Según la última encuesta del IEP, un 47% de la ciudadanía no apoya a la democracia. El 2022, el 19% se mostraba satisfecho o muy satisfecho con la democracia, este año ha caído a 13%. En sentido inverso, el 2022 el 81% se mostraba insatisfecho/muy insatisfecho, ahora lo está el 87%.

Asimismo, según la misma encuestadora, respecto de la posibilidad de un golpe militar -el caso extremo de violentamiento democrático-, mientras en mayo del 2022, el 43% -que ya era alto- lo justificaba, este año lo hace el 57%.

De otro lado, en otra pregunta del cuestionario, un 22% señala confiar mucho en las Fuerzas Armadas, mientras que solo el 4% lo hace en la Fiscalía de la Nación, 3% en el Poder Judicial y 2% en los partidos políticos.

Para seguir llenando el vaso, un 52% de la población dice no sentir ningún respeto por las instituciones políticas. Adicionalmente, ocho de cada diez personas señalan que sus derechos básicos no están protegidos por el sistema político. A la par, un 68% está poco o nada interesado en la política, la indiferencia letal que suele acompañar el “vaciamiento de la democracia”, concepto ampliamente estudiado en el recomendable libro Democracia Asaltada, que editan Rodrigo Barrenechea y Alberto Vergara.

Se cierra el círculo cuando se pregunta por la autoidentificación ideológica. Tanto en la derecha como en la izquierda predominan los extremos radicales por sobre las posturas moderadas.

No se puede culpar, por supuesto, a la ciudadanía de semejante brulote, porque la clase política peruana -si existe tal categoría en nuestro ecosistema- se ha encargado de demoler la confianza en la viabilidad democrática desde el 2016 en particular, pero también desde antes, cuando no había crisis políticas, pero la falta de reformas estructurales (salud, educación, justicia, seguridad, etc.) incubaron el enorme grado de insatisfacción con la supuestamente recuperada democracia después de la dictadura de los 90.

Lo que preocupa es el valor predictor que dicho estado de cosas puede tener sobre la contienda electoral del 2026, donde, de no cambiar las cosas, vamos a tener en auge candidaturas autoritarias, despectivas del Estado de Derecho democrático y que augurarán, de hacerse con el poder, un lustro complicado con la ya crítica institucionalidad democrática.

La del estribo: imperdible la obra Personas, lugares y cosas, del dramaturgo inglés Duncan Macmillan, bajo la dirección de Juan Carlos Fisher y la dirección adjunta de Diego Gargurevich, con un elenco de primera que encabeza Jimena Lindo. Va solo hasta el domingo 28 de julio en el Teatro La Plaza. Entradas en Joinnus.

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encuestas IEP

Más allá de las consideraciones éticas o legales que se puedan enarbolar al respecto, respondamos una pregunta muy simple y directa: ¿si Alberto Fujimori postula puede ganar?
De hecho, el albertismo es una fuerza ciudadana poderosa. A ella apeló Keiko Fujimori para poder pasar a la segunda vuelta el 2021, a pesar del inmenso estropicio causado por su bancada y el desprestigio en el que había caído su partido luego del sabotaje inescrupuloso al que sometieron al régimen de Pedro Pablo Kuczynski.
En entrevista a Beto Ortiz hace unos días, Keiko Fujimori claramente le cede la posta electoral a su padre. Si no recrudecen sus problemas de salud o no surge un impedimento legal, Alberto Fujimori va a ser candidato, eso queda claro.
En medio de una situación donde el panorama muestra una centroderecha brutalmente fragmentada, y una izquierda cada vez más radicalizada, la presencia de Alberto Fujimori puede ser lo suficientemente disruptiva para crecer en las encuestas y, de pasar a la segunda vuelta, imponerse, sobre todo si enfrenta a un Antauro o un Bellido (el panorama se le complicaría si la definición es con un rival de la centroderecha).
Queda por ver, sin embargo, cuál sería el perfil ideológico de Fujimori. Si acaso reverdece el centrismo populista que definió su periodo gubernativo o si enfatiza el lado autoritario en respuesta a la inmensa demanda por seguridad ciudadana. ¿Veremos un Alberto Fujimori reconvertido o a uno que se reafirma en sus valores aurorales, que incorporan un irrespeto abierto por el Estado de Derecho?
De ello va a depender mucho si el electorado termina por adherirse a una candidatura que cuenta con varios pasivos extraideológicos ya mencionados, siendo el principal la edad del candidato y sus problemas de salud, y la casi imposibilidad que despliegue una campaña de modo presencial. ¿Veremos un Fujimori arrepentido del 5 de abril, del grupo Colina, del copamiento a las instituciones democráticas, del avasallamiento a la prensa, o veremos a un candidato que revierte esa actitud y más bien rescata los aspectos reformistas que le dieron tanta popularidad en los 90?
Hay aún mucha tela por cortar, pero lo que está decidido, al parecer, es que en un país donde las sorpresas abundan, se ha sumado una impensada, la postulación de un expresidente que estuvo preso por corrupción y violaciones a los derechos humanos.

