Le toca al Congreso clausurar este despropósito llevando nuevamente al Pleno la derogatoria del decreto supremo que da origen a este descomunal atentado contra el derecho empresarial y la libertad asociativa. Ya la Comisión de Constitución ha tomado posición al respecto. Corresponde que ahora lo haga el Pleno y no se repita la indecorosa conducta de algunos parlamentarios que se pusieron de costado, en anterior ocasión, y permitieron que el Fenate-Movadef siguiera adelante en sus torvos propósitos.
Corresponde a la mayoría opositora ponerle coto a los desmanes del Ejecutivo. Esa es su tarea primordial. Y en este caso en particular, al abuso de poder que implicaba la participación directa del presidente Castillo y de su dócil ministro de Educación.
Por decretos supremos no se puede intervenir en las decisiones estatutarias de empresas privadas. Se sentaría un precedente nefasto para la confianza de los agentes empresariales. Y eso es lo que pretendía el gobierno, sin ningún sustento legal ni constitucional.
La Corte Superior ha fallado en justicia suspendiendo los alcances del decreto de marras. Es la hora de que el Congreso selle lo actuado derogando la susodicha norma, poniendo el Estado de Derecho por encima de apetitos sindicales particulares y afanes de venganza primarios que involucran al primer mandatario.
