Es parte de una ofensiva mayor, que vendrá acompañada de iniciativas legislativas o arrebatos del Ejecutivo, que van a merecer de parte del empresariado una actitud inteligente de resistencia. No puede caber en este esfuerzo un mínimo de concesión o prudencia estratégica porque si acaso esa fuera la actitud del empresariado será avasallado.
Anoche, el propio Vladimir Cerrón, reveló que el premier Aníbal Torres prepara una serie de proyectos para combatir a lo que él considera monopolios y oligopolios, poniendo en evidencia que la típica entraña antiempresarial de la izquierda va a aflorar, como consecuencia de una estrategia angustiada de sobrevivencia política. El populismo y el estatismo regulatorios serán las banderas con las que navegará el gobierno en los meses venideros.
Corresponde dar, en ese sentido, una batalla política e ideológica que impida que esa justificación cale. El rechazo altísimo que muestra este gobierno radica, sobre todo, en la corrupción rampante y en la designación de funcionarios incompetentes. Ha destruido el Estado en apenas nueve meses. Eso debe grabarse en piedra en la mentalidad popular para evitar que en el futuro nuevamente se elija a un improvisado radical como Castillo. La batalla ideológica y política que el gobierno ha decidido dar, en los estertores de su gestión, no se debe permitir que la gane.
El Ministerio Público tiene mucho poder. Es un tractor, que requiere ciertos autocontroles o que organismos como la Junta Nacional de Justicia lo supervisen, sobre todo en el manejo de temas tan sensibles como el tráfico de drogas cuando se dejan vacíos en las investigaciones y se contribuye a la impunidad selectiva. Y lo más grave es cuando esa aplanadora pretende exhibir determinados resultados, pero en realidad es una coladera y deja pasar a elefantes cargados de droga entre sus piernas.
Queda mucho material por desbrozar en el caso Cuellos Blancos. Pero o se cambia de equipo de fiscales o se toma medidas radicales para acabar con esta clara impunidad y selectividad en el tratamiento de los casos. Es tarea, fundamentalmente, del Fiscal de la Nación.
Walter Ríos no tenía problemas en sentarse a almorzar con abogados de procesados por narcotráfico. En abril del 2017, meses antes del inicio de las escuchas del caso “Rich Port” y “Cuellos Blancos”, sació su apetito en el restaurante Laredo, en Los Olivos, donde fue almorzar con los abogados Henry Tito Mere, Jéssica Espinoza y Yahaira Acuña Cárdenas. Los tres son conocidos por defender a diversos narcotraficantes peruanos y extranjeros, por ejemplo, formaban parte de la defensa de Renzo Espinoza Brissolesi, cabecilla de la banda de narcotraficantes “Los Reyes del Puerto Shejo”, que gobernaba a sangre y fuego en el Callao, como “Barrio King”.
Sobre esta reunión, el diario “La República” en su edición del 08 de junio del 2019, destacó: “el viernes 28 de abril del 2017 la Policía emitió un reporte donde dio cuenta de una reunión de Walter Ríos con tres abogados vinculados a procesados por narcotráfico y crimen organizado. La reunión se realizó ese día a las 12:50 horas, en el restaurant Laredo, en la cuadra 5 de la avenida Tomás Valle, Los Olivos.El primero en llegar fue el abogado Henry Luis Tito Mere. Este personaje es tío de Moisés Mere Ruiz, ya detenido, brazo legal de la organización dirigida por Gerson Gálvez ‘Caracol’y quien presuntamente se encargaba de realizar los pagos a policías, fiscales y jueces. Luego aparecen dos mujeres identificadas como ‘Jessica’ y ‘Pamela’, quienes preguntan por el cumpleaños y las llevan al segundo piso del restaurant, donde se encontraba Tito Mere”. La información oficial quedó plasmada en la nota de agente N° 2 del 28 de abril del 2017 en relación al “Caso Law Queen” y en la videovigilancia policial.
