fapjunk.com teensexonline.com
Juan Carlos Tafur, autor en Sudaca - Periodismo libre y en profundidad | Página 3 de 147

Lo importante de que ingrese al MEF un buen titular no pasa solamente porque sepa administrar con corrección su propio terreno de acción, sino que vuelva a hacer del portafolio del jirón Junín, el eje alrededor del cual se alineen todas las carteras vinculadas a la producción.

El nombramiento de Arista ha sido bien acompañado de Mucho en el Ministerio de Energía y Minas. Hace falta saber si se colocarán en la misma órbita los titulares de Transportes y de la Producción.

Particularmente, de acuerdo a sendos informes que ha propalado Sudaca, no se ve de parte de la ministra Choquehuanca predisposición para actuar técnicamente en un sector clave para la economía nacional como es la pesca industrial.

¿Qué se necesita? Puntualmente, que encargue al Imarpe la realización de estudios técnicos que determinen, por un lado, la arbitraria zona límite de pesca en el sur, que ha hecho quebrar a decenas de empresas pesqueras y solo ha beneficiado a Chile que pesca a manos llenas mientras los peruanos vemos pasar el valioso recurso, y, por otro lado, que actualice su medición de la talla mínima de la anchoveta, que todos los indicios señalan que, por los cambios climáticos, ha reducido su tamaño viable de pesca, pero que por una regulación anticuada no se puede pescar si mide menos de doce centímetros. Ya se ha variado la talla para varias especies por las mismas razones mencionadas, y no se ha producido depredación alguna (el lenguado, por ejemplo, pasó de 50 a 38 centímetros).

¿De quién depende ello? De la ministra Choquehuanca. ¿Qué debe hacer? Muy sencillo. Encargar al Imarpe que haga un estudio técnico y si éste demuestra que la talla de desove ya no es doce centímetros sino menos, pueda autorizar su pesca con la menor medida arrojada y de esa manera sumar toneladas de recursos hábiles, ingresos económicos, crecimiento del PBI, recaudación fiscal y generación de empleo en un sector duramente golpeado por la crisis.

La industria pesquera es la última interesada en depredar el recurso. Mataría a la gallina de los huevos de oro. En este caso, la acompañan fundamentos científicos para reclamar diligencia en un sector clave para la economía y las expectativas de crecimiento del país, éste y los años venideros.

Dentro de lo poco que gusta moverse el gobierno -ha consagrado la tesis de la inamovilidad como herramienta de supervivencia-, ayer se produjo un relevo ministerial parcial, que, sin embargo, implica algunas buenas noticias.

Los cambios de Álex Contreras del MEF y Oscar Vera del Ministerio de Energía y Minas, son bienvenidos. Su reemplazo por José Arista y Rómulo Mucho supone un upgrade. Y aunque habrá que verlo en la cancha parece venir bien también el ingreso de Juan Carlos Castro en el Ministerio del Ambiente. El ingreso de Walter Astudillo en Defensa, particularmente, no parece revestir ninguna acción modificatoria de las políticas del sector.

Se comenta que estamos frente a una división de poderes, que Otárola, premier superviviente, ha designado a Arista y Mucho, y que Nicanor Boluarte, a Castro y Astudillo. Puede ser. Entre ambos se distribuyen las cuotas palaciegas alrededor de la presidenta. Para el caso, no interesa mucho, en la medida que revelaría cierta coordinación pacífica de los respectivos ámbitos de acción. Si hubiera fuego cruzado en la cúpula del poder, éste se habría resuelto de manera amistosa.

Lo cierto, sin embargo, es que las designaciones de Arista y Mucho revelan claramente una mayor inclinación hacia esquemas proinversión privadade la que existía con sus antecesores (particularmente con el nefasto exministro de Energía y Minas). La derecha se asoma con más fuerza como el camino que parece elegir el gobierno para recorrer el trance de acá al 2026.

¿Ello tendrá impacto en las elecciones de ese año? Sí, sin duda. Si lo hacen bien y recuperan la senda del crecimiento, habrán abonado en favor de los candidatos de semejante perfil ideológico. Pero si lo hacen mal, si se dejan arrastrar por la mediocridad rampante del régimen o cometen torpezas tecnocráticas que alienten la conflictividad social (es el caso del Minem), alimentarán, más bien, las fuerzas disruptivas agazapadas que alientan el fracaso del gobierno.

