[PIE DERECHO] Parece que la tesis de la guerra ideológica, que un sector de la derecha radical considera fundamental en sus propósitos de enfrentar a la izquierda, lo tiene confundido a Javier Milei, quien le ha declarado la batalla al sector cultural de su país, Argentina, que durante décadas se ha distinguido por ser uno de los lugares que más apoyo ha brindado al mundo de las artes, con logros de excelencia en casi todas ellas.
Uno entendería que la prédica libertaria contra los beneficios sectoriales al mundo de la cultura sean parte de un andamiaje ideológico opuesto, en general, a toda intervención estatal en el circuito económico. Uno puede discrepar de ello, pero se podría entender. Lo que no cabe, dentro de su propia perspectiva lógica, es que se mantengan beneficios a ciertos sectores productivos y a la vez se arremeta, denunciando su privilegio sectorial, contra el mundo de la cultura.
Más parece resultado de una histórica fobia de ciertas élites por el pensamiento crítico y la contestación artística. Y particularmente, en la coyuntura actual, apunta a una ojeriza inexplicable de ciertas derechas hacia la cultura en general.
Se puede ser liberal y alentar el apoyo estatal a la cultura. El mundo de las artes debe ser entendido como el de una atmósfera de quehacer cívico. Alentarlo sería equivalente, en esa perspectiva, a la construcción de espacios públicos. Tiene el mismo resultado: la cohesión social y la activación de núcleos de integración.
Se puede y se debe abrir espacios para la participación de capitales privados en el quehacer cultural. Mientras más, mejor. Pero no puede soslayarse la necesidad de una política cultural de carácter público. Es indispensable, tanto como la existencia de una educación y salud públicas de calidad. Están casi en el mismo rango de importancia social.
Es una lástima que el pensamiento libertario, reivindicado por su propio fundador, Murray Rothbard, como una filosofía de izquierda, haya devenido en la costra ideológica de sectores conservadores, que aprecian casi todo pensamiento abstracto como “neomarxismo” o “marxismo cultural” y que consideran, por ende, que convertir al mundo de la cultura en un páramo es parte de la batalla ideológica que deben librar.
Ojalá fracase Milei en este propósito. Los buenos deseos que los sectores liberales le desean respecto del enderezamiento del desastre populista del peronismo, no se extienden a su afán destructivo de uno de los activos más valioso que puede exhibir la Argentina: su rica y variada vida cultural.
[PIE DERECHO] Nuevamente ha reaparecido el fantasma de la xenofobia en el país, a propósito de los sucesos de Ecuador y su vinculación con bandas criminales extranjeras. Las voces que claman por el cierre de fronteras y la expulsión de los venezolanos ya se hacen sentir y han escalado al ámbito político, por lo que, seguramente, será insumo de la campaña electoral del 2026.
En esa medida, será necesario reiterar hasta el cansancio la contundencia de los datos de la realidad para contrarrestar esta ola de opinión pública basada en la desinformación. No es verdad que del millón y medio de venezolanos que ha venido a estas tierras, la mayoría sea delincuencial. No lo debe ser ni una mínima parte, la misma proporción que seguramente existe entre la población peruana y sus grupos criminales.
Por el contrario, la mayoría de migrantes son gente de paz que ha llegado huyendo de las miserias políticas y económicas del régimen de Maduro. Y que, como suele suceder con las olas migratorias, luego del shock inicial por su masividad, terminan generando inmensos beneficios sociales, culturales y económicos al país recipiente de ese flujo.
Hay que saludar la venida de compatriotas venezolanos, vecinos de la patria grande. Y darles la bienvenida, como a la postre (porque al comienzo fueron mano de obra esclavizada) se hizo con la migración china, japonesa o africana, y que hoy tantos beneficios brindan a la riqueza cultural del país.
En este tema, el Perú ha demostrado una sapiencia social que no han tenido, hasta ahora, las naciones europeas, que a sus migrantes los han encerrado prácticamente en ghettos, apartándolos del flujo cívico normal, y quejándose luego de por qué no adoptan los patrones culturales del país que los ha acogido. Eso pasa, inclusive, en naciones supuestamente modernas e inclusivas, como las nórdicas, que hoy tienen un serio problema de marginalidad social producto de malas políticas inmigratorias.
