Más de 235.000 empresas se crearon en el Perú durante el 2020, según la Cámara de Comercio de Lima. Al cierre del año, el universo de empresas en el Perú se encontraba conformado por 2.77 millones de negocios. Muchas veces, para que los dueños puedan retirarse del mundo de los negocios con un buen dinero y aún así la empresa siga funcionando, existe la opción de venderla.
En los procesos de adquisición de empresas se necesita de una parte interesada en comprar, que puede ser un inversor nacional o extranjero; y una parte interesada en vender, que en muchos casos se trata de una compañía mediana o pequeña, pudiendo incluso tratarse de una empresa familiar.
Hace unos 20 años atrás, el potencial comprador o inversor regularmente contrataba a un equipo multidisciplinario de expertos, incluyendo expertos en finanzas, impuestos y legal y, en ocasiones, también participaba algún experto en temas tecnológicos. Este equipo realizaba diferentes análisis y daba su opinión sobre la conveniencia de la transacción para que el inversor tome una decisión.
Actualmente, el proceso incluye expertos en temas ambientales, en recursos humanos y también en materia anticorrupción. Estos últimos evalúan el nivel de cumplimiento que la empresa vendedora tiene en materia de prevención de actos no éticos, según explica la directora Asociada en Compliance e Inteligencia de Riesgos de la consultora Control Risks, Karina Robles.
Puntos a evaluar
Robles afirma que las evaluaciones realizadas por este grupo de expertos incluyen regularmente dos aspectos:
1.-Una revisión general del sistema de gestión de cumplimiento anticorrupción de la empresa, tomando en cuenta para ello las mejores prácticas internacionales. Esta revisión del sistema de gestión abarca la evaluación de los mecanismos de prevención, detección y respuesta, incluyendo la evaluación de riesgos de corrupción, la debida diligencia de socios comerciales, códigos de ética y políticas relacionadas, mecanismos de denuncia y protocolos de respuesta, entre otros.
2.- Un proceso de revisión transaccional, que contempla la selección de una muestra de transacciones basado en riesgo. Mediante este procedimiento, es posible probar de una forma objetiva la eficacia de los mecanismos implementados por la empresa.
“Cuando se realiza la debida diligencia en materia de prevención de actos de corrupción, se enfocan esfuerzos para identificar los riesgos y áreas de oportunidad que tienen las compañías que están próximas a ser adquiridas o vendidas”, comenta Robles.
Como resultado de esta evaluación, se dan sugerencias sobre cómo pueden abordarse las áreas de oportunidad detectadas o cómo sería posible evitar, mitigar o minimizar los riesgos identificados. A partir de allí, el comprador evaluará la posibilidad de adquirir la empresa en venta.