“Si los capos de las mafias mundiales, de la Yakuza, la Cosa Nostra, las mafias rusas, etc., tuvieran una reunión secreta anual para ver dónde invertir, seguro que analizarían los indicadores del Perú como muy atractivos: creciente desprestigio institucional, aumento de la corrupción, 35 partidos políticos, gran confusión, país difícil de gobernar”, responde Felipe Ortiz de Zevallos en reciente entrevista a Perú21.

Efectivamente, somos un paraíso para los “fondos de inversión” mafiosos. Ya algunos grupos delincuenciales regionales se han percatado de ello y por esa razón han movido sus portafolios a nuestras tierras. Pronto lo harán otros, más aún si se considera que se entrecruzan en el Perú todos los delitos pasibles de constelación criminal: narcotráfico, minería ilegal, trata de personas, contrabando, extorsión y secuestros, tala ilegal de maderas preciosas, etc.

Si se le suma que la institucionalidad dispuesta a combatir el delito está contaminada de corrupción y, por ende, brinda impunidad a las mafias, el panorama se cierra. Autoridades locales, parlamentarios, fiscales, jueces, policías, militares y cuanto burócrata con injerencia en la ruta del delito exista, yan han sido tocados por los dineros sucios de las mafias y prestan su concurso al libre desempeño de las mismas.

Acierta la ciudadanía cuando identifica a la corrupción, como uno de sus principales problemas. Probablemente, responda así más por el impacto político de casos emblemáticos como Lava Jato, los Cuellos Blancos, el club de la construcción o algunos recientes (como los de Vizcarra y Cerrón), pero solo acentuaría su parecer si tomara plena consciencia de cómo este problema ya ha atravesado todas las fronteras estatales, desde lo más alto del escalafón hasta su peldaño más bajo.

Si a ello se le añadiese la terrible perspectiva política que se asoma para el 2026, con el único sector capaz de sacarnos de la crisis (la derecha propulsora del capitalismo democrático) dividido en por lo menos veinte candidaturas, entregándole en bandeja el país a la aparición de disruptivos neocastillistas o bukelianos de diverso pelaje, la situación alcanzaría ribetes de perfección para la mirada atenta y el olfato aguzado de los grupos mafiosos.

La derecha peruana, en lugar de andar buscando modelos disparatados como los de Bukele o Milei, debería verse en el espejo chileno, a propósito del lamentable accidente mortal sufrido por el expresidente sureño, Sebastián Piñera.

Hay que rescatar, por cierto, el ejemplo republicano de ver a exmandatarios de todas las orillas ideológicas sumarse a un homenaje universal, pero lo políticamente destacable es la identificación democrática de un gobernante de derechas, cosa poco frecuente en nuestra región.

Piñera formó parte de la derecha post pinochetista, que supo evolucionar de las cavernas dictatoriales y hacer de la democracia un valor esencial e irrenunciable. Pasó en Chile lo mismo que aconteció en España, donde la derecha franquista desapareció (aunque ahora busca resucitar) y le dio paso a una derecha democrática sin mácula.

Eso no ha pasado en el Perú, lamentablemente, con el fujimorismo, la fuerza derechista más importante de los últimos treinta años. A pesar de la trágica conclusión del mandato de Alberto Fujimori, sus huestes siguen enalteciendo los valores autoritarios por él exhibidos y, peor aún, han retrocedido en otros aspectos de políticas públicas.

Ya no se trata de crear un fujimorismo sin Fujimori, la cuestión política esencial en el Perú es la construcción de una derecha liberal, democrática, creyente en los derechos civiles y humanos, y defensora a ultranza no solo de las libertades económicas sino también políticas. Que el fujimorismo quede en el registro de la historia, con sus luces y sombras, pero ya en el pasado.

Piñera supo construir una relación magnífica con el Perú, a pesar del tránsito por el polémico fallo de La Haya. Fue un hombre pragmático y global, ajeno a cualquier nacionalismo primitivo y xenófobo. En el Perú no necesitamos un Bukele o un Milei, la derecha necesita un Piñera. Su aparición, entre la miríada de candidatos que asoman con ese potencial perfil, sería una gran noticia para la democracia peruana y su sostenibilidad por el buen sendero.

Si ello fuera acompañado de la generación de una izquierda moderna y no retrógrada, como la que hoy tenemos, el país avanzaría mucho no solo en la salida de la crisis política coyuntural que atravesamos, sino que podría dar inicio a un bicentenario efectivamente republicano.

