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Juan Carlos Tafur, autor en Sudaca - Periodismo libre y en profundidad | Página 32 de 147

Que nadie se llame a sorpresa que haya un número significativo de peruanos que vea en esto una coalición mafiosa derechista que solo busca aprovecharse del poder. Y lo peor es que va a durar hasta el 2026. Que nadie se sorprenda tampoco que entonces, este desprestigio de la clase política conduzca nuevamente al país a elegir entre dos abismos.

El grado de irresponsabilidad de las élites políticas es de tal envergadura, que el país no va a quedarse tranquilo a la hora de expresarse en las urnas. Y cuando eso ocurra, no habrá necesidad de retroceder, para explicarlo, hasta el fallido castillismo, sino, más bien, hacia los que le sucedieron y que debieron haberse puesto a la altura de las circunstancias, cosa que, evidentemente, no ha ocurrido.

Si querían información de la transferencia de acciones del 2016, el fiscal Pérez tendría que haber ido a Invepar, a la que dice que quiere agregar al proceso de investigación sobre Susana Villarán, pero que aún no logra hacer. ¿Seis años se demora y no puede incluir a Invepar en este proceso y ni tampoco hacer algo contra OAS?

¿Se le pasó el tren? ¿Qué ha hecho el fiscal Pérez contra OAS? Pues nada y ahora quiere arreglar sus malos resultados con un show mediático en contra de la subsidiaria de una empresa multinacional (últimamente, como se ha comprobado con el caso Kuczynski, el fiscal de marras anda de show en show).

Resulta evidente que la Fiscalía no hizo nada en su momento contra la empresa OAS y ahora es demasiado tarde, pero en ese talante se afecta la seguridad jurídica que la inversión privada necesita en el Perú con actos desproporcionados e innecesarios.

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Equipo Especial Lava Jato, Fiscalía, Invepar, José Domingo Pérez, Lamsac, Municipalidad de Lima, OAS, Susana Villarán

Zoraida Ávalos y el Informe Policial de Cavassa Roncalla que desapareció del mapa 

El hecho de la demora de más de dos años en abrir investigación al hacedor de su nombramiento como Fiscal Suprema, sin que haya justificación alguna que no sea el mero chalequeo descarado y al más alto nivel del Ministerio Público, no se debe ver como un acto aislado, sino en un contexto más amplio y delicado que explica el proceder de Ávalos Rivera. Veamos:

El 4 de febrero del 2021 la División de Alta Tecnología de la Policía Nacional (DIVIAC) remitió el Informe N° 08-2021-DIRNIC-PNP/DIVIAC-DEPINESP 2 (firmado por SO PNP Norman Valdarrago Soria y con la conformidad del Capitán PNP: Gian Carlo Espinoza Valdivia), mediante el Oficio N° 61-2021-DIRNIC-PNP/DIVIAC-DEPINESP 02 (firmado por el Capitán PNP: Gian Carlo Espinoza Valdivia), a la Fiscalía de Crimen Organizado del Callao, que en ese entonces despachaba la Fiscal Rocío Sánchez Saavedra. En dicho Informe se realizaba un “análisis de contenido de la información existente en diversos audios obtenidos producto de la ejecución de la medida limitativa de derechos (escuchas legales), practicado a integrantes de la Organización Criminal denominada “Los Cuellos Blancos del Puerto”, entre los cuales se encuentra inmerso José Luis CAVASSA RONCALLA”.

En la página 41 del el Informe N° 08-2021-DIRNIC-PNP/DIVIAC-DEPINESP 2 se identifica a José Luis Cavassa Roncalla como titular del celular número 993686608 y se señala que dicha persona es conocida como “Pepe Lucho”. El Informe analiza 21 audios en los que directamente estaría relacionado “Pepe Lucho” Cavassa Roncalla y se comunica con otros miembros de la organización Los Cuellos Blancos del Puerto o simplemente se refieren a él. En las conclusiones del Informe Policial se destaca la intervención de Walter Ríos Montalvo y José Luis Cavassa Roncalla para beneficiar al candidato a la Presidencia del CNM Orlando Velásquez Benites y en el que Cavassa habría influenciado ante sus amistades (Guido Águila Grados y Julio Atilio Gutiérrez Pebe) para que voten a favor de dicho candidato (página 24).

