Craso error ha cometido el ministro de Educación Ricardo Cuenca si acaso albergó la idea de desactivar los colegios de alto rendimiento, COAR, por aparentes discrepancias con el modelo educativo que está detrás de los mismos.

Al final, ha retrocedido a medias y ha anunciado que hará los esfuerzos por mantener el esquema de admisión de este año (no ha sido del todo claro), aunque la explicación de que lo hizo porque el presupuesto no le asignaba partida para este año no parece ser tan cierta, ya que sí existe ese pliego considerado. Sería deseable una mayor precisión por parte del titular de Educación.

Es verdad que el esquema de los COAR es controversial. Hay expertos en la materia que señalan que la excelencia educativa debería ser general al sistema público y no circunscrito a ciertas unidades escolares destinadas a los alumnos con mejor rendimiento o mayores capacidades intelectuales, así como otros que estiman que construir una pirámide no es necesariamente malo y que, inclusive, podría ayudar a irradiar paulatinamente mayor calidad al conjunto.

Pero lo que no admite disenso es la tesis de que si alguna decisión estratégica se va a tomar al respecto (si mantener los COAR o desactivarlos), ello no le corresponde a un gobierno de “transición y emergencia”, como el propio presidente Sagasti gusta de calificar a su administración.

Las tareas del actual gobierno son pocas y muy claras: luchar contra la pandemia, reactivar la economía y asegurar elecciones limpias. Además de ello, solo tareas administrativas que aseguren el mejor funcionamiento del Estado. No le da la tela para hacer reformas. Tampoco el tiempo. No tiene la legitimidad de origen para animarse a hacer cambios de fondo en ninguno de los aspectos de la administración pública.

Haría bien por ello el Presidente en llamarle la atención a sus ministros y funcionarios de primer orden al respecto. Si alguno de ellos quiere dejar impresa su huella digital en el portafolio que administra, pues que renuncie, se inscriba en algún partido en la contienda y espere a que gane para, con el respaldo institucional de los votos, animarse a hacer reformas de fondo para el periodo de cinco años que le correspondería.

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Elecciones distritales

Es una buena noticia para la democracia electoral peruana que el Poder Judicial haya desoído el pedido fiscal de suspender a Fuerza Popular. Estas elecciones, en particular, no pueden adolecer de los mismos vicios que generaron gran parte de la disfuncionalidad del último quinquenio, obra y gracia de la exclusión de Julio Guzmán y de César Acuña.
Sería saludable que el fujimorismo pierda esta contienda y se termine de cancelar un proyecto político autoritario, cada vez más conservador e increíblemente cada vez más mercantilista, pero sería prematuro pronosticar ello.

Keiko Fujimori está jugando bien sus cartas. Ha decidido acudir al núcleo duro del fujimorismo, reconciliándose con su padre y convocando viejos cuadros. Algunos recuerdan que ni con el giro de Harvard Keiko pudo ganar las elecciones del 2016 y advierten que en consecuencia es muy torpe refugiarse en el sector más recalcitrante del fujimorismo. Pero pueden no estar en lo cierto.

Esta elección es impredecible. Si, como todo parece indicar, Forsyth termina por caer, la elección y el pase a la segunda vuelta se va a definir por estrecho margen. Fácilmente podrían pasar un candidato con 10% y otro con 9%. Así de miniaturizada está la contienda.

Según la última encuesta de Ipsos, Keiko Fujimori está en 7% y de acuerdo a la del IEP está en 7.7%, muy cerca del porcentaje requerido para disputar la definición del 6 de junio. Keiko no necesita convencer a caviares, liberales, mucho menos izquierdistas o centristas. Solo necesita reagrupar fuerzas, aquellas que han acompañado al fujimorismo a lo largo de décadas, en los peores momentos.

Y si logra pasar a la segunda vuelta, el final es aún más impredecible. Las segundas vueltas en el Perú son como un clásico del fútbol, donde no importa el puntaje previo, el resultado se puede dar para cualquiera.

