[OPINIÓN] Falsas promesas y vacíos legales
El retorno del Congreso peruano a la bicameralidad, aprobado mediante la Ley de Reforma Constitucional N.º 31988, se presentó a la ciudadanía como la solución definitiva contra la fábrica de leyes exprés y para devolver profesionalismo a la política. Sin embargo, el diseño legal muestra un entramado normativo con fallos de concepción, vacíos procedimentales y una marcada vocación de hegemonía. Faltó consulta ciudadana y recoger todas las voces, creando una versión gemela de la autocracia parlamentaria que gobernó el país entre diciembre de 2022 y julio de 2026.
Centralismo y herencia del pasado
El nudo ciego de esta reforma no es la existencia de dos cámaras, sino la arquitectura que las sostiene. Este modelo rescata los viejos métodos de concentración centralista del fujimorismo de los noventa: blindar el fuero, conservar el peso excesivo de Lima, someter a los órganos de control y garantizar una red de contención para los aliados. El Congreso aprobó un sistema profundamente asimétrico y deformado.
Superpoderes y captura del Estado
El Senado no actuará como cámara de enfriamiento, sino como un súper órgano con poder de veto e imposición unilateral. Si Diputados aprueba una iniciativa, los senadores pueden reescribirla a su antojo sin activar la lanzadera legislativa para reconciliar textos. A esto se suma el control exclusivo sobre el Tribunal Constitucional, la Defensoría, la Contraloría y el Banco Central, facilitando la captura unipartidaria del Estado.
Aislamiento frente a la crisis nacional
Esta ambición institucional ocurre en plena desconexión con la realidad. Mientras las familias sufren los estragos del Fenómeno El Niño y el país se desangra por la extorsión y la criminalidad que ahogan a emprendedores, el Parlamento prefiere malgastar sus horas en debates legales que no deben paralizar el despacho de leyes urgentes para el pueblo.
Un blindaje sin la ciudadanía
La reforma construyó un Senado invulnerable a la disolución y convirtió los juicios políticos y el levantamiento de inmunidad en un laberinto de doble instancia sin plazos estrictos. Con apenas 190 parlamentarios para más de 34 millones de habitantes y una ampliación geométrica de privilegios, el Congreso se convierte en una isla aislada de la vida cotidiana de las regiones.
Cinco reformas para el rescate democratico
Si se quiere evitar un bastión de parálisis e impunidad autocratics, urge una cirugía constitucional y reglamentaria de fondo:
Primero, modificar el reglamento interno para que cualquier cambio sustancial del Senado regrese obligatoriamente a la Cámara de Diputados, exigiendo una comisión mixta paritaria ante discrepancias.
Segundo, erradicar la prerrogativa exclusiva del Senado en la selección de altos magistrados y autoridades de control, exigiendo la intervención o ratificación por mayoría calificada de Diputados.
Tercero, establecer un plazo máximo de 30 días hábiles por cámara para denuncias constitucionales e inmunidad; vencido el plazo, operará el silencio administrativo y el levantamiento automático del fuero.
Cuarto, normar procedimientos legislativos de urgencia que obliguen a fiscalizar y legislar prioritariamente sobre desastres naturales y seguridad ciudadana.
Quinto, realizar reformas electorales integrales: elección del Senado por macroregiones y diputados por distritos uninominales, elección del Congreso en segunda vuelta y consolidación de un sistema de partidos nacionales con aliados locales.
Madurez o autocracia Bicameral?
El bicameralismo puede ser una herramienta de madurez democrática, pero solo si su diseño impide que el Senado sea un castillo de autoprotección. De lo contrario, la reforma habrá cambiado la forma sin cambiar el fondo: un poder más grande, más blindado y más lejos de la gente. Un regreso a las erratas y a la falta de fe en el poder ciudadano.
