Dada la práctica unanimidad de diversos abogados constitucionalistas -algunos de insospechado antifujimorismo- respecto de la imposibilidad de Alberto Fujimori de postular a la presidencia de la República, no parece probable que Fuerza Popular se quiera correr el riesgo de que al final del día el Jurado Nacional de Elecciones considere inválida su inscripción y se tire abajo la lista presidencial.

Todo parece apuntar a una estrategia política destinada a agrupar tendencias dentro del fujimorismo. La campaña del 2021 trató de lograr eso y lo hizo parcialmente (más aún luego de la durísima reacción de Keiko ante el indulto de su padre, provocando al final que se lo revirtieran, llevándose de encuentro en el camino a su hermano Kenji).

A pesar de ello, algunos gestos lograron dar cierta imagen de unidad y fue eso lo que le permitió a Keiko pasar a la segunda vuelta a pesar del enorme desprestigio de su bancada por el sabotaje ruin perpetrado contra Pedro Pablo Kuczynski, agravado por su enfrentamiento con un muy popular Martín Vizcarra.

Esta vez se estarían curando en salud desde años atrás, lanzando al padre a la presidencia, a pesar de los señalamientos legales y de las consideraciones serias y atendibles respecto de la salud y edad del exmandatario.

Alberto Fujimori conserva un arraigo enorme en sectores populares no tanto por su victoria contra el terrorismo o las reformas económicas, sino por la inmensa red de microobras populares (postas, redes de agua y desague, caminos rurales, etc.) que sembró en todo el territorio nacional, en los lugares más recónditos del país, donde aún lo recuerdan con gratitud.

Ese recuerdo popular está tratando de ser aprovechado por Keiko, quien adolece de esa química y, más bien, se ha labrado a pulso un antikeikismo superior al antifujimorismo auroral.

Con visos de pantomima, estaríamos siendo testigos de una inteligente estrategia político electoral, que apunta a sumar los votos necesarios para pasar a la segunda vuelta, aprovechando la fragmentación de la centroderecha y apostando a que surja un candidato más radical que Pedro Castillo (como Antauro Humala), el escenario perfecto para que Keiko repita por tercera vez el pase a la jornada definitoria. Con el albertismo de su lado y las condiciones señaladas, lo podría lograr.

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Alberto Fujimori, Fujimori, Keiko

El 49% de la población considera que Keiko Fujimori es aliada del gobierno. Un 48% lo estima así con César Acuña y 42% con López Aliaga. ¿Mellará en algo su desempeño electoral, considerando que la presidenta Boluarte tiene un respaldo de apenas 6% según Ipsos y 5% según IEP?

La pregunta viene a colación de la próxima elección de la Mesa Directiva del Congreso y si acaso, los partidos mayoritarios estrenarían el año legislativo entrante una actitud más beligerante respecto del gobierno, al extremo inclusive -señalan algunos analistas- de evaluar una vacancia presidencial.

Me parece poco probable. Primero porque el escenario extremo de la vacancia los colocaría en la peor situación, la de tener que asumir los costos de manejar el poder Ejecutivo, una moledora de carne en estos momentos. Y, segundo, porque la verdad es que a la ciudadanía le importará poco si un candidato estuvo o no cerca del gobierno. Ya vemos que la izquierda, presuntamente incinerada por su apoyo a Pedro Castillo, hoy se presenta renovada y con reactivados bríos sin que le haya afectado semejante apoyo.

Hay que tener en cuenta, además, el corrosivo y significativo dato de la última encuesta del IEP, que señala que al 68% del país le importa poco o nada la política. ¿Qué le va a importar, pues, si debe decidirse por un candidato a quien se le identificaba años antes con un gobierno impopular? No será ese el factor decisivo a la hora de votar.

Por lo tanto, se prevé que la situación de la Mesa Directiva será políticamente poco incidente en el devenir del poder en el país, a menos que la ocupe una lista de izquierda opositora, lo cual es bastante improbable, dada la alianza fáctica mayoritaria del autodenominado “Bloque Democrático”.