En la última elección presidencial, Keiko Fujimori sacó 39.86% de los votos y PPK apenas 21.05%. Parecía imposible de remontar, pero los groseros errores cometidos por la lideresa naranja permitieron el ajustado triunfo de Kuczynski. Keiko sigue teniendo el mayor antivoto del resto de candidatos, pero una segunda vuelta es un albur donde el resultado le puede sonreir. La estrategia que está siguiendo no es tonta y mal se haría en subestimarla.

Si a Sagasti le va bien, crecen las posibilidades electorales de Julio Guzmán, candidato del mismo partido. Si al actual Presidente le va mal, afectará significativamente las naturales expectativas del candidato morado.

¿De qué depende de que a Sagasti le vaya bien? Básicamente de dos temas, que ya están siendo suficientemente álgidos: la llegada de las  vacunas y el desborde social. Lo primero no es culpa suya, sin duda, sino más bien de la mediocre gestión ejecutiva de Vizcarra, pero la opinión pública mira con atención qué solución le va a dar al problema. Si llegamos a enero o febrero sin luz en el horizonte, el descrédito va a ser mayúsculo. Y si encima sobreviene una segunda ola, mejor que Guzmán vaya pensando en buscarse otro empleo que no sea el de candidato.

Respecto de la protesta social, puede haber algo de manipulación de algunos partidos de izquierda, pero no explican el problema. Hay embalse de expectativas y las calles son el mecanismo para resolverlas. Si el gobierno no dispone los adecuados canales de diálogo y en los casos que sea necesario, no dispone una correcta represión policial, el tema puede escapársele de las manos y provocar una crisis política suficientemente poderosa para arrastrar con ella las tasas de aprobación a la gestión gubernativa.

Sagasti está recibiendo fuego cruzado tanto de la derecha como de la izquierda (lo que, de paso, le hace la campaña a los morados), pero lo cierto es que hasta el momento, en los dos frentes señalados, se juega el todo por el todo. Se espera que Mazzetti enmiende los groseros errores cometidos y que un correcto José Elice arregle el entuerto generado por sus antecesores.

Muchos de los ataques provienen, sin duda, del intento de afectar a Guzmán, a quien se ve como potencial protagonista de una jornada electoral que será muy reñida: si continúa el descenso de Forsyth vamos a llegar a las postrimerías de la primera vuelta con un pelotón de candidatos, ninguno de ellos con dos dígitos.

La suerte de Guzmán va a estar atada obviamente a su propio desempeño. Lo ayuda, además, tener una buena bancada, responsable y proactiva, pero Sagasti es su referente principal. Puede ser su ancla como su boya salvavidas.

Uno de los muchos riesgos que va a tener que enfrentar Sagasti en los meses que le restan de gobierno es el de la protesta social, que desbocada puede generar un estado de inseguridad e indefensión que claramente lo pondría en la mira de quienes están buscando el menor error del régimen para volver a la carga y tumbárselo.

Es un terreno minado, porque si bien la represión policial es pertinente, justificada y necesaria (como en el caso de los bloqueos a carreteras), debe cuidarse de no repetir los errores de las marchas contra Merino que claramente supusieron un abuso policial y causaron un enorme desprestigio a una institución que como la policial no es precisamente que goce de mucho prestigio, básicamente por el alto grado de corrupción que la aqueja.

El gobierno ha contribuido a mellar aún más esa imagen al manejar de manera precipitada, atolondrada, sin norte ni brújula, una poda policial que parecía necesaria luego de múltiples desaguisados cometidos por los hombres de uniforme. Pero el Ejecutivo manejó tan mal el tema que se vio obligado a efectuar dos cambios de ministros en cuestión de días.

El frente de la seguridad interna no puede ser descuidado. La calle, de por sí está movilizada. Es lo normal en periodos preelectorales, pero en esta coyuntura particular ello se acrecienta por la grosera irresponsabilidad de un Congreso populista que no se detiene en dictar normas populacheras que luego son observadas por el Ejecutivo o declaradas inconstitucionales por el Tribunal Constitucional, pero que, obviamente, generan malestar ciudadano al frustrarse expectativas.

