Ejecutivo

Recientes propuestas de reformas al sistema de gobierno han llamado la atención, pues parecen no centrarse en atacar el problema de raíz, sino en respuestas a situaciones coyunturales. El proceso de reforma constitucional tiene un gran impacto y, por lo tanto, no debe tomarse a la ligera.

Una constitución es un texto que recoge los principios y valores, las reglas de convivencia, de una sociedad. En ese sentido, no es propósito del texto constitucional desarrollar cada aspecto de nuestro quehacer cotidiano. En cambio, a partir de la norma suprema, se aprueban leyes y reglamentos específicos para cada sector y actividad que amerite regulación, siempre en armonía con los principios constitucionales.

Esta norma, al reflejar los valores de la sociedad, tiene vocación de permanencia en el tiempo que nos dé predictibilidad y seguridad. Esto no significa de ningún modo que nuestras reglas de convivencia no puedan evolucionar y adaptarse a los cambios sociales. La Constitución puede ser interpretada de manera dinámica por el Tribunal Constitucional, de tal forma que sus disposiciones se apliquen de acuerdo al contexto actual. 

Sin embargo, ante cambios sociales que lo ameriten, la propia Constitución contempla la regulación para introducir reformas que permitan ajustarla a la realidad nacional. Esto ocurrió, por ejemplo, cuando se reconoció el derecho al voto a nuestras Fuerzas Armadas, en el año 2005, o cuando se prohibió la reelección presidencial inmediata, según nuestra tradición constitucional.

Cualquier reforma constitucional debe ser evaluada con detenimiento y con particular enfoque en su impacto en el resto del texto constitucional. Es imprescindible mantener la armonía y consistencia de la norma suprema, de forma que el cambio en una disposición no entorpezca o vuelva inviable la aplicación de otra.

En este contexto, preocupa la reciente tendencia a la presentación de proyectos que buscan reformar la interacción de los poderes del Estado, pues no parecen derivar de un estudio profundo del problema que se busca solucionar y sus causas, sino más bien aparentan ser reacciones a situaciones a las que se ha enfrentado el país recientemente. Es el caso, por ejemplo, de la propuesta de interpretación de la cuestión de confianza, así como de las propuestas de modificación de la vacancia presidencial, o la llamada muerte cruzada, cuya aplicación derivaría en la disolución automática del Congreso.

No cabe duda que la relación ejecutivo legislativo es uno de los aspectos de la Constitución que mayor atención ha atraído, en particular a raíz de la interacción entre estos poderes en los últimos cinco años. En tal sentido, es necesario implementar cambios al sistema de balance de poderes. Sin embargo, estos cambios deben partir por evaluaciones profundas de expertos, seguidas por propuestas que ataquen el problema de raíz y de manera integral, en lugar de a cada figura de manera aislada. Finalmente, estas propuestas deben ser analizadas, reflexionadas y debatidas por los legisladores en búsqueda de la mejor alternativa. Es responsabilidad del legislador generar propuestas de calidad, debidamente sustentadas y evaluadas.

Urge regular adecuadamente un mecanismo real de control político al Ejecutivo, como el juicio político, así como el alcance de la cuestión de confianza. Pero la única manera de evitar futuras crisis políticas que nos paralicen de la forma en la que ha ocurrido en el pasado, es mediante una mirada integral y poniendo por delante el interés del país. Mucho bien nos haría retornar al sistema bicameral, entre otras razones porque las propuestas legislativas ameritan una reflexión más profunda.

 

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Ejecutivo, voto de confianza

Los ejecutivos mayores de 50 años que también fueron afectados laboralmente por la crisis, tienen oportunidades para seguir agregando valor en las organizaciones y seguir construyendo una carrera laboral exitosa. Según Paola Chocano, CEO en Career Partners Perú “Los ejecutivos trabajan con sus conocimientos, habilidades y experiencia, no con su edad”.