En reciente encuesta de Ipsos se le pregunta a la ciudadanía sobre el matrimonio igualitario. Aumenta la aprobación respecto del año pasado (sube de 25 a 30% la gente a favor), pero hay un sólido 66% que lo desaprueba (aunque disminuye del 69% que exhibía el 2023). Y es claramente en los sectores populares que hay mayor rechazo: en el A, 43% lo aprueba, en el E, apenas el 20%.

Respecto de que puedan adoptar niños, un 31% lo aprueba y un 63% lo desaprueba. Y todo ello en un contexto en el que, sin embargo, se admite que hay discriminación hacia la población homosexual, trans y bisexual. Un 41% considera que es muy discriminada.

He aquí una de las batallas contraculturales en la que los sectores liberales no deben cejar. Somos un país conservador y ha prendido la narrativa de la derecha radical en contra de los derechos civiles y sexuales (su campaña contra las políticas de género la han convertido en una guerra de vida o muerte, como parte de su arsenal ideológico contra los derechos humanos, la globalización, la multiculturalidad, etc., que libran acá, en la región y en el planeta).

Pero hace mal el sector liberal escamoteando el tema porque lo considera menor, que causa costos políticos o que puede afectar electoralmente pronunciarse a favor. Por el contrario, cuánto bien le haría a un candidato expresarse abiertamente a favor de un derecho a la igualdad, consustancial a un Estado laico y liberal.

No se puede ceder en esta batalla contracultural. Si la aspiración a ser un país moderno es válida y auténtica no se puede arriar en un tema que afecta a millones de personas (porque son millones los peruanos que pertenecen a la comunidad LGTBIQ+).

Corresponde a un Estado de Derecho laico, como el que cabe, establecer paridad normativa respecto de los matrimonios igualitarios y la posibilidad de adopción de niños, además de todos los derechos colaterales que ese reconocimiento implica.

La caverna reaccionaria que lidera, entusiasta, un sector de la derecha (e increíblemente también un sector de la izquierda radical), no puede terminar convirtiéndose en narrativa dominante y menos aún en política pública.

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adopcion liberal, LGTBIQ, matrimonio igualitario

Entre los dos líderes regionales que mayor expectativa generan, el ánimo ciudadano peruano se inclinará más por la figura del mandatario salvadoreño. El problema de la delincuencia y la corrupción es considerado el principal del país por encima de la crisis económica y ésta, a su vez, no se le asocia a un Estado intervencionista sino, lamentablemente, a las políticas “neoliberales” (una falacia, pero así es el sentido común).

Un 62% de peruanos considera que la delincuencia ha aumentado en su vecindario en los últimos doce meses y solo el 44% estima que la policía hará algo para remediarlo, según encuesta regional de Ipsos. De otro lado, un 71% desaprueba la labor del Poder Judicial y un 69% la labor de la Fiscalía. Junto con el Congreso son las entidades que la mayoría de la población considera que deben reformarse. No encuentro una encuesta sobre la policía en particular, pero debe tener altísima desaprobación y junto con el Poder Judicial y el Ministerio Público constituyen la tríada llamada a combatir el delito.