En el 2018 Ríos fue también vinculado al narcotráfico por un colaborador eficaz. El delator dijo que Ríos y el exjuezsupremo, César Hinostroza, favorecían a “Los Reyes del Puerto Shejo”.
“(..) había otro juez que se llamaba Walter Ríos, también igual daba libertad no más. Él, si no me equivoco, estaba en la primera sala, a él también la organización le pagaba”, dijo el colaborador ante las autoridades. El vínculo de Ríos con el narcotráfico no ha sido investigado, ni siquiera tocado, por los fiscales del caso Cuellos Blancos encargados de su colaboración.
Las escuchas telefónicas permitieron descubrir a la exfiscal Sánchez que la organización, liderada por “Caracol”, tenía un brazo legal que coordinaba con jueces y fiscales para beneficiar a los integrantes de la banda criminal. Sánchez abrió la caja de Pandora, pero el círculo aún no se cierra.
La inacción de la Fiscalía Suprema para investigar la relación de Walter Ríos con el narcotráfico
El 31 de diciembre del 2021 Walter Ríos Montalvo recibió una sentencia condenatoria de 12 años de pena privativa de libertad a raíz del acuerdo de colaboración eficaz que suscribió con el Ministerio Público en el que delató 45 casos de corrupción. Sin embargo, ninguno de los casos que forman su acuerdo de delación premiada relata un solo proceso de narcotráfico, grande o pequeño, en el que habría intervenido, directa o indirectamente, a cambio de dinero, favores sexuales o cualquier otro beneficio.
Se trata de un acuerdo de colaboración eficaz “chauchilla”: Ríos describe casos de corrupción minúsculos, pero se cuida de verse involucrado en pagos de sumas millonarias para evitar el delito lavado de activos y, sobre todo, no acepta haber participado y recibido una sola coima en un caso de narcotráfico en los 06 años que fue Juez Superior penal de la Corte del Callao, pese a que este delito es el problema endémico del puerto chalaco y el origen histórico de los casos fiscales de “Rich Port” y “Cuellos Blancos”.
La primera explicación es pensar que Walter Ríos nunca se involucró y menos quiso saber algo del narcotráfico. Era un corrupto “gourmet”, solo se dejaba corromper en determinados casos, pero nunca en tráfico de drogas. Sin embargo, la contundencia y la claridad de los audios que se publican muestran de modo irrefutable que ello no solo es falso, sino que Ríos le ha mentido al Ministerio Público que confió en él, le ha mentido al sistema de justicia y le ha mentido al país. Ha recibido beneficios, sin contar la verdad y ocultando los hechos graves de narcotráfico en los que ha participado y ha sido protagonista principal, junto a la abogada “Pamela” y su chofer Jhon Misha. Los audios de “caracol” solo son una prueba de ello.
Sin embargo, pese a que era probable, desde un inicio, que el inefable Walter Ríos le haya mentido a la justicia peruana, resulta indignante el papel desempeñado por los Fiscales Eliseo Fernández Alarcón y Fanny Quispe Farfán quiénes pese a estar a cargo de la colaboración eficaz de este personaje nunca hicieron una auditoría a los audios de la vergüenza, nunca escucharon todas las conversaciones siniestras, nunca pidieron un informe detallado a la Policía para saber si efectivamente habían cubierto todas las conversaciones de Ríos y prevenir que cualquier destape se encuentre contenido en su acuerdo de delación premiada. Está demás decir que no existe investigación abierta sobre este tema. Simplemente, estos fiscales nunca quisieron saber realmente la verdad.
Lo grave no es que todos los audios de la vergüenza no hayan sido escuchados luego de 04 años de conocidos, sino que se han pasado por alto, y todo parece indicar que no se ha querido escuchar, los audios más graves de Walter Ríos en los que de manera expresa habla, coordina y condiciona un hábeas corpus del mas grande capo del narcotráfico y del crimen organizado del Callao, el de Gerson Gálvez Caracol que buscó a esta red corrupta que capturó el sistema de justicia para lograr justamente traer abajo su caso que se levantaba en audios interceptados.
