El Jurado Nacional de Elecciones no puede cometer las torpezas que ha cometido ayer, al dar pie, primero, a una ampliación del plazo para presentar impugnaciones, y luego retroceder en dicho propósito, al entender que ello vulneraba la legislación vigente.
Genera una impresión de parcialidad o de impericia que preocupa, ad portas del proceso de revisión de las actas observadas por la ONPE y las impugnadas tanto por Fuerza Popular como por Perú Libre.
Es más, ni siquiera hay ciencia cierta respecto de cuántas actas estamos hablando. Se menciona en las redacciones periodísticas que solo ingresaron 160 (si fuera así, el triunfo de Castillo sería irreversible), otros mencionan que entraron al final las más de 800. En fin, ello, quien debería precisarlo con celeridad y claridad es el propio JNE y no dejar que crezcan las voces que hablan de un fraude a la vista.
En una elección no sólo reñida sino polarizada ideológicamente, con gente movilizada en las calles de ambas partes, es imperativo que el JNE se conduzca con extraordinaria transparencia. Debería seguir, en ese sentido, el ejemplo dado por la ONPE que dispuso un equipo de respuesta inmediata en las redes sociales a la infinidad de fake news que circularon y aún circulan por doquier.
Sea cual sea la decisión final del JNE, habrá controversia y eventual tumulto. Pero si esa decisión sucede en medio de cuestionamientos a la probidad moral y profesional de los miembros de la autoridad electoral, el riesgo de una escalada del conflicto crece.
Las elecciones del bicentenario colocaron al frente a dos personajes discutidos hasta por sus propios votantes. Se habló por ello de votos vigilantes y críticos en ambos casos. Sabíamos, pues, que se venían y vienen tiempos complicados política y socialmente hablando. En ambos escenarios.
Lo peor que le podría pasar a un proceso social que de por sí ya va a ser azaroso y lleno de zozobra, es que el JNE no le brinde legitimidad a su fallo final respecto del portavoz final del mandato popular.
