Es realmente grotesco que el gobierno de Castillo pretenda vanagloriarse de las buenas cifras macroeconómicas, a propósito de la excelente calificación obtenida en el índice de riesgo país de Bloomberg, que nos coloca en primer lugar en la región, desplazando a Chile.

Por lo pronto, habría que señalar que ese índice no es precisamente referencial, no es considerado muy solvente como real indicador de la buena o mala marcha de una economía (que Argentina, que es un desastre económico y financiero, aparezca en cuarto lugar en la región, bastaría para desacreditar el mismo), pero, además, aquello por lo cual se ubica al Perú en primera ubicación no es, precisamente, por algo que haya hecho este gobierno, sino, al contrario, a pesar de él.

La ausencia de liderazgo presidencial y la carencia de políticas públicas eficientes y tecnocráticas en sectores claves de la economía y la producción, van a hacer que el país crezca apenas 2% este año, cuando el contexto internacional nos debiera permitir aspirar a tasas de 4 o 6%, inclusive, como sucedió en el segundo gobierno de García.

Castillo y su ineptitud le cuestan al país, por lo menos, ocho mil millones de dólares anuales. Eso es lo que la economía peruana deja de crecer por la política de mediocridad administrativa y el copamiento partidario de sectores claves del Estado, sin ninguna consideración por la meritocracia o algún respeto por la pátina tecnocrática que se ha ido forjando a lo largo de las décadas en muchos ministerios u oficinas públicas.

 

Hay que saludar que Castillo haya arriado las banderas radicales estatistas y que el afán de convocar una Asamblea Constituyente le sea imposible de llevar a cabo, y en esa medida, es bienvenido que se mantengan, gracias a la Constitución del 93, las líneas maestras del modelo -ello, por sí solo, ya asegura un crecimiento económico del país-, pero estamos muy lejos de ser un ejemplo de políticas proinversión o promercado. Muy por el contrario, se está destruyendo la calidad estatal y se está desperdiciando un momento de oro para disparar las tasas de crecimiento y acelerar la reducción de la pobreza y de las desigualdades sociales. Ello sí es atribuible al régimen de Castillo y no debiera ser, como es obvio, motivo de vanagloria.

La del estribo: estamos en medio del siempre recomendable festival internacional de teatro y danza Temporada Alta -en su séptima edición-, que anualmente convoca la Alianza Francesa. Esta semana estarán Livalone (España) el 21 y 22 de febrero, Pocahontas o la verdadera historia de una traviesa (España) el 23 y 24 de febrero, Nuestros cuerpos sin memoria (Perú/Francia) el 26, 27 y 28 de febrero. Hay, además talleres y clases maestras. Vea la programación en la página web de la propia AF y las entradas las adquiere en joinnus. ¡Buen teatro presencial!

 

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Pedro Castillo

 

Las aparentes muestras de cordialidad que se han brindado en las últimas horas los representantes del oficialismo y la oposición ojalá no transiten por una tregua política basada en el pacto de mantener el statu quo y preservar las gollerías mutuas.

Claramente, la mayor responsabilidad para evitar ello, anida en las filas de la oposición parlamentaria que tiene, frente a sí, la encomienda política primera de definir si le otorga o no el voto de confianza al gabinete Torres. Y, adicionalmente, la urgencia de fiscalizar la presencia de ministros altamente cuestionables que el régimen ha presentado en su parrilla ministerial.

De arranque, hay por lo menos seis que no deberían estar en el cargo que ocupan: el de Transportes (léase la reveladora carta de renuncia de la viceministra), Interior, Defensa, Energía y Minas, Cultura y especialmente el de Salud, sin contar otros que también tienen antecedentes críticos. ¿Con ese combo de inefables puede el Congreso pasar por agua tibia el envite y mirar de soslayo el tema?