“Las empresas deben brindarles las herramientas necesarias para que sus oportunidades sean equitativas. El empoderamiento del talento es clave para su pronta recolocación laboral.”, menciona Paola Chocano. En tal sentido, ¿A qué retos u oportunidades se enfrentan los ejecutivos mayores de 50?

Mindset digital. Si bien, la generación Z se ha posicionado como el grupo que más familiarizado está con la digitalización, la especialista destaca que “Dentro de nuestros programas de Outplacement, tenemos como propósito despertar las capacidades y aptitudes tecnológicas y digitales de nuestros ejecutivos sin importar sus edades”.

Agilidad y rapidez. Como mito, encontramos que las generaciones más jóvenes son más ágiles mentalmente y rápidos estratégicamente, sin embargo, la experiencia de los ejecutivos mayores les permite reaccionar al mismo ritmo, repercutiendo positivamente en su productividad.

Seniority. En el mercado laboral, existen más oportunidades para los mayores de 50 años en cargos de liderazgo por su experiencia y trayectoria, sin embargo, para aquellos que recién han iniciado su carrera laboral o se están especializando en una industria, el postular a una plaza junior o semi senior aún representa un reto, sobre todo, si la demanda está cubierta por jóvenes altamente capacitados.

Networking. Las generaciones más jóvenes son los gurús de las redes sociales, sin embargo, en redes más profesionales como Linkedin, se incrementan las oportunidades de relacionamiento para los ejecutivos más maduros. “Cuando un ejecutivo recibe todas las herramientas para trabajar en su red de contactos, aumenta significativamente sus oportunidades de empleabilidad, visibilidad y relevancia”, asegura la especialista.

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50 años, Ejecutivo, ejecutivos

El ganador de las elecciones que asuma el Ejecutivo -hasta que el JNE no falle, no se puede asumir nada oficialmente- se enfrentará a un Congreso tan o más populista que el actual.

La composición fragmentada del mismo (hay diez bancadas, ninguna con mayoría absoluta), el hecho de que 122 de los 130 ejerzan por primera vez el cargo (un Parlamento novato), la naturaleza ideológica de sus miembros (solo hay 44 de derecha antipopulista), no genera buen pronóstico.

Si a los 37 de Perú Libre, le sumamos los 17 de Acción Popular, los 15 de Alianza para el Progreso, los 5 de Juntos por el Perú, los 5 de Podemos y los 4 de Somos Perú, quienes han demostrado ser materia dispuesta para cuanto despropósito legal se le ocurriera a alguno de sus colegas, suman nada menos que 81 votos fácilmente prestos a aprobar cualquier iniciativa populista regulatoria, como las que han abundado en el Legislativo vigente.

Hay que agregar el dato de las próximas elecciones regionales y municipales que seguramente llevarán a que muchos parlamentarios traten de sembrar políticamente a favor de sus partidos para que obtengan mejores resultados en dichos comicios. Se viene un carnaval de iniciativas antimercado.

Este Congreso, elegido en enero del 2020, presentó entre marzo del 2020, que asumió, hasta junio del 2021, nada menos que 969 proyectos de normas que se entrometían en el manejo macro y microeconómico del país, teniendo como principales blancos el sistema financiero y el de las AFP. Más allá de que muchos de ellos no prosperaron, revela una fruición digna de mejores causas legislativas, habiendo tanto por hacer en ese sentido.

Va a ser un problema para el Ejecutivo lidiar con estos arrebatos. Que desde el Legislativo se petardee su plan de acción, distorsionando la política económica general, será uno más de los problemas con los que el gobierno entrante tendrá que lidiar, aparte de la pandemia y la recesión económica.

Será necesario que el Ejecutivo plantee un gobierno multipartidario, que incluya miembros del Congreso en el gobierno quizás o establezca pactos muy explícitos, para lograr que se establezca un compromiso de no intromisión en asuntos regulatorios. De otro modo, será un festín de irresponsabilidades el que desde el Congreso veremos perpetrarse los siguientes cinco años.

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Congreso, Ejecutivo, JNE
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