[HACIENDO EMPRESA] Veamos, este año 2024 debe ser para muchos un año decisivo, donde nuestras decisiones financieras serán determinantes para nuestros objetivos de la próxima década; bajo esta óptica queremos compartir un posible mapa de inversiones que tienen por objetivo alentar la independencia económica de las personas:
Sector inmobiliario: si bien es cierto, este sector ha sufrido muchos estragos en los pasados años post pandemia, dado que el escaso apoyo del sector financiero, este hecho genera hoy una gran oportunidad de desarrollo para las inversiones ya que este año entrará en recuperación, buscando financiación en banca paralela, abriendo así posibles inversiones para variado tamaño y perfil de inversionistas. Dató importante: que la empresa idealmente tenga activos que respalden la inversión (suele ser el mismo terreno ) y que tengas confianza en los desarrolladores.
Sector Agricultura: La agricultura se encuentra en un momento importantísimo, dado que después de haber enfrentado al fenómeno del niño por 2 años consecutivos, seguimos al pie del cañón y liderando en exportaciones frente a varios países, eso nos ha hecho más sólidos por lo que al día de hoy, invertir en campos de cultivo, negocios de acopio y exportación , o cualquier arista del sector, se ha vuelto altamente atractivo ya que no baja el nivel de producción y de consumo.
Tecnología : nuevamente la pandemia contribuyó nos a desarrollar mucho el sector, dado que nos hemos visto retados a implementar mejoras para nuestro trabajo remoto, nuestras necesidades han generado muchos start ups enfocadas en el hogar; consideramos, que el sector seguirá creciendo naturalmente ya que todos buscamos cómo mejorar nuestra calidad de vida apoyados en la tecnología.
Consideramos que estos tres sectores tienen un papel prioritario en el desarrollo económico de nuestro país en el presente año.
[PIE DERECHO] Nuevamente ha reaparecido el fantasma de la xenofobia en el país, a propósito de los sucesos de Ecuador y su vinculación con bandas criminales extranjeras. Las voces que claman por el cierre de fronteras y la expulsión de los venezolanos ya se hacen sentir y han escalado al ámbito político, por lo que, seguramente, será insumo de la campaña electoral del 2026.
En esa medida, será necesario reiterar hasta el cansancio la contundencia de los datos de la realidad para contrarrestar esta ola de opinión pública basada en la desinformación. No es verdad que del millón y medio de venezolanos que ha venido a estas tierras, la mayoría sea delincuencial. No lo debe ser ni una mínima parte, la misma proporción que seguramente existe entre la población peruana y sus grupos criminales.
Por el contrario, la mayoría de migrantes son gente de paz que ha llegado huyendo de las miserias políticas y económicas del régimen de Maduro. Y que, como suele suceder con las olas migratorias, luego del shock inicial por su masividad, terminan generando inmensos beneficios sociales, culturales y económicos al país recipiente de ese flujo.
Hay que saludar la venida de compatriotas venezolanos, vecinos de la patria grande. Y darles la bienvenida, como a la postre (porque al comienzo fueron mano de obra esclavizada) se hizo con la migración china, japonesa o africana, y que hoy tantos beneficios brindan a la riqueza cultural del país.
En este tema, el Perú ha demostrado una sapiencia social que no han tenido, hasta ahora, las naciones europeas, que a sus migrantes los han encerrado prácticamente en ghettos, apartándolos del flujo cívico normal, y quejándose luego de por qué no adoptan los patrones culturales del país que los ha acogido. Eso pasa, inclusive, en naciones supuestamente modernas e inclusivas, como las nórdicas, que hoy tienen un serio problema de marginalidad social producto de malas políticas inmigratorias.
En el Perú, los venezolanos se han integrado perfectamente al tejido social. Están por todo el territorio nacional, laborando en diversas actividades y poco a poco asentándose y prosperando, sin generar la pérdida de empleo de los peruanos, que suele ser el fundamento demagógico que en muchas latitudes se utiliza para aborrecer a los migrantes. Ojalá no eche raíces la primitiva xenofobia que algunos líderes políticos tratan de inculcar en sus seguidores. Sería una desgracia sumar ella, al deplorable racismo y clasismo que subsisten en nuestra sociedad.
[EN LA ARENA] Los países de América Latina hemos tenido diversos tipos de relación a lo largo de los últimos dos siglos. Nos unimos para enfrentar a la corona española, pero luego surgieron conflictos entre nosotros por delimitar fronteras. Recordemos las guerras entre Estados Unidos y México, la creación de los países centro americanos o las disputas entre Perú y sus países vecinos, ni hablemos de Bolivia que terminó sin salida al mar. A la par que sucedían estos conflictos territoriales, también nos costaba muchísimo instaurar la democracia dentro de cada país. Las dictaduras fueron tantas, sean por la imposición de un solo partido o por golpe de estado militar que llegaron a ser un rasgo distintivo de un país latinoamericano. Incluso surgió una novela de la dictadura, que planteó como reto el intentar conocer la mente del dictador y la crueldad con la que sometía a sus enemigos.
Otro elemento que nos ha unido ha sido el control que Estados Unidos ejerció sobre nuestras economías, nuestra cultura y nuestras legislaciones a lo largo del siglo XX. De modo que Estados Unidos reemplazó a España como esa suerte de enemigo mayor al que le conviene fomentar grandes brechas económicas y educativas para mantener una mano de obra más que barata en cada país donde sus grandes empresarios invertían. En muchos casos los dictadores eran obra de su angurria.