Sudaca se comunicó con la Dra. Rocío Sánchez Saavedra, quien confirmó la autenticidad del Informe N° 08-2021-DIRNIC-PNP/DIVIAC-DEPINESP 2 y nos señaló, para disipar cualquier duda, que en la parte superior del Oficio N° 61-2021-DIRNIC-PNP/DIVIAC-DEPINESP 02 se puede ver el sello de recepción del 4 de febrero del 2021 a las 3.47, de la Fiscalía Supraprovincial Corporativa especializada contra el crimen organizado –Equipo Especial– que en ese entonces dirigía.

Lo grave del asunto es que el Informe N° 08-2021-DIRNIC-PNP/DIVIAC-DEPINESP 2 ha desaparecido de la Carpeta Fiscal en la que se investiga a José Luis Cavassa Roncalla como parte de la organización Los Cuellos Blancos del Puerto. Se ha consultado a algunos abogados y asistentes que han conocido la carpeta principal del caso “Los Cuellos Blancos del Puerto” y ninguno recuerda haber visto incorporado a la Carpeta Fiscal el Informe N° 08-2021.

Resulta sumamente preocupante y escandaloso que dicho Informe, que llegó a la Fiscalía el 4 de febrero del 2021 en horas de la tarde y se comprueba con su sello de recepción, se haya extraviado y nadie lo ubique, luego que Zoraida Ávalos decidiera remover del cargo a la Dra. Rocío Sánchez Saavedra, pocos días después de recibido el Informe. Y justamente, lo extraño es que dicho Informe tenga como objeto exclusivo de análisis la intervención en la Organización Criminal de los Cuellos Blancos de José Luis Cavassa Roncalla, quien fue la persona que se encargó del nombramiento de Zoraida Ávalos Rivera como Fiscal Suprema el año 2013.

La historia oficial del caso “Cuellos Blancos” refiere que la Fiscal Rocío Sánchez fue retirada del caso por haberse reunido con el expresidente de la República, Martín Vizcarra; sin embargo, es absolutamente razonable sostener como lo hizo hace casi tres años Ricardo Uceda en su artículo “Recuerdos de un ascenso” que: “Zoraida Ávalos desea que el factor Cavassa sea manejado por alguien de su confianza”.

Con ello, no solo se comprueba que hay una situación de complicidad e impunidad recíproca entre Zoraida Ávalos y su mentor José Luis Cavassa Roncalla, sino que refleja cinematográficamente la magnitud de cómo se llega a utilizar el poder en la Fiscalía en beneficio propio y de las personas cercanas que en su día fueron claves para la toma del Ministerio Público.

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La memoria colectiva del país no puede albergar conmiseración alguna respecto de un sujeto de mala entraña, que entró al poder a saquearlo, sin importarle un comino la buena gestión pública y que, al final, zarandeado por las acusaciones fiscales de corrupción, intentó tomar el camino del autoritarismo golpista, felizmente de modo fallido. El Perú, gracias a sus fuerzas institucionales -incluidas las Fuerzas Armadas-, se libró de seguir el camino de Venezuela o Nicaragua, que era el que pretendía desvergonzadamente Pedro Castillo.

Corresponde hacer pedagogía política y mediática sobre la desventura castillista (los canales harían bien en repetir cuantas veces sea necesario el video del golpe del 7 de diciembre) y que ello sirva para que la población que aún sigue engañada respecto de su figura, se dé cabal cuenta del despropósito y el error de seguirle concediendo alguna virtud a un gobernante malhadado.

Posdata: esta columna, como corresponde, sale de vacaciones un par de semanas, hasta el mes de junio.

La del estribo: notable, superlativa, extraordinaria la puesta en escena de Maquinal, dirigida magistralmente por el cineasta Josué Méndez, con un elenco actoral de primer orden, encabezado por Jely Reátegui. Va en el Centro Cultural de la PUCP hasta el 10 de julio. Y recomiendo ir temprano, de paso que le dedican un tiempo a la también extraordinaria exposición Una mirada al legado de Venancio Shinki.

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Bien ha señalado el exministro de Economía, Waldo Mendoza, que, según un reporte del Banco Mundial, el 85% de la reducción de la pobreza entre 2004 y 2019 se debió al crecimiento económico y un 15% a la redistribución, es decir el gasto público. ¿Y de dónde sale el gasto público? De los impuestos que se recaudan de las empresas privadas. Mendoza concluye que el 100% de la reducción de la pobreza se debe al crecimiento económico.