No se avizoran cambios significativos en la relación Ejecutivo-Legislativo el periodo político venidero. Se mantendrá la alianza de hecho que hoy nos gobierna, con un Ejecutivo allanado a los deseos parlamentarios y un Congreso que protegerá al Ejecutivo en los asuntos más álgidos.

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elecciones 2026, Encuestas, IEP

Si algo le debe quedar claro a la centroderecha peruana, urgida de armar alianzas y pactos para evitar la pavorosa fragmentación que actualmente exhibe, es evitar mezclar tendencias ideológicas en un afán absurdo de jalar votos del centro o la centroizquierda.

La izquierda moderada, bautizada como “caviar” en el Perú, tiene, entre sus especialidades, infiltrarse en movimientos de naturaleza ideológica distinta y luego cogobernar. Así ha ocurrido en los gobiernos de la transición (Toledo, García, inclusive PPK), cuando no habían sido ellos partícipes ni protagonistas del triunfo.

La gente va a votar esta vez por líneas ideológicas definidas, sin ambigüedades o mescolanzas. Que la izquierda vaya sola, dividida entre radicales enfebrecidos y presuntos moderados, y que la derecha haga lo propio, partida entre una derecha radical conservadora y atisbos nacientes de una derecha liberal moderna.

El elector va a premiar la consistencia ideológica y el carácter disruptivo de las candidaturas. Y para ello se necesita claridad programática, programas de gobierno coherentes e identidad ideológica definida.

En alguna medida, el fracaso de la transición democrática es que su variopinta conformación ideológica la contuvo de emprender las reformas que se requerían, en términos institucionales (salud y educación públicas, seguridad, ampliación de la economía de mercado, reforma del sistema fiscal y judicial, reforma político-electoral). Y supuestamente en muchos de esos temas, los cuadros de la izquierda aupados a los gobiernos respectivos eran especialistas. No ha sido útil ni siquiera para ello.

Se requieren una centroderecha y una derecha libres de infiltración ideológica. El país afronta una crisis tremenda, con debilitamiento pasmoso de la democracia y mediatización de la economía de mercado, con instituciones fallidas y nula voluntad reformista. Afrontar ese desafío requiere una maquinaria política afiatada y no menjunjes doctrinarios que por el tonto afán de ganar algunos pocos votos (porque no aporta más la izquierda moderada), se puede ir al tacho.

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Juan Carlos Tafur, Opinión

Será bueno que los candidatos de la centroderecha democrática vayan perfilando sus propuestas de manera de empaquetarlas y venderlas de un modo enérgico, radical y frontal en la venidera campaña electoral.

La tremenda insatisfacción con la democracia y el basamento autoritario de las mayorías poblacionales van a hacerlas proclives a discursos radicales. Ya los hay desde la izquierda y la derecha. A Antauro y Bellido les corresponden Butters o López Aliaga. Si la centroderecha se perfila aguachenta y acomedida será desbordada por los discursos de estos sectores.

Las encuestas que arrojan una preferencia electoral por el centro son engañosas. Detrás de esa preferencia en el fondo anida la incertidumbre respecto de por quién votar, que es mayoritaria, sumada al desinterés por la política revelado por la mayor cantidad de ciudadanos. Ese sector responde seguramente “centro” cuando le piden una autodefinición ideológica, pero no quiere decir que sean pasibles de ser conquistados por discursos tibios, moderados o no confrontacionales.

En materia económica -la principal preocupación según la encuesta del IEP-, en corrupción y en seguridad ciudadana hay un enorme filón para elaborar propuestas audaces, disruptivas, sin salirse del eje democrático que debe contener a la centroderecha.

Cuando se terminen de conformar los partidos, las alianzas, los equipos técnicos y los comandos de campaña deberán poner especial énfasis en el marketing electoral. No es tiempo de tibiezas. La crisis política e institucional es tan honda que un discurso “políticamente correcto” no calará en la ciudadanía irritada ya no solo con el modelo económico sino también con el modelo político, es decir la democracia.