En el Perú, los venezolanos se han integrado perfectamente al tejido social. Están por todo el territorio nacional, laborando en diversas actividades y poco a poco asentándose y prosperando, sin generar la pérdida de empleo de los peruanos, que suele ser el fundamento demagógico que en muchas latitudes se utiliza para aborrecer a los migrantes. Ojalá no eche raíces la primitiva xenofobia que algunos líderes políticos tratan de inculcar en sus seguidores. Sería una desgracia sumar ella, al deplorable racismo y clasismo que subsisten en nuestra sociedad.
[PIE DERECHO] Contra los rumores que arreciaron en los últimos días respecto de un inminente cambio de ministros que podía incluir al propio presidente del consejo de ministros, Alberto Otárola, este gabinete parece más sólido que nunca.
La permanencia de un ministro tan endeble como Álex Contreras en el MEF -alfil de Otárola-, quien ha debido tragarse el sapo de Petroperú -su allanamiento a su salvataje financiero muestra cuán dúctil es el titular del jirón Junín y a qué está dispuesto con tal de mantener el fajín-, revela que el tablero del Premier sigue incólume y ha resistido el embate del sector boluartista.
Fue el titular del MIDIS, Julio Demartini, bajo el manto de la presidenta, quien, a pedido de la propia primera mandataria, organizó la velada con los economistas Luis Carranza y José Arista, que tanto escozor causó en el ministro Contreras y lo llevó a amagar una renuncia que luego fue amañada por las movidas del astuto y funcional Otárola. Hoy, Demartini sufre el hielo del Premier.
Las aguas parecen haber vuelto a su nivel, aunque ello genera un estado de cosas momentáneo, dada la precariedad del régimen. Una ventisca futura puede llevarse de encuentro al gabinete Otárola y su gestión ya está bajo el acecho de algunos lobbies empresariales que quieren poner a un Premier más funcional a sus intereses (allí, para variar, encabeza la lista de premierables, un inefable expremier aprista, quien se muere de ganas de volver a disfrutar las mieles y oros del poder político y sabe que por la vía electoral ello es imposible).
Lo cierto, en todo caso, más allá de este juego de intrigas e intentos de serruche, es que, de prosperar esta estabilidad mediocre, de la cual el único que se podrá congratular es el premier Otárola, más no el país, olvidémonos de una recuperación económica consistente con nuestras potencialidades y, lo que es más grave, descartemos que se construya una estrategia eficaz contra la delincuencia organizada que nos azota, a la sazón, los dos mayores problemas vigentes que como país enfrentamos.
No ocurrirá, al menos en el corto plazo, un upgrade político en el gobierno de Dina Boluarte. Seguirá funcionado de la misma manera como lo ha hecho en su poco más de un año de gestión. Mucha medianía y poca eficacia será el denominador común del periodo que se avecina. El Perú seguirá languideciendo al son de los apetitos de poder del establishment que ha dispuesto un Premier, más dado a la supervivencia que a la transformación ejecutiva de su entorno y la solución real de los problemas que afronta.
[PIE DERECHO] No estamos lejos de que en nuestro país ocurra algo parecido a lo que acontece en Ecuador, con la reciente asonada violenta del crimen organizado.
Tenemos todos los ingredientes para que algo así nos suceda: debilidad del Estado democrático, corrupción de las fuerzas del orden (tanto policiales como militares) y del sistema de justicia (Ministerio Público y Poder Judicial), eslabón de partida del narcotráfico, vientre de todas las mafias habidas y por haber (narcotráfico, minería ilegal, trata de personas, contrabando, tráfico de terrenos, etc.) y proliferación de bandas criminales que empiezan por delitos comunes y luego se engranan con los grupos criminales señalados.
El Perú no es un paraíso para las inversiones -dejó de serlo hace muchos años- sino para el delito. Cualquier organización criminal que se sienta perseguida con eficacia en su país de origen verá que la migración al nuestro le abrirá una oportunidad de oro para desarrollarse, como ya ha sucedido con el sanguinario Tren de Aragua venezolano.
Toca asumir la responsabilidad de conducir el proceso de prevención y control de la inseguridad ciudadana a un gobierno débil y mediocre. Corresponde entonces a la clase política en su conjunto y a la sociedad civil, apuntalar un proceso consensual de elaboración de una estrategia eficaz respecto del crecimiento exponencial del crimen organizado, que amenaza con llevarse de encuentro no solo la paz social sino el Estado democrático.