Lo preocupante es que el mensaje de mano dura y lucha contra la delincuencia es un mensaje más proclive a la derecha, pero hasta en eso se está dejando ganar la mano por la izquierda radical, en particular por Antauro Humala que promete fusilar corruptos y se llama a sí mismo como el Bukele peruano.

Sería una bandera más que la derecha se deja arrebatar por la izquierda. Ya ocurrió en los 80 con los derechos humanos, en los 90 con la democracia y el presente siglo con la lucha anticorrupción. Con una narrativa insistente y una proliferación de ONG izquierdistas que contribuyen a asentar narrativas, la derecha se ha ido arrinconando, por pasividad, en la sola defensa del modelo económico.

Para el 2026 es importante que la derecha sepa aquilatar la demanda ciudadana prioritaria por la seguridad ciudadana y elabore una propuesta seria y vendedora al respecto, si no quiere ser arrasada en las urnas, más aún cuando la pasmosa e irresponsable fragmentación de este sector ideológico marcha viento en popa sin ningún viso de reversión.

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Bukele, Milei.

Jean Ferrari, administrador de la U, ha dicho que habrá importantes remodelaciones en el coloso merengue. Como socio, exdirigente, expalquista y asistente a sus tribunas, me permito sugerir algunas.

1.- Construir baños y cafeterías en la parte baja de las tribunas, de modo de evitarle al sufrido hincha tener que subir y bajar ocho pisos para realizar sus necesidades sanitarias o proveerse de alimentos. Ello haría, además, que se evite la aglomeración tribunera en las partes altas del estadio.

2.- Transformar las entradas a norte y sur, hundirlas y hacer que se ingrese por la parte media del estadio. El mismo propósito: que se llene primero la parte inferior de las tribunas y aumente la presión visual y auditiva a los rivales. Podría hacerse una bifurcación subterránea para evitar cortar la franja central de las dos tribunas populares.

3.- Construir en la parte alta que quedaría, si se hacen estas bajadas en declive, patios de comidas que también hagan más placentera la estadía en el recinto deportivo.

4.- Que se construyan escaleras mecánicas en todas las tribunas, que alivien el trajín al que hoy se ven sometidos las decenas de miles de asistentes por el mal diseño del estadio.

5.- Que se retomen las conversaciones con los vecinos de la urbanización Mayorazgo para retomar el proyecto inicial, que era que los vehículos de los palquistas ingresasen por un túnel subterráneo con salida a dicha urbanización de uso exclusivo automotor. Alrededor de 30 mil vehículos acuden hasta el propio estadio en cada partido de la U. El tráfico se vuelve endemoniado. Con este túnel, que no tendría por qué afectar la seguridad vecinal, esa situación se remediaría enormemente y ya solo se permitiría el tránsito peatonal desde el óvalo Huarochirí hasta el estadio.

6.- Que se construyan o habiliten ascensores para los palquistas. Si se hace ello y se construye el túnel para sus vehículos, podría conversarse con la Asociación de Palquistas y establecer un pago simbólico por entrada para cubrir esa inversión, que, en verdad, los tendría a ellos como principales beneficiarios. De esta manera, además, en los registros de asistencia y recaudación se sumarían los casi veinte mil palquistas que acuden usualmente al Monumental, demostrando, con más diferencia, quién tiene la mayor hinchada del Perú.

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Jean Ferrari, La U, Monumental

El gobierno de Dina Boluarte, rehén absoluto de la extrema derecha congresal, no tolera el sistema interamericano de derechos humanos. Se mantiene en él porque es consciente del escándalo mayúsculo que implicaría un retiro del mismo, pero dado el tenor de la carta que han enviado en conjunto la presidenta de la república y el titular del Congreso en protesta por una resolución de la CIDH, queda más que claro que la postura oficial es refractaria a los considerandos mínimos del sistema.

Llama particularmente a pasmo, la referencia -en la carta mencionada- al rechazo por primera vez oficial del término jurídico “conflicto armado interno”, el mismo que no implica ningún beneficio valorativo al terrorismo senderista o emerretista, pero cuya narrativa en ese sentido los dos principales poderes del Estado hacen por primera vez suya.

Los abogados que suelen acompañar a los voceros de la extrema derecha peruana saben muy bien que ese término no excluye la barbarie terrorista ni contemporiza con ella y comprende perfectamente lo sucedido en el país durante las épocas de la subversión.