Víctimas de persecuciones, muchos hombres y mujeres latinoamericanos se asilaban en países vecinos, para contar con el apoyo de un aparato estatal. Y así nos hermanaba el refugio político y la producción cultural que iba de la mano, plena de canciones, poemas y películas, develando el castigo de quienes luchaban por cambiar las condiciones de indigencia en la que se encontraban grandes sectores de todo el continente.
Cuando en la década del 70 funda Estados Unidos la dirección de Administración de Control de Drogas, la DEA, emergen la producción de cocaína y marihuana como productos comerciales que no sólo se consumirían dentro del continente, sino que se exportaría hacia un mercado global. El narcotráfico se impuso una década después como un nuevo vínculo que nos uniría de manera ilegal por razones de producción, comercialización y consumo.
Dictaduras van, carteles de narcotráfico vienen, con el arribo del modelo neoliberal, a fines del siglo pasado, parecía que ya no necesitarían dictaduras y otros sistemas ineficientes, provocadores de pobreza, lastres que impedían que la democracia y la riqueza florecieran en nuestros países, a quienes ya les había llegado el momento de trabajar entre sí. Mayores alianzas entre los países, mejores ganancias y con ello, la llegada del buen y democrático libre comercio. Pero este ideal no funcionó, la pobreza siguió creciendo, las dictaduras reaparecieron y la población empezó a migrar hacia los países vecinos en grandes cantidades sin histórica comparación. Siendo siempre Estados Unidos la meca, otros países también nos recibimos: peruanos fuimos a Chile y Argentina, centroamericanos a México o Venezolanos a Perú.
Con la migración, el narcotráfico y la necesidad de armas para cárteles y guerrillas, la trata de personas y otros crímenes se han vuelto actos cotidianos. Nuestro nuevo vínculo con Ecuador ha quedado clarísimo: abarca hasta miembros de las fuerzas armadas peruanas, quienes trafican armas para fortalecer a Los Choneros o Los Tiguerones, aliados de otros cárteles mexicanos, como el de Sinaloa, con muchísimo poder. Sus historias ya no se narran tanto en novelas, como en series, películas y en los programas de noticias. Su música ya no es la salsa reflexiva, la nueva trova o el rock en español (ese que desafiaba al compuesto en inglés), sino un ritmo reguetón que recrea las aventuras de jóvenes armados dispuestos a tomar canales de televisión, universidades, a quemar autos, a matar como en Guayaquil.
En eso devino la economía liberal e ilegal que hoy nos hermana. Esta en nuestras manos organizarnos, como continente, ponerle fin y dar comienzo a vínculos que nos ayuden a resolver realmente los retos de una población que ya no podemos dejar que continúe en manos de la pobreza y el horror.
[PIE DERECHO] Contra los rumores que arreciaron en los últimos días respecto de un inminente cambio de ministros que podía incluir al propio presidente del consejo de ministros, Alberto Otárola, este gabinete parece más sólido que nunca.
La permanencia de un ministro tan endeble como Álex Contreras en el MEF -alfil de Otárola-, quien ha debido tragarse el sapo de Petroperú -su allanamiento a su salvataje financiero muestra cuán dúctil es el titular del jirón Junín y a qué está dispuesto con tal de mantener el fajín-, revela que el tablero del Premier sigue incólume y ha resistido el embate del sector boluartista.
Fue el titular del MIDIS, Julio Demartini, bajo el manto de la presidenta, quien, a pedido de la propia primera mandataria, organizó la velada con los economistas Luis Carranza y José Arista, que tanto escozor causó en el ministro Contreras y lo llevó a amagar una renuncia que luego fue amañada por las movidas del astuto y funcional Otárola. Hoy, Demartini sufre el hielo del Premier.
Las aguas parecen haber vuelto a su nivel, aunque ello genera un estado de cosas momentáneo, dada la precariedad del régimen. Una ventisca futura puede llevarse de encuentro al gabinete Otárola y su gestión ya está bajo el acecho de algunos lobbies empresariales que quieren poner a un Premier más funcional a sus intereses (allí, para variar, encabeza la lista de premierables, un inefable expremier aprista, quien se muere de ganas de volver a disfrutar las mieles y oros del poder político y sabe que por la vía electoral ello es imposible).
Lo cierto, en todo caso, más allá de este juego de intrigas e intentos de serruche, es que, de prosperar esta estabilidad mediocre, de la cual el único que se podrá congratular es el premier Otárola, más no el país, olvidémonos de una recuperación económica consistente con nuestras potencialidades y, lo que es más grave, descartemos que se construya una estrategia eficaz contra la delincuencia organizada que nos azota, a la sazón, los dos mayores problemas vigentes que como país enfrentamos.
No ocurrirá, al menos en el corto plazo, un upgrade político en el gobierno de Dina Boluarte. Seguirá funcionado de la misma manera como lo ha hecho en su poco más de un año de gestión. Mucha medianía y poca eficacia será el denominador común del periodo que se avecina. El Perú seguirá languideciendo al son de los apetitos de poder del establishment que ha dispuesto un Premier, más dado a la supervivencia que a la transformación ejecutiva de su entorno y la solución real de los problemas que afronta.
[EL CORAZÓN DE LAS TINIEBLAS] Ya hace un tiempo, en mis clases, refiero como Conflicto Armado Interno y Lucha contra el terrorismo al luctuoso periodo en que SL y MRTA asolaron al país. Utilizo las dos denominaciones en simultáneo por respeto a las diferentes posturas que existen sobre aquella larga y dolorosa coyuntura.