Estamos todos los peruanos de bien en el mismo bote, por encima de cualquier opinión discrepante o parecer divergente respecto de temas ideológicos o morales. El Perú está a punto de cruzar la línea, si acaso no lo hizo ya, y de convertirse en un Estado controlado por las mafias delictivas, un peligro equivalente al que afrontamos cuando sufrimos la asonada asesina del terrorismo de Sendero Luminoso y el MRTA y que en algún momento hizo temer que capturasen el poder.
Ya no se puede mirar de soslayo el problema. La ciudadanía, con sensibilidad frente a su cotidianeidad, ya lo identifica como el principal desvelo nacional, por encima de la crisis económica. Las calles, los negocios, la vida ciudadana en general están siendo sometidas por el delito y el hartazgo frente a ello, si no encuentra solución, va a encontrar alivio con propuestas populistas o autoritarias. Por ello, la urgencia de ponerle coto, democráticamente, dentro del estado de derecho, lo antes posible.
[PIE DERECHO] El pedido de prisión preventiva de 18 meses contra el suboficial de la policía, Joe Erick Torres Lobón, por la muerte del ciudadano de 22 años, Rosalino Flores Valverde, quien murió a causa de una ráfaga de perdigones el pasado 11 de enero, en Cusco, durante la realización de las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte, es ejemplar.
Primero, porque el fallo del juez va a contrapelo de los intentos institucionales de la propia policía, por encubrir al agente, modificando fechas y horarios de asistencia y entrega de armamento, para tratar de ocultar su participación en el crimen. Segundo, porque en la propia sentencia se advierte que “no fue un crimen aislado, sino una respuesta estatal desproporcionada. No solo fue afectada la vida, sino los derechos de las personas a manifestar su disconformidad”. De proceder con esta línea, habrá responsabilidades penales en el gobierno por lo sucedido.
Este hecho, inédito en el país, debería constituir un parteaguas respecto de las políticas represivas de protestas sociales. Tarde o temprano, este tipo de protestas volverá a ocurrir y se espera que las fuerzas del orden hayan aprendido que se debe responder a ellas dentro del marco constitucional.
La violencia debe ser reprimida y acarrear sanciones penales para sus gestores. Inclusive, el uso de las armas policiales debe ser autorizado en caso se ponga en riesgo la integridad vital de las propias fuerzas del orden o de la sociedad civil, pero nunca cuando se ejerce otro tipo de violencia, como toma de carreteras o puentes.
No hay pena de muerte contemplada en nuestro código penal contra la protesta social. La policía no puede, por ende, arrogarse esa función a su libre albedrío, ni siquiera cuando algo semejante, como se investiga, parece haber provenido de órdenes superiores, cuyo escalafón está aún por determinarse (Boluarte y Otárola no están exentos, a priori, de responsabilidad).
Rosalino Flores es una de las 49 personas fallecidas en las protestas y la violenta represión. Cada caso deberá merecer similar investigación judicial a la que ha conducido el juez Leodán Cristóbal Ayala, desde el Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema.
[INFORMES] Dicho comunicado viene a negar lo sostenido por el periodista César Romero Calle en diversos artículos y primeras páginas (impresas y digitales) que se ha publicado desde el 28 de diciembre del 2023 hasta el día de hoy en el diario “La República” y en que ha probado hasta el extremo la veracidad de la orden de videovigilancias y seguimientos que impartió por escrito el Fiscal Andy Junior Rodríguez Domínguez en la disposición Fiscal N° 1 del 05 de abril del 2023 en la que decide abrir una investigación secreta por 120 días “contra los que resulten responsables”.
La Fiscalía en su comunicado busca negar la existencia Carpeta Fiscal N° 87-2023
Es gravísimo que la Fiscalía quiera negar la existencia de la Carpeta Fiscal N° 87-2023 y de cuya disposición de archivo hemos sido notificados formalmente por el propio Ministerio Público el periodista César Romero y yo a fines de noviembre del 2023; y lo ridículo es que para ocultar su existencia y contenido se quiera hacer referencia a un proceso penal completamente distinto (la del abogado Castillo Alva), que está en la etapa de investigación preparatoria, y que en el caso de la investigación secreta a periodistas (CF N° 87-2023) no ha pasado de las diligencias preliminares.
La única manera que la Fiscalía pueda negar o afirmar si hubo seguimientos o videovigilancias a periodistas no es aludiendo a un proceso penal que se encuentra judicializado en donde se menciona a los periodistas César Romero y a mí, sino remitiéndose a la carpeta Fiscal número 87-2023 que obra en poder del Ministerio Público y en la que efectivamente se han ordenado videovigilancias y seguimientos a periodistas.