No hay otra fórmula. En ese sentido hay que hacerle justicia a lo que se hizo durante el segundo gobierno alanista. No emprendió ninguna reforma importante -su más grande pasivo-, pero en lo concerniente a la inversión privada, fue un activo promotor que permitió, por ello, la más importante caída de la pobreza de todo el periodo de la transición post Fujimori. Haría bien la presidenta Boluarte -más aun ahora que ha recuperado horizonte de gobernabilidad- en abocarse a ello y mirar ese espejo.

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Asimismo, puede servir como una herramienta para renovar la política y el discurso público. Los nuevos ministros pueden aportar ideas frescas y nuevas perspectivas a los debates políticos, lo que puede enriquecer el debate y dar lugar a soluciones más creativas e innovadoras. Además, el recambio ministerial puede ser una oportunidad para renovar la agenda política y enfocarla en temas que son de mayor interés para la sociedad.

Por último, puede ser una oportunidad para mejorar la calidad del liderazgo político. La selección de los nuevos ministros es una oportunidad para buscar personas con experiencia, capacidad y liderazgo, que estén dispuestas a asumir los desafíos que enfrenta el país. Esto puede mejorar la calidad de la toma de decisiones y permitir que el gobierno esté mejor preparado para afrontar los desafíos políticos y sociales que se presenten en el futuro.

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Lo relevante, en términos sociopolíticos, es que la inversión social del proyecto ha sido nueve veces más de aquello inicialmente previsto por el Estado en programas sociales. No obstante ello, la empresa ha encontrado (y sigue encontrando) importantes demandas de inversión pública por parte de la población, que conciernen el abastecimiento de energía, acceso a telecomunicaciones, educación y servicio de agua y desagüe. Esto se explica por dos razones básicas: la falta de inversión pública en comunidades alejadas y el rápido crecimiento de las áreas colindantes a los proyectos luego de iniciada la etapa de construcción. A esto pueden sumarse otras falencias, como la incapacidad de las autoridades locales para gestionar sus recursos, el aislamiento geográfico y la poca flexibilidad del Estado para encontrar soluciones cuando la realidad rebasa el marco normativo.

Dina Boluarte y los ministros del sector tienen la palabra. La puesta en marcha de una nueva dinámica de inversiones que generen empleo y reduzcan la pobreza en Puno requiere diligencia para responder a una solicitud que debe ser bienvenida en una coyuntura en la que la inversión privada más bien viene cayendo por la crisis política.

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El gobierno, sin embargo, ha guardado cínico silencio al respecto, quizás porque cree que así también se beneficiará del amedrentamiento a quienes lo investigan. Se ha cogido de la mano con la izquierda de Perú Libre, autora del proyecto, y a quien anima, sin duda, un ánimo de revancha respecto del papel e incidencia de los medios de comunicación independientes en la caída de Pedro Castillo.

Ya la democracia peruana está bastante dañada por las tropelías cometidas por la administración anterior, como para ahondar su desmedro. De paso, haría bien este gobierno en mover sus fichas políticas para lograr que la mayoría del Congreso recapacite, se libere del mangoneo de la izquierda autoritaria y no llegue a buen puerto una burda maniobra, denunciable constitucionalmente, en contra de una de las libertades esenciales en el ámbito político.

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Encima, políticamente hablando, con sus declaraciones, la presidenta se ha abierto un frente de divergencia con la derecha, que le reprocha, con razón, querer zafar cuerpo y atribuirle la exclusiva responsabilidad de lo sucedido a los militares y policías. Sin el respaldo de las Fuerzas Armadas a la Constitución, Pedro Castillo seguiría siendo gobernante. Boluarte les debe el cargo que hoy ocupa y mal les paga tirándoles la bola, como si su gobierno no tuviera responsabilidad alguna en lo sucedido.

El informe de la CIDH tiene algunos sesgos cuestionables, cuando se mete a hacer diagnósticos sociales o políticos del país, pero en lo concerniente a los hechos luctuosos mismos, anda por el camino correcto. Si el gobierno y la presidenta en particular no responden al mismo como corresponde, con una investigación a fondo, que devele la verdad de lo sucedido, ese informe le va a pesar legalmente hasta después de concluido su mandato.

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