municipal.

Benjamin Zevallos

El expediente judicial revela que Ulises Villegas fue condenado por prometer servicios legales a un ciudadano para obtener un permiso judicial de viaje, sin cumplir con lo acordado. Esta situación arroja luz sobre la conducta pasada del alcalde, especialmente considerando que en el momento de los hechos, Villegas aún no había obtenido su título de abogado.

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El cuestionable historial de Romel Díaz Paz, el coronel de la PNP que habría estado involucrado en la polémica suspensión a Harvey Colchado. 

Durante el viernes 26 de abril, un megaoperativo  a cargo de la Policía Nacional y el Ministerio Público se convirtió en la principal noticia de la semana. Tal relevancia era entendible debido a que a dicho día terminaría con la detención de Martín Gonzales Sánchez, quien supo ocupar el cargo de jefe de la Dirección General de Inteligencia. 

Sobre Gonzales Sánchez pesaban acusaciones muy serias debido  a que era señalado como el responsable de filtrar información que ayudaron a que Fray Vásquez Castillo, sobrino de Pedro Castillo, y Juan Silva, exministro del gobierno de Castillo Terrones, pudiesen evadir con éxito los operativos que se planeaban para capturarlos. Además, también era sindicado como responsable de la fuga del exjuez César Hinostroza.

UNA FOTO PARA EL RECUERDO

 Sin embargo, la situación de Martín Gonzales, como suele ocurrir en estos casos, compromete a muchas más personas en cargos importantes. Esto habría quedado en evidencia en la foto que publicó Latina y que corresponde al 25 de abril. En esta imagen se puede observar a Gonzales Sánchez reunido con el coronel PNP Romel Díaz Paz. Cabe señalar que Díaz trabaja como secretario en la Inspectoría de la PNP, oficina que fue responsable de la suspensión a Harvey Colchado, y, además, es el oficial de mayor confianza del inspector general Jhonny Veliz, tal como lo explicó el periodista de Latina, Rodrigo Cruz.

Cristian Rebosio

UN POLICÍA NADA EJEMPLAR

Pero esta no es la primera vez que Romel Díaz Paz se ve involucrado en situaciones sospechosas. En 2014, el exministro Juan Carrasco Millones, quien en ese entonces se desempeñaba como fiscal adjunto, saltó a la fama por liderar el caso “Los Limpios de la Corrupción” que terminó con la detención del alcalde y más de veinte funcionarios de la Municipalidad de Chiclayo.

Sin embargo, años después se conoció que muchas de las prisiones preventivas que se dieron para este caso no estaban correctamente justificadas. Es en esta parte de la historia que aparece el nombre de Romel Agustín Díaz Paz, quien figura como uno de los responsables del informe de inteligencia que usó Carrasco Millones para conseguir las detenciones.

En 2019 se tomó la declaración de Luis Enrique Farfán Silva, quien para 2014 se desempeñaba como jefe de la OFINTERPOL, y dijo desconocer el trámite del cuestionado informe que involucraba a Díaz Paz y agregó que, tanto él como otro el policía involucrado, no estaban bajo su mando. 

Cristian Rebosio

Otro de los episodios cuestionables en la carrera de Díaz Paz se remonta al año 2018, cuando se produjo la captura del alcalde de Chiclayo, David Cornejo Chinguel, y varios funcionarios de su confianza. En aquella oportunidad, Nilton César Monje Sampen, uno de los funcionarios de la gestión de Cornejo Chinguel, realizó unas declaraciones que comprometían seriamente a Romel Díaz.

Según lo que contó Monje, el alcalde Cornejo tenía un amigo en la policía que, tal como quedó registrado en las declaraciones que dio en esa oportunidad, “le advertía d todo tipo de operativos hacia la Municipalidad Provincial de Chiclayo” y hasta se jactaba de haber podido frustrar operativos que iban a exponer las irregularidades de su gestión gracias a la información de Romel Díaz, a quien Monje identificó con nombre y apellido.

