EL PEDIDO DE EXCLUSIÓN DE UN FISCAL QUE ZORAIDA ÁVALOS NUNCA RESPONDIÓ A LA PROCURADURÍA ANTICORRUPCIÓN

El lunes 11 de marzo del 2019 a las 16.25 (ver fotografía) el Procurador Adjunto Público Anticorrupción, Javier Pacheco Palacios, presentó un escrito a la Fiscalía de la Nación en el que pedía se excluya del caso Cuellos Blancos del Puerto al Fiscal Supremo Eliseo Fernández Alarcón. En dicho escrito, literalmente, se dijo: “SOLICITO se EXCLUYA al Fiscal Supremo JESÚS ELISEO FERNÁNDEZ ALARCÓN DE LAS INVESTIGACIONES PRELIMINARES Y PREPARATORIAS, en las 23 carpetas fiscales, procesos tramitados ante Fiscalía Suprema Transitoria especializada en delitos cometidos por funcionarios públicos; y todos aquellos que se encuentren vinculadas al caso denominado “Los Cuellos Blancos del Puerto del Callao””. El documento presentado por la Procuraduría Anticorrupción aludía a una serie de graves irregularidades y omisiones funcionales en la que habría incurrido el Fiscal Fernández Alarcón en la tramitación del caso “Cuellos Blancos” y el amparo era el artículo 62.1 del Código Procesal Penal.

La mesa de partes de la Fiscalía de la Nación para registrar dicho escrito en su sistema no colocó un sello, común y corriente, sino que le asignó por un asunto de seguridad documental un código de barras infalsificable y le señaló el expediente 0008020-2019.

El pedido de exclusión presentado a la Fiscalía de la Nación tuvo un rebote noticioso en el diario El Comercio el día 13 de marzo del 2019 con el título: “Procuraduría pide exclusión de fiscal supremo a cargo del caso Cuellos Blancos” y el diario La República el 13 de marzo del 2019 con el título “Cuellos Blancos: piden exclusión de fiscal que archivó investigaciones”. Como si fuera poco, los Procuradores Amado Enco y Javier Pacheco se entrevistaron personalmente con la Fiscal de la Nación a fines de marzo del 2019 para sustentar su pedido.

Pese a la importancia del pedido, Zoraida Ávalos como Fiscal de la Nación nunca, durante su mandato de tres años, resolvió la exclusión presentada por la Procuraduría Pública. Por el contrario, guardó silencio y dejó sin atender, para bien o para mal, el planteamiento de la parte civil que defiende los intereses del Estado y que es un organismo anticorrupción.

Luego de la consulta a algunos abogados constitucionalistas se nos dijo que la omisión de la ex Fiscal de la Nación de responder a un pedido de exclusión de un Fiscal formulado por la Procuraduría es un hecho extremadamente grave y que es inédito en los anales de la justicia peruana, ya que se ha dejado en una incertidumbre e indefensión a la parte que defiende los intereses del Estado al no haber brindado respuesta alguna en más de 36 meses desde que se formuló el pedido, lo que afecta la tutela judicial efectiva y el debido proceso al que tiene derecho la parte civil. Zoraida Ávalos habría infringido el artículo 47 inciso 13 la Ley de la Carrera Fiscal que señala como infracción grave “el incurrir en acto u omisión que, sin ser delito, comprometa gravemente los deberes del cargo” que concuerda con el artículo 33 inciso 11 de dicha ley que manda: “Atender diligentemente el despacho fiscal”.

También se nos indicó que la Junta Nacional de Justicia en una reciente resolución del 31 de enero del 2022 (P.D N° 155-2020) decidió destituir a un juez de Amazonas: José Antonio Bravo Soto por haberse demorado 17 meses en redactar una sentencia condenatoria cuyo fallo había sido leído en una audiencia pública.

Si en el Perú opera la igualdad ante la ley, y no las preferencias personales o los amiguismos –tómese en cuenta que Zoraida Ávalos integró la Comisión que nombró a los actuales miembros de la Junta Nacional Justicia– la ex Fiscal de la Nación debería terminar destituida por proteger a toda costa al Fiscal Fernández Alarcón frente a un pedido de exclusión que presentó la Procuraduría Anticorrupción. ¿O es que acaso es más grave demorarse 17 meses en redactar una sentencia que no responder, más de 36 meses, un pedido de la parte civil?

