Va en el sentido correcto la afiliación del precandidato presidencial Fernando Cillóniz en las filas del PPC y su anuncio de que ya andan buscando alianzas con otros partidos que, como ellos, promuevan la defensa democrática y el respeto a la propiedad privada.

Ese es el camino a seguir. Ha mencionado a Avanza País, Libertad Popular, Renovación Popular e, inclusive, a Fuerza Popular (aunque ha anticipado que este partido no estaría interesado), como eventuales nuevos aliados del frente.

Sería claramente un frente de derecha o centroderecha. Si, por otro lado, la gente de Lo Justo se une con Jorge Nieto y llaman a otros partidos del mismo perfil centrista podríamos arribar al proceso del 2026 con dos grandes frentes, uno de centro y otro de derecha, que ayudarían a evitar la enorme fragmentación existente y, además, considerando que la gente está harta de la politiquería, podría tener mucho arrastre electoral.

Por cierto, partidos como el Apra o Alianza para el Progreso, o candidatos como Carlos Anderson y Alfredo Barnechea, no deberían ser soslayados en estos esfuerzos de integración multipartidaria.

Es un error pensar que estos pactos serán interpretados por la ciudadanía como enjuagues politiqueros, o imposturas ideológicas. Todo lo contrario, veremos cómo su conformación atraerá atención y preferencia cívica. En otras circunstancias históricas, tal vez podrían haber sido vistos, efectivamente, como componendas ambiciosas de poder, pero en los tiempos que corren, en los que la política es percibida como un mercado fenicio, plagado de ineficiencia y corrupción, esfuerzos que impliquen desprendimiento y trabajo colaborativo, serán bien apreciados.

Lo interesante de tales pactos es que aseguran, además, que las cuotas partidarias para las candidaturas al Parlamento tengan cierto filtro (cada partido tratará de colocar a sus mejores cuadros en el elenco) y de esa manera, poder aspirar a tener una mayoría parlamentaria o provocar un escenario propicio para que una posterior ampliación de la alianza, si gana las elecciones, le permita conformar una mayoría legislativa que le facilite la tarea ejecutiva.

Mis parabienes a Fernando Cillóniz. Sea en la lid presidencial o en la congresal, su presencia supone un aporte a la política peruana y su gesto debería ser imitado.

Según la última encuesta de Ipsos, no descolla ningún candidato en particular para las elecciones del 2026. Ello es malo porque hace anidar en la mente de los interesados de que la cancha está libre para cualquiera y de que es posible capturar un bolsón electoral suficiente como para pasar a la segunda vuelta. Es decir, favorece la dispersión y diluye la urgencia de armar frentes.

Es bueno porque quiere decir que no hay identificaciones regionales prefijadas con los candidatos de la izquierda radical, aunque lo más probable es que el sur andino termine siendo el fiel de la balanza en ese sentido (probablemente vote en la primera vuelta del 2026 como lo hizo en la segunda vuelta del 2021).

Ojalá suceda que no baste un rostro carismático o una candidatura sorpresa de último momento, sino que la ciudadanía sea capaz de exigir una mínima agenda de gobierno, sobre todo en los aspectos más álgidos: inseguridad ciudadana y crisis económica.

Según encuesta publicada hoy en Perú21, de acuerdo a Ipsos, el 78% desaprueba al gobierno en materia de lucha contra la delincuencia. Este dato es terrible, porque, además, no se ve visos de mejora, sino, todo lo contrario, de que la situación va a empeorar. Y lo mismo sucede con el manejo de la reactivación económica, que no halla amparo en una política técnica del MEF.

Lo preocupante de discernir respecto de si ambos problemas se agudizan es que van a propender a reforzar las incursiones de los Bukele o Milei peruanos, émulos de los gobernantes salvadoreño y argentino, respectivamente.

Y no es eso lo que el Perú necesita. No requiere de candidatos monotemáticos, centrados en atender primordialmente un punto de la agenda nacional, cuando la misma comporta otros grandes desafíos que sí exigen un programa de gobierno y un gran frente democrático, liberal y republicano, para ser asumidos.

Hablamos de la corrupción, de las economías ilegales, de la reforma del sistema de justicia, del cambio de la regionalización, de la reforma del Estado, etc. No basta con reactivar la economía o enfrentar la inseguridad ciudadana.

Solo bajo esa perspectiva, de que se necesita tiempo para madurar una conformación política de esa naturaleza, podríase aceptar que es mejor que Dina Boluarte se quede hasta el 2026.

Entrevistando a Max Hernández para el segundo número de la revista Pulsión, el psicoanalista hacía notar con agudeza cómo había ocurrido en el país que tres grandes fenómenos democratizadores (el ascenso de las clases medias, la migración del campo a la ciudad y la condición ciudadana del emprendedor popular) habían ocurrido durante dictaduras, como las de Leguía, Odría y Fujimori. Agregaría la reivindicación del indio, bajo el régimen militar de Velasco.

Y ello en medio de la paradoja de que durante los periodos democráticos no se haya producido nada de esa envergadura, ni en los tiempos de la República Aristocrática ni en el periodo post Fujimori, los dos periodos más prolongados de alternancia democrático electoral que el país hatenido a lo largo de su vida republicana. Quizás solo podría ser equiparable la reducción de la pobreza desplegada sobre todo entre el 2001 y el 2011, cuando acaba el segundo gobierno de Alan García.

Eso debe cambiar radicalmente si queremos que sobreviva la feliz conjunción de capitalismo y democracia, que es la fórmula más exitosa para generar prosperidad en los países que los albergan. Con defectos enormes por corregir en ambos sistemas, aún hay porvenir propicio en ese matrimonio difícil y a veces conflictivo.

La democracia tiene que ser más efectiva. No puede contentarse con elecciones periódicas y la relativa existencia de una separación de poderes. Hay que darle vitalidad ejecutiva a los gobiernos democráticos, y dinámica participativa a las propias democracias, con mecanismos que involucren al ciudadano y lo hagan sentirse partícipe de las tomas de decisiones (referéndums, renovaciones parciales del Legislativo, revocatorias, etc.).

La democracia se debe comer. Si dejamos que se convierta en un adorno institucional, bajo cuyo manto prospera la inacción económica, el descuido de la igualdad de oportunidades (salud y educación públicas), la inseguridad ciudadana y la corrupción rampante, se explica por qué somos el país que peor consideración tiene sobre los valores democráticos y los riesgos que ello implica para la irrupción de candidatos populistas autoritarios tanto de izquierda como de derecha.

Nota: agradezco a la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de DDHH, por su reciente comunicado alertando sobre los abusos fiscales de los que he sido y soy víctima, yendo a contrapelo de la libertad de prensa y del principio constitucional de la reserva de las fuentes periodísticas.