Hace pocos años, algunos voceros de la derecha peruana equipararon la institución de la asamblea constituyente con el poder absoluto debido a que supuestamente atentaba contra la división de los poderes del Estado. El contexto en el que se expresaron estas ideas era otro: gobernaba el Perú Pedro Castillo, y la pretendida nueva Constitución levantaba banderas de la izquierda radical que llevó al chotano a Palacio de Gobierno.
Sin embargo, esta definición de asamblea constituyente, cuyo fruto es una Carta Magna (Contrato Social que organiza al Estado) solo puede interpretarse como un oxímoron perverso. El patricio político Víctor Raúl Haya de la Torre no negaba el poder conferido por el pueblo a dicha asamblea, pero la entendía como el fruto indiscutido y legítimo de la soberanía popular, la matriz de la democracia, lo contrario a una dictadura.
Los últimos días, la urgencia de una nueva Constitución ha remecido nuestra agenda política. Ha pasado poco tiempo, pero mucha agua ha corrido bajo el puente. Unos cuestionan la Carta del 93, la consideran ilegítima por dotar de un “marco de legalidad” a la dictadura que encarnó Alberto Fujimori.
Otras posturas, sin embargo, han ido más allá y recrean la idea de la existencia de una Constitución de 2023-2024 que, en el efecto y en la praxis, ha destruido la división de poderes en el Perú. Asimismo, se cuestiona la aprobación por el Congreso de un paquete de reformas constitucionales que socaban, en lo más básico, el aludido equilibrio de poderes, factor determinante y fundamental de la democracia. A esto se le suma la aprobación de leyes y decretos que favorecen a poderes fácticos e, inclusive, limitan la actuación de la justicia en la lucha contra la delincuencia1.
Al respecto, han asomado varias propuestas: Antauro Humala y Alfonso López Chau coinciden en la vuelta a la Constitución de 1979. Sin embargo, para el primero lo más destacable de ella es que contiene la figura de la pena de muerte, que para el líder nacionalista resulta fundamental para combatir la traición a la patria y algunas modalidades de corrupción y del crimen organizado. A su turno, López Chau coloca el consenso político de un amplio sector democrático por delante de la asamblea constituyente y de la nueva Constitución, a la que podrían incorporársele aspectos de la de 1979, como, por ejemplo, su brillante preámbulo.
Lo que entiende el líder de Ahora Nación es que ante la grave crisis institucional por la que atraviesa el país, hace falta un diálogo que involucre a la derecha, centro e izquierda democráticos. De allí la posibilidad y necesidad de una nueva Carta Magna que sea el fruto del consenso de las partes, y de allí también su reiterada referencia a la Constitución de 1979 pues fue la ruta de salida de una implacable dictadura militar y fue firmada por liberales de derecha, centroderechistas, centroizquierdista y hasta por marxistas. En suma, un auténtico contrato social.
Nunca fui adepto a nuevas constituciones. Creo, más bien, en el gradualismo y la reforma constitucional. En otras palabras, las constituciones, y la de 1993 no es la excepción, poseen los mecanismos para ser reformadas y esta fórmula siempre me ha parecido mejor que las reiteradas “refundaciones republicanas”.
Sin embargo, la inefable realidad peruana me ha conducido hacia un obligado replanteamiento. Ocurre que el artículo 206 de la Constitución de 1993 (que permite la modificación del texto constitucional con el respaldo de 2/3 del número legal de congresistas (87) en doble votación) ha sido prostituido con tanta reiteración por la actual representación congresal que ha dado lugar a la referida carta del 2024. Como hemos señalado, esta ha cooptado el Tribunal Constitucional, los poderes electorales, la JNJ, varias potestades del Presidente de la República, entre otras.
De esta manera, el riesgo que evocamos al principio de estas líneas, en el que a través de una asamblea constituyente podía imponerse la agenda de un sector político específico con claras tendencias autoritarias, se ha superado largamente: ya se ha instituido un régimen autoritario en el país, ya colapsó nuestra democracia.
¡Ay, Perú! de tantas noches tormentosas, se lamentaba Jorge Basadre. La propuesta de un gran pacto nacional y democrático se cae de madura, la de una refundación republicana auténtica también y, por consiguiente, la de una nueva Constitución que enrumbe el camino. Ojo con los enemigos, son enormes, poderosos, le llevan siglos de ventaja a una nación a la que no se le ha permitido nacer hasta ahora. Nunca la historia presenció una gestación tan larga y dolorosa. Pero Basadre, al contemplar el problema, también contempló la posibilidad. Sigamos su ejemplo.
1.- Léase Francke, Pedro. La Constitución de facto del 2023. Hildebrandt en sus trece, Lima, 14 de junio de 2024.
