Sunedu bajo ataque: el lobby de la ASUP llega al despacho de Guido Bellido

El premier aún no se reúne con autoridades de la Sunedu, pero sí ha recibido dos veces a representantes de la ASUP, una mutación de la antigua ANR. Este gremio tiene entre sus filas a universidades no licenciadas y ha petardeado la reforma desde sus inicios. En el Parlamento, la ASUP ya ha logrado que un congresista de Acción Popular atienda sus demandas con dos proyectos de ley.

Desde que llegaron al cargo, ni el presidente Pedro Castillo ni el premier Guido Bellido se han manifestado sobre la Sunedu. Tampoco se han reunido con sus autoridades. En cambio, el jefe del Gabinete sí ha sostenido dos reuniones con una institución que es férrea opositora a la Ley Universitaria.

Se trata de la Asociación de Universidades del Perú (ASUP), un gremio que reúne a 75 casas de estudio –públicas y privadas–, entre las que están varias no licenciadas por Sunedu. Algunas de ellas, según su Facebook institucional, son la Inca Garcilaso de la Vega, la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica, y la tristemente célebre Alas Peruanas.

Según el registro de visitas de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), la primera reunión se dio el pasado 12 de agosto y duró más de una hora. Visitaron a Bellido, como representantes del gremio, su directora ejecutiva Ada Gallegos y Victor Raúl Aguilar, exrector de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco (UNSAAC), el alma mater del premier (que sí está licenciada). La segunda reunión fue cinco días después, pero allí acudió solo Aguilar.

Quisimos contactar a los involucrados para saber de qué hablaron, pero en la asociación nos negaron la entrevista. Lo mismo ocurrió en la PCM. En la Sunedu tampoco quisieron opinar sobre estos encuentros, aunque sí –como veremos más adelante– sobre los ataques que reciben desde el Congreso. Lo concreto es que, por años, la ASUP ha gestionado intereses –hecho lobby, en cristiano– de universidades que buscan petardear a la Sunedu. 

Las reuniones del premier Guido Bellido con representantes de la ASUP en agosto. Fuente: PCM.

El gremio surgió como una mutación de la Asociación Nacional de Rectores (ANR), que fue reemplazada justamente por la Sunedu. Con su nueva identidad, desde el 2015, la asociación ha emitido diversos pronunciamientos cuestionando la efectividad de la reforma universitaria. 

Gallegos y Aguilar, de hecho, han sido dos de sus voceros más feroces. La primera, como directora ejecutiva de la ASUP, ha desfilado por diversos medios televisivos y radiales durante los últimos años criticando con ferocidad a la Sunedu.

A mediados del 2017, por citar un caso, Gallegos ya consideraba ineficiente la reforma universitaria. “La Ley Universitaria ha demostrado claramente que ha fracasado. La razón es que es inaplicable. Es una ley que está de espaldas a la realidad de la universidad peruana, en especial de las públicas”, declaró a RPP. A finales del 2018, Gallegos volvió a aparecer, esta vez en Exitosa, para atacar a la Ley Universitaria. “A lo largo de estos años, hubo un retroceso [en la calidad educativa] porque la visión se centró en regulaciones y eso nos ha sacado del foco que es la calidad”, aseguró. Más ejemplos, sobran. 

Por su parte, Víctor Raúl Aguilar fue, hasta su desaparición, el secretario ejecutivo de la ANR. El 2013, bajo dicho cargo, solicitó al Colegio de Abogados de Lima (CAL) una opinión respecto a la constitucionalidad de la norma que engendró a la Sunedu. El informe legal fue elaborado por el abogado Anibal Quiroga. “Si lo que se desea es tratar de mejorar el sistema educativo y supervisar su cumplimiento y la calidad de la educación, no es necesario imponer una Sunedu”, se lee en la página 36 del documento.

Fue precisamente el CAL una de las instituciones que presentó una demanda de inconstitucionalidad contra la Ley Universitaria. En noviembre del 2015 el Tribunal Constitucional (TC) desestimó el pedido. 

Aguilar ha respaldado a Guido Bellido desde que asumió el cargo de premier. El 31 de julio, el flamante premier compartió un pronunciamiento del exrector de la UNSAAC en su cuenta de Facebook y le agradeció su “solidaridad”. Bellido era blanco de críticas cada vez más fuertes sobre su designación.

Durante la campaña, Pedro Castillo habló de la Sunedu. “Hay muchas quejas por parte de la Sunedu. Vamos a revisar y corregir [su] accionar”, señaló. Las reuniones de la ASUP con Bellido se dan en un momento de políticas poco claras de su gobierno respecto a la reforma. 

“No hemos tenido oportunidad de conversar con ellos [Castillo y Bellido] o de presentar nuestras acciones para que las conozcan. Por ahora, tenemos [reunión] solamente con el ministro del sector. Mañana [viernes 17 de setiembre] tenemos una reunión con él y le vamos a mencionar que estamos disponibles para ir a los altos niveles del Ejecutivo a prestarles toda la información», aseguró el jefe de la Sunedu, Oswaldo Zegarra, al programa de entrevistas matutinas de Sudaca. Mientras que a él le queda mostrar su disponibilidad, la ASUP ya conversa con el premier. 

 

Lo que cocina el Congreso

Aparte del Ejecutivo, la ASUP ya ha movido con éxito sus influencias en otros frentes. En una entrevista para Exitosa del 2018, Ada Gallegos dijo que tenían claro que “la decisión de modificar la ley [universitaria] está en el Congreso”. Hoy, desde el Parlamento ya se tejen hilos para atar de manos a la Sunedu. 