El Ministerio Público para emitir su comunicado ha buscado donde sabe perfectamente que no va encontrar nada de videovigilancias y seguimientos a periodistas, debido a que, según nuestras fuentes, en el proceso penal que se le sigue al abogado Castillo Alva (carpeta Fiscal 09-2019) en más de 4 años de investigación no se ha ordenado videovigilancia o seguimiento alguno.
Para opinar sobre el tema la Fiscalía de la Nación y el área de prensa del Ministerio Público deberían haber leído la primera plana del diario la República de ayer que expresamente alude a la Carpeta Fiscal 87-2023 que se encuentra en el Tercer despacho del Caso “Cuellos Blancos”.
El Ministerio Público, en el colmo de lo hilarante y bochornoso, quiere negar los documentos (disposiciones y videovigilancias) que ha obtenido oficialmente César Romero de la Carpeta Fiscal 87-2023 y que publica ayer en la primera plana el diario “la República” con el título “Ministerio Público: la carpeta 87-2023 revela sus secretos”.
Lo que oculta deliberadamente el comunicado del Ministerio Público es que el inicio de la investigación secreta contra las periodistas que emprende la Fiscalía por 120 días se debe a dos artículos publicados, uno por Sudaca, el 27 de marzo del 202 titulado “ESCÁNDALO EN EL MINISTERIO PÚBLICO: FISCALES DEL CASO CUELLOS BLANCOS SE CONVIERTEN EN ABOGADOS DEFENSORES DE WALTER RÍOS” y el otro artículo publicado por el diario la República el 30 de marzo del 2022 titulado “FISCALES AD HOC PRESIONAN A SUS COLEGAS PARA FAVORECER A REO”.
Las tres primeras páginas (de las 10 páginas) que forman parte de la disposición fiscal del 5 de abril del 2023 por las que se inicia la investigación secreta a los periodistas justamente abundan en detalles y resaltan las publicaciones realizadas por la República y por Sudaca. No hay duda alguna que sin los artículos publicados por César Romero y yo en la República y Sudaca no habría tenido sentido abrir la investigación fiscal secreta el 5 de abril del 2023 en la que se ordenó las videovigilancias.
La Carpeta Fiscal de la investigación secreta a los periodistas del diario la República, de Sudaca y la Carpeta Fiscal del abogado Castillo Alva son distintas
El Ministerio Público en su comunicado pretende hacer creer de manera temeraria e inexplicable a la opinión pública que la Quinta Sala de Apelaciones Nacional ordenó en el caso de la prisión preventiva del abogado José Luis Castillo Alva que se habría encontrado peligro de obstaculización por parte de dicho abogado por haber influido en las publicaciones del diario “La República” y el portal “Sudaca”. Las publicaciones a los que se refiere la Sala Superior datan del 16 de abril del 2023, es decir, son 11 días después de iniciada la investigación secreta iniciada por la Fiscalía de los Cuellos Blancos del Puerto. Mejor dicho, lo que la Fiscalía quiere traer en su defensa es en realidad un boomerang que les estalla en la cara: lo que la sala alude, más allá de su abierta falsedad, son noticias periodísticas publicadas tiempo después por La República y Sudaca al inicio de las diligencias secretas ordenadas por Andy Rodríguez.
La Fiscalía miente en citar la resolución de la Quinta Sala de Apelaciones Nacional como única referencia a las publicaciones de La República y Sudaca cuando, en realidad, el caso del abogado Castillo Alva es un caso completamente distinto y autónomo de la investigación secreta a los periodistas por cuatro razones. En primer lugar, la investigación al abogado Castillo Alva se encuentra en la carpeta Fiscal con número 09-2019 (de la que deriva la prisión provisional que se le solicitó) y la investigación a los periodistas es la Carpeta Fiscal número 87-2023, es decir, entre una carpeta y otra hay una diferencia de casi 4 años. En segundo lugar, la Carpeta Fiscal con número 09-2019 siempre ha permanecido en el Primer despacho del caso “Cuellos Blancos” y la Carpeta secreta a periodistas número 87-2023 ha deambulado en todos los despachos del caso Cuellos Blancos para terminar en el Tercer despacho; los fiscales a cargo de los despachos fiscales son distintos. En tercer lugar, los periodistas César Romero y yo hemos sido citados a declarar como testigos expertos en la carpeta número 09-2019 en diciembre del 2023; mientras que en la Carpeta Fiscal número 87-2023 nunca hemos sido citados a declarar y menos hemos sido escuchados. En cuarto lugar, según nuestras fuentes, la Carpeta 09-2019 sigue abierta desde el año 2019 y el plazo de la investigación se ha determinado en 3 años; mientras que la Carpeta Fiscal 87-2023 se abrió el 5 de abril del 2023 y se cerró el 23 de noviembre del 2023.
