No podemos perder el país en manos del aventurerismo radical y regresivo de la izquierda, desde la supuestamente moderada hasta la radical violentista. La centroderecha tiene una batalla que dar e imponer su narrativa para evitar conducirnos al abismo del caos y la pobreza, como ha sucedido en otros países de la región.

Lo que está sucediendo con la minería es solo un globo de ensayo de un proyecto político e ideológico comprobadamente maligno y pernicioso para el país, y que compromete también a todos los gobiernos últimos, que han mirado de soslayo el problema, dejando desplegarse el anfo ideológico de la izquierda en materia económica. Es hora de actuar y desactivarlo.

Si estos cambios los logra la actual gestión de Williams y la que lo suceda el 28 de julio, habrá logrado mejorar su propia mala percepción, sin lugar a dudas, pero lo importante es que habrá sentado las bases para que en el futuro, los Parlamentos se conviertan en elementos interactivos con la ciudadanía, mucho más eficaces (es interesante, por ejemplo, pensar en la idea de la conformación de circunscripciones amarradas a clústeres productivos, que el politólogo Carlos Meléndez ha propuesto).

La tarea de modernizar el Congreso y acercarlo a la gente es esencial y no pasa, claro está, por la tontería planteada en los últimos días por algunos parlamentarios de que se les permita manejar presupuesto o se les aumente el mismo. Es un trabajo de institucionalidad política que hay que construir soslayando paliativos absurdos que a nada bueno conducen.

Así como el Congreso tiene pocas tareas por delante a las que debe abocarse con sentido de prioridad (reformas políticas y electorales, dos o tres a lo sumo), el Ejecutivo también tiene poco espacio en la cancha para pretender ejecutar un plan de gobierno íntegro. Boluarte haría bien en acotar su mandato a dos o tres tareas centrales, más allá, obviamente, de las políticas públicas que corresponden a cada ministerio, que deben seguir su lógica normal (por ejemplo, las que corresponden a la tríada de ministros que debe poner coto al golpe antiminero que afecta el corredor del sur).

Un año y medio en el poder –que es el tiempo que le tocará estar a Boluarte en el cargo- es suficiente para transformar la debacle heredada y la ingobernabilidad recibida como lastre, en un gobierno viable y relativamente normalizado. Es cuestión de priorizar, descartar lo imposible o excesivo y ser plenamente consciente de que la transitoriedad de su gobierno la obliga a ello.

Ya es hora de que la centroderecha peruana se libere del fujimorismo como referente político e ideológico, y empiece a encontrar fórmulas novedosas, disruptivas, modernas, liberales, como corresponden a un país como el Perú que ya ha logrado éxitos superlativos en materia de avances económicos en las últimas décadas y requiere dar un salto cualitativo pronto.

Con ello ya haría bastante más de lo esperado, podría empezar a recuperar el crédito ciudadano perdido y terminar su mandato con mejores cifras de aprobación. Todo ello lo tiraría por la borda si quiete meter de contrabando temas de interés particular de una o dos organizaciones partidarias en el Legislativo.

El Estado peruano debe ser depurado de los agentes operativos de la estrategia, ya conocida, de Castillo de preparar un golpe antidemocrático desde adentro, cosa que felizmente, dada su ilimitada torpeza y falta de densidad psicológica, no prosperó, pero que sirvió para poner en evidencia el plan urdido.

Si Dina Boluarte no mejora el Estado peruano en grado superlativo y acelerado, más temprano que tarde se va a encontrar nuevamente conflictos sociales, descontento ciudadano, escasa aprobación, desconfianza de los agentes inversores, tensiones políticas, en suma, ingobernabilidad, que podrían hacer de este año y pico de gobierno que, en principio, le queda, un infierno tan espantoso como el que caracterizó a la inefable gestión del miserable régimen castillista.

Cometería un suicidio electoral la derecha y el centro si van desunidos. Le entregarían el país, como lo hicieron el 2021, a un candidato disruptivo que, en principio, debiera quedar cuarto o quinto lugar en la primera vuelta, pero que, aprovechando la disgregación, podría meterse en la colada electoral.

Y esta vez, el riesgo es mayor. Porque Antauro no es Castillo. No es el monigote que nos ha gobernado estos últimos meses y su verbo radical está presto para ser llevado a la práctica contra viento y marea. Con él sí corremos el serio riesgo de perder todo lo avanzado en las últimas décadas y conducir el país a la deriva socialista y autoritaria.

Hay que saludar al Congreso, que fue capaz, en su mayoría de ponerse de acuerdo, de ceder en posturas iniciales, y llegar a un consenso que permitió aprobar la reforma que el país casi unánimemente exigía. Con 93 votos a favor, 30 en contra (con supina irresponsabilidad) y una abstención, se logró pasar la valla de los 87 votos que permitirá que luego de ratificar la votación en la siguiente legislatura, la norma se dé por aprobada sin pasar por el trance de un referéndum (lo que hubiera ocurrido de no llegar a los 87 votos mínimos).