Hoy, el Presidente Daniel Novoa, de derecha, le llama directamente Conflicto Armado Interno a la terrible situación que, súbitamente, se ha presentado en Ecuador, tras la fuga de dos cabecillas del narcotráfico (en total fugaron 39 reos de la cárcel de Ríobamba), la toma de un canal de televisión y de diferentes locales que cumplen diferentes funciones, pero que tienen en común ser lugares públicos, lo que ha motivado la toma de cientos de rehenes a manos de los grupos armados.
La expresión de Novoa puede resumirse con el siguiente parafraseo: las acciones de estos grupos son terroristas, por eso declaro el Conflicto Armado Interno. De esta manera, se valida lo que se ha señalado desde la CVR respecto de lo que sucedió en el Perú desde 1980 en adelante: Conflicto Armado Interno, refiere un enfrentamiento que supera la delincuencia común, y que no es un Conflicto Internacional, pues este último implicaría el enfrentamiento entre dos Estados. De tal manera, CAI resultaría la denominación correcta para nuestro caso.
Además, así lo refieren los Convenios de Ginebra de 1949 que son los que hasta hoy ofrecen al mundo un marco de denominaciones oficiales para los diversos enfrentamientos entre grupos armados. Los Convenios también hacen referencia al terrorismo, pero lo entienden más como un método de acción utilizado por uno o todos los bandos en conflicto. Grosso Modo, hay terrorismo cuando alguno o todos los contendientes validan que un sector o individuos de la población civil puedan ser utilizados como blanco, como parte de sus objetivos militares. También puede entenderse como la intención de sembrar el terror entre la población con las mismas finalidades.
Por supuesto que los Convenios de Ginebra condenan duramente el uso de prácticas terroristas, las que se encuentran absolutamente al margen del derecho de la guerra. En tal sentido, lo que podríamos decir que ocurrió en nuestro país fue un Conflicto Armado Interno y podríamos añadir que este se caracterizó, principalmente, por las acciones terroristas perpetradas por los grupos armados SL y MRTA.
El problema con esta definición es que, de acuerdo con los datos de CVR, el 30% de las víctimas civiles del CAI cayeron a manos de nuestras Fuerzas armadas o policiales, aunque también es verdad que estas, finalmente, fueron las que derrotaron a las bandas terroristas y pacificaron al país. Esta situación complica alcanzar una fórmula que complazca todas las posturas que existen al respecto.
En el pasado he escrito sobre la actuación de nuestras Fuerzas Armadas y Policiales en el CAI. He dicho que poseen un doble y hasta un triple estatuto. El de víctimas, porque lo fueron muchas veces, el de victimarios, porque esta situación también se produjo, y el de vencedores de las bandas terroristas y pacificadores del país.
En tal sentido, me parece que definir o darle un nombre a lo que aquí comenzó a acontecer desde 1980 en adelante puede resultar sencillo, pero también muy complicado. Es sencillo porque Conflicto Armado Interno es el nombre oficial que establece el derecho internacional para casos como el nuestro, pero es complicado porque dicha denominación no satisface a todos los sectores de la sociedad.
A nuestro parecer, la solución pasa por una descripción más bien amplia de la escena, es decir, señalar que en el Perú se produjo un Conflicto Armado Interno en el que las bandas terroristas SL y MRTA asolaron al país, siendo responsables, además, de la mayor parte de bajas civiles que el enfrentamiento produjo. Estas bandas fueron combatidas por las fuerzas armadas y policiales las que también dañaron a un sector de la población civil. Finalmente, las fuerzas armadas y policiales lograron vencen a las bandas terroristas y pacificaron al país.
Entiendo cabalmente que explicar no es lo mismo que nombrar, y que, además, existen sectores radicales, a ambos lados, que, de seguro, no estarán de acuerdo con la descripción propuesta. En todo caso, saber que existe una definición que intenta reflejar todo lo ocurrido, sin negar nada y en una sola oración, podría resultar tranquilizador y hasta cierto punto consensual si la sociedad conoce que dicha definición está impresa y se difunde, por ejemplo, en los manuales escolares del Estado, tanto como en aquellos divulgados por casas editoriales privadas.
En fin, me temo que esta discusión no va a terminar nunca, pero quizá sí resulte posible generar un contexto en el cual podamos conversar del tema sin necesidad de atacarnos, dividirnos, ni de levantar la voz, así maduraremos, aunque sea un poco, como sociedad. ¿Será posible?
[PIE DERECHO] No estamos lejos de que en nuestro país ocurra algo parecido a lo que acontece en Ecuador, con la reciente asonada violenta del crimen organizado.
Tenemos todos los ingredientes para que algo así nos suceda: debilidad del Estado democrático, corrupción de las fuerzas del orden (tanto policiales como militares) y del sistema de justicia (Ministerio Público y Poder Judicial), eslabón de partida del narcotráfico, vientre de todas las mafias habidas y por haber (narcotráfico, minería ilegal, trata de personas, contrabando, tráfico de terrenos, etc.) y proliferación de bandas criminales que empiezan por delitos comunes y luego se engranan con los grupos criminales señalados.
El Perú no es un paraíso para las inversiones -dejó de serlo hace muchos años- sino para el delito. Cualquier organización criminal que se sienta perseguida con eficacia en su país de origen verá que la migración al nuestro le abrirá una oportunidad de oro para desarrollarse, como ya ha sucedido con el sanguinario Tren de Aragua venezolano.
