El terrible grado de descomposición política del Congreso peruano, donde se suman casi todos los partidos políticos, va a tornar muy difícil que alguno de ellos salga indemne y se asome con algún protagonismo el 2026 -o antes- a la jornada electoral presidencial.
La crisis política que vive el Perú desde los tiempos de Kuczynski, ante la tozudez no solo del keikismo sino del propio pepekausismo (ya hasta tenían gabinete armado y de ambas partes surgieron torpes asesores que lo petardearon), ya ha incubado un outsider con el triunfo de Pedro Castillo el 2021.
Luego de la crisis que trajo la renuncia de PPK, el ascenso de Vizcarra, su bronca con el aprofujimorismo, la disolución del Congreso, la elección de uno nuevo, la convocatoria a un referéndum, la vacancia de Vizcarra, el ascenso de Merino, su renuncia precipitada, y recién cierta calma con el ascenso de Sagasti, el país fue incubando lo que luego sobrevendría con el maestro chotano.
El país está harto de la crisis y del establishment que, entiende, la ha provocado. La inmensa mayoría de la ciudadanía quiere vivir en democracia, a pesar de todo, pero en una democracia estable, que no genere zozobra permanente ni haga trastabillar la perspectiva vital de cada quien.
A esta situación de crisis política, que persiste a pesar de la salida de Castillo del poder, se suman otros dos potentes factores de hartazgo ciudadano: la indignación creciente que provoca la inseguridad, y el malestar galopante de la crisis inflacionaria, que de milagro no han generado ya un estallido social significativo.
La gente está harta, no soporta más, está cansada de ver los noticieros plagados de noticias de robos o de escándalos en el Congreso y el gobierno, ha perdido toda confianza en el futuro inmediato y ve con pesimismo lo que pueda sobrevenir. Está dispuesta, pues, a patear el tablero sin ningún rubor democrático, inclusive por opciones autoritarias o en los márgenes del modelo vigente.
La clase política y los poderes fácticos -que hacen poco o nada para presionar por reencontrar el rumbo- están sembrando el terreno minado de un candidato disruptivo, imprevisible, de alto riesgo democrático.
Que no se confundan quienes aprecien hoy el espectáculo de una derecha congresal abusiva con la realidad política del país, que marcha en sentido contrario.
La centroderecha, para englobar también a candidatos del centro, la tiene cuesta arriba para el próximo proceso electoral (programado para el 2026, pero que bien podría ser adelantado para el 2025 cuando este sector se percate que el régimen de Boluarte, lejos de ayudarlos, afecta sus intereses electorales).
El inmenso grado de desaprobación y rechazo activo de la ciudadanía respecto del que consideran un gobierno derechista surgido del pacto con un Congreso también derechista, pero aun más desprestigiado que el Ejecutivo, hará que la población se incline por buscar fórmulas antiestablishment, que, como es natural, no afincarán en la centroderecha sino en la izquierda, la cual, por arte del destino, ha salido bien librada del achicharramiento en el que se encontraba por su complicidad punible con el nefasto y corrupto gobierno de Pedro Castillo.
Si, como todo hace prever, la población andina vota en la primera vuelta del 2026 o 2025 como votó en la segunda vuelta del 2021, habrá no solo uno sino dos candidatos de izquierda disputando la jornada definitoria. Y mientras tanto, la derecha anda en babas. O conspirando para capturar autoritariamente todas las entidades del Estado, desde el Congreso, o desde afuera, haciendo campaña en base a tuits, entrevista en canales de cable y declaraciones a medios escritos que ya nadie lee.
En lugar de tomar estratégica distancia del régimen, la derecha se mimetiza con aquél, en lo que debe ser una más de las “brillantes” jugadas políticas concebidas en el entorno naranja. El resultado final de ello va a ser fatal. Al paso que andamos, vamos a perder el país, el mismo que se embarcará en una aventura autoritaria, populista y estatista de la que habrá difícil retorno, por obra y gracia de una centroderecha frívola, con poderes fácticos torpes y miopes, que le sirven en bandeja el triunfo a la que debe ser una de las izquierdas más anacrónicas de la región.
–La del estribo: brillante la novela Fortuna, del escritor argentino Hernán Díaz, escrita en inglés y ganadora del Premio Pulitzer de ficción 2023. Es una sinfonía narrativa, sorprendente, inteligente y sutil, que enriquece sobremanera al lector. Publica Editorial Anagrama.