El contrato social de cualquier colectividad moderna pasa, como piedra de toque, por el control del orden interno. No por casualidad, el Ministerio del Interior era antes llamado Ministerio de Gobierno. La paz social es condición indispensable para la buena marcha social.

Hay que tener presente que la alta popularidad de Vizcarra, al enfrentarse a la claque aprofujimorista y el cierre del Congreso, desflemó al país y nos alejó de protestas masivas como las que signaron Chile, Ecuador o Bolivia. Hoy, esos factores de desfogue no existen. Sagasti debería tener claro que un error mayúsculo en este tema puede volver a la calle contra suya en cuestión de minutos.

Llama la atención que el candidato con mayor antivoto sea Ollanta Humala. Según la última encuesta de Ipsos, un 73% “definitivamente no votaría por él”, superior al 71% de Keiko Fujimori, supuestamente la bestia negra de la política peruana.

A diferencia del 2006 o el 2011, en esta ocasión Humala no podrá argüir que ello se debe a su postura antisistema y divergente del statu quo ideológico. En su primera elección fue hábilmente colocado por Alan García como el monstruo chavista y no pudo librarse de esa etiqueta perdiendo la elección. En su segunda participación, ya contra Keiko Fujimori, competía con otra candidata con enorme antivoto, pero no obstante ello tuvo que quitarse el polo rojo y colocarse el polo blanco, cambiar la “gran transformación” por la “hoja de ruta” para poder hacerse del triunfo en la segunda vuelta.

Esta vez la cosa es muy distinta. Ollanta Humala ya no es el candidato radical, cuyas ideas despiertan temores en los sectores altos de la sociedad peruana. El etnocacerismo dejó de ser hace tiempo su leit motiv y hoy no pasa de ser un candidato centrista más, del montón. La propia Verónika Mendoza, ella sí claramente de izquierda, tiene menos rechazo (48% de antivoto, de gente que jamás votaría por ella).

Lo que se aprecia en las encuestas es el duro castigo que las urnas le están dando a quien tiró por la borda la enorme esperanza popular que lo llevó a la Presidencia. Enhorabuena que haya migrado al centro y haya dejado el chavismo que lo inoculaba antaño, pero moderarse no quiere decir que uno ejerza un gobierno mediocre, sin ningún ánimo reformista.

Salvo la reforma educativa emprendida por su ministro Jaime Saavedra y la creación de la Sunedu, lo suyo no pasó de lentificar la inversión privada y emprender algunos programas sociales, dejando al Perú peor de lo que estaba cuando lo recibió, cinco años previos.

Y a ello se suma el justo castigo a quien hizo del nacionalismo una farsa, al hipotecarse financieramente al chavismo primero (en la campaña del 2006), y a las empresas brasileñas después (en la campaña del 2011), dándoles luego enormes beneficios que hoy se investiga si tienen connotación delictiva (el equipo de fiscales Lava Jato está convencido de ello).

En un país desmemoriado, nadie está descartado. Ollanta Humala tiene 4% de intención de voto. Está en el pelotón de los presidenciables. Pero de antemano parte con un merecido descrédito que difícilmente podrá revertir.

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Ollanta Humala

El único gran problema que ya se avizora a corto plazo es que vamos a tener un Congreso 2021-2026 enormemente fragmentado. Con un pelotón de candidatos con menos de diez por ciento de intención de voto, es probable que haya seis o siete bancadas semejantes, sin capacidad de hacer mayoría, como no sea haciendo pactos que comprometan a tres o más agrupaciones partidarias.

Si eso no ocurre, bastará un influjo irregular, como el que, por ejemplo, hoy tiene el clan Luna Gálvez y se armarán bancadas mayoritarias hechizas que pondrán seriamente en riesgo la gobernabilidad del Ejecutivo, si es que no se allana a los caprichos de una claque políticaextorsiva, como la que ya ha mostrado su rostro en este último periodo legislativo.

