[La columna deca(n)dente] Otros son los traidores
La reciente declaración del vocero presidencial, calificando a quienes planean movilizarse durante la cumbre de la APEC como «traidores a la patria», ha sacudido, una vez más, la frágil relación entre el gobierno de Dina Boluarte y la ciudadanía. En un país donde la democracia y sus instituciones se encuentran bajo constante asedio tanto por el Congreso como por el Ejecutivo, estigmatizar las voces disidentes solo profundiza la desconfianza y refuerza la percepción de un régimen que ignora los sufrimientos diarios de la población.
La presidenta Boluarte, con un 95% de desaprobación, parece haber optado por convertir las críticas ciudadanas en actos de subversión. Esto ocurre en un contexto en el que la delincuencia y la inseguridad cobran vidas con una frecuencia alarmante, difícil de ocultar en las estadísticas oficiales. Cada cuatro horas, una persona es asesinada en nuestro país. En Lima, la violencia criminal ha incrementado tanto que la morgue se encuentra colapsada ante el número creciente de personas asesinadas.
El llamado de los ministros a no movilizarse, en nombre de proteger la «imagen internacional» del país, suena a hipocresía cuando se compara con el fracaso del Estado en garantizar lo más básico: la vida y la seguridad de su población. La retórica de “traición” hacia los manifestantes busca camuflar el temor de un gobierno frívolo, consciente de que su legitimidad se desmorona día tras día. Silenciar las voces discrepantes bajo el pretexto de un supuesto desarrollo económico que promete la APEC es un espejismo que no encuentra eco en los hogares cuyos integrantes son extorsionados o asesinados por resistirse al cobro de cupos.
¿Quién es, entonces, el verdadero traidor? En un sistema donde se legisla a favor de mafias y se protegen los intereses de grupos que lucran con la violencia, señalar a los ciudadanos que alzan la voz como enemigos de la patria es un acto de cinismo colosal. El verdadero patriotismo se encuentra en la defensa del derecho a protestar, en la denuncia de las tropelías de las organizaciones criminales y en la exigencia de justicia. La historia enseña que las sociedades que renuncian a la protesta se condenan a vivir bajo el yugo de quienes detentan el poder para fines ajenos al bien común.
El gobierno de Boluarte pide silencio, pero la ciudadanía comprende que en el silencio reside la aceptación de lo intolerable, de lo injustificable, de lo indignante. Movilizarse no es un acto de traición, sino de dignidad. La retórica oficial de “traidores a la patria” solo evidencia el miedo de un régimen incapaz de enfrentarse a la realidad: el verdadero peligro para el país no proviene de las calles que claman justicia y seguridad, sino del gobierno y del Congreso, que dictan políticas y emiten leyes que perpetúan la inseguridad, la corrupción y la impunidad.