Si la izquierda congresal no se sumase a los afanes autoritarios de la derecha parlamentaria, ésta no podría obtener los votos suficientes como cometer sus tropelías. ¿Por qué la izquierda en el Parlamento comete el suicidio político de prestarse al juego de la derecha?
Hay una inquina interna en la izquierda peruana entre los sectores históricos tradicionales y clásicos, frente a lo que ellos llaman la “izquierda caviar”, usando la misma terminología de la derecha. En ese afán, ven con placer la defenestración de cuadros técnicos importantes de la Defensoría del Pueblo, la batalla interna que va ganando la Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, y la que también se viene librando en el Poder Judicial, ya consiguieron cooptar el Tribunal Constitucional, y ahora avanzan tras la Junta Nacional de Justicia, y los organismos electorales.
Bajo el propósito de derrotar a los “caviares” no se detienen en mientes de sumarse a la agenda particular de la derecha, se mimetizan con ella, y se suman al desprestigio enorme y abrumador del poder Legislativo, abonando en contra suya, que, de otra manera, tendrían la mesa servida el 2026, donde no van a pelear contra la “izquierda caviar” sino contra la derecha con la que hoy se alían, el acceso al poder.
No se entiende este “odio jarocho” de la izquierda tradicional hacia la que, en verdad, es la izquierda moderna, liberal, actualizada. Hay desprecios internos que dejan honda huella y la izquierda clásica resiente el copamiento de diversas instituciones del Estado por parte de la “caviarada” sin que hayan compartido la torta presupuestal alcanzada, pero ni aún eso justifica que hoy se alíen con la derecha más rancia con el objetivo de hacer una política de tierra arrasada con los “caviares” poniendo en lugar suyo a impresentables como el actual Defensor del Pueblo.
Ni siquiera parece existir detrás el propósito de controlar instituciones para hacerlo a su vez con el país democrático (son palabras políticas mayores que escapan a las seseras de los actores involucrados en la trama), sino simplemente cobrarse revancha de un sector de la propia izquierda del que abominan. Haría bien, sin embargo, esta izquierda “clásica” en sentarse a pensar si en ese propósito no le están sirviendo la mesa a sus verdaderos enemigos, que hoy solo los ven como un bolsón de votos en el Congreso y nunca les darán cabida real en las cuotas de poder que están conquistando.
Hemos sido críticos de la Junta Nacional de Justicia en algunas de sus decisiones, en particular en su protección a la exfiscal suprema Zoraida Avalos, pero ni aún ese yerro tremendo puede justificar la salvajada institucional que se pretende perpetrar en el Congreso, al buscar, sumariamente, la remoción de la JNJ en base a argumentos baladíes y que no disimulan los afanes autoritarios de un poder del Estado desatado y sin control.
Porque no estamos ante una vigilancia selectiva, como eventualmente correspondería, sino ante un manotazo que lo que busca es que el Congreso, en base a la mayoría hechiza que ha obtenido, y que ha descubierto el inmenso poder que administra, vaya poco a poco capturando todas las instituciones a su alcance. Lo intenta ahora con la JNJ, lo hará después con los organismos electorales y sabe dios qué otras caerán en sus garras posteriormente.
El Congreso tiene la potestad de sancionar a los integrantes de otros poderes del Estado (puede hasta vacar al Presidente), pero tiene que administrar ese poder con mesura y tino democráticos, sin avasallamientos ni excesos (como, dicho sea de paso, el que se iba a cometer al querer vacar a Pedro Pablo Kuczynski, y que, a la postre, desencadenó su renuncia, o como el que se cometió, también, al vacar al impresentable, pero legítimo mandatario Martín Vizcarra).
Zoraida Ávalos estuvo bien inhabilitada. ¿Cometió una ligereza la JNJ al salir en su defensa? Sí. ¿Pero es eso razón suficiente para que el Congreso remueva a todos sus integrantes? Es claramente un exceso institucional que pone en entredicho la justa separación de entidades democráticas y pondría al Perú al filo de ser una democracia fallida.
En un Estado democrático y en sus instituciones principales deben coexistir distintas líneas de pensamiento y admitirse, inclusive, su disputa. Emprender una razzia, aprovechando el poder alcanzado en el Legislativo (con la sorprendente complicidad de bancadas de izquierda), constituye un abuso sobre el que la ciudadanía debe estar alerta. Hay ocasiones en que la vigilancia ciudadana debe activarse. Esta es una de ellas.
Cuando uno recibe encima una responsabilidad que excede sus propias capacidades, debe tener la hidalguía de admitirlo y dar un paso al costado. Es el caso de Dina Boluarte, exprimera vicepresidenta de Pedro Castillo, quien, ante la salida abrupta del poder del exmandatario chotano, tomó las riendas del Estado, al principio con mucha expectativa, pero paulatinamente con terrible decepción por su orfandad e inoperancia.
Boluarte vive pendiente de su propia supervivencia y por eso es una mandataria rehén del Congreso, poder del Estado que, sin responsabilidad política alguna, hace lo que le viene en gana, inclusive cambia ministros, y desde Palacio no hacen nada para confrontarlo. Es una “presidenta cogoteada”, como bien la ha definido la parlamentaria Flor Pablo.
Lo peor, sin embargo, no es la precariedad política de Boluarte y hasta podría ser explicable que haga lo indecible para sobrevivir en el poder. El problema mayor es que no está capacitada para gobernar y como resultado de ello, sufrimos un gobierno inerte, sin perspectiva de reformas, ni reacciones rápidas y eficaces ante problemas solucionables.
La inflación no es achacable a este régimen. Empezó por las políticas económicas globales seguidas frente a la pandemia y continuó con los efectos de la guerra entre Rusia y Ucrania. El planeta entero está en inflación y el Perú no podría ser indemne a ello.
Pero la recesión, la falta de buena inversión pública y el desplome de la inversión privada, que explican la caída del PBI y de la confianza empresarial, sí son responsabilidad de este gobierno, quien no hace nada para resolver ese y otros problemas acuciantes (como el de la inseguridad ciudadana).
Si antes era deseable, hoy es imperativo que Boluarte renuncie y se proceda a un adelanto de elecciones. ¿Que la izquierda está mejor parada que la derecha? Bueno, es responsabilidad de la derecha y de su sostén empresarial, guiados por la indolencia y la torpeza, y eso no va a mejorar de acá al 2026. Al contrario, va a ir para peor.
Si mañana fueran las elecciones, podría pasar un candidato de la centroderecha a la segunda vuelta. Al paso que vamos, el 2026 van a ser dos candidatos de izquierda los que lo hagan.
La historia es corta: el nuevo oficialismo, conformado, como bien ha señalado el congresista Carlos Anderson, por Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Avanza País y Perú Libre (más los del Bloque Magisterial para la ocasión) se tiró abajo la meritocracia en la carrera pública magisterial. La ministra de Educación, como correspondía, salió a criticar la norma. A renglón seguido, la presidenta Boluarte saca a la ministra y se somete a los dictámenes y mandatos del Congreso.
No satisfecha con ello efectúa una poda ministerial y se lleva de encuentro a varios ministros, algunos de los cuales, como la de Agricultura, tenía listo para aplicar un plan de emergencia del agro (¿habrá sido el frívolo detonante las poco felices declaraciones de la ministra sobre el limón?). No le interesa a Boluarte reforma alguna, solo contentar a las huestes mayoritarias del Congreso y en particular la voluntad de Keiko Fujimori, que, por vaya razones a saberse, la había puesto en la mira a la titular de Agricultura.
Lo cierto es que las reformas al tacho. No va a surgir ninguna de la actual clase política. Debemos ser los ciudadanos los que presionemos por ellas. Y en ese papel deberían jugar un papel importante los empresarios, quienes andan adormilados con que Boluarte signifique una “estabilidad mediocre”, pero estabilidad al cabo, y se cierran a la justificada crítica a su inoperancia pavorosa.
Hay sinfín de reformas institucionales y de sectores productivos que duermen el sueño de los justos, mientras el país se desangra en medio de la crisis económica y política. Se debieron haber hecho hace lustros. Este gobierno de tres años hubiera sido ocasión propicia para emprender algunas si hubiera alguna conciencia de su urgencia, pero, por lo visto, a ningún agente crítico le interesa retomar esas banderas.
Tendremos que ser los ciudadanos por las reformas, los que saquemos al país del marasmo en el que se encuentra, con un Congreso y un Ejecutivo indolentes y encerrados en su burbuja de confort irresponsable y políticamente punible.
Lo cierto es que tres años así no aguanta el país. Se vienen, además, desafíos importantes, como el fenómeno del Niño, y la falta de respuesta va a reactivar el polvorín social que es, parece, lo único a lo que le temen los empresarios y los hace reaccionar. Bueno, pues, estén advertidos: por su complicidad con la parálisis reformista eso es lo que se viene y con fuerza inusitada.
El Congreso debería negarle las facultades legislativas solicitadas por el Ejecutivo en materia de seguridad. Son un mamarracho de normas inconducentes, apuradamente llamadas “Plan Boluarte”, que no van a resolver el terrible problema de seguridad que afrontamos -el peor de nuestra historia republicana- el que, el gobierno, sin necesidad de normas especiales, podría y debería enfrentar.
¿Va a ser servir una ley para resolver el inamovible problema del VRAEM, donde han muerto ya centenares de soldados y policías sin que se avance un metro en la expulsión de los narcosenderistas? ¿Va a detener al Tren de Aragua, banda venezolana que avanza imparable extorsionando desde pequeños comerciantes hasta microbuseros, sin que la policía mueva un dedo para contenerlos? ¿Necesita acaso una norma para ello? ¿Va a refrenar al Comando Vermelho, mafia del narcotráfico brasileña que ya se apoderó de enormes territorios para su causa delictiva? ¿Por qué necesitaría un paquete de normas para facilitar que la policía actúe?
¿El paquete de facultades va a refrenar la inmensa corrupción que reina en los institutos policiales y en las fuerzas armadas? ¿Va a mejorar la formación de mayor cantidad de efectivos policiales, hoy escasos y con subformación? Por supuesto que no. No sirven para nada las normas cuya facultad legislativa se ha solicitado.
Lo que se necesita, por el contrario, es un Congreso que le pare los machos a un Ejecutivo inoperante y mediocre, que no ata ni desata, y no hace absolutamente ninguna reforma importante. Vemos en el titular de Gestión de hoy que hay 38 proyectos mineros sin fecha de construcción. ¿Acaso el titular del Minem anda desvelado por ello? Si esos proyectos se destrabaran y entraran en funcionamiento, otras serían las cifras del PBI. Pero en este caso, como en el de la seguridad, la consigna parece ser no hacer nada para durar el mayor tiempo posible.
Volviendo al tema de la seguridad, lo que, en el mejor de los casos, correspondería, es que el Congreso le pida los proyectos al gobierno y los vaya discutiendo uno por uno, sin que ello sea óbice de tener sentado al ministro del Interior y eventualmente al Premier, con recurrencia, para que nos den una explicación cabal de por qué la delincuencia se ha apoderado del país sano que quiere prosperar en paz.
Incapacidad para interactuar con otros Estados, como miembro pleno de la comunidad internacional.
Salvo dos o tres calificamos en todas. No nos estamos percatando del profundo deterioro social, económico, político e institucional por el que transita el país, producto de habernos conformado con solo haber hecho algunas reformas de primera generación en los 90, habernos congelado allí, y haber permitido que la realidad desborde el “modelo”, tornándolo inservible e ineficiente.
Lo grave de esta situación es que nos coloca en el abismo de una toma de decisiones electorales tremenda el 2026, con fuerzas radicales de izquierda cosechando el descontento masivo de la población con ese Estado funesto que nos rige. Los antiestablishment tienen razones fundadas para entusiasmar a quienes quieren patear el tablero.
Uno de los aspectos de más ingrato recuerdo en la historia judicial reciente del país es el trato especial y la protección legal que la Junta Nacional de Justicia ha brindado en los últimos años a la exfiscal de la Nación Zoraida Ávalos, algo que no tiene antecedentes en la historia judicial del país.
Hay hechos que considerados en conjunto y en contexto revisten gravedad y que no pueden ser pasados por alto.
En primer lugar, resalta el hecho de que en la entrevista del 3 de noviembre del 2022 para ser ratificada o no en el cargo de Fiscal Suprema los miembros de la Junta Nacional de Justicia no hicieron una sola pregunta a Zoraida Ávalos acerca de los certificados falsos que habría utilizado para acceder al cargo de Fiscal Suprema en el año 2013, pese a que ella tocó el tema. Ningún miembro de la JNJ siquiera se molestó en realizar una pregunta tangencial, de refilón o para salvar la vergüenza sobre un asunto tan delicado, serio y que revestía extrema gravedad a lo largo de los 65 minutos que duró la entrevista.
Para los miembros de la JNJ no había nada de interés público y de relevancia en el hecho de que se afirmara que una Fiscal de la Nación habría utilizado documentos falsos para participar y pasar con las justas el examen curricular cuando postuló al cargo de Fiscal Supremo y salió nombrada. El hecho es sumamente extraño y revelador debido a que diversos medios de comunicación se habían ocupado del tema con evidencias fílmicas contundentes acerca de la fábrica de documentos falsos a la que habría acudido Zoraida Ávalos y otros magistrados para tratar de mejorar su curriculum.
La total inercia, ni siquiera pasividad, de los miembros de la Junta Nacional de Justicia para tratar el cuestionamiento más grave que tenía Zoraida Ávalos alrededor de los certificados falsos de LIBREJUR es verdaderamente aleccionador en lo jurídico y en lo ético tanto para todos los jueces y fiscales como para todos los estudiantes de derecho del Perú, pues nos enseña que se puede acusar a una persona de haber matado, robado o violado y se puede llegar a absolverla, frente a la gravedad de los cargos y el peso de la evidencia, sin preguntarle al sospechoso si efectivamente mató, robó o violó.
Incluso, un miembro de la JNJ, en el colmo de su simpatía y apoyo a Zoraida Ávalos en la entrevista le preguntó acerca de las “expectativas a futuro en lo personal e institucional” en el Ministerio Público, sellando por anticipado lo que se veía cantado: su segura ratificación por unanimidad. No se le preguntó sobre los hechos pasados extremadamente graves que se la atribuía, sino sobre su cómodo futuro en la Fiscalía que ya tenía asegurado con una pregunta de regalo. Otro miembro de la JNJ en la entrevista resaltó el “coraje” de Zoraida Ávalos, además, de enaltecer la figura personal de la entrevistada como si el acto de ratificación fuera una reunión de amigos o una charla de café.
Para los incrédulos acerca de la entrevista de Zoraida Ávalos por la Junta Nacional de Justicia se puede ver el enlace:
En segundo lugar, la JNJ, el 23 de mayo del 2023 emitió un comunicado público en la que mostraba su total respaldo a Zoraida Ávalos en el trámite de la acusación constitucional que se vería al día siguiente en el Congreso de la República. Tal fue el grado de apoyo de la JNJ que se permitió “invocar respetuosamente, a las señoras y señores representantes en el Congreso de la República, la mayor reflexión en torno de la acusación constitucional que se tramita contra la exfiscal de la Nación, Zoraida Ávalos”.
La JNJ de la manera más descarada hizo suyo el principal argumento de defensa de Zoraida Ávalos y lo dejó en claro en su comunicado que no se puede pretender sancionar a un fiscal por “el criterio jurídico adoptado en el ejercicio legítimo de la función fiscal, como expresión de su propia independencia”. Se debe resaltar que la JNJ en ningún otro caso distinto al de Zoraida Ávalos emitió un comunicado o pronunciamiento a favor de la defensa de un magistrado (del Poder Judicial o del Ministerio Público) cuya independencia o autonomía se podía ver amenazada como puede ser, por ejemplo, el caso de los fiscales José Domingo Pérez y Rafael Vela Vargas, que son objeto de campañas mediáticas de demolición.
La JNJ dejó sentado en su comunicado que lo importante para sus miembros no era tanto la preservación de la independencia de los jueces y fiscales, sino garantizar que Zoraida Ávalos no sea removida de su cargo como Fiscal Suprema titular por el Congreso de la República. ¿En los cuatro años que viene funcionando la JNJ el único caso en el que se amenazaba la independencia de un Fiscal era el de Zoraida Ávalos? Para la JNJ vivimos en un país de ensueños en cuanto al sistema de justicia, ya que en el único caso que se consideró que se amenazaba la independencia de un Fiscal era en la investigación que se seguía en el Congreso contra Zoraida Ávalos.
En tercer lugar, una de las muestras de mayor protección e incondicionalidad de la JNJ con Zoraida Ávalos es su absoluta indiferencia y total desconexión con la realidad respecto a los hechos relatados en las publicaciones de Sudaca que se han presentado contra Zoraida Ávalos y que han generado cero investigaciones de oficio por parte de la JNJ, pese a la gravedad de las publicaciones, lo que difiere de otros casos en los que por hechos menos graves se abrió investigación inmediatamente a jueces y fiscales supremos.