Ello se acentúa con la inmensa cantidad de candidatos que va a haber. Es necesario distinguirse entre, probablemente, cuarenta candidatos, si no más, que disputarán las elecciones del 2026. Así sea solo por este hecho, queda claro que los lugares comunes o los discursos “normales” no atraerán los reflectores ciudadanos. Está será una campaña para disruptivos y se lo puede ser sin necesidad de caer en las tentaciones autoritarias de los extremos.

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campaña electoral peru, elecciones 2026

Lo que pretende un grupo de aseguradoras privadas respecto de la no cobertura de medicamentos oncológicos aprobados científicamente en varios países, es un despropósito que ni el gobierno ni el Poder Judicial -adonde han acudido- pueden avalar ni tolerar.

Ya los seguros médicos privados en el país son inmensamente caros como para que encima pretendan librarse de dar cobertura plena -como sus contratos obligan- a la provisión farmacológica necesaria para curar el cáncer.

El Ministerio de Salud, luego de una denuncia referida a que sus funcionarios estaban de acuerdo con las aseguradoras y preparaban un cambio al reglamento de la ley contra el cáncer, ha salido a desmentir ello. Ojalá haya habido real reconvención.

En la precaria economía de mercado que funciona en el Perú quizás el mercado más salvaje y expoliador es el de las aseguradoras privadas, que hacen lo que les viene en gana, cobran copagos por medicinas infladas en sus precios (al final, más barato le saldría al paciente comprar las medicinas sin seguro en cualquier farmacia de la calle) y encima ahora pretenden excluirse de la cobertura que corresponde, no para tratamientos experimentales, como han insinuado, sino para tratamientos médicos con fármacos oleados y sacramentados por organismos internacionales que probadamente curan la enfermedad.

¿Cuál es el problema? Que son caros. Y bueno, pues, lo sentimos mucho, pero sus contratos señalan textualmente que se brindará cobertura en todos los ítems autorizados por oficinas internacionales, y es ese el caso de los medicamentos que quieren excluir de la lista de farmacología oncológica.

Esperamos que el poderoso lobby asegurador conformado por Pacífico, Rímac, La Positiva, Mapfre y Sanitas, no sea lo suficientemente avezado para seguir adelante con tamaña sinvergüencería. Y esperamos que los jueces ante los que han presentado la demanda no se arrodillen frente al poderoso caballero Don Dinero. Y, por supuesto, esperamos que el gobierno no se deje torcer la mano por este lobby infame.

 

Ya hay inscritos 30 partidos, de los cuales 20 son de centroderecha. Están en lista de espera veinte más, de los cuales por lo menos 10 también pertenecen a ese sector ideológico. En suma, lo más probable es que para el 2026 haya treinta candidatos de la centroderecha aspirando a llegar al poder.

Una vana ilusión. La fragmentación del voto, ante la ausencia de un líder aglutinador o superlativo respecto del resto, hará que el voto se divida. ¿A quién beneficia ello? A dos grupos políticos puntuales: la izquierda radical y el fujimorismo.

El autoritarismo que se vislumbra en las encuestas hará carne en estas elecciones gracias a la supina irresponsabilidad de quienes estaban llamados a armar frentes y coaligarse para presentar opciones sólidas, potentes, con capacidad de atracción popular lo suficientemente grande para asegurar, primero, el pase a la segunda vuelta con una buena representación parlamentaria y luego ganar las elecciones en la segunda vuelta, asegurando un lustro de estabilidad política.

Hoy se frotan las manos los desquiciados políticos de la izquierda (los Antauro, los Bellido y demás) y el entorno de Keiko Fujimori. Podrán repetir la fatalidad del 2021: el fujimorismo versus el radical antisistema, solo que esta vez pretenden que sea el padre, Alberto Fujimori -de dudosa posibilidad legal de poder hacerlo- quien sea el candidato y ya no la tres veces derrotada Keiko.