Toca asumir la responsabilidad de conducir el proceso de prevención y control de la inseguridad ciudadana a un gobierno débil y mediocre. Corresponde entonces a la clase política en su conjunto y a la sociedad civil, apuntalar un proceso consensual de elaboración de una estrategia eficaz respecto del crecimiento exponencial del crimen organizado, que amenaza con llevarse de encuentro no solo la paz social sino el Estado democrático.
Estamos todos los peruanos de bien en el mismo bote, por encima de cualquier opinión discrepante o parecer divergente respecto de temas ideológicos o morales. El Perú está a punto de cruzar la línea, si acaso no lo hizo ya, y de convertirse en un Estado controlado por las mafias delictivas, un peligro equivalente al que afrontamos cuando sufrimos la asonada asesina del terrorismo de Sendero Luminoso y el MRTA y que en algún momento hizo temer que capturasen el poder.
Ya no se puede mirar de soslayo el problema. La ciudadanía, con sensibilidad frente a su cotidianeidad, ya lo identifica como el principal desvelo nacional, por encima de la crisis económica. Las calles, los negocios, la vida ciudadana en general están siendo sometidas por el delito y el hartazgo frente a ello, si no encuentra solución, va a encontrar alivio con propuestas populistas o autoritarias. Por ello, la urgencia de ponerle coto, democráticamente, dentro del estado de derecho, lo antes posible.
[PIE DERECHO] El pedido de prisión preventiva de 18 meses contra el suboficial de la policía, Joe Erick Torres Lobón, por la muerte del ciudadano de 22 años, Rosalino Flores Valverde, quien murió a causa de una ráfaga de perdigones el pasado 11 de enero, en Cusco, durante la realización de las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte, es ejemplar.
Primero, porque el fallo del juez va a contrapelo de los intentos institucionales de la propia policía, por encubrir al agente, modificando fechas y horarios de asistencia y entrega de armamento, para tratar de ocultar su participación en el crimen. Segundo, porque en la propia sentencia se advierte que “no fue un crimen aislado, sino una respuesta estatal desproporcionada. No solo fue afectada la vida, sino los derechos de las personas a manifestar su disconformidad”. De proceder con esta línea, habrá responsabilidades penales en el gobierno por lo sucedido.
Este hecho, inédito en el país, debería constituir un parteaguas respecto de las políticas represivas de protestas sociales. Tarde o temprano, este tipo de protestas volverá a ocurrir y se espera que las fuerzas del orden hayan aprendido que se debe responder a ellas dentro del marco constitucional.
La violencia debe ser reprimida y acarrear sanciones penales para sus gestores. Inclusive, el uso de las armas policiales debe ser autorizado en caso se ponga en riesgo la integridad vital de las propias fuerzas del orden o de la sociedad civil, pero nunca cuando se ejerce otro tipo de violencia, como toma de carreteras o puentes.
No hay pena de muerte contemplada en nuestro código penal contra la protesta social. La policía no puede, por ende, arrogarse esa función a su libre albedrío, ni siquiera cuando algo semejante, como se investiga, parece haber provenido de órdenes superiores, cuyo escalafón está aún por determinarse (Boluarte y Otárola no están exentos, a priori, de responsabilidad).
Rosalino Flores es una de las 49 personas fallecidas en las protestas y la violenta represión. Cada caso deberá merecer similar investigación judicial a la que ha conducido el juez Leodán Cristóbal Ayala, desde el Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema.
[INFORMES] Dicho comunicado viene a negar lo sostenido por el periodista César Romero Calle en diversos artículos y primeras páginas (impresas y digitales) que se ha publicado desde el 28 de diciembre del 2023 hasta el día de hoy en el diario “La República” y en que ha probado hasta el extremo la veracidad de la orden de videovigilancias y seguimientos que impartió por escrito el Fiscal Andy Junior Rodríguez Domínguez en la disposición Fiscal N° 1 del 05 de abril del 2023 en la que decide abrir una investigación secreta por 120 días “contra los que resulten responsables”.
La Fiscalía en su comunicado busca negar la existencia Carpeta Fiscal N° 87-2023
Es gravísimo que la Fiscalía quiera negar la existencia de la Carpeta Fiscal N° 87-2023 y de cuya disposición de archivo hemos sido notificados formalmente por el propio Ministerio Público el periodista César Romero y yo a fines de noviembre del 2023; y lo ridículo es que para ocultar su existencia y contenido se quiera hacer referencia a un proceso penal completamente distinto (la del abogado Castillo Alva), que está en la etapa de investigación preparatoria, y que en el caso de la investigación secreta a periodistas (CF N° 87-2023) no ha pasado de las diligencias preliminares.
La única manera que la Fiscalía pueda negar o afirmar si hubo seguimientos o videovigilancias a periodistas no es aludiendo a un proceso penal que se encuentra judicializado en donde se menciona a los periodistas César Romero y a mí, sino remitiéndose a la carpeta Fiscal número 87-2023 que obra en poder del Ministerio Público y en la que efectivamente se han ordenado videovigilancias y seguimientos a periodistas.
El Ministerio Público para emitir su comunicado ha buscado donde sabe perfectamente que no va encontrar nada de videovigilancias y seguimientos a periodistas, debido a que, según nuestras fuentes, en el proceso penal que se le sigue al abogado Castillo Alva (carpeta Fiscal 09-2019) en más de 4 años de investigación no se ha ordenado videovigilancia o seguimiento alguno.
