El gobierno no puede entrometerse en los asuntos administrativos de una empresa privada, pretender modificar sus estatutos, y hacerlo impunemente. Es exactamente equivalente a que mañana pretenda hacer lo propio con un banco, una empresa minera, o una cooperativa. Sería un claro abuso estatista, írrito e ilegal, que no puede ser tolerado. Ha hecho bien el Congreso, por ello, en poner en su sitio las cosas y cabe esperar que hoy ratifique dicha conducta democrática y jurídica.
Las huestes senderistas están vivas en el magisterio y corresponde continuar su proceso de extirpación, para bien de la educación peruana. Parapetados detrás de las banderas de Perú Libre llegaron al gobierno y controlan el Ejecutivo, además de tener una bancada congresal. Ello no les da, sin embargo, patente de corso para hacer tabla rasa del ordenamiento legal del país y mucho menos carta libre para hacer realidad viejos anhelos de venganza política frente a quien ellos consideran un adversario sindical, como es el Sutep.