Creemos que el Legislativo debe hacer con el gabinete Torres lo que debió hacer con el gabinete Bellido, negarle la confianza. Es una falta de respeto al país la presencia de personajes sin el menor valor administrativo o experiencia en la gestión pública, cuya presencia en el gabinete obedece a componendas políticas entre el presidente Castillo y Vladimir Cerrón, o con agrupaciones como Somos Perú y la facción provinciana de Acción Popular.

En términos generales, queda claro que va a ser muy difícil que la oposición consiga los 87 votos para vacar al presidente y no hay aún, además, las razones para justificar tamaño acto político. Puede recorrer también el camino de la acusación constitucional y dejar el camino expedito para que apenas se presente una inconducta presidencial proceder por esa vía. Es más sencillo, pero igualmente difícil de lograr.

En cualquier caso, antes de pensar en tales palabras mayores, puede y debe ejercer una actitud de vigilante fiscalización. Y ello pasa, en primer lugar, como hemos señalado, por negarle la confianza a un gabinete más impresentable aún que el de Guido Bellido. Y si por alguna sospechosa razón, o por un plato de lentejas, las bancadas del centro vuelven a darle los visos de continuidad al gabinete, es obligación de la auténtica oposición parlamentaria (y en este esfuerzo sí pueden contar con los votos), ir ministro por ministro, hasta despejar el horizonte gubernativo de sombras inaceptables.

 

 

 

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Congreso, Gabinete, Pedro Castillo

 

El presidente Castillo ha vuelto a insistir en la necesidad de reforzar el proceso de descentralización. Si acaso no ha sido la suya una frase hueca, como muchas a las que nos tiene acostumbrados, debería repensar el proceso y darle auténtico impulso. Es, en ese sentido, un activo político que debiera ser empleado, su llegada a los sectores provincianos del país.

No va a ser posible reconstruir el Estado peruano, modernizarlo y adecuarlo a las exigencias de los tiempos que corren si no se emprende una transformación radical del modelo de descentralización aplicado desde el año 2000, el mismo que explica, en gran medida, por qué la prosperidad macroeconómica no se siente, en su justa medida, en buena parte del territorio nacional.

Los gobiernos regionales y locales han fracasado y se han constituido en antros burocráticos, donde autoridades corruptas o ineficientes dilapidan los ingentes recursos que reciben, propiciando que la ciudadanía no tenga salud, educación, agua potable, infraestructura de calidad, acorde a los años de crecimiento económico que el Perú ha tenido en las últimas tres décadas.

La más reciente encuesta de Datum lo confirma con meridiana claridad. El 71% de la población considera que los gobiernos regionales “no han sido solución” y es en el sur, significativamente, donde la insatisfacción es más grande: el 77% estima negativamente a las autoridades regionales, y es allí, precisamente, donde anida la mayor parte del voto antiestablishment, antilimeño, que sostiene aventuras electorales disruptivas.

Particularmente preguntada la población sobre la no ejecución de obras, un 38% culpa a los gobiernos regionales, un 28% a las municipalidades, y un 22% al gobierno central. Es evidente la ponderación inclinada en contra de sus propias autoridades locales.

De nada servirá que se reforme el gobierno central, que se modernice la gestión pública, que el sector estatal reciba crecientes ingresos fiscales mediante el aumento de la recaudación tributaria, si los gobiernos regionales y locales siguen siendo un hueco en el balde, donde se drenan millonarios recursos.

La agenda del futuro debe incluir no solo la reforma del Estado, un shock de inversiones privadas o un fortalecimiento democrático (mediante reformas por completar) sino, particularmente, una revisión a fondo del fallido proceso de descentralización iniciado hace 22 años y que ha demostrado su carácter equívoco.

Habrá que abrir un amplio escenario de debate. Resalta la notable ausencia del tema en la clase política peruana, que miopemente no percibe que mucho de lo que se pueda hacer en lo que concierne a un buen gobierno, se irá por la borda si no se cambia una estructura regional mal construida.