Lo que en el fondo está en juego -y va de la mano con la ley que prescribe los delitos de lesa humanidad cometidos en esos tiempos- es la cerrazón respecto de las violaciones a los derechos humanos que nuestras fuerzas armadas y policiales cometieron durante ese periodo, y que el país entero haría bien en no olvidar, porque la barbarie terrorista no la justificaba. Es más, cuando se cambió de política oficial antisubversiva -justamente en los tiempos fujimoristas- fue que se logró arrinconar y luego derrotar a Abimael Guzmán.

La carta firmada por Dina Boluarte y Alejandro Soto es vergonzosa. Constituye una falta de respeto a las víctimas de las tropelías oficiales -que no fueron pocas- y forma parte ya de la historia peruana de la infamia. El Perú, como sociedad democrática, debe hacer de la memoria un ejercicio cotidiano y recurrente. Sitios como el Lugar de la Memoria, El ojo que llora, documentos como el informe de la Comisión de la verdad o muestras como Yuyanapaq (que se puede visitar en el Ministerio de Cultura), no es casualidad que sean aborrecidos por quienes quieren negar la historia a su conveniencia y antojo. Lo que escandaliza es que la primera mandataria haga eco de esa visión macartista y negacionista de la que hace gala buena parte de la derecha peruana.

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Alejandro Soto, CIDH, comision interamericana de derechos humanos, derechos humanos, Lugar de la Memoria

Cualquiera que haya visto el espectáculo brindado por el fiscal José Domingo Pérez en la primera audiencia del juicio por el caso cocteles o haya leído la reveladora entrevista a Ricardo Briceño, expresidente de la Confiep, a quien el Ministerio Público viene sometiendo a un calvario abusivo e irracional, debe concluir que algo se pudre en el organismo de la avenida Abancay.

La Fiscalía se ha vuelto -salvo honrosas excepciones- en una máquina moledora de carne de los adversarios, políticos o mediáticos, y que aprovecha cualquier resquicio absurdo de la ley para provocar acusaciones, detenciones preliminares, prisiones preventivas, allanamientos y cuanta parafernalia punitiva exista en su arsenal de instrumentos coercitivos.

Y el eje interpretativo más pertinente es el político. No guía a los fiscales el derecho penal sino el interés político, como cada vez se demuestra con mayor claridad. Hemos sido engañados, todos estos años, por una aparente lucha radical anticorrupción de parte de la Fiscalía, cuando lo que ha habido es una trama de intereses ideológicos y políticos puestos en marcha para aplastar a los adversarios.

El Poder Judicial, felizmente, no está tan contaminado como el Ministerio Público y ya veremos cómo sabrá poner orden en los casos que la Fiscalía amaña, pero entre tanto, se hizo pasar a personas inocentes por años de zozobra, gastos abogadiles, incertidumbre vital y enorme daño reputacional. ¿Quién les va a devolver eso? ¿Quién nos va a devolver eso?

Al respecto, tiene enorme responsabilidad la Junta Nacional de Justicia que en sus varios años de existencia no ha sabido corregir los malos rumbos que el Ministerio Público ha seguido y le ha permitido actuar con impunidad absoluta, sin siquiera una amonestación.

Una de las tareas fundamentales del gobierno que ingrese el 2026 es emprender una reforma profunda del Ministerio Público. Bien meditada, no puede ser al caballazo -la historia reciente nos demuestra que esas reformas apuradas, a nada bueno conducen-, para volver a colocar la institución en el sitial de prestancia y neutralidad penal que corresponde a un Estado de Derecho.

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Domingo Perez, Fiscalía, Ministerio público

Si este gobierno mediocre e ineficaz quisiera hacer algún aporte a la viabilidad democrática del país después del 2026, debería acometer una intensiva tarea de construcción de infraestructura y provisión de servicios básicos de calidad en el sur andino, matriz geográfica de los movimientos antisistema que se alistan a reverdecer laureles el 2026.