LA INVESTIGACIÓN QUE ZORAIDA ÁVALOS NUNCA QUISO HACER Y QUE LA JUNTA NACIONAL DE JUSTICIA DECIDIÓ EMPRENDER

Uno de los escándalos más fuertes y graves que recuerda el sistema de justicia en los últimos años es el chuponeo masivo que emprendió la Fiscalía Suprema de Fernández Alarcón durante el año 2018 a 2021 de más de 30 personas, entre los que se incluye a los jueces supremos titulares Héctor Lama More y Martín Hurtado Reyes y que se produjo con la mira complaciente del juez Núñez Julca.

La información fue un destape de SUDACA en el artículo de Alonso Ramos titulado “Una dudosa decisión fiscal abre un frente de ataque en el caso cuellos blancos” del 16 de setiembre del 2021. Luego, la noticia rebotó y fue tomada por el programa “BETO A SABER”, “COMBUTTERS” de Willax, PBO radio, el diario Expreso y otros medios de comunicación.

El pico más alto de la noticia fue que a fines de octubre de 2021 la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, por primera vez en su historia, emite un comunicado a la opinión pública en donde pide una exhaustiva investigación por las autoridades competentes (Fiscalía de la Nación y Junta Nacional de Justicia) contra un fiscal supremo: Fernández Alarcón y el juez supremo Núñez Julca quienes habrían intervenido en el chuponeo masivo.

La Fiscal de la Nación de ese entonces, pese a tener información fresca y veraz de estos graves hechos que fueron descritos por diversos medios de comunicación nunca siquiera abrió una investigación formal en su despacho contra Fernández Alarcón y Núñez Julca, para averiguar si, efectivamente, hubo o no chuponeo masivo a 30 personas, a dos jueces supremos titulares y si se pretendió destruir la evidencia, como resaltaba la nota de SUDACA de septiembre del 2021.

Es muy extraño que la Fiscalía de la Nación de Zoraida Ávalos haya hecho el amague de investigar al expresidente Martín Vizcarra, al actual presidente Pedro Castillo, haya denunciado constitucionalmente al expresidente Manuel Merino y haya estado muy atenta de abrir investigaciones a cuanto congresista, ministro de Estado o cualquier otro alto funcionario que se vea involucrado en cualquier delito (la lista es interminable); y paradójicamente, no mueva un dedo ni haga nada por investigar los delitos graves que ha cometido un fiscal de su entera confianza como es el fiscal Fernández Alarcón.

Parece que los fiscales cercanos y afines a Zoraida Ávalos, que cumplen una misión específica, tuvieran una corona de oro y una inmunidad especial, renunciándose a investigar delitos muy graves como es la interceptación telefónica y el delito de encubrimiento. Ante la sociedad peruana algunos fiscales aparecen como portadores de una aureola especial, de un blindaje particular, pues nadie los investiga ni nadie hace algo contra ellos por más graves que sean los hechos en los que están involucrados.

Sin embargo, a juzgar por los últimos acontecimientos, la Junta Nacional de Justicia, ha decidido acabar con esta impunidad selectiva y de abierto desafío al Estado de Derecho y en una decisión reciente de inicios de mayo del 2022, abre investigación contra el Fiscal Fernández Alarcón y los jueces: Núñez Julca, Castañeda Espinoza como presuntos responsables de haber violado el secreto de las comunicaciones de más de 30 personas, vulnerando la Ley de la Carrera Fiscal y la Ley de la Carrera Judicial.

La Junta Nacional de Justicia le da un ejemplo a la Fiscalía de la Nación de Zoraida Ávalos de cómo en el Perú no hay “fiscales dioses”, ni reyes que tienen corona y que los fiscales no están por encima de la ley, ni pueden pisotearla a su antojo. Total, si la Fiscalía de la Nación puede investigar a un Presidente de la República en funciones, con mayor razón, puede investigar a un fiscal amigo y protegido de Zoraida Ávalos y a los jueces supremos que le siguen el juego sin ningún control y sin estudio del caso

Tags: