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No se trata de una cacería de brujas ni de una persecución política la que se aprecia respecto del gabinete Bellido, sino de una saludable práctica de vigilancia opositora debida a la falta de idoneidad de buena parte del consejo de ministros convocado por el Presidente y el Premier (y, por supuesto, por Vladimir Cerrón).
Nadie puede poner en cuestión que Castillo decida conformar un gabinete de personajes de izquierda, inclusive radicales. Una parte de su votación obedece a ese ánimo y otra a un sentimiento antiestablishment cuyo mandato está obligado a expresar y recoger.
Pero la ausencia de solvencia técnica o profesional de varios de los ministros convocados (se acaba de conocer en El Foco, por ejemplo, que el titular de Cultura, Ciro Gálvez, está denunciado hasta por sicariato), es un tema político inadmisible, sobre el cual el Congreso está obligado a ejercer control político, interpelando y eventualmente censurando a aquellos que no cumplan con los estándares éticos y laborales mínimos para ejercer el cargo para el que han sido designados.
La crisis política por la que pasa el régimen es obra y gracia de su propia torpeza. Nombrar un gabinete mediocre, admitir la preeminencia política de Vladimir Cerrón e insistir tercamente en una materia que no cuenta con aprobación ciudadana, como es el tema de la Asamblea Constituyente, es lo que explica que, por primera vez desde que las encuestas miden los niveles de aceptación de los gobiernos recién estrenados, éste muestre tan baja aprobación, inferior a su desaprobación.
A este paso, ni siquiera el plan moderado de izquierda que impulsa el sector tecnocrático del gobierno que encabeza Pedro Francke, va a poder ser desplegado (las nuevas reglas tributarias necesitan aprobación del Congreso). El encrespamiento de la oposición congresal ha hecho que el gobierno pierda aliados iniciales -como lo fueron los morados y Somos Perú- y la única manera de reconstruir puentes con el Legislativo y establecer una atmósfera de gobernabilidad pasa porque el Ejecutivo dé marcha atrás en los tres puntos señalados (gabinete, Cerrón y Constituyente).
Está a tiempo de hacerlo. Tiene que actuar rápidamente y sentar las bases de un horizonte de cinco años. Hoy, esa perspectiva está acotada a una relación inestable y tumultuosa con el Congreso, que promete más desencuentros que conciliación.
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La inteligencia de Béjar parece haberse subordinado a los disfrutes del poder. No se halla otra explicación a que se aferre a un cargo, en el que, a pesar de la breve estancia, le ha generado un problema político mayúsculo al recién estrenado gobierno.
No hay contexto alguno en el que sus opiniones sobre los orígenes de Sendero Luminoso y la presunta participación ominosa en ello de nuestra Marina de Guerra -que tantas víctimas tiene en sus pasivos históricos por obra y gracia del terrorismo-, puedan ser admisibles.
Es un disparate y es un agravio. Y no estamos hablando de declaraciones de hace veinte o treinta años, sino de apreciaciones efectuadas hace pocos meses, es decir, pareceres que el Canciller debe mantener en ristre y seguir sosteniendo en su fuero interno.
Pues resulta claro que alguien con ese pensamiento, propio del infantilismo de izquierda que se apreció cuando recién apareció Sendero Luminoso en el Perú (y sobre lo cual, dicho sea de paso, la izquierda peruana no ha dado cuenta histórica y en lo que no abunda, como debiera haberlo hecho, el Informe de la Comisión de la Verdad ni, por ende, el Lugar de la Memoria), no puede ser Canciller de la República.
Probablemente, Béjar provenga de la cuota de poder ministerial de Vladimir Cerrón. Un motivo más para que el presidente Castillo recapacite respecto de la capacidad de influencia que le está permitiendo al secretario general de Perú Libre.
Los grandes problemas del presente -salud y economía- requieren una mirada pragmática de parte del régimen. En ese sentido, los nombramientos de Hernando Cevallos y Pedro Francke, dentro de lo factible, parecen acertados. Pero muchas de las otras designaciones ministeriales y en particular la del canciller Béjar, generan un ruido político gigantesco, que afecta directamente la marcha de los dos programas esenciales de gobierno mencionados.
La bajísima aprobación del gobierno se debe no a la campaña de la derecha mediática o el acoso político de la oposición congresal. Se debe básicamente a los enormes desaciertos cometidos por el Presidente en la designación de su gabinete ministerial, la percepción de la influencia de Cerrón, y la terquedad en insistir con la Asamblea Constituyente. Tiene que corregir ello si quiere mantener niveles de aceptación ciudadana mínimos para sobrellevar un gobierno con alguna credibilidad (ya vimos cómo se ha reactivado el conflicto en Las Bambas, a despecho de la intervención del propio Premier Bellido).
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El régimen va a insistir con la Asamblea Constituyente. Si no es por angas será por mangas. Ya lo ha dicho el factótum partidario del gobierno, Vladimir Cerrón: se intentará, primero, por el Congreso, mediante una propuesta de reforma del artículo 206; si no prospera, Perú Libre ya junta firmas con la pretensión de que el Ejecutivo convoque directamente a un referéndum que instale la Asamblea referida.
Lo cierto es que el segundo camino es inviable. La inmensa mayoría de constitucionalistas señala que el artículo 206 es taxativo y que “toda” reforma constitucional requiere dos legislaturas de 87 votos o una de 66 que dé pase luego a un referéndum validatorio. Así se junten diez millones de firmas. No hay otra. Y si Castillo, estimulado por Cerrón, se atreve a convocar de facto un referéndum sin pasar por el Congreso lo más probable es que, previo recurso, el Tribunal Constitucional lo rechace, o que, por ese acto, se abra el camino de la vacancia por incapacidad moral.
El gran problema, sin embargo, es que en medio ya de una situación de incertidumbre de la inversión privada -motor de la economía nacional, de la generación de empleo y la disminución de la pobreza-, ésta se hallará ahora en mayor suspenso a la espera de ver qué rumbo político-legal tomará el gobierno.
Una posibilidad que se abría es de que conviviera una fraseología populista radical con un gobierno económicamente tecnocrático (Francke-Velarde) que, mal que bien, asegurase estabilidad macroeconómica y algún resquicio para animarse a relanzar proyectos de inversión de toda magnitud. Sería un gobierno mediocre, por la medianía del aspecto político, pero siquiera albergaría la posibilidad de seguir manteniendo en movimiento esa espiral virtuosa de la inversión privada.
Pero la advertencia política de Cerrón, de querer llevar a cabo a toda costa la Constituyente (no hacerlo sería, en sus palabras humalizar o caviarizar a Castillo), penderá como una espada de Damocles sobre la sociedad inversora conformada por millones de micro, pequeños, medianos y grandes empresarios. Peor aun si se tiene en cuenta la naturaleza corporativista de la Asamblea que Castillo y Cerrón pretenden instalar, conformada solo en parte por el voto directo de la ciudadanía (lo que de por sí también ameritaría un recurso de inconstitucionalidad).
En mala hora el país votó por quienes aseguran una mezcla explosiva de impericia e improvisación, con rigidez ideológica y prejuicios políticos. En el mejor de los casos, nos esperan cinco años de zozobra política, parálisis económica y probable convulsión social.
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Como bien ha señalado el politólogo Rodrigo Barrenechea, los inicios aprobatorios de Pedro Castillo, en su calidad de líder populista de izquierda, son escuálidos si se les compara con aquellos que tuvieron sus pares regionales al inicio de su mandato.
Mientras Hugo Chávez tenía 91.9% (Datanálisis), Evo Morales 79% (Ipsos) y Rafael Correa 71% (CEDATOS), Pedro Castillo apenas tiene 38%, según la encuesta de Ipsos publicada hoy en el diario El Comercio.
En esa circunstancia, sin respaldo mayoritario de la población y sin dominio congresal, solo le quedan dos opciones: o se radicaliza buscando ganar aceptación popular para poder confrontar luego con el Congreso, o se modera y tiende puentes de gobernabilidad hacia el Legislativo y el país, migrando al centro, buscando un horizonte de gobernabilidad de cinco años.
Si uno se guía por la entrevista exclusiva que nos concediera Vladimir Cerrón (https://sudaca.pe/noticia/entrevistas/vladimir-cerron-yo-sugeri-permanencia-julio-velarde/), que es una excelente radiografía de cómo se reparte el poder en el Perú, el camino de choque que pasa por la disolución del Congreso estaría negado.
Si ese es el caso, lo más probable es que la opción radical de la Constituyente no sea viable en el corto plazo y que a la postre, quizás terminemos teniendo un gobierno de fraseología radical, pero tecnocráticamente moderado (Francke-Velarde), más aún si es cierto que fue el propio Cerrón quien sugirió la permanencia del presidente del Banco Central de Reserva.
Castillo recién se está acomodando. A diferencia de Cerrón, no tiene experiencia político partidaria. Pero lo cierto es que si la dupla de marras lee correctamente la realidad social y política, e imprime un sentido pragmático a su gestión, debiera entender que el camino del choque o la provocación (como supuso la designación de Bellido) no conduce a nada bueno para el propio régimen y ni siquiera le permite acumular fuerzas si a mediano plazo quisiese intentar el camino de la refundación constitucional.
Habrá que ver en los siguientes días cuál es el tenor del gabinete ministerial, si Castillo sorprende y hace cambios antes de su presentación ante el Congreso, si no lo hace habrá que evaluar bajo qué espíritu se presenta, cómo se redefinen las relaciones de poder al interior del gobierno, etc. Hay mucha tela por cortar aún para poder tener una prospectiva clara de hacia dónde nos conducimos.
Estas primeras semanas son decisivas. El gobierno ha empezado con mal pie, tanto que ha generado que opciones opositoras radicales, como la de la vacancia, afloren en el lenguaje político y mediático. Ojalá haya propósito de corrección.
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