Cristian Rebosio

Pero, extrañamente, Nilton Monje Sampen pidió realizar una ampliación de declaración en la cual negó que Romel Díaz haya sido el policía que filtraba información. Monje intentó justificar este cambio alegando que, debido a un cuadro de diabetes emotiva, se refirió a Romel Díaz sólo porque fue un nombre que surgió en comentarios y, además, afirmó no conocer a Díaz en persona y que ignoraba el rango que ostentaba.

Cristian Rebosio

Aunque Monje no sería el único que identificaría a Romel Díaz como el infiltrado del alcalde Cornejo Chinguel. Susana Culqui Pacaya, subgerente de coordinación de alcaldía, también en la que expuso a Romel Díaz como el policía que actuaba en complicidad con el alcalde Cornejo y, en las declaraciones que brindó el 28 de enero del 2019, Culqui relató que el alcalde le comentó que el comandante Díaz la conocía y había estudiado con ella.

Cristian Rebosio

En este último caso también se pudo observar un proceder cuestionable por parte del exministro Juan Carrasco Millones. Esto quedó en evidencia cuando Carrasco tuvo a su cargo la investigación con respecto a las acusaciones al policía Romel Díaz Paz y se observaron algunas irregularidades.

Una de ellas se puede encontrar en la siguiente imagen en la cual Carrasco Millones solicitó que se genere la carpeta fiscal vinculada con la investigación a Romel Díaz Paz. En este oficio dirigido a mesa de partes Carrasco Millones puso como fecha 28 de enero, pero también hace referencia a una disposición que se conoció el 4 de febrero, un dato que no podría haber conocido en la fecha que supuestamente generó la carpeta fiscal.

Cristian Rebosio

Si bien a las nuevas investigaciones les queda un largo camino por recorrer, el historial de Romel Díaz Paz sumado a su cercanía a Martín Gonzales y la tan criticada suspensión a Harvey Colchado invitan a creer que, una vez más, la justicia no ha sido la prioridad para muchos de los encargados de protegerla.

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Fray Vásquez, Juan Carrasco, Martín Gonzáles, Romel Díaz

 

Quienes la critican son precisamente aquellos que buscan mantener la situación como está; es decir, mantener el statu quo. Critican, pero no proponen alternativas. Y cuando las proponen, se trata de recetas que ya se intentaron en las tres últimas décadas y no han logrado los resultados esperados. ¿Por qué no hacer, entonces, lo que en el mundo está demostrando que sí funciona?

¿Qué es lo que está funcionando en la mayor parte de los países del mundo?

Desde 2018, la encuesta mundial de la UNCTAD muestra claramente que en los 10 últimos años al menos 101 economías desarrolladas y en vías de desarrollo, que representan el 90% del PBI mundial, han adoptado estrategias oficiales de desarrollo industrial. Y en los cinco últimos años la formulación de nuevas estrategias se ha acelerado.

Para comprender cómo la ley de incentivos para la agricultura le dio un gran impulso al sector agro exportador, entendamos que una industria que exportaba entre 180 y 390 millones anuales hace 20 años, hoy exporta 8500 millones de dólares. Hemos crecido 15 % anual durante 20 años. Eso se llama boom exportador, eso se apellida crecimiento, eso pertenece al milagro peruano, imitémoslo.

El bono demográfico peruano

350.000 nuevos jóvenes ingresan al mundo laboral cada año. Este bono demográfico con el que contamos hoy es una gran oportunidad y un gran potencial, pero no lo estamos aprovechando.

Esa fuerza laboral debería ser la que impulse el desarrollo del país en las siguientes décadas, cuando ya no contemos con ese viento a favor. Pero lo que sucede hoy en día es que la economía no está creando las oportunidades que nuestros jóvenes necesitan, y por ello, terminan en su mayoría trabajando en la informalidad, en condiciones de precariedad laboral y con baja productividad.

Esa es una de las razones por la que los jóvenes con mayores posibilidades económicas están optando por irse del país, yendo a aportar y producir lo que deberían hacer en el Perú. Necesitamos que nuestros jóvenes sepan que acá pueden alcanzar sus sueños y, además, que nos ayuden a construir el país que soñamos. Sin ellos, no sería posible.

