El controvertido tuit del premier Guido Bellido amenazando con expropiar Camisea confirma, obviamente, un perfil ideológico sobre el manejo de la economía que Perú Libre ya había esbozado en su plan de gobierno. En ese sentido, Bellido no ha dicho nada nuevo.

Lo llamativo, políticamente hablando, es que ocurre en medio de una circunstancia en la que el titular del MEF, Pedro Francke, había señalado explícitamente que no se iba a expropiar Camisea y el presidente Castillo, reunido con inversionistas extranjeros en su reciente periplo norteamericano, había asegurado que la economía se iba a manejar con sensatez y respetando el Estado de Derecho (como, luego del arrebato de Bellido, ha reiterado).

Ha sido una pataleta política de Vladimir Cerrón en la búsqueda de alcanzar un mayor protagonismo al interior del gabinete. La verdad es que solo tiene tres ministros: Bellido, el de Ambiente, Rubén Ramírez, y Dina Boluarte, pero quien viene mostrando crecientemente rasgos de independencia que la apartan del sector de origen cerronista. Vladimir Cerrón solo tiene, pues, dos alfiles entre los ministros y, claramente, quiere más, y quiere incordiar a los que más incómodos le resultan. Eso explica el exabrupto de Bellido sobre Camisea.

Y en ese sentido destacan los ataques a los titulares de Justicia y el MEF, Aníbal Torres y Pedro Francke, contra quienes cargan las tintas todos los periódicos truchos inventados con dineros oscuros para apoyar al régimen y en particular a Cerrón.

No es casual que en la última encuesta de IEP, aparezca Bellido con un nivel de desaprobación de 58% y de aprobación de apenas 33%, mientras que los ministros no cerronistas lo superan: el aranista Hernando Cevallos, de Salud, es aprobado por el 67%; el mendocista Pedro Francke, de Economía, por el 54% y el castillista Aníbal Torres, de Justicia, por el 49%.

Finalmente, caben algunas precisiones económicas. Camisea ya paga casi el 65% en impuestos. No es verdad que se lleve todo el inversionista privado. El Estado recibe ingentes recursos gracias al proyecto. Expropiarlo, dicho sea de paso, costaría alrededor de 30 mil millones de dólares que el Estado peruano, por exigencia constitucional, debería pagar antes de expropiar (un despropósito por donde se le mire) y, además, el “modelo” ecuatoriano o boliviano, en el que parece inspirarse Cerrón, ha sido un fracaso absoluto (Bolivia, por ejemplo, tenía, antes de la nacionalización de Evo Morales, 24 trillones de pies cúbicos de reservas de gas, el 2018 se habían desplomado a 10 trillones).

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