Para opinar sobre el tema la Fiscalía de la Nación y el área de prensa del Ministerio Público deberían haber leído la primera plana del diario la República de ayer que expresamente alude a la Carpeta Fiscal 87-2023 que se encuentra en el Tercer despacho del Caso “Cuellos Blancos”.
El Ministerio Público, en el colmo de lo hilarante y bochornoso, quiere negar los documentos (disposiciones y videovigilancias) que ha obtenido oficialmente César Romero de la Carpeta Fiscal 87-2023 y que publica ayer en la primera plana el diario “la República” con el título “Ministerio Público: la carpeta 87-2023 revela sus secretos”.
Lo que oculta deliberadamente el comunicado del Ministerio Público es que el inicio de la investigación secreta contra las periodistas que emprende la Fiscalía por 120 días se debe a dos artículos publicados, uno por Sudaca, el 27 de marzo del 202 titulado “ESCÁNDALO EN EL MINISTERIO PÚBLICO: FISCALES DEL CASO CUELLOS BLANCOS SE CONVIERTEN EN ABOGADOS DEFENSORES DE WALTER RÍOS” y el otro artículo publicado por el diario la República el 30 de marzo del 2022 titulado “FISCALES AD HOC PRESIONAN A SUS COLEGAS PARA FAVORECER A REO”.
Las tres primeras páginas (de las 10 páginas) que forman parte de la disposición fiscal del 5 de abril del 2023 por las que se inicia la investigación secreta a los periodistas justamente abundan en detalles y resaltan las publicaciones realizadas por la República y por Sudaca. No hay duda alguna que sin los artículos publicados por César Romero y yo en la República y Sudaca no habría tenido sentido abrir la investigación fiscal secreta el 5 de abril del 2023 en la que se ordenó las videovigilancias.
La Carpeta Fiscal de la investigación secreta a los periodistas del diario la República, de Sudaca y la Carpeta Fiscal del abogado Castillo Alva son distintas
El Ministerio Público en su comunicado pretende hacer creer de manera temeraria e inexplicable a la opinión pública que la Quinta Sala de Apelaciones Nacional ordenó en el caso de la prisión preventiva del abogado José Luis Castillo Alva que se habría encontrado peligro de obstaculización por parte de dicho abogado por haber influido en las publicaciones del diario “La República” y el portal “Sudaca”. Las publicaciones a los que se refiere la Sala Superior datan del 16 de abril del 2023, es decir, son 11 días después de iniciada la investigación secreta iniciada por la Fiscalía de los Cuellos Blancos del Puerto. Mejor dicho, lo que la Fiscalía quiere traer en su defensa es en realidad un boomerang que les estalla en la cara: lo que la sala alude, más allá de su abierta falsedad, son noticias periodísticas publicadas tiempo después por La República y Sudaca al inicio de las diligencias secretas ordenadas por Andy Rodríguez.
La Fiscalía miente en citar la resolución de la Quinta Sala de Apelaciones Nacional como única referencia a las publicaciones de La República y Sudaca cuando, en realidad, el caso del abogado Castillo Alva es un caso completamente distinto y autónomo de la investigación secreta a los periodistas por cuatro razones. En primer lugar, la investigación al abogado Castillo Alva se encuentra en la carpeta Fiscal con número 09-2019 (de la que deriva la prisión provisional que se le solicitó) y la investigación a los periodistas es la Carpeta Fiscal número 87-2023, es decir, entre una carpeta y otra hay una diferencia de casi 4 años. En segundo lugar, la Carpeta Fiscal con número 09-2019 siempre ha permanecido en el Primer despacho del caso “Cuellos Blancos” y la Carpeta secreta a periodistas número 87-2023 ha deambulado en todos los despachos del caso Cuellos Blancos para terminar en el Tercer despacho; los fiscales a cargo de los despachos fiscales son distintos. En tercer lugar, los periodistas César Romero y yo hemos sido citados a declarar como testigos expertos en la carpeta número 09-2019 en diciembre del 2023; mientras que en la Carpeta Fiscal número 87-2023 nunca hemos sido citados a declarar y menos hemos sido escuchados. En cuarto lugar, según nuestras fuentes, la Carpeta 09-2019 sigue abierta desde el año 2019 y el plazo de la investigación se ha determinado en 3 años; mientras que la Carpeta Fiscal 87-2023 se abrió el 5 de abril del 2023 y se cerró el 23 de noviembre del 2023.
Nunca se pidió un Informe sobre la Carpeta Fiscal 87-2023 para saber si existe o no orden de videovigilar o seguir a periodistas
La causa de semejante exabrupto y la desinformación en la que incurre el Ministerio Público en su comunicado, reside en que nunca ha pedido, según nuestras fuentes, alguna información por vía oficial o informalmente al Tercer despacho del caso Cuellos Blancos quien dirige y conduce la Carpeta Fiscal número 87-2023.
La disposición fiscal del 5 de abril del 2023 que inicia la investigación secreta y ordena la videovigilancia y seguimientos a periodistas se encuentra en una Carpeta Fiscal concreta y específica (87-2023); de tal manera que se podía simplemente preguntar al despacho a cargo sobre si se había ordenado en su momento la videovigilancia y seguimientos a periodistas para que la Fiscalía de la Nación y su área de prensa del Ministerio Público salga de cualquier duda y de esta manera no mienta en su comunicado.