Ha causado un terremoto el conocimiento de parte del testimonio de Jaime Villanueva, exasesor de Patricia Benavides, hoy aspirante a colaborador eficaz.

Lo dicho por Villanueva obliga a abrir varias líneas de investigación, algunas de las cuales ya tomó entre manos la Junta Nacional de Justicia, pero a la vez torna imperativo tomar con pinzas lo dicho por alguien que claramente habla en busca de librarse de una pena efectiva de prisión (sin que sorprenda, porque ya ha pasado antes, que actúe inducido por fiscales sin probidad). Todo lo que un aspirante a colaborador eficaz diga, para que adquiera valor penal, debe ser plenamente corroborado o al menos existir indicios razonables de veracidad.

La sociedad democrática debe reaccionar frente a los excesos fiscales, cometidos con fruición, dadas sus sobredimensionadas atribuciones. Allanamientos, prisiones preventivas y demás medidas, sin que haya una condena final o acreditación suficiente de pruebas (solo en base a dichos de aspirantes a colaboradores eficaces), no pueden ser tolerados en un sistema de justicia probo y, valga la redundancia, justo.

Quien escribe ha sido víctima de un claro abuso fiscal. Luego de una denuncia periodística cabalmente sustentada, se ordenó mi seguimiento y videovigilancia, con la complacencia de varios fiscales, y aún hoy está en proceso de apelación con la clara intención de perpetuar el despropósito. Y, claro está, ni los órganos de control internos ni la JNJ se han pronunciado al respecto.

Más allá de hechos puntuales como los relatados, resulta concluyente que se requiere una refundación del Ministerio Público que pase por un acotamiento de sus atribuciones. El esquema vigente ha fracasado, conduce a investigaciones interminables, decisiones abusivas, sentimientos de soberbia impunidad por parte de los fiscales, acusaciones fallidas, casos con tipos penales inventados y, lo que es más grave, politización de sus acciones. Y todo ello, en medio de una guerra civil infraterna, de dos bandos que se disputan el control de la institución. El Ministerio Público está profundamente deteriorado y su vigencia institucional no da para más.

-La del estribo: dos buenos libros sobre la mesa. Páginas del fin del mundo, del escritor limeño Johann Page, una sorpresa propicia, y La crisis del capitalismo democrático, de Martín Wolf, jefe de Economía del Financial Times, libro de tremenda vigencia global y local.

Tags:

Jaime Villanueva, Ministerio público

No es posible que estemos ad portas de ver en funciones el mejor aeropuerto de la región y que su puesta en marcha vaya mal acompañada de una empresa calamitosa como es Córpac.

No tiene siquiera capacidad de controlar un mafioso sindicato de controladores aéreos, que ya ocasionó una tragedia mortal y que, aprovechándose de su capacidad monopólica de presión (lo que no sucedería si la empresa fuera privatizada), se permite la osadía de retrasar centenares de vuelos a su antojo y capricho, porque exigía las gollerías de las horas extras que se les había retirado justamente por ser antitécnicas y propicias para la ocurrencia de desastres como el último, ocurrido el 18 de noviembre del 2022.

El gobierno debe entender que las concesiones privadas, cuando son bien reguladas y supervisadas, han probado inmensa mayor eficacia que los monopolios u oligopolios estatales. El Perú tiene sobrada experiencia en ello. Las empresas públicas siempre funcionan mal y cuando, eventualmente, aparentan arrojar utilidades, no lo hacen en la medida que podría hacerlo una empresa privada en cuanto a buena provisión de servicios de calidad.

A través del Centro de Instrucción de Aviación Civil, que administra Córpac, se restringe, con malabares y trucos sindicales, el ingreso de más controladores, y con ello se aseguran poner de rodillas a las autoridades en sus reclamos.

Corremos el riesgo de ser degradados a nivel internacional como país de destino y de partida de vuelos hacia los Estados Unidos, con lo cual de poco o nada habrá servido construir tremendo aeropuerto.

Hoy por hoy, la Dirección General de Aeronaútica Civil no controla nada. Córpac y el sindicato de controladores aéreos hacen lo que les viene en gana. Y todo ello, en abierto perjuicio de los usuarios de la aviación comercial en el país.