El hecho revelado no debe verse en forma aislada, sino como una impunidad selectiva y como una justicia delivery en la que personajes poderosos, como el empresario Samir Abudayeh y “Caracol”, relacionados con Walter Ríos nunca son investigados por la Fiscalía del caso Cuellos Blancos.
Mientras menos días pase el Atila chotano en Palacio tanto mejor para el país, para la democracia, para la economía, para la sociedad en su conjunto. El Congreso debe ser capaz de renunciar a sus propias prerrogativas (un mandato de cinco años). Por encima de ello debe anteponer los criterios principistas y morales que permitan salvar a la democracia peruana del abismo al que este gobierno la conduce sin remedio ni propósito de enmienda.
Alianza para el Progreso, la parte sana de Acción Popular -si aún queda en pie-, Somos Perú, Podemos, los morados, la derecha (Fuerza Popular, Renovación Popular y Avanza País), deben sumar esfuerzos y lograr ese cometido. Es un clamor nacional que ellos, como representantes del pueblo, deben saber escuchar. Castillo no va a renunciar y es imposible vacarlo. El recorte del mandato es la mejor salida política de la crisis horrorosa por la que pasa el país, con un gobierno mediocre y corrupto que destruye todo a su paso.
Se requiere reciedumbre en estos tiempos. Si no, vamos a perder el país. Castillo lo destruirá y lo dejará en bandeja para que el 2026 Antauro Humala sea el broche final del descalabro de la democracia peruana y de la parcial economía de mercado que, a pesar de sus deficiencias, ha logrado éxitos notables en las últimas décadas. Si eso ocurre, el país que hemos conocido, por un buen tiempo difícilmente lo volveremos a ver.
-La del estribo: con soberbias actuaciones de Alberto Isola, Ricardo Santistevan, Ricardo Velásquez y Américo Zúñiga, con la acertada dirección de Mateo Chiarella, se pone sobre las tablas la magnífica obra del autor catalán Pau Miró, Jugadores. Se da, felizmente, a sala llena en el entrañable Teatro Ricardo Blume. Entradas en Teleticket. Ha vuelto el buen teatro al país.
Se va a utilizar el poderoso parlante que posee naturalmente el poder ejecutivo, para trazar y desplegar una estrategia comunicacional que confronte al gobierno con los tres actores mencionados (prensa, Parlamento y empresarios) y nos la vamos a pasar el tiempo que le reste del mandato a Castillo en ese plan, haciendo daño a tres sectores cruciales de la vida nacional, solo con el propósito de salvar su propio pellejo. Es, en esencia, una inmoralidad política, maquiavélica, pero lamentablemente eficaz, y el régimen no mostrará ningún escrúpulo en abusar de ella.
Lo que Castillo pierde en aprobación, lo gana en poder. Y va a ser casi imposible sacarlo del gobierno. Lo único que podría lograrlo es un escándalo de corrupción que lo toque directamente o una movilización popular masiva (un Huancayazo a nivel nacional con el lema “que se vayan todos”). Esa es la lacerante realidad. No ha madurado aún el momento destituyente y la oposición política y empresarial no suman para lograr ese cometido.
Si la derecha lograse, con suerte, ganar una elección, y no es capaz de hacer eso y reedita lo que ha hecho en los últimos 30 años, va a fracasar estrepitosamente (la conflictividad social va a ser enorme y probablemente se lleve de encuentro al régimen instalado), y entonces le dejará, ya por un buen tiempo, la puerta abierta a opciones socialistas, estatistas, colectivistas, radicales, que habrán logrado su triunfo soñado por obra y gracia de una derecha poco ilustrada, ineficaz en la cimentación de ciudadanía.
No se ve en el horizonte que se esté siquiera pensando con sentido de urgencia en una opción de ese perfil. Están los mismos candidatos de siempre, las mismas canseras ideológicas, y, por ende, las mismas perspectivas gubernativas que ya hemos visto en los últimos lustros. Si al Perú lo conquista la izquierda, va a ser culpa directa y casi exclusiva, de un centro y una derecha políticamente incompetentes.