Cualquier estudiante de derecho, y más aún el Fiscal de la Nación, sabe que la única manera de poder obtener la “verdad” sobre el contenido de una Carpeta Fiscal es preguntándole a quien la tiene a cargo sobre los hechos que se pretende comunicar e informar a la opinión pública; o se debe pedir un informe escrito al respecto, pero lo que no se puede hacer, bajo ningún sentido, es afirmar algo sin un conocimiento mínimo de la Carpeta Fiscal, sin pedir acceso o sin solicitar que se haga un informe al respecto.
Si nunca se pregunta a quien se debe; nunca se podrá saber la verdad de los hechos y menos se podrá conocer sobre el contenido de una Carpeta Fiscal. La Fiscalía de la Nación no puede estar desconectada de los fiscales provinciales, adjuntos o auxiliares que dirigen una determinada Carpeta Fiscal.
La fuente del “error” del Comunicado de la Fiscalía
El punto 3 del Comunicado del Ministerio Público “De acuerdo a lo informado por la Coordinación del Equipo Especial de Fiscales abocado al conocimiento del caso “Los Cuellos Blancos del Puerto” no existe medidas de seguimiento, videovigilancia, ni interceptación telefónica a periodistas”.
El Comunicado de la Fiscalía toma como base para desmentir las medidas de seguimiento y videovigilancias a periodistas lo informado por la actual Coordinadora del Caso Cuellos Blancos, Magaly Quiroz Caballero. Sin embargo, lo extraño y lo raro es que el caso del seguimiento y videovigilancias a periodistas no se encuentra en la Coordinación del Equipo Especial, sino en el tercer despacho de la Fiscalía provincial del caso Cuellos Blancos. Se ha consultado con fuentes del Ministerio Público y se nos señala que nunca la Fiscal Coordinadora Magaly Quiroz Caballero, ha pedido un informe escrito al respecto, ni ha llamado a algún personal del despacho para que se le informe al respecto.
La afirmación que realiza el Comunicado del Ministerio Público no solo es falsa, sino que es desmentida por la propia disposición fiscal del 5 de abril del 2023 suscrita por el Fiscal Andy Junior Rodríguez Domínguez. Veamos:
Lamentablemente, y tal como lo ha resaltado La República, la investigación secreta se dirige de manera cobarde utilizando un paraguas legal “contra los que resulten responsables”, pero del contenido de la disposición fiscal que se declara secreta es indiscutible que el centro del interés del Fiscal Andy Junior Rodríguez eran los periodistas César Romero Calle y Juan Carlos Tafur. La explicación que ha dado el fiscal Andy Junior en su carta notarial dirigida a algunos medios de comunicación de que la persona investigada en la Carpeta reservada era el abogado José Luis Castillo Alva es absolutamente falsa ya que si fuera cierto no se entiende por qué no colocó expresamente su nombre. También debe tomarse en cuenta para demostrar la falsedad de lo dicho que Castillo Alva ya se encontraba investigado, por el propio despacho de Rodríguez, por organización criminal en la Carpeta Fiscal 09-2019 y como cualquier persona lecto escrita lo sabe ningún ciudadano puede ser investigado dos veces o de manera simultánea por los mismos hechos.
Asimismo, el mismo Andy Rodríguez y el Fiscal Superior Jorge Díaz Cabello comentaron, como lo relata también el periodista César Romero, a sus allegados más cercanos que se iba a allanar los domicilios de César Romero y el mío como las oficinas de Sudaca y La República.
Tan cierto es que los objetivos de la investigación secreta eran periodistas que criticaban a los fiscales que Andy Rodríguez lejos de enviarnos una carta de rectificación, denunciarnos al Consejo de la Prensa Peruana o querellarnos decidió en el colmo de la barbarie jurídica investigarnos él mismo y pidió a los despachos del caso Cuellos Blancos Informes sobre si habían sido objetos de ataque por La República o Sudaca. Solo basta leer la parte final de la Disposición fiscal N° 01 del 5 de abril del 2023 para darse cuenta de ello.
Para qué la Fiscalía va a ordenar recabar “información de búsqueda de fuentes abiertas (publicaciones Sudaca, La República, entre otros medios), relacionados al ataque sufrido por diversos magistrados del equipo especial de fiscales que conocen o han conocido los procesos de la OC, “Los Cuellos Blancos del Puerto”” si es que efectivamente no se va investigar e indagar a los periodistas que habían osado criticar su actuación funcional de los Fiscales Andy Junior Rodríguez y Max Castro Huamán.
