Luego de la publicación del artículo titulado “Edgar Tello y el lobby de las Afocat en el Congreso”, la Asociación Nacional de Afocat (Anafocat), nos envió la siguiente carta, que reproducimos en su totalidad.
Consideramos, sin embargo, que no existe motivo alguno para rectificarnos respecto al contenido del informe en cuestión. Sobre los señalamientos tenemos que responder lo siguiente:
Anafocat señala que es falso que diversos representantes de su gremio hayan visitado el Congreso como parte de un lobby para expandir su negocio. Según el diccionario de Oxford, el término ‘lobby‘ se refiere al “intento de influir en políticos o gobiernos y persuadirlos para apoyar u oponerse a algún cambio en la ley”. Es decir, se trata de la gestión de intereses ante autoridades públicas. Este ejercicio de presión puede provenir de los más altos grupos empresariales, como también de cualquier otro grupo con una motivación común no exclusivamente económica.
Desde Sudaca resaltamos que hacer lobby no necesariamente constituye un acto ilegal. También vale recalcar que para la elaboración del informe se buscó a miembros de Anafocat para que explicaran directamente por qué visitaron, en conjunto, 34 veces el Congreso hasta la fecha. Y la respuesta fue unánime: querían buscar un cambio de ley que favorezca sus intereses. Incluso el señor Elvis Mendoza, que firma la carta como presidente de Anafocat, le dijo al autor del informe que todos los dirigentes [de las Afocat] a nivel nacional tienen el compromiso de hacer las coordinaciones con los congresistas de cada región. Esto calza perfectamente con la definición del término lobby que planteamos previamente.
En su carta, Anafocat señala que sus agremiados no representan la informalidad ni son insolventes. En Sudaca no dudamos que en el país existan asociaciones que cumplan con todas sus obligaciones. Pero también es una realidad, como puede comprobar cualquier ciudadano, que son varias las que han perdido su licencia de funcionamiento. Van 14, según la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS), y casi todas por problemas de solvencia económica o faltas administrativas que van en contra de su propio reglamento. Otras cuatro figuran con resolución de caducidad.
Incluso hace unos años se denunció desde el mismo Congreso que las Afocat adeudaban más de S/2,5 millones a hospitales. Esto incluía, según el ex congresista Jaime Delgado, Afocat operativas y otras con registros cancelados por la SBS.
Finalmente, respecto a las versiones incluidas de corredores de seguros citados en el informe, debemos precisar que estas corresponden a las opiniones personales de representantes de la Asociación de Corredores de Seguros (Ascorse) y la Asociación Peruana de Empresas de Seguros (Apeseg). Estas declaraciones fueron buscadas como parte del ejercicio periodístico de tener opiniones informadas de personas que conozcan el sector de seguros vehiculares nacionales.