Será obligación del ganador establecer alianzas o pactos explícitos para asegurar la buena gobernanza. Como el que hizo Toledo con el FIM, del 2001 al 2006, el APRA con Unidad Nacional y Alianza para al Futuro (el fujimorismo) para el periodo 2006-2011, o el de Humala con Toledo para el 2011-2016. O, para retroceder más en el tiempo, como el que firmaron Acción Popular y el PPC en el periodo 1980-1985, o el del APRA con el SODE, entre 1985 y 1990. Gracias a esas alianzas se consiguieron mayorías parlamentarias que evitaroncinco años de zozobra e incertidumbre.

Y si estos pactos incluyen intercambio de cargos ministeriales o participación en algunos organismos públicos nadie tendría por qué llamarse a escándalo ni ruborizarse. Así son los pactos políticos acá y en cualquier parte del mundo. Bajo el amparo de un programa de gobierno con agenda común en las líneas maestras, a ser dispuesto por el partido que haya ganado la elección en la segunda vuelta, se pueden establecer componendas y concesiones destinadas a asegurar una coexistencia Ejecutivo-Legislativo sin sobresaltos.

Ojalá quien gane las elecciones tenga la sensatez que no tuvieron Kuczynski y Keiko para forjar alianzas. Si PPK se unía a Fuerza Popular y formaban una gran coalición de derecha, hoy el Perú sería muy distinto. Sería terrible que el quinquenio del bicentenario nos asomemos nuevamente a una sucesión de crisis políticas interminables y extenuantes.

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políticos

Los últimos resultados de la encuesta de Datum confirman la tendencia que el resto de encuestadoras serias revela: salvo George Forsyth (13%), el resto conforma un pelotón casi homogéneo (Keiko Fujimori con 6%, Verónika Mendoza empatada con Julio Guzmán en 5%, seguidos de Yonhy Lescano con 4% y Daniel Urresti, Hernando de Soto y César Acuña, con 3% los tres; más abajo Daniel Salaverry y Ollanta Humala con 2% ambos).

Si suponemos que Forsyth cae de acá a la primera vuelta -algo bastante probable dada su orfandad ideológica y carisma limitado- y se junta al pelotón de minicandidatos, no hay forma sensata de establecer un pronóstico factible.

¿Pueden disputar la segunda vuelta Forsyth versus Keiko? Sí. ¿Puede haber una segunda vuelta entre Urresti y Acuña? Sí. ¿Y podría haberla entre Lescano (ojo con esta candidatura) y Guzmán? Sí, también. Del mismo modo, no sería sorpresivo que De Soto dispute la final contra Verónika Mendoza, u Ollanta Humala contra Salaverry.

Hay todavía un gran número de indecisos (19%) y de quienes, a la fecha votarían blanco o viciado (30%), quienes suelen disminuir conforme se acerca la definición electoral.

Normalmente, se ha visto, además, que en las ultimas dos semanas o inclusive a pocos días de la elección, el tablero se mueve haciendo que algunos candidatos crezcan cuatro o cinco puntos. La diferencia entre todos los mencionados es tan poca que ese salto lo colocaría al beneficiario ya en la lid definitoria.

Bastaría una entrevista televisada feliz, un traspiés vergonzoso de algún competidor, una metida de pata de algún candidato congresal, una denuncia grave contra cualquiera de los mencionados, para que el proscenio se modifique y nos lleve a una definición imprevista.

Como está dado el tablero socioideológico del país uno tendería a pensar que en conjunto los candidatos de la derecha o el centro tendrán mejor performance, pero dada la dispersión, la izquierda podría colarse. Nada puede olearse ni sacramentarse. El gobernante del bicentenario se va a definir la última semana de una campaña sui generis, sin chorros publicitarios ni mitines consagratorios.

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Keiko Fujimori, Pedro Castillo

Lo primero a comentar de la conferencia del consejo de ministros de hoy tiene que referirse el pasmoso desorden explicativo de la misma. Un desastre informativo. Eventos de este tipo se destinan a aclarar y explicar, no a enredar y a obligar a la ciudadanía a descifrar de qué diablos se está hablando. Al final de la misma nadie sabía con claridad a qué regiones se refería ni cuáles eran las medidas restrictivas tomadas, que no eran explicadas en conjunto sino aisladamente y con distintos ministros de portavoces.