Nunca se pidió un Informe sobre la Carpeta Fiscal 87-2023 para saber si existe o no orden de videovigilar o seguir a periodistas
La causa de semejante exabrupto y la desinformación en la que incurre el Ministerio Público en su comunicado, reside en que nunca ha pedido, según nuestras fuentes, alguna información por vía oficial o informalmente al Tercer despacho del caso Cuellos Blancos quien dirige y conduce la Carpeta Fiscal número 87-2023.
La disposición fiscal del 5 de abril del 2023 que inicia la investigación secreta y ordena la videovigilancia y seguimientos a periodistas se encuentra en una Carpeta Fiscal concreta y específica (87-2023); de tal manera que se podía simplemente preguntar al despacho a cargo sobre si se había ordenado en su momento la videovigilancia y seguimientos a periodistas para que la Fiscalía de la Nación y su área de prensa del Ministerio Público salga de cualquier duda y de esta manera no mienta en su comunicado.
Cualquier estudiante de derecho, y más aún el Fiscal de la Nación, sabe que la única manera de poder obtener la “verdad” sobre el contenido de una Carpeta Fiscal es preguntándole a quien la tiene a cargo sobre los hechos que se pretende comunicar e informar a la opinión pública; o se debe pedir un informe escrito al respecto, pero lo que no se puede hacer, bajo ningún sentido, es afirmar algo sin un conocimiento mínimo de la Carpeta Fiscal, sin pedir acceso o sin solicitar que se haga un informe al respecto.
Si nunca se pregunta a quien se debe; nunca se podrá saber la verdad de los hechos y menos se podrá conocer sobre el contenido de una Carpeta Fiscal. La Fiscalía de la Nación no puede estar desconectada de los fiscales provinciales, adjuntos o auxiliares que dirigen una determinada Carpeta Fiscal.
La fuente del “error” del Comunicado de la Fiscalía
El punto 3 del Comunicado del Ministerio Público “De acuerdo a lo informado por la Coordinación del Equipo Especial de Fiscales abocado al conocimiento del caso “Los Cuellos Blancos del Puerto” no existe medidas de seguimiento, videovigilancia, ni interceptación telefónica a periodistas”.
El Comunicado de la Fiscalía toma como base para desmentir las medidas de seguimiento y videovigilancias a periodistas lo informado por la actual Coordinadora del Caso Cuellos Blancos, Magaly Quiroz Caballero. Sin embargo, lo extraño y lo raro es que el caso del seguimiento y videovigilancias a periodistas no se encuentra en la Coordinación del Equipo Especial, sino en el tercer despacho de la Fiscalía provincial del caso Cuellos Blancos. Se ha consultado con fuentes del Ministerio Público y se nos señala que nunca la Fiscal Coordinadora Magaly Quiroz Caballero, ha pedido un informe escrito al respecto, ni ha llamado a algún personal del despacho para que se le informe al respecto.
La afirmación que realiza el Comunicado del Ministerio Público no solo es falsa, sino que es desmentida por la propia disposición fiscal del 5 de abril del 2023 suscrita por el Fiscal Andy Junior Rodríguez Domínguez. Veamos:
Lamentablemente, y tal como lo ha resaltado La República, la investigación secreta se dirige de manera cobarde utilizando un paraguas legal “contra los que resulten responsables”, pero del contenido de la disposición fiscal que se declara secreta es indiscutible que el centro del interés del Fiscal Andy Junior Rodríguez eran los periodistas César Romero Calle y Juan Carlos Tafur. La explicación que ha dado el fiscal Andy Junior en su carta notarial dirigida a algunos medios de comunicación de que la persona investigada en la Carpeta reservada era el abogado José Luis Castillo Alva es absolutamente falsa ya que si fuera cierto no se entiende por qué no colocó expresamente su nombre. También debe tomarse en cuenta para demostrar la falsedad de lo dicho que Castillo Alva ya se encontraba investigado, por el propio despacho de Rodríguez, por organización criminal en la Carpeta Fiscal 09-2019 y como cualquier persona lecto escrita lo sabe ningún ciudadano puede ser investigado dos veces o de manera simultánea por los mismos hechos.