Es imperativo que se culmine con la privatización de empresas públicas como Petroperú, Sedapal, Córpac y algunas otras que constituyen lastres en sus respectivos mercados. Ninguna de esas empresas cumple siquiera con el criterio de ser “estratégicas”. Lo estratégico es que funcionen bien y eso pasa porque dejen de ser empresas públicas, onerosas, ineficientes y teñidas de corrupción.

Tags:

Corpac, Privatización

Ha hecho bien el gobierno en designar a Alfredo Ferrero como embajador en Washington. Es un profesional altamente preparado, que conoce los entresijos norteamericanos a cabalidad y que ha sido, además, agente operativo de la concreción de los tratados de libre comercio firmados con los Estados Unidos durante el gobierno de Toledo.

Su nombramiento es clave, además, en momentos en que los países de la región se hallan en medio de una guerra comercial entre los Estados Unidos y China, y al Perú le conviene mantener incólumes las buenas relaciones con la potencia norteamericana, que ya ha expresado su preocupación por la creciente presencia oriental en nuestro país.

Ni bien se hizo público su nombramiento saltó, para variar, la aplanadora de medios izquierdistas queriendo desmerecer su designación haciendo eco de una injusta investigación que sobrelleva por el caso Lava Jato, y que, analizada objetivamente, es un disparate mayúsculo.

A Ferrero se le investiga por haber sido parte del directorio de Proinversión, en su calidad de ministro de Industria y Comercio Exterior, cuando se produjo la concesión de la Interoceánica Norte, cuando el proceso administrativo es responsabilidad del comité de infraestructura, el mismo que, además, estuvo conformado por profesionales probos, como Alberto Pasco Font, también investigado.

El Consejo Directivo, como es usual en la administración pública, actúa bajo las consideraciones del principio de confianza, y en este caso, en particular, la corrupción ocurrida fue en la firma de las adendas, ya cuando Ferrero no era ni siquiera ministro.

Se ha destacado, con horror mediático, que el susodicho tiene propiedades embargadas por 27 millones de soles, cifra que, claro, llama la atención y genera inmediatas sospechas respecto de probable patrimonio mal habido. Es un horror contable el que le permite a la Fiscalía inflar hasta por ocho veces los montos de valores inmobiliarios de modo de “asegurar” el eventual monto de reparación que se le impondría de hallarlo culpable.

La realidad es que hablamos de 21 propiedades, pero de las cuales 10 son estacionamientos y depósitos, seis son terrenos y uno es un palco en el estadio Monumental. Pero eso no se tiene en cuenta, la prensa suelta, con escándalo, la cantidad de propiedades y alienta el ensuciamiento de la imagen pública del afectado.

Nos detenemos en el caso de Alfredo Ferrero, porque es de actualidad y ejemplifica el manejo torpe y abusivo con el que la Fiscalía maneja la mayoría de investigaciones del caso Lava Jato, disponiendo procesos de larguísima duración, ni siquiera en fase acusatoria, tiempo en el cual la honra y buena imagen de los imputados es afectada y que nadie les va a devolver una vez que salgan inocentes, como, estamos seguros, va a ocurrir en la mayoría de casos.

Tags:

alfredo ferrero, Lavajato

El régimen de Dina Boluarte, incapaz de resolver los dos más graves problemas que afrontamos: inseguridad ciudadana y crisis económica, va a dejar como herencia un estado de ánimo ciudadano proclive a fórmulas que prometan patear el tablero.

La mayor pobreza que dejará el paupérrimocrecimiento que se estima para este año -y queseguramente será igual en los próximos- más la sensación de desesperación que produce la inseguridad y la consecuente búsqueda de caudillos autoritarios -a lo Bukele, harán que el peruano de a pie se acerque a las urnas el 2026 con el mismo ánimo disidente que lo condujo a votar por Castillo el 2021, producto de la terrible pandemia que nos asoló, en gran medida, por culpa del taimado Vizcarra.

Ya hay un espíritu antiestablishment presente en el ánimo popular. Lo revelan, a su manera, diversas encuestas. A la rabia producto de la pobreza imprevista o la victimización cotidiana, se le suman factores sociopolíticos como la ruptura irreductible del sur andino o el desprestigio profundo de la clase política identificada con el statu quo, básicamente asentada en el Congreso de la República. Tendría que ocurrir algo extraordinario para que el 2026 se produzca un voto normal, centrado.