Una sanción con sabor a impunidad
Algunos defensores de Zoraida Ávalos advertirán que ella fue sancionada por la JNJ con un mes de suspensión del cargo por el indebido nombramiento como Fiscal Superior adjunta de la hija de su comadre María Zavala Valladares (Carla Estefanía Bourdieu Zavala), miembro de la JNJ, en el distrito Judicial de Piura y que, por tanto, no se puede hablar de que ella fue favorecida indebidamente o recibió un trato especial.
Sin embargo, basta revisar la resolución de la JNJ para advertir que se dio por probado “el vínculo de amistad y comadrazgo entre la investigada y la madre de Bourdieu Zavala” al considerar que “María Zavala Valladares y Zoraida Ávalos Rivera han coincidido en señalar que tienen una relación de amistad desde que estudiaron la carrera de derecho en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, relación que se ha mantenido en el tiempo, incluso la investigada es madrina de la hija menor de aquella; así consta en la declaración testimonial de esta última obrante a fs. 1855, y en las declaraciones de Zoraida Ávalos Rivera de fs. 1003 y 1201”.
Zoraida Ávalos, inclusive, en sus descargos, lejos de reconocer su falta llegó a sostener que: “no existe ningún impedimento legal que configure tal relación de amistad para la aludida designación”, es decir, admitió expresamente que podía manejar al Ministerio Público como si fuera su empresa privada, o algo suyo, y que podía nombrar a los hijos de sus amigos, de sus compadres y comadres como fiscales sin ningún problema.
La gravedad del caso es que Zoraida Ávalos con su puño y letra llegó a firmar la resolución de la Fiscalía de la Nación N.º 2929-2019-MP-FN del 21 de octubre de 2019 en la que designaba como Fiscal adjunta superior de Piura a: Carla Estefanía Bourdieu Zavala, hija de su comadre y amiga íntima, miembro de la JNJ: María Zavala Valladares.
Se ha consultado a especialistas en temas penales y administrativos sobre el tema y formulan dos observaciones a la decisión de la JNJ de solo imponer la sanción de 30 días de suspensión en el ejercicio del cargo. Un primer cuestionamiento reside en la proporcionalidad de la sanción, ya que en un caso semejante de nombramiento de una juez supernumeraria de la Corte del Callao, la JNJ impuso la sanción de destitución al juez supremo Aldo Figueroa Navarro, pese a que se acreditó que él solo recomendó a que se nombrara como juez a una persona que ya había ocupado cargos semejantes en la Corte de Justicia de Lima y tenía un mejor currículum que la hija de María Zavala; mientras que Zoraida Ávalos nombró directamente, sin rubor y abusando de su cargo, a la hija de su comadre. No es que Ávalos pidió que un tercero la nombrara en el cargo de Fiscal superior adjunta, sino que ella misma firmó la resolución.
Un segundo cuestionamiento, es que la JNJ no deriva ni remite copias al Congreso de la República o a la Fiscalía de la Nación para que se investigue penalmente a Zoraida Ávalos por la comisión del delito de aprovechamiento indebido del cargo y por el delito de patrocinio ilegal, dado el manifiesto conflicto de intereses en los que había incurrido, lo que, según los entendidos, supone cometer el delito de omisión de deberes funcionales.
Resulta grave que la JNJ luego de dar por probada la relación de amistad íntima, de comadrazgo entre Zoraida Ávalos y María Zavala como el claro conflicto de intereses no haya derivado el caso a las autoridades competentes por la probable comisión de por los menos dos delitos.
La Junta Nacional de Justicia no cancela el título de Fiscal Suprema a Zoraida Ávalos
La ex fiscal de la Nación Zoraida Ávalos fue inhabilita por el Congreso de la República mediante la Resolución Legislativa del Congreso número 024-2022-2023-CR que fue publicada en el diario oficial “El Peruano” el 23 de junio del 2023 y en el que se ordena “INHABILITAR por cinco años para el ejercicio de la función pública a la señora Zoraida Ávalos Rivera”.
Sin embargo, la Junta Nacional de Justicia, pese a la decisión del poder Legislativo de ordenar la inhabilitación de Zoraida Ávalos por cinco años no ha cumplido, luego de más de 70 días, con cancelar el título profesional de Fiscal Suprema, tal como lo ordena el artículo 2 inciso h de la Ley N.º 30916 que regula la Ley Orgánica de la Junta Nacional de Justicia.