Asimismo, el mismo Andy Rodríguez y el Fiscal Superior Jorge Díaz Cabello comentaron, como lo relata también el periodista César Romero, a sus allegados más cercanos que se iba a allanar los domicilios de César Romero y el mío como las oficinas de Sudaca y La República.
Tan cierto es que los objetivos de la investigación secreta eran periodistas que criticaban a los fiscales que Andy Rodríguez lejos de enviarnos una carta de rectificación, denunciarnos al Consejo de la Prensa Peruana o querellarnos decidió en el colmo de la barbarie jurídica investigarnos él mismo y pidió a los despachos del caso Cuellos Blancos Informes sobre si habían sido objetos de ataque por La República o Sudaca. Solo basta leer la parte final de la Disposición fiscal N° 01 del 5 de abril del 2023 para darse cuenta de ello.
Para qué la Fiscalía va a ordenar recabar “información de búsqueda de fuentes abiertas (publicaciones Sudaca, La República, entre otros medios), relacionados al ataque sufrido por diversos magistrados del equipo especial de fiscales que conocen o han conocido los procesos de la OC, “Los Cuellos Blancos del Puerto”” si es que efectivamente no se va investigar e indagar a los periodistas que habían osado criticar su actuación funcional de los Fiscales Andy Junior Rodríguez y Max Castro Huamán.
Lamentablemente, la Fiscalía de la Nación y su área de prensa ha sido inducida a error por la Fiscal Magaly Quiroz, coordinadora del equipo especial Cuellos Blancos, debido a que ella ordenó el 28 de septiembre del 2023 la acumulación del caso reservado que se seguía a los oficiales de la Policía, a la Dra. Rocío Sánchez (y que tenía como objetivo principal al Coronel Harvey Colchado Huamní) con la Carpeta reservada que investigaba a periodistas. Por tanto, a ella le interesa sobremanera que no se conozca la verdad y que es una e indiscutible: Magaly Quiroz también participó en el caso de la investigación secreta a los periodistas y lo que es más grave, el 13 de septiembre del 2023 había ordenado un plazo de 8 meses de investigación secreta y que culminaba el 13 de mayo del 2024. Magaly Quiroz hizo algo peor que el Fiscal Andy Junior, pues no solo continuó con la investigación abierta el 5 de abril del 2023 desde que recibió la Carpeta Fiscal del Fiscal Andy Junior el 11 de mayo del 2023, sino que acumuló la investigación secreta a otra investigación en el que se había mandado realizar videovigilancias y seguimientos por ocho meses más, antes de derivar el caso al Tercer despacho del Equipo Especial del Caso Cuellos Blancos. Veamos:
Magaly Quiroz sabía muy bien acerca de la investigación secreta que inició Andy Rodríguez el 5 de abril, ya que luego que le derivaron la Carpeta Fiscal contra los periodistas la tuvo en su poder 5 meses 17 días, tiempo en el que si lo consideraba adecuado podía haber archivado el caso; sin embargo, pese a que los 120 días de la investigación secreta vencieron el 5 de agosto del 2023 consideró luego de casi dos meses acumular las investigaciones secretas derivándolas a otro despacho Fiscal. Incluso, la Fiscal coordinó la marcha de dichas carpetas con el ex Coronel Martín Gonzáles Sánchez quien mostraba un especial interés en el caso.
Es indiscutible, y no hay espacio para la duda, luego de leer la disposición Fiscal del 5 de abril del 2023, que el Fiscal Superior Andy Rodríguez ordenó efectivamente no solo realizar videovigilancias y seguimientos a periodistas, sino expresamente se ordenó también recabar información de búsqueda de publicaciones de Sudaca y La República para saber de ataques contra los fiscales del equipo especial que conocen o han conocido los procesos de la OC, “Los Cuellos Blancos del Puerto. La orden fiscal se dio formalmente y ha quedado registrada por escrito en una disposición fiscal que cualquier persona con dos dedos de frente y sin perjuicio ni miopía puede leer sin problemas.
También como prueba de ello es que los periodistas César Romero Calle y mí persona fuimos notificados de la resolución de archivo fiscal del 23 de noviembre del 2023 de la Carpeta Fiscal 87-2023. ¿Si no fuimos los objetivos de la disposición fiscal que ordenó videovigilancias por qué tendrían que habernos notificado formalmente con la disposición de archivo?.
