Avances de la Junta Nacional de Justicia (JNJ)
La JNJ es la institución que tiene entre sus competencias nombrar, previo concurso público de méritos y evaluación personal, a los jueces y fiscales de todos los niveles. En ese sentido, como parte de su labor, esta institución convoca a concursos en base a la demanda de cobertura de plazas vacantes. Actualmente, la JNJ ha convocado a ocho concursos públicos para la selección y nombramiento de 222 plazas vacantes de todos los niveles (98 de jueces y 124 de fiscales), de los cuales dos han culminado con el nombramiento de 2 fiscales supremos y 6 jueces supremos.
Cabe mencionar que estos son los primeros concursos que convoca la JNJ desde que se instaló en el 2019, luego de la desactivación del ex Consejo Nacional de la Magistratura. La razón principal de la demora fue la falta de presupuesto, toda vez que, para poder convocar a un concurso público de méritos se necesita de las partidas presupuestales para cubrir las plazas vacantes.
Tal como señala la CIDH, uno los problemas más frecuentes de la región que menoscaba la independencia de las y los operadores de justicia son los nombramientos en provisionalidad, porque coloca a estos funcionarios en situación de vulnerabilidad ante la influencia que, sobre su actuación, podrían tener factores de poder. En esa misma línea, la Corte IDH ha señalado que “los nombramientos provisionales deben constituir una situación de excepción y no la regla. De esta manera, la extensión en el tiempo de la provisionalidad de los jueces o el hecho de que la mayoría de los jueces se encuentren en dicha situación, generan importantes obstáculos para la independencia judicial.”
Urge que la JNJ culmine los procesos abiertos y convoque a nuevos concursos para revertir la alta provisionalidad existente en la carrera judicial y fiscal. Para cumplir este objetivo es importante que: i) el Poder Judicial y el Ministerio Público sinceren el número de magistrados titulares y provisionales e identifiquen los ámbitos priorizados a ser cubiertos en base a la demanda existente; y, ii) el Poder Ejecutivo otorgue mayor presupuesto para cubrir las plazas vacantes que se saquen a concurso.