Lo segundo es un lamento. Porque indica que el gobierno repite, aunque atenuadamente, los errores de Vizcarra, como es creer que las restricciones físicas conducen a algo bueno. Más brutal que la cuarentena dictada el 15 de marzo por el gobierno anterior no ha habido. Y fue en el cumplimiento de esa cuarentena que la pandemia se disparó a niveles inimaginables. En otras palabras, las restricciones no parecen servir de mucho y probablemente estemos ante un ciclo natural del virus, ajeno a las restricciones indicadas.

Las medidas dominicales son, a mi juicio, el summum de la sinrazón. Es el día que menos gente sale a las calles y por ende hay menos aglomeraciones. ¿Por qué se insiste en prohibir la salida de vehículos y en algunas regiones de personas? ¿En base a qué data se ha establecido que las salidas dominicales son la causa del rebrote de la pandemia?

Lo que la conferencia de prensa debió señalar o los periodistas preguntar es cómo se va a dotar de camas UCI, plantas de oxígeno y personal intensivista ante el colapso evidente del sistema de salud pública. Pero de eso ni una palabra. Supuestamente, además, las cuarentenas tienen como finalidad lentificar al proceso para darle tiempo al gobierno de adecuar la respuesta sanitaria. ¿Se van a comprar unidades UCI? ¿Cuántas? ¿A quiénes? ¿Cuándo llegan? ¿Se van a montar plantas de oxígeno? ¿Cuántas? ¿Adónde? ¿Se va a cubrir la necesidad de personal médico? ¿Cómo? (¿por qué no se valida rápidamente, por ejemplo, los grados académicos de los médicos venezolanos que han emigrado a nuestro país y que en estas circunstancias pueden ser de utilidad enorme?).

En resumen, el panorama no resulta alentador. El gobierno peruano, como muchos en el mundo, no saben qué hacer y recurre a las restricciones, al parecer por seguir recetas anticuadas de los epidemiólogos o, lo que es peor, por contentar a cierto sector de las tribunas que se complace con encierros y mano dura, así sean contraproducentes por el enorme impacto económico que producen.

Las declaraciones de Roberto Sánchez, nada menos que cabeza de la lista congresal por Lima en Juntos por el Perú, respecto del dictador venezolano Nicolás Maduro, considerándolo “presidente constitucional” y pasando por agua tibia la feroz represión que en Venezuela existe contra la oposición, pone en clara evidencia que el tema de la democracia no ha sido zanjado positivamente en la izquierda peruana.

Ese tema fue aparentemente resuelto en la década de los 80, cuando un ala de la izquierda formal aún insistía en el manejo de estrategias paralelas para acceder al poder, una era por la vía democrática y la otra por la vía revolucionaria, violenta, pero el sector mayoritario decidió alejarse de esa tendencia y marcar la cancha a favor del reconocimiento de la democracia formal, representativa, burguesa como método político irrenunciable.

Fue con ese talante, aparentemente, que la izquierda se plantó como factor opositor y beligerante contra los devaneos autoritarios de Fujimori, pero por lo visto, el antifujimorismo de la izquierda o de un sector de ella más obedeció a un tema ideológico que a un tema democrático.

La inquietud sobre Venezuela es importante porque existe fundado temor en buena parte de la sociedad peruana respecto de que ese es el camino que quiere seguir la izquierda peruana en caso llegase al poder: estatismo económico y restricción democrática. Como es natural, prende sus alarmas cuando aprecia la simpatía que por ese régimen tiene uno de sus voceros más importantes, como es el citado candidato congresal.

En esta columna hemos advertido, con genuina preocupación, que los postulados económicos de Verónika Mendoza podrían llevar al país a una crisis descomunal, si no como la venezolana sí como la argentina. Por lo que se ve, los temores deben radicar también respecto de la vocación institucional democrática.

Llegada al poder, impulsada por una serie de medidas populistas y, por ende, una alta popularidad, una izquierda que no tenga claras las fronteras democráticas que no se deben trasponer, puede constituir un serio peligro para las libertades políticas que con tanto esfuerzo hemos logrado mantener más o menos incólumes desde el año 2000 (el periodo democrático más prolongado de nuestra historia republicana).

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