La Fiscal Magaly Quiroz en su condición de Fiscal provincial tuvo en sus manos las Carpeta Fiscal secreta que ordenaba seguir a periodistas y pese a que dejó que venciera el plazo de la investigación y a que no emitió una resolución ampliatoria antes del 5 de agosto del 2023, el 28 de septiembre del 2023 ordenó acumular la investigación secreta a los periodistas con la investigación a los policías y cuyo objetivo final era Harvey Colchado, dicha investigación secreta se habría dispuesto por 8 meses.
El Comunicado del Ministerio Público no puede negar que dos fiscales del equipo especial ordenaron realizar las videovigilancias y los seguimientos a periodistas. Por favor, la próxima vez pedimos que antes de emitir un comunicado se revise la carpeta Fiscal o, por lo menos, pidan un Informe al respecto.
[PIE DERECHO] Por lo general, la temperatura política en los meses del verano, marcha al revés que los grados Celsius ambientales: se enfría a la par del receso legislativo, las vacaciones ciudadanas y la sensación de reseteo psicológico que alberga el inicio de un nuevo año.
Momento feliz para que los gobiernos, mas aún los precarios como el de Dina Boluarte, ensayen un periodo de revisión de lo actuado, además de reflexión sobre las mejoras que cabría efectuar.
En esta columna somos muy críticos de la gestión gubernativa, pero hoy debemos saludar que haya vuelto a convocar al Consejo para la reforma del sistema de justicia, estrenado el 2019, pero suspendido por la administración nefasta de Pedro Castillo, quien no entendía nada de políticas públicas y de administración del Estado.
Este Consejo llegó a proponer nueve metas estructurales de cambios: Gobernanza de datos e interoperabilidad; Acceso a la justicia; Modernización de los procesos no penales; Modernización de los procesos penales y sistema penitenciario; Recursos humanos; Ejercicio y formación para la abogacía; Políticas anticorrupción, control ético y disciplinario; Combatir la violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar; Predictibilidad de las decisiones judiciales y adecuación normativa. Inclusive, presupuestó su implementación en cuatro mil millones de soles.
Esta propuesta, para alcanzar mayor consenso, podría ser trabajada también, al alimón, con el Legislativo, y producir cambios en un sector clave del quehacer cívico peruano, sobre todo en los últimos tiempos de abundancia de acusaciones penales contra la clase política.
Lo que un sistema de justicia eficaz debe cautelar, es la vigencia del Estado de derecho, y sin éste es imposible que prospere una economía de mercado competitiva, como se aspira a instalar en el país. Ambas tareas siguen siendo parte del déficit republicano que arrastramos desde la Independencia.
Este año, que se conmemora la real fecha de nuestro proceso independentista -con las victorias en las batallas de Junín y Ayacucho-, debería ser uno dado a este tipo de reformas estructurales, no sólo en el ámbito económico sino también el institucional, siendo parte esencial de estas, la reforma judicial.
[PIE DERECHO] En principio, corresponde denunciar la carencia absoluta de una visión respecto de la importancia gigantesca que tienen los espacios públicos en una urbe ciudadana. Por ejemplo, en lugar de construir 60 puentes que, en su mayoría, no van a resolver problema alguno del tránsito, el alcalde de Lima debería destinar esos fondos a subsidiar el ingreso gratuito de la población a los parques zonales, hoy llamados clubes metropolitanos. O, siendo más ambiciosos, debería dedicar esos millonarios montos a terminar de habilitar la Costa Verde para uso playero (hoy solo el 25% del litoral costero capitalino es utilizable para los bañistas).
Al mismo tiempo, la autoridad del gobierno central debería determinar de inmediato, la expropiación de las pistas que forman parte de los clubes privados de las playas del sur de Lima e incorporarlas al sistema vial nacional para así permitir el ingreso de cualquier ciudadano y que se corte de raíz el concepto de playa excluyente que los sectores acomodados del país albergan.
Otro acto significativo y simbólico de recuperación del espacio público sería la eliminación de las rejas que inundan las calles de todas las principales ciudades del país. Al respecto, se podría buscar un acuerdo con los vecinos, para que no se sientan desprotegidos, una suerte de “sereno por reja” para así no dejar al barrio a expensas de la delincuencia.