Lamentablemente, la Fiscalía de la Nación y su área de prensa ha sido inducida a error por la Fiscal Magaly Quiroz, coordinadora del equipo especial Cuellos Blancos, debido a que ella ordenó el 28 de septiembre del 2023 la acumulación del caso reservado que se seguía a los oficiales de la Policía, a la Dra. Rocío Sánchez (y que tenía como objetivo principal al Coronel Harvey Colchado Huamní) con la Carpeta reservada que investigaba a periodistas. Por tanto, a ella le interesa sobremanera que no se conozca la verdad y que es una e indiscutible: Magaly Quiroz también participó en el caso de la investigación secreta a los periodistas y lo que es más grave, el 13 de septiembre del 2023 había ordenado un plazo de 8 meses de investigación secreta y que culminaba el 13 de mayo del 2024. Magaly Quiroz hizo algo peor que el Fiscal Andy Junior, pues no solo continuó con la investigación abierta el 5 de abril del 2023 desde que recibió la Carpeta Fiscal del Fiscal Andy Junior el 11 de mayo del 2023, sino que acumuló la investigación secreta a otra investigación en el que se había mandado realizar videovigilancias y seguimientos por ocho meses más, antes de derivar el caso al Tercer despacho del Equipo Especial del Caso Cuellos Blancos. Veamos:
Magaly Quiroz sabía muy bien acerca de la investigación secreta que inició Andy Rodríguez el 5 de abril, ya que luego que le derivaron la Carpeta Fiscal contra los periodistas la tuvo en su poder 5 meses 17 días, tiempo en el que si lo consideraba adecuado podía haber archivado el caso; sin embargo, pese a que los 120 días de la investigación secreta vencieron el 5 de agosto del 2023 consideró luego de casi dos meses acumular las investigaciones secretas derivándolas a otro despacho Fiscal. Incluso, la Fiscal coordinó la marcha de dichas carpetas con el ex Coronel Martín Gonzáles Sánchez quien mostraba un especial interés en el caso.
Es indiscutible, y no hay espacio para la duda, luego de leer la disposición Fiscal del 5 de abril del 2023, que el Fiscal Superior Andy Rodríguez ordenó efectivamente no solo realizar videovigilancias y seguimientos a periodistas, sino expresamente se ordenó también recabar información de búsqueda de publicaciones de Sudaca y La República para saber de ataques contra los fiscales del equipo especial que conocen o han conocido los procesos de la OC, “Los Cuellos Blancos del Puerto. La orden fiscal se dio formalmente y ha quedado registrada por escrito en una disposición fiscal que cualquier persona con dos dedos de frente y sin perjuicio ni miopía puede leer sin problemas.
También como prueba de ello es que los periodistas César Romero Calle y mí persona fuimos notificados de la resolución de archivo fiscal del 23 de noviembre del 2023 de la Carpeta Fiscal 87-2023. ¿Si no fuimos los objetivos de la disposición fiscal que ordenó videovigilancias por qué tendrían que habernos notificado formalmente con la disposición de archivo?.
La Fiscal Magaly Quiroz en su condición de Fiscal provincial tuvo en sus manos las Carpeta Fiscal secreta que ordenaba seguir a periodistas y pese a que dejó que venciera el plazo de la investigación y a que no emitió una resolución ampliatoria antes del 5 de agosto del 2023, el 28 de septiembre del 2023 ordenó acumular la investigación secreta a los periodistas con la investigación a los policías y cuyo objetivo final era Harvey Colchado, dicha investigación secreta se habría dispuesto por 8 meses.
El Comunicado del Ministerio Público no puede negar que dos fiscales del equipo especial ordenaron realizar las videovigilancias y los seguimientos a periodistas. Por favor, la próxima vez pedimos que antes de emitir un comunicado se revise la carpeta Fiscal o, por lo menos, pidan un Informe al respecto.
[INFORMES] Las afirmaciones del Gerente Municipal de San Isidro acerca del futuro exitoso del proyecto del Centro de Salud Municipal, a pesar de las deficiencias técnicas y los problemas de permisos y autorizaciones, suscitan interrogantes sobre la resolución de las irregularidades previamente señaladas en Sudaca. ¿Realmente han sido abordadas estas problemáticas?
Antes de hablar en concreto del caso, en este inicio del 2024, presentamos esta primera nota periodística, desentrañando los intrincados sucesos que rodean el «Proyecto de Inversión Mejoramiento de los Servicios de Salud y Bienestar» en San Isidro. En este caso, descubrimos giros sorprendentes, decisiones cuestionables y el incansable esfuerzo de los vecinos por defender la integridad de su comunidad. Acompáñame en este viaje periodístico que promete arrojar luz sobre la verdad, desafiando las sombras de la opacidad y revelando las complejidades detrás de este proyecto que afecta a San Isidro. ¡Bienvenidos a un año lleno de historias que inspiran la búsqueda incansable de la verdad!
El caso de San Isidro
En respuesta a las inquietudes de los vecinos, Mario Altuna consultó al MINSA (DIRIS LIMA CENTRO) sobre la posibilidad de operar un centro de salud en el lugar, ya que la Norma Técnica N° 113 MINSA DGIEM V01 inicialmente lo prohibía debido a la proximidad del terreno a una estación de combustibles, un colegio, un templo y un centro de convenciones. La respuesta categórica de la entidad fue un rotundo «NO PROCEDÍA», arrojando dudas sobre la validez de la aprobación reciente del Gerente Municipal.
Respuesta de la DIRIS LIMA CENTRO a la consulta de Altuna con respecto a la ubicación del centro médico
La DIRIS LIMA CENTRO, en un comunicado enviado al Órgano de Control Institucional (OCI-MSI) en junio de 2021, declaró que la instalación del centro médico municipal en dicho lugar no era posible. Esta información, desafortunadamente, parece haber sido ignorada durante la gestión del exalcalde Cáceres, quien demolió una vivienda sin cumplir con los requisitos del MINSA, dando inicio a la construcción de un edificio inacabado que la administración actual no ha detenido.
El «Proyecto de Inversión Mejoramiento de los Servicios de Salud y Bienestar de la Gerencia de Desarrollo Humano» revela una inversión inicial de S/. 21,491,037.27 Nuevos Soles, que se incrementa a S/. 23,331,937.20 Nuevos Soles bajo la gestión de Cáceres. Estos cambios financieros plantean cuestionamientos adicionales sobre la transparencia y la gestión económica del proyecto.