Es por esa razón por la que el PL para una Nueva Ley de Industrias contiene medidas que apuntan a crear las oportunidades laborales que necesitan y anhelan nuestros jóvenes. La Ley y sus medidas buscan crear las condiciones para el desarrollo de todos aquellos sectores productivos con potencial de crecimiento y en todas las regiones del Perú, mediante la atracción de nueva inversión privada que genere de empleo en diferentes regiones del país.

Es una Ley sin ideologías, que no es ni de izquierda ni de derecha, que se basa en lo que están haciendo y está mostrando resultados positivos en diferentes países de todo el mundo. La ley tiene como objetivo principal el progreso y crecimiento del Perú.

Las medidas tienen como fin aumentar la productividad del tejido empresarial del Perú a través de políticas de desarrollo productivo y la promoción de la inversión privada. En la práctica eso también implica atender e impulsar el crecimiento de las mypes, las cuales concentran el 60% del empleo del país.

Al implementar medidas para la promoción y crecimiento de las mypes, la Ley de Industrias impulsará la generación de millones de empleos en sectores estratégicos del Perú.

La Ley tiene, por un lado, un enfoque sectorial, a partir del reconocimiento de aquellos sectores con mayor potencial para el desarrollo productivo, la inversión privada y la generación de empleos, directos e indirectos. Ejemplos como lo sucedido con la agroexportación en los últimos 20 años deben marcar una pauta de lo que es posible hacer para atraer inversión privada y generar empleo en nuevos sectores estratégicos.

Por otro lado, tiene un enfoque territorial, pues apuesta por la necesidad de crear ecosistemas propicios para atraer inversión privada a todas las regiones, por ejemplo, mediante la inversión en infraestructura, como carreteras y energía eléctrica. Solo con esas condiciones será posible crear oportunidades económicas y generación de empleo en todas las regiones del Perú.

Asimismo, la Ley de Industrias contempla medidas para la promoción e impulso en el Perú de tendencias globales que miran al futuro, tales como la economía circular. Esta es una oportunidad tremenda para generar puestos de trabajo en todos los sectores en los que se implemente, como por ejemplo, las energías renovables o la electromovilidad.

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Desde mediados del siglo XVIII, las fuerzas productivas empezaron a avanzar a pasos agigantados, probablemente como no había sucedido nunca en la larga historia de la humanidad. Toda la inventiva acumulada durante centurias se volcó en la implementación de políticas de crecimiento industrial o que propiciaron la inversión privada, el crecimiento económico y la generación intensiva de empleo de mayor y mejor calidad. Lamentablemente, en el Perú nos fuimos quedando estancados en el tiempo.

Además de reconocer ese estancamiento, también tenemos que reconocer que si bien las políticas económicas impulsadas desde los inicios de los años noventa dieron resultados positivos, el modelo poco a poco fue agotándose. Como dicen sus críticos, el modelo dio todo lo que tenía y todo lo que podía dar. Ahora nos toca avanzar y no retroceder hacia las políticas fallidas de los años setenta y ochenta, la era conocida como la de la sustitución de importaciones, probablemente la etapa fallida en la historia industrial del Perú.

Como dicen los especialistas, no se trata de volver a una etapa signada por un Estado interventor y acaparador, sino de mirar lo que están haciendo bien otros países del mundo, articulando lo mejor de los roles del mercado y del Estado.

“Por su parte, el Reino Unido nunca dejó de implementar el uso selectivo de políticas de promoción industrial. Lo vimos durante la pandemia para el desarrollo de la vacuna contra el covid-19, y lo seguimos viendo ahora con su programa de energía renovable ScotWind, una serie de subsidios y ventajas tributarias para el desarrollo de la industria eólica en Escocia” (Carlos Anderson en Gestión, 2023).