Lo mismo con los parques, algunos enrejados por las propias autoridades ediles y otros por infeliz iniciativa de los vecinos que los circundan, determinando quiénes pueden entrar y en qué horarios. So pretexto de la seguridad, se han terminado invadiendo, cual traficantes de terrenos, espacios que deberían ser de solaz abierto y libre.
El día que se revalorice la importancia de los espacios públicos para la mejor calidad de vida ciudadana, la mayor integración social e, inclusive, el impacto en la disminución de la delincuencia, la convivencia urbana en el Perú será cualitativamente superior.
–La del estribo: a falta de teatro, recomendaciones luego de una maratón cinematográfica esta semana (los chascos no son referidos): Cerrar los ojos (España), director: Víctor Erice; Maestro (EEUU), director: Bradley Cooper; Priscilla (EEUU), directora: Sofía Coppola; Fallen Leaves (Finlandia), director: Aki Kaurismaki; Inshallah a boy (Jordania), director: Amjad Al Rasheed; Anatomía de una caída (Francia), director: Justine Triet; Io capitano (Italia), director: Matteo Garrone; The Pigeon Tunnel (Reino Unido), director: Errol Morris; el documental Angels of Sinjar (Polonia), directora: Hanna Polak; otro documental, Les Filles d´Olfa (Túnez), director: Kaouther Ben Hania; La sociedad de la nieve (España), director: Juan Antonio Bayona; la primera temporada de la serie 1923, con las actuaciones estelares de Helen Mirren y Harrison Ford, y la dirección de Ben Richardson.
[PIE DERECHO] El solo hecho de que ante la presunción de su salida, el aún ministro de Economía, Álex Contreras, haya pretendido irse tirando un portazo al gobierno que lo ha colocado en el puesto que ocupa, acusando “falta de transparencia”, ya debería ser causal de despido.
Si a ello le sumamos una gestión ineficaz, mediana, que no está a la altura del desafío enorme que tiene al frente, sobran las razones para que la presidenta Boluarte o el premier Otárola, busquen su reemplazo en el lapso más inmediato posible.
El manejo económico no requiere arreglos cosméticos sino una reingeniería estructural. El modelo económico instaurado en la década de los 90, ha ido siendo trastocado a paso lento, pero firme, desde el gobierno de Ollanta Humala, y los efectos los sufrimos hoy, con la recesión en curso, la pérdida de confianza, las bajas tasas de crecimiento (cuando nuestro potencial es alto) y el terrible dato del aumento de la pobreza.
No basta por ello con respetar el manejo monetario del BCR o ajustar las cuentas fiscales (lo que, dicho sea de paso, este gobierno no está haciendo), para que la economía se enderece y volvamos al círculo virtuoso de aumento de la confianza empresarial, inversión privada, crecimiento del PBI y reducción de la pobreza.
Se debe volver a desregular las actividades económicas, potenciar los organismos reguladores, fomentar la inversión promercado, sacar los proyectos mineros trabados, privatizar lo que resta por privatizar (Petroperú, Sedapal, Córpac, etc.), y la suma de todo ello generará la atmósfera económica necesaria para volver a enrumbar al país por la senda del desarrollo que habíamos seguido hasta el 2011, con los impresionantes resultados obtenidos.
La única forma de revertir la espiral descendente de la economía pasa por hacer reformas estructurales nuevamente. Si no se hacen, seguiremos atrapados en la recesión o el bajo crecimiento, que ya no se explican solo por la pandemia o por las protestas de fines del 2022 e inicios del 2023.
Un ministro que se presta a la lógica política de diseñar un aumento exorbitante del gasto público, tan solo para revertir la baja popularidad del régimen, y que cree que con ello basta para remediar la crisis económica, no es lo que el Perú necesita en estos momentos.
[INFORMES]
Magaly Quiroz sabía muy bien acerca de la investigación secreta que inició Andy Rodríguez el 5 de abril, ya que luego que le derivaron la Carpeta Fiscal contra los periodistas la tuvo en su poder 5 meses 17 días, tiempo en el que si lo consideraba adecuado podía haber archivado el caso; sin embargo, pese a que los 120 días de la investigación secreta vencieron el 5 de agosto del 2023 consideró luego de casi dos meses acumular las investigaciones secretas derivándolas a otro despacho Fiscal. Incluso, la Fiscal coordinó la marcha de dichas carpetas con el ex Coronel Martín Gonzáles Sánchez quien mostraba un especial interés en el caso.