Quienes esperan que el 2026 se dé vuelta a la página a la crisis democrática que sufrimos desde el 2016, con mayor intensidad, se darán de bruces con la realidad: la derecha liberal o moderada ha cometido suicidio advertido al hacer que primen los egos individuales por encima de los intereses colectivos.

Es posible aún que se armen alianzas, pero las leyes desaniman ese propósito al exigir una valla más alta a tales agrupamientos, y, además, por lo que se ha visto, no hay el menor interés en casi ninguno de los candidatos de este sector en ceder a sus propias aspiraciones presidenciales.

A este paso, el país se encamina a un mayor debilitamiento de la democracia. Lo que hoy vemos con un Congreso destructor desatado será cosa de juegos respecto de lo que, en principio, se viene.

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candidatos 2026, elecciones 2026, Partidos políticos

Según la última encuesta del IEP, un 47% de la ciudadanía no apoya a la democracia. El 2022, el 19% se mostraba satisfecho o muy satisfecho con la democracia, este año ha caído a 13%. En sentido inverso, el 2022 el 81% se mostraba insatisfecho/muy insatisfecho, ahora lo está el 87%.

Asimismo, según la misma encuestadora, respecto de la posibilidad de un golpe militar -el caso extremo de violentamiento democrático-, mientras en mayo del 2022, el 43% -que ya era alto- lo justificaba, este año lo hace el 57%.

De otro lado, en otra pregunta del cuestionario, un 22% señala confiar mucho en las Fuerzas Armadas, mientras que solo el 4% lo hace en la Fiscalía de la Nación, 3% en el Poder Judicial y 2% en los partidos políticos.

Para seguir llenando el vaso, un 52% de la población dice no sentir ningún respeto por las instituciones políticas. Adicionalmente, ocho de cada diez personas señalan que sus derechos básicos no están protegidos por el sistema político. A la par, un 68% está poco o nada interesado en la política, la indiferencia letal que suele acompañar el “vaciamiento de la democracia”, concepto ampliamente estudiado en el recomendable libro Democracia Asaltada, que editan Rodrigo Barrenechea y Alberto Vergara.

Se cierra el círculo cuando se pregunta por la autoidentificación ideológica. Tanto en la derecha como en la izquierda predominan los extremos radicales por sobre las posturas moderadas.

No se puede culpar, por supuesto, a la ciudadanía de semejante brulote, porque la clase política peruana -si existe tal categoría en nuestro ecosistema- se ha encargado de demoler la confianza en la viabilidad democrática desde el 2016 en particular, pero también desde antes, cuando no había crisis políticas, pero la falta de reformas estructurales (salud, educación, justicia, seguridad, etc.) incubaron el enorme grado de insatisfacción con la supuestamente recuperada democracia después de la dictadura de los 90.

Lo que preocupa es el valor predictor que dicho estado de cosas puede tener sobre la contienda electoral del 2026, donde, de no cambiar las cosas, vamos a tener en auge candidaturas autoritarias, despectivas del Estado de Derecho democrático y que augurarán, de hacerse con el poder, un lustro complicado con la ya crítica institucionalidad democrática.

La del estribo: imperdible la obra Personas, lugares y cosas, del dramaturgo inglés Duncan Macmillan, bajo la dirección de Juan Carlos Fisher y la dirección adjunta de Diego Gargurevich, con un elenco de primera que encabeza Jimena Lindo. Va solo hasta el domingo 28 de julio en el Teatro La Plaza. Entradas en Joinnus.