Tiene dos años por delante para lograr ese cometido. Ya es sabido que es incapaz de hacerle frente a la arremetida antidemocrática del Congreso y se allana a los exabruptos que allí se perpetran, sin chistar, porque requiere sus votos para mantenerse en el poder. Pedirle que se convierta en un baluarte de resistencia democrática resulta un exceso (ni siquiera en materia económica, el MEF es capaz de contener los arrestos populistas del Legislativo).

Miremos para otro lado respecto de las responsabilidades del régimen y en ese sentido, si de verdad quiere dejar una herencia positiva que haga que el próximo periodo gubernativo no sea una pesadilla, podría tranquilamente establecer un programa de nivelación social con la región más olvidada del país.

El gran sur andino representa casi el 20% del electorado nacional. Si vota, como es previsible, en la primera vuelta del 2026 como lo hizo en la segunda del 2021 (80% a favor de los radicales), la izquierda extrema tendrá asegurado un cupo y quizás hasta dos para la jornada definitoria de dicho proceso electoral.

Es tarea patriótica evitar que ello ocurra. Y eso sí se le puede exigir a la actual administración. Conminar al gobierno de Dina Boluarte a que rompa la inercia mediocre en la que se halla atrapado y exigirle que, al menos, haga algo respecto del tema que mencionamos.

Se impone una suerte de Plan Marshall para el sur andino. Los niveles de inequidad allí existentesson de escándalo y generan una dinámica política contraria a la del resto del país y constituye el basamento de los discursos antiestablishment en el que, con astucia, ya se hallan embarcados varios candidatos de la izquierda, que no va a brillar precisamente por su moderación en la jornada electoral venidera.

La del estribo: conmovedor y a la vez inspirador el último libro de Salman Rushdie, Cuchillo,Meditaciones tras un intento de asesinato, en el que narra las peripecias del atentado que sufriera, que casi le costó la vida, y las consecuencias y perspectivas que ello le ha generado para su existencia futura. Con enorme resiliencia, Rushdie ha sabido procesar el traumático incidente. De venta en todas las librerías.

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Congreso del Perú, Gobierno de Dina

¿Por qué se detuvo la evolución de la izquierda peruana, primero a aceptar las fórmulas democráticas en los 80, y luego a incorporar criterios económicos de mercado a partir del 2000?

En el Perú la izquierda difiere de otras izquierdas regionales, como la chilena, inclusive la mexicanao la brasileña, ya ni qué decir del mundo, donde la aceptación de la economía de mercado como lecho rocoso sobre el cual construir políticas propias de la izquierda es perfectamente posible.

Interpreto que mucho ha tenido que ver con la fallida gestión de Susana Villarán, perteneciente a una izquierda moderada y que aceptó asociaciones público privadas y el esquema de concesiones. El problema es que ese esquema se manejó corruptamente concediendo beneficios legales a los empresarios brasileños a cambio de millonarias donaciones para la campaña de la revocatoria y del intento de reelección de la propia exalcaldesa.

A partir de allí, un sector importante de la que aparecía como nueva izquierda, abandonó cualquier consideración por el libre mercado, creyendo que era el culpable del desaguisado, cuando la culpa verdadera recayó en una autoridad de moral laxa.

Hoy por eso, salvo excepciones como la de Alfonso López Chau (aunque no tiene remilgos en conversar con sectores radicales de la izquierda), este sector del espectro ideológico peruano ha abandonado cualquier consideración por las libertades económicas y, de paso, también por las libertades políticas.

Es una grave involución de la política peruana, como lo es, a su vez, que no cuaje una opción potente de una derecha liberal, y predomine una derecha mercantilista, autoritaria y conservadora.

El Perú ha retrocedido políticamente de una manera preocupante en la última década. Lo ha hecho a pasos agigantados. Hoy es un reducto de delincuentes, de influencia de mafias ilegales, y de falta absoluta de consideración por las instituciones democráticas y los principios de una economía de mercado moderna y robusta.

Por culpa de una transición post Fujimori mediocre y carente de visión reformista, el país se halla atrapado en una polarización que anula las perspectivas de una centroizquierda o centroderecha liberales. La pauperización ideológica que se aprecia no es si no, consecuencia de ello y veremos, lamentablemente, su mejor expresión, salvo que los astros se alineen inesperadamente, en las elecciones del 2026.

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