Sin ir muy lejos, sigamos el ejemplo de nuestra industria agropecuaria, la cual tuvo un gran impulso en el 2000 gracias a la ley de incentivos para la agricultura. Antes de esta, el Perú exportaba entre 180 y 390 millones de dólares. ¿Cuánto exporta hoy? El año pasado ha cerrado con casi 8500 millones de dólares. Hemos crecido al 15% en los últimos 20 años. Y hoy somos el primer exportador de arándanos de mundo. Ello fue posible fue gracias a una ley especial que impulsó este sector.

Miremos la otra cara de la moneda. Sectores en los cuales sabemos que tenemos un potencial enorme, y que sin embargo, a pesar de los esfuerzos desplegados desde las Mesas Ejecutivas de coordinación público privada, no han tenido los mismos resultados.

Por ejemplo ¿qué pasa con nuestra industria maderera? El Perú tiene 72 millones de hectáreas de bosque maderables. Comparativamente, Uruguay solo tiene 2 millones de bosques maderables. ¿Cuánto exporta Uruguay? Más de 1000 millones. Y el Perú con sus 72 millones de hectáreas, 118 millones y en caída.

¿Y qué sucede con el atún? El Perú cobra un impuesto para ingresar el atún, mientras que Ecuador lo tiene liberado. Entonces, obviamente, la industria se va para Ecuador y esos atunes regresan después al Perú; atún peruano, pero enlatado en Ecuador.

Lo mismo sucede con la industria textil. Las exportaciones de Centroamérica crecen cada vez más. ¿Por qué? Entre otras razones, porque han liberado el impuesto a la renta y las industrias se están yendo hacia allá.

Ejemplos abundan, lo cierto es que impulsar selectivamente ciertas industrias funciona, pero con condicionalidades. De acuerdo con Rodrik y Mazzucato (2023), las condicionalidades son poderosas herramientas que los gobiernos pueden usar para contribuir a dar forma a las inversiones y generar nuevos mercados junto al sector privado. Con condiciones, las políticas industriales pueden llevarnos a la transformación del aparato productivo.

¿En qué consisten estas condicionalidades? Es el marco de responsabilidades o compromisos que media la interacción entre la entidad pública (el gobierno) y una entidad del sector privado (la empresa), y sobre el cual el gobierno provee un beneficio a la empresa (incentivos tributarios, subsidios, etc.) a cambio de que la empresa emprenda cambios de comportamiento para alcanzar ciertos objetivos públicos. (Rodrik y Mazzucato, 2023)

En ese sentido, los países vienen implementando diversos incentivos para promover el desarrollo de la industria, como:

o Reinversión de utilidades (Ecuador, Colombia, Brasil, México, Costa Rica, Chile, Estados Unidos, Reino Unido, Singapur y España).
o Régimen especial de depreciación (Colombia, Brasil, México, Estados Unidos, Canadá, Australia y Alemania).
o Fomento de las inversiones en Zonas altoandinas (Colombia y Bolivia).
o Electromovilidad (Noruega, Suecia y Países Bajos, Chile, entre otros).
o Compras públicas (Colombia, México, Estados Unidos, Uruguay, Argentina y Bolivia, entre otros).
o TIC y SOFTWARE (Ecuador, Brasil, Argentina y Uruguay).
o Forestal (Chile, Uruguay y Brasil).
o Pesquero (Ecuador y Chile).

Si el Perú decide quedarse estancando en el modelo económico iniciado en los 90 que ya dio sus frutos, si no hacemos nada más, no será posible impulsar la inversión privada al ritmo que necesitamos, ni por lo tanto, generar el empleo necesario que necesitan los peruanos. A este paso, recuperar la tasa de pobreza prepandemia nos tomará más de 20 años.

El Perú tiene que decidir crecer y lo tiene que hacer en función al impulso de nuevos sectores productivos, como lo están haciendo otros países.

Seamos conscientes de que somos uno de los países con la mayor diversidad del mundo. Por lo tanto, es posible definir sectores donde hay un potencial evidente. Nuevamente, el mejor ejemplo es el que ya tuvimos con la agroexportación.