A pesar de las advertencias públicas en una edición del diario #AlDía, donde la alcaldesa expresó su compromiso en recomponer los detalles, la seguridad del Gerente Municipal respecto a la viabilidad del proyecto genera un dilema sobre la integridad del proceso. Mario Altuna destaca la gravedad del caso, sugiriendo que se abran procesos contra los responsables, ya que la edificación podría costar a los vecinos cerca de 35 millones y no ser utilizada como centro de salud, según sus afirmaciones.
La ubicación del terreno a menos de 100 metros del grifo REPSOL y del Colegio John Neper, junto con las disposiciones de la Norma Técnica Sanitaria Nº 113-MINSA-DGIME-V01, que prohíben la proximidad a estaciones de servicios y centros educativos, plantean inquietudes adicionales sobre la idoneidad del emplazamiento.
Respuesta de la DIRIS LIMA CENTRO a la consulta de Altuna con respecto a la ubicación del centro médico
El pasado de la clínica municipal
Manuel Velarde Dellepiane, quien ocupaba el cargo de burgomaestre en el distrito de San Isidro, presenció la declaración de viabilidad del «Proyecto de Inversión Mejoramiento de los Servicios de Salud y Bienestar de la Gerencia de Desarrollo Humano de San Isidro«. Según la información obtenida por Sudaca, este proyecto, identificado con el Código Único Nº 2369797, tenía una inversión inicial, como comentamos anteriormente, de S/. 21,491,037.27 Nuevos Soles.
Este monto abarcaba diversas mejoras en las instalaciones de la infraestructura del local de la calle Paul Harris, así como la adquisición de un inmueble destinado al Centro Médico Municipal en la urbanización CORPAC. El presupuesto para la adquisición se estimaba en S/. 4,860,000.00 Nuevos Soles, mientras que el acondicionamiento estaba presupuestado en S/. 1,425,454.07 Nuevos Soles.
El entonces alcalde Velarde concluyó su gestión sin iniciar el proyecto. Al sucederlo, Augusto Cáceres, se modificó la inversión a un total de S/. 23,331,937.20 Nuevos Soles. Durante su gestión, se llevó a cabo la Contratación Directa Nº 6-2019-SL/MSI-1 para la «Adquisición de Inmueble-Mejoramiento de los Servicios de Salud y Bienestar de la Gerencia de Desarrollo Humano». La Municipalidad de San Isidro otorgó la buena pro a la empresa ARTE INVERSIONES S.A, por un inmueble en la avenida Guardia Civil N° 754-760, con un valor de S/ 6,595,842.24 Nuevos Soles.
Posteriormente, el 21 de diciembre de 2020, la Municipalidad de San Isidro emitió la Orden de Servicio N° 4064-2020 por S/ 9,800.00 para el expediente técnico de la demolición del inmueble. En medio de estas acciones, los vecinos, entre ellos Mario Altuna, realizaron una consulta al MINSA (DIRIS LIMA CENTRO) sobre la viabilidad del centro de salud en el lugar, considerando la Norma Técnica N° 113 MINSA DGIEM V01. La respuesta de la entidad fue un contundente «NO PROCEDÍA».
Anuncio de la Municipalidad de San Isidro sobre el proyecto
Esta información, transmitida por la DIRIS LIMA CENTRO al Órgano de Control Institucional (OCI-MSI) el 30 de junio de 2021, establece claramente que la instalación del centro médico municipal en dicho lugar no era posible. A pesar de estas advertencias, la gestión de Cáceres demolió la vivienda y continuó con la construcción de un edificio de cinco pisos que aún no está terminado.
Mario Altuna, uno de los denunciantes en este caso, señala que la obra podría costar a los vecinos cerca de 35 millones y no ser utilizada como centro de salud. A pesar de la gravedad del caso, la actual alcaldesa de San Isidro no ha detenido el avance de la obra, a pesar de su conocimiento sobre el tema durante su período como regidora en la gestión de Cáceres.
Ubicado a 81.97 metros del grifo REPSOL y a 70.80 metros del Colegio John Neper, el predio incumple las precauciones establecidas por la Norma Técnica Sanitaria Nº 113-MINSA-DGIME-V01, que prohíbe la proximidad a estaciones de servicios y centros educativos.
Ubicación del “Centro Médico Municipal de San Isidro”
La falta de cumplimiento de las precauciones establecidas podría perjudicar significativamente a los residentes de San Isidro. En medio de trámites cuestionados, el edificio y los sueños de varias gestiones permanecen en una situación de incertidumbre, exigiendo una revisión más profunda de la actuación de la Contraloría, la DIRIS y la actual alcaldesa.
[INFORMES]
Magaly Quiroz sabía muy bien acerca de la investigación secreta que inició Andy Rodríguez el 5 de abril, ya que luego que le derivaron la Carpeta Fiscal contra los periodistas la tuvo en su poder 5 meses 17 días, tiempo en el que si lo consideraba adecuado podía haber archivado el caso; sin embargo, pese a que los 120 días de la investigación secreta vencieron el 5 de agosto del 2023 consideró luego de casi dos meses acumular las investigaciones secretas derivándolas a otro despacho Fiscal. Incluso, la Fiscal coordinó la marcha de dichas carpetas con el ex Coronel Martín Gonzáles Sánchez quien mostraba un especial interés en el caso.