En la elaboración de esta nota se ha consultado a dos destacados constitucionalistas quienes al tiempo que pedían reserva de su nombre nos señalaban que la consecuencia inmediata de la inhabilitación efectuada por el Congreso de la República lleva consigo que cualquier funcionario público no solo no pueda seguir ejerciendo la función pública, sino que en el caso de funcionarios nombrados en la administración pública, especialmente, en el caso de fiscales y jueces, se les debe cancelar su título profesional.
Los especialistas consultados nos hicieron ver que el artículo 4 inciso 2 de la ley de la carrera fiscal establece como un requisito general para el ingreso y permanencia en el cargo de Fiscal de cualquier nivel el “Tener el pleno ejercicio de la ciudadanía y los derechos civiles”, situación que se pierde de manera irremediable al ser alguien inhabilitado “para el ejercicio de la función pública”. La inhabilitación implica que a persona se le suspende el ejercicio de poder ingresar o permanecer en el ejercicio de cualquier actividad de la función pública, entre los que se cuenta el cargo de Fiscal Supremo.
Se nos hizo ver que el Tribunal Constitucional peruano tiene zanjada la cuestión en la sentencia del EXP. N° 3760-2004-AA/TC del 18 de febrero del 2005 que tiene efectos jurídicos vinculantes para todos los poderes y organismos públicos. En dicha sentencia se señaló que del artículo 100° de la Constitución como del artículo 89° del Reglamento del Congreso se infiere que el Congreso de la República puede imponer, luego de realizado el procedimiento de acusación constitucional, sanciones políticas que pueden manifestarse de tres formas: 1) la suspensión, 2) la inhabilitación o 3) la destitución del funcionario público. Y que la inhabilitación política es una sanción política discrecional y que es distinta a una inhabilitación administrativa y a la inhabilitación penal. Ella es una sanción política que impone el Congreso de la República a los más altos funcionarios del Estado comprendidos en el artículo 99º de la Constitución por infracción a la Constitución y por los delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones, los mismos que sólo comportan una restricción en el ejercicio de los derechos políticos del funcionario que sea sancionado.
Por su parte, SERVIR (la Autoridad Nacional del Servicio Civil) en el Informe Técnico N° -2022-SERVIR-GPGSC ha señalado, sobre la inhabilitación política, que “tiene como efecto la restricción al derecho de acceso a los cargos públicos derivados de elección, acceso mediante concurso público o de designación; por lo que, el sujeto infractor queda inhabilitado para postular, concursar, ejercer y/o acceder a cualquier cargo o realizar función pública durante el período en que se encuentra vigente la mencionada inhabilitación”.
Los constitucionalistas consultados nos refieren que el funcionario público inhabilitado que no puede ejercer cargo público alguno, ya sea de elección popular o de otro orden, se distingue del caso en que el funcionario recibe una sanción política de suspensión en el ejercicio del cargo en la que luego de cumplida la sanción puede regresar sin problemas a ejercer su cargo anterior. El funcionario público inhabilitado políticamente debe salir, o ser retirado de la función pública, y puede postular a cualquier cargo de la función pública, luego de cumplido su tiempo de inhabilitación.
La Junta Nacional de Justicia parece haber entendido que Zoraida Ávalos ha sido suspendida (y no inhabilitada) en el ejercicio del cargo, ya que solo así se puede explicar su decisión de mantenerla en el Ministerio Público a cualquier costo cuando la decisión correcta es proceder a cancelar su título como Fiscal Suprema.
En relación a la inhabilitación impuesta por el Congreso en la historia política y judicial se tiene el caso de las ex congresistas Luz Salgado y Martha Chávez quienes recibieron una sanción política de inhabilitación de cinco años (tiempo semejante por la que se inhabilitó a la ex Fiscal de la Nación) y que generó que el Congreso de la República mediante la Resolución Legislativa Nº 051-2001-P/CR, publicada en el diario oficial El Peruano el 18 de agosto de 2001, se declaró la vacancia del cargo de Congresistas de la República. Dicha inhabilitación se discutió en la justicia constitucional y el Tribunal Constitucional declaró infundada la demanda presentada en el EXP. N.° 3593-2006-AA/TC del 4 de diciembre del 2006.
En un blindaje reiterado y escandaloso con Zoraida Ávalos, la JNJ ha decidido hacerse de la vista gorda y mirar a otro lado para no remover y sacar del Ministerio Público a la exfiscal de la Nación. Según los especialistas consultados se ha incurrido en el delito de omisión de funciones.