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encuestas IEP

Más allá de las consideraciones éticas o legales que se puedan enarbolar al respecto, respondamos una pregunta muy simple y directa: ¿si Alberto Fujimori postula puede ganar?
De hecho, el albertismo es una fuerza ciudadana poderosa. A ella apeló Keiko Fujimori para poder pasar a la segunda vuelta el 2021, a pesar del inmenso estropicio causado por su bancada y el desprestigio en el que había caído su partido luego del sabotaje inescrupuloso al que sometieron al régimen de Pedro Pablo Kuczynski.
En entrevista a Beto Ortiz hace unos días, Keiko Fujimori claramente le cede la posta electoral a su padre. Si no recrudecen sus problemas de salud o no surge un impedimento legal, Alberto Fujimori va a ser candidato, eso queda claro.
En medio de una situación donde el panorama muestra una centroderecha brutalmente fragmentada, y una izquierda cada vez más radicalizada, la presencia de Alberto Fujimori puede ser lo suficientemente disruptiva para crecer en las encuestas y, de pasar a la segunda vuelta, imponerse, sobre todo si enfrenta a un Antauro o un Bellido (el panorama se le complicaría si la definición es con un rival de la centroderecha).
Queda por ver, sin embargo, cuál sería el perfil ideológico de Fujimori. Si acaso reverdece el centrismo populista que definió su periodo gubernativo o si enfatiza el lado autoritario en respuesta a la inmensa demanda por seguridad ciudadana. ¿Veremos un Alberto Fujimori reconvertido o a uno que se reafirma en sus valores aurorales, que incorporan un irrespeto abierto por el Estado de Derecho?
De ello va a depender mucho si el electorado termina por adherirse a una candidatura que cuenta con varios pasivos extraideológicos ya mencionados, siendo el principal la edad del candidato y sus problemas de salud, y la casi imposibilidad que despliegue una campaña de modo presencial. ¿Veremos un Fujimori arrepentido del 5 de abril, del grupo Colina, del copamiento a las instituciones democráticas, del avasallamiento a la prensa, o veremos a un candidato que revierte esa actitud y más bien rescata los aspectos reformistas que le dieron tanta popularidad en los 90?
Hay aún mucha tela por cortar, pero lo que está decidido, al parecer, es que en un país donde las sorpresas abundan, se ha sumado una impensada, la postulación de un expresidente que estuvo preso por corrupción y violaciones a los derechos humanos.

En reciente encuesta de Ipsos se le pregunta a la ciudadanía sobre el matrimonio igualitario. Aumenta la aprobación respecto del año pasado (sube de 25 a 30% la gente a favor), pero hay un sólido 66% que lo desaprueba (aunque disminuye del 69% que exhibía el 2023). Y es claramente en los sectores populares que hay mayor rechazo: en el A, 43% lo aprueba, en el E, apenas el 20%.

Respecto de que puedan adoptar niños, un 31% lo aprueba y un 63% lo desaprueba. Y todo ello en un contexto en el que, sin embargo, se admite que hay discriminación hacia la población homosexual, trans y bisexual. Un 41% considera que es muy discriminada.

He aquí una de las batallas contraculturales en la que los sectores liberales no deben cejar. Somos un país conservador y ha prendido la narrativa de la derecha radical en contra de los derechos civiles y sexuales (su campaña contra las políticas de género la han convertido en una guerra de vida o muerte, como parte de su arsenal ideológico contra los derechos humanos, la globalización, la multiculturalidad, etc., que libran acá, en la región y en el planeta).

Pero hace mal el sector liberal escamoteando el tema porque lo considera menor, que causa costos políticos o que puede afectar electoralmente pronunciarse a favor. Por el contrario, cuánto bien le haría a un candidato expresarse abiertamente a favor de un derecho a la igualdad, consustancial a un Estado laico y liberal.

No se puede ceder en esta batalla contracultural. Si la aspiración a ser un país moderno es válida y auténtica no se puede arriar en un tema que afecta a millones de personas (porque son millones los peruanos que pertenecen a la comunidad LGTBIQ+).

Corresponde a un Estado de Derecho laico, como el que cabe, establecer paridad normativa respecto de los matrimonios igualitarios y la posibilidad de adopción de niños, además de todos los derechos colaterales que ese reconocimiento implica.

La caverna reaccionaria que lidera, entusiasta, un sector de la derecha (e increíblemente también un sector de la izquierda radical), no puede terminar convirtiéndose en narrativa dominante y menos aún en política pública.

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