Las encuestas de Ipsos y el IEP, que son las únicas que miden la identificación ideológica de la población, ratifican que, en ese sentido, la mayoría se sigue identificando con el centro, en segundo término, con la derecha y, rezagadamente, con la izquierda. Pero esa frágil identidad ideológica (no está arraigada en la ciudadanía y ello ya se vio el 2021 cuando un grueso número de votantes de López Aliaga en la primera vuelta lo hizo, en la segunda, por Castillo) será desbordada por el referido torrente antisistema que ya se detecta en los ánimos populares.

Si a ello le sumamos la infranqueable frivolidad política de la derecha y del centro, que van a presentar una veintena de candidatos, tugurizando el espectro y favoreciendo que con porcentajes bajos pasen a la segunda, eventualmente ya no solo uno sino dos candidatos disruptivos radicales, podríamos casi afirmar que la mesa se le está sirviendo en bandeja a los antisistema. Ojalá ocurra algo extraordinario de acá al 2026 para evitar que nos hundamos en un hoyo más profundo que el que cavó el inefable y corrupto régimen de Pedro Castillo.

Tags:

Bukele, Dina Boluarte, Pedro Castillo

Traumado, al parecer, por la desmedida reacción represiva de diciembre del 2022 y enero del 2023, que sigue sin convocar actos de justicia y reparación, el gobierno ha decidido ahora convertirse en un organismo sin esqueleto, un amasijo blandengue, flexible hasta la sumisión frente a cualquier acto que implique tomar decisiones fuertes.

En la interna, le queda claro al MEF que lo de Petroperú no tiene arreglo, pero el titular de Energía y Minas presiona, y como parece tener un poder prestado que ejerce dominio sobre la presidenta y el Premier, los lleva a contemporizar y decidir salvar a la empresa a como dé lugar, sin importar que ello le va a costar a todos los peruanos una fortuna. Y, por supuesto, el ministro Álex Contreras la deja pasar como si con él no fuera. Su amor por el fajín puede más que la dignidad de una renuncia.

Las mafias que medran del turismo a Machu Picchu organizaron una turbamulta oponiéndose a un sistema digital de venta de las entradas al santuario, lo que claramente suponía una mejor experiencia para el turista, pero le arruinaba el negocio ilícito a un grupete de delincuentes. De la mano con la izquierda trasnochada que tenemos en el país, que acusaba, idiotamente, la “privatización” de las centenarias ruinas (a ver si la prensa deja de lado la muletilla infundada de llamarlas “milenarias”, que tienen apenas cinco siglos y pico), el gobierno terminó por ceder, anulando el contrato firmado, aplicando un sistema estatal de ventas y dejándoles una cuota o, mejor dicho, un cupo de mil entradas a los mafiosos.

Como está impedida de hacer huelga, la mafia de los controladores aéreos, un sindicato de 16 personas, decidió sabotear los vuelos de todo el país durante un par de días reclamando que les vuelvan a conceder las horas extras que les permitían sueldos exorbitantes y que les fueran cortadas luego de que Sudaca revelara que se dedicaban a dormir en plena torre de control. Lejos de romper la mafia, contratando más controladores y abriendo la competencia laboral, qué hizo el gobierno. Pues cedió, vuelven las horas extras y problema aparentemente resuelto hasta que vuelva a haber otro accidente fatal, fruto de un statu quo perverso y antitécnico.

En resumen, ya no tenemos gobierno. A su parálisis reformista y su asombrosa incapacidad para atender los problemas de la crisis económica y la inseguridad ciudadana, ahora se suma la abdicación de las funciones mínimas de gobernar, como es sentar el principio de autoridad. No se entiende cómo, aparte de los congresistas que necesitan la permanencia de Boluarte para asegurar la suya propia, haya aún destacados miembros de la élite política y empresarial que crean que es mejor que el régimen dure hasta el 2026, sin exigencia alguna de por medio, en aras de una precaria estabilidad.

La del estribo: dos recomendaciones al desgaire. El libro De noche, bajo el puente de piedra, de Leo Perutz, una joya ambientada en la Praga del siglo XVI. Historia y literatura de la mano. Y la película Incendios, dirigida por Denis Villenueve, nominada al Oscar a mejor película extranjera el2010. La encuentran en Mubi y también, como La mujer que cantaba, en Amazon Prime. Si no tienen alguna de las plataformas mencionadas, pues a su proveedor favorito. Un drama terrible y sobrecogedor.

x