El pasado lunes 6 de septiembre, en la Comisión de Educación, el congresista Darwin Espinoza (Acción Popular) presentó un proyecto de ley que busca darle un plazo de emergencia de dos años a universidades privadas no licenciadas para que puedan subsanar sus deficiencias. En otras palabras: abrirles una oportunidad más a quienes no cumplieron estándares mínimos de calidad, a pesar de que han pasado 6 años desde que empezó la reforma.

Espinoza tuvo al menos tres reuniones con representantes de universidades en las últimas semanas. En su Facebook, el congresista anunció que recibió la visita de Gilmer Díaz Tello y Juan Rodríguez Ruiz, rectores de dos universidades chimbotanas: San Pedro y Católica Los Ángeles, respectivamente. El viernes de la semana pasada –después de presentar su proyecto– recibió a Miguel Ángel León, docente de la Universidad Peruana del Centro, según el registro de visitas de su despacho. Ninguna de las tres universidades tiene licencia y las dos chimbotanas aparecen como miembros -¿sorpresa?- de la ASUP.

“Lo que preocupa del proyecto del congresista es que pide que las universidades se presenten bajo el mismo modelo que desaprobaron. Eso no está bien porque la Ley Universitaria dice que las licencias son renovables. Es decir, hoy te licencias con el modelo A y dentro de 6 años será con el B, que probablemente sea más exigente. Eso se llama mejora continua”, explica Joseph Dager, secretario general de la Sunedu, a Sudaca. 

“Otra cosa preocupante que dice es que la Sunedu no podrá hacer ninguna otra observación. Estaríamos limitados a abrirles la puerta y decirles que pasen no más”, agrega. La propuesta de Espinoza ya se encuentra en la lista de espera de la Comisión de Educación, presidida por el ultraconservador Esdras Medina. Para un informe previo de Sudaca, Medina había adelantado que solicitudes como la de Espinoza estaban pendientes en su grupo parlamentario. 

El último jueves Espinoza presentó un proyecto más: para permitir la creación de filiales de universidades públicas con licencia utilizando recursos del canon. Esta nueva iniciativa toma varios pasajes de un proyecto presentado por el excongresista del Frente Amplio, José Luis Ancalle, el 29 de diciembre del 2020. Tiene párrafos iguales o apenas parafraseados.

En la exposición de motivos, además, el esquema es muy parecido. Espinoza arranca describiendo la Ley Universitaria y a continuación coloca las cifras de entidades licenciadas. Lo mismo que había hecho Ancalle. El de AP usa los mismos cuadros que el del FA, pero con las cifras actualizadas. También coinciden cuando describen el déficit de filiales universitarias en distintas regiones “pese a que poseen recursos económicos como los del canon”.

Espinoza derivó a Sudaca con su asesor Yuri Pérez. Según este, “el hecho de que las normas a modificar coincidan con el proyecto de ley presentado por el ex congresista Ancalle resulta necesario” por tener objetivos similares. Además aseguró que “toda referencia estadística e informativa” está citada a pie de página. Sin embargo, ninguna nota al pie alude al antiguo proyecto del parlamentario de izquierda.

Nada indica que estos proyectos vayan a encontrar oposición dentro de la Comisión de Educación, que hace dos semanas creó un grupo de trabajo “para el seguimiento de los procesos de licenciamiento”. En la comisión se ha abierto un frente agresivo contra la Sunedu. Este último martes, los congresistas recibieron al superintendente Zegarra para que exponga los alcances de su trabajo. Lejos de ser una reunión amistosa, le lanzaron varios dardos luego de escuchar su exposición.

El legislador de Perú Libre Alex Paredes pidió un informe detallado del número total de trabajadores, consultorías, órdenes de servicios y gastos en publicidad de la Sunedu. Y lanzó una frase que puede ser interpretada como una declaración de guerra: “El interés de esta comisión es pecar de acción, pero no de omisión”. 

Por su parte, la fujimorista Tania Ramírez, que dirigirá el grupo de trabajo que hará “seguimiento” al licenciamiento, dejó registro de su enredada visión de la reforma universitaria. La educación universitaria después del licenciamiento está acentuando su carácter oligopólico, donde la calidad del servicio se mide en función a la ineficiencia del gasto en la universidad pública disfrazada de su selectividad”, manifestó la legisladora fujimorista. No sabemos si alguien la entendió.

Parte de la presentación del superintendente de la Sunedu ante la Comisión de Educación del Congreso el último martes.

“Preocupa mucho que cambien los congresos, pero se sigan reavivando algunos señalamientos que ya fueron investigados por el Parlamento. La Sunedu existe desde el 2015 y desde entonces han formado cuatro comisiones investigadoras. Han cuestionado las órdenes de servicio, los trabajadores, las consultorías y los gastos de publicidad. Ninguna de esas comisiones ha encontrado alguna irregularidad”, afirma Joseph Dager, secretario general del ente supervisor.  

Según el funcionario, ahora la institución está en una “segunda etapa”, donde evaluarán a las universidades denegadas que quieran volver a licenciarse. Además, en dos años, volverán a revisar a todas las casas de estudio bajo mayores exigencias. No hay duda de que la Sunedu seguirá siendo un tema caliente en este quinquenio.

**Fotoportada por Darlen Leonardo

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Guido bellido, Pedro Castillo, SUNEDU

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