La nueva ley de Industrias apunta en esa dirección. Su objetivo es que el Perú pase de ser un país exportador principalmente de materias primas, a uno que exporta valor agregado.

El Perú requiere de una base productiva diversificada y de políticas sectoriales activas que nos permitan ir hacia nuevos patrones de desarrollo. El estancamiento productivo del país es resultado directo de la no existencia de políticas integradas a un proceso de diversificación productiva con mirada estratégica.

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Nueva Ley de Industria, Perú, promoción Industrial, Sociedad Nacional de Industria

Desde 1943, las entrañas del Palacio de Justicia en Lima han servido como custodios de un tesoro invaluable: más de 150 millones de documentos que abarcan los 201 años de historia republicana del Perú. En el sótano de esta emblemática sede del Poder Judicial (PJ), el Archivo General de la Nación (AGN) resguarda con celo la colección republicana, así como la documentación notarial y judicial que data desde el siglo XIX. 

Sin embargo, detrás de esta fachada histórica yace una realidad desoladora. Recorrer estos pasillos es adentrarse en un mundo de condiciones deplorables que amenazan el patrimonio documental y notarial de todos los peruanos.

Benjamin Zevallos
Archivo General de la Nación en peligro por falta de cuidados. Foto: Andina

El AGN, encargado de preservar la memoria histórica del país, se enfrenta a un desafío monumental. A lo largo de décadas, los documentos han sufrido el deterioro causado por el paso del tiempo, la humedad, las filtraciones de agua y la falta de mantenimiento adecuado. Los estantes repletos de expedientes, libros y registros están expuestos a un constante peligro, mientras que las instalaciones muestran señales evidentes de deterioro estructural.

Esta situación no solo pone en riesgo la integridad física de los documentos, sino que también amenaza con borrar parte de la memoria histórica del país. Los archivos del AGN son testigos silenciosos de los momentos más cruciales de la historia peruana, desde la independencia hasta los acontecimientos políticos y sociales más recientes. Preservarlos es fundamental para entender nuestro pasado y construir un futuro más sólido y consciente.

En este contexto, el inminente desalojo del sótano del Palacio de Justicia plantea una urgencia aún mayor para encontrar una solución adecuada que garantice la conservación y accesibilidad de este valioso patrimonio. El traslado a un nuevo local es una medida necesaria, pero también es crucial asegurar que las nuevas instalaciones cumplan con los estándares necesarios para proteger estos documentos históricos para las generaciones futuras.

El Archivo General de la Nación (AGN) en Perú se enfrenta a un momento crítico ante el inminente desalojo del sótano del Palacio de Justicia, donde actualmente residen documentos históricos cruciales para el país. Este traslado se debe al deterioro de las instalaciones y a la orden judicial de desalojo, que ha llevado al AGN a buscar un nuevo local para salvaguardar su invaluable contenido.

El Ministerio de Cultura ha firmado un contrato por un valor de 3 millones 161 mil 220 dólares, equivalente a 12 millones 328 mil 758 soles, para alquilar un nuevo espacio por 36 meses. Este nuevo local, ubicado en una bodega industrial en El Callao, tendrá un costo mensual de alquiler de aproximadamente 83 mil dólares.

Benjamin Zevallos

                                  Las denuncias del AGN han tomado relevancia después de varios años exigiendo cambios. Foto: Andina

La necesidad de trasladar estos documentos se debe no solo al mal estado de las instalaciones actuales, sino también a la urgencia de proteger este patrimonio histórico ante posibles daños. Sin embargo, algunos críticos advierten que el nuevo local, situado en una zona industrial, podría no ser la solución ideal, ya que podría exponer los documentos a riesgos adicionales.

A pesar de las preocupaciones sobre la idoneidad del nuevo espacio, el AGN y el Ministerio de Cultura han defendido la elección, argumentando que representa un ahorro en recursos públicos. Sin embargo, algunos expertos y funcionarios señalan que esta solución temporal podría no ser la más adecuada y abogan por la construcción de un local propio para el AGN.

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