Es de esperar que dicha madurez se mantenga en los debates constitucionales que sobrevendrán y así, de paso, el Legislativo vaya recuperando niveles de aprobación ciudadana mínimos. A la democracia no le hacía bien tener un Parlamento con tan bajos niveles de crédito ciudadano.

La síntesis de la historia es simple: Walter Ríos le dice a la justicia que alguien cometió un crimen, luego aparece el autor del crimen quien confiesa ser autor del delito y da detalles al respecto, refutando lo que Ríos ha señalado; sin embargo, a Walter Ríos le conceden beneficios y se los niegan a quien confiesa y dice la verdad. ¿Por qué el expresidente de la Corte del Callao no le contó a la Fiscalía que quién le entregó el examen escrito para jueces supremos fue el empresario Óscar Peña Aparicio y que efectivamente recibió ayuda en dicho examen del operador fujimontesinista José Luis Cavassa Roncalla? ¿Por qué calló algo tan importante y/o por qué los fiscales de ese tiempo callaron lo que efectivamente dijo? ¿A quién Ríos quiso ayudar o a quién quiso perjudicar?

 

La venganza de Walter Ríos 

Una de las cosas que caracteriza a Walter Ríos Montalvo en su proceso de colaboración eficaz y en las diversas declaraciones que brinda es que cada vez que los medios de comunicación publican alguna noticia en su contra o mencionan que alguien lo desmiente sale lanza en ristre a declarar en las investigaciones abiertas y como toro bravío embiste a todo aquel que se le cruza en su camino y osa enfrentarlo. La verdad le es incómoda si es que no se ajusta a sus intereses. Sus declaraciones son auténticos ajustes de cuentas.

Un ejemplo de ello pasó con sus abogados defensores Juan Miguel Servigón Nakano y Alex Ganoza Céspedes quienes luego de concurrir a declarar como testigos en diversos despachos fiscales entre marzo y octubre del 2019 son sindicados de manera temeraria por su antiguo cliente de haber intentado forzar sus declaraciones para supuestamente favorecer al abogado José Luis Castillo Alva. Esta declaración de Walter Ríos se produjo el 22 de noviembre del 2019 y aparece en escena luego que el semanario Hildebrandt en sus trece publicara el 15 de noviembre del 2019 un artículo titulado “Ríos de lodo” en donde se da cuenta a la opinión pública del Informe de Incidencia N° 1 del 20 de septiembre del 2019 que elevó la Dra. Rocío Sánchez Saavedra a la Fiscalía de la Nación en el que relataba el cambio de versión de Walter Ríos en contra del abogado Castillo Alva y como sustento de dicho informe se anexó vídeos del área de prevención del Penal Piedras Gordas donde se observa a Ríos recibir la visita clandestina (no declarada) del abogado de José Luis Cavasa Roncalla, el libro de cuaderno de visitas y las declaraciones de los abogados Juan Miguel Servigón Nakano y Alex Ganoza Céspedes.

Walter Ríos, pese a que el 22 de noviembre del 2019 fue citado a declarar por otros hechos, enfiló sus baterías de la manera más grosera y descarada en contra de sus ex abogados que lo habían desmentido en relación a algunas declaraciones que venía realizando y todo ello ocurrió una semana después de que un medio de comunicación publicara una información debidamente documentada que señalaba el cambio en sus declaraciones. Ríos no perdona que alguien lo desmienta o llegue siquiera a objetar alguno de sus dichos. Para ello utilizaba su colaboración eficaz y la impunidad de sus declaraciones que le proporcionaba la Fiscal Fanny Quispe. Podía hablar y disparar a su antojo, sin el temor a que algo le pueda pasar.

Según fuentes, los abogados Juan Miguel Servigón Nakano y Alex Ganoza Céspedes habrían manifestado, sobre las afirmaciones vertidas por su ex patrocinado, su absoluta disconformidad señalando que es absolutamente falso lo indicado por Ríos, que la Fiscalía nunca les notificó algo y que una vez que fueron advertidos informalmente de lo que comentaba se entrevistaron con los fiscales Fernández Alarcón y Quispe Farfán quienes lamentaron las palabras de Walter Ríos y, por el contrario, reconocieron sus aportes a la investigación, ya que fueron ellos los que convencieron a su antiguo cliente de acogerse al beneficio de la confesión sincera y la colaboración eficaz. También habrían señalado que guardan en su poder las diversas conversaciones que tuvieron por whatsapp con los familiares del encarcelado expresidente de la Corte de Justicia del Callao y que hablan de la integridad y la transparencia de su actuación profesional.

Como se observa Walter Ríos es un huracán que no quiere dejar algo en pie a su paso. No solo traicionó a su país, a su familia, a la justicia peruana que lo cobijó como juez, sino a cuanta persona se le acerca.   Es grave que Ríos haya cometido delitos cuando era Presidente de la Corte de Justicia del Callao, pero es más grave que luego que fue detenido y se acogió a beneficios para reducir su pena siga delinquiendo y sorprenda a las instituciones del sistema de justicia.

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