Ha habido un importante flujo de inversiones privadas hacia las regiones en las últimas décadas. Ese fenómeno es maravilloso, y no ocurría desde los tiempos aurorales de la República, pero no está siendo acompañado por la edificación de un sector público moderno, eficiente y, sobre todo, carente de corrupción.

 

 

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Descentralización, Pedro Castillo

 

Lo que el presidente Castillo está perpetrando en el sector Salud es de horror. Demuestra una indolencia mayúscula y un desprecio por los cientos de miles de muertos por la pandemia.

Colocar en el cargo rector de la salud pública del país a un personaje como Hernán Condori, un creyente en pócimas y sin ninguna experiencia en gestión pública, tan solo para satisfacer las exigencias de Vladimir Cerrón, es una afrenta al país que el Congreso haría bien en remediar sin esperar al voto de confianza al gabinete en pleno.

 

 

Este ministro, entre otras pillerías, ha nombrado como asesor principal a otro personaje inverosímil, como el médico veterinario William Córdova, quien acumula una veintena de denuncias judiciales, entre ellas una por violación sexual, y está donde está por las mismas razones que le permitieron a él la “suerte” de ser nombrado titular del pliego: su cercanía al ex gobernador de Junín.

Como perla adicional, con total desparpajo, el ministro se luce en cuanto evento participa y en las visitas hospitalarias que efectúa, con el médico César Montoya Cárdenas, quien tiene en su haber una infinidad de sanciones disciplinarias por sus inconductas en el hospital Arzobispo Loayza, además de revelar una sinuosa carrera política, desde las filas de PPK hasta las de Antauro (por quien fue candidato al Congreso). Véase informe publicado en Sudaca https://bit.ly/3GTqU53

 

La salud pública, más aún en tiempos de pandemia, debería ser la prioridad número uno de los gobiernos del mundo. En el Perú, en particular, adquiere una coloratura sociopolítica porque sus carencias la convierten en una fábrica de descontento cívico, dada su ineficacia brutal y su inexistencia en buena parte del territorio nacional.

Entender una adecuada gobernabilidad en un país como el nuestro es impensable sin la edificación de una salud pública presente, eficiente, digna. Ello justamente se le achaca a los últimos gobiernos de derecha, que se preocuparon en demasía del bienestar macroeconómico y no fueron capaces de invertir lo necesario en este rubro, que la pandemia desnudó en su pavorosa orfandad.

Un gobierno de izquierda, como el de Castillo, se pensaba que le daría especial atención al tema, convirtiéndolo en el eje de su programa de gobierno. Por lo que se ve, es una farsa más, de las tantas que el régimen perpetra a diario. Le importa un comino la salud pública y, por ende, el bienestar de los pobres. Es una fullería dolorosa porque afecta a millones de peruanos, pero para Castillo es más importante el botín presupuestal que ha decidido entregar a las fauces de su socio político, Vladimir Cerrón.

 

 

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Hernán Condori, Minsa, Pedro Castillo

 

Lo que está haciendo el premier Aníbal Torres confrontando con el Congreso es un viejo truco político de los gobiernos que quieren remontar sus tasas de popularidad. Lo hizo Vizcarra con gran éxito y mucho antes que él Alberto Fujimori, pero eso no lo convierte en axioma político ineludible.

Para que surta efecto, depende de que la ciudadanía perciba, primero, que en el Ejecutivo se hacen cosas y se despliegan políticas públicas, es decir, se gobierna. Así lo percibía con Fujimori y con Vizcarra (aunque con este último haya sido un espejismo lamentable), y no es ese el caso del gobierno de Castillo.

Por el contrario, el desplome en las encuestas refleja la profunda animadversión que han reafirmado quienes no votaron por él, corroborando en los hechos que no se equivocaron un ápice al no darle su respaldo electoral, a quienes se suman los millones de decepcionados que sí le dieron su voto, pero a quienes resulta cada vez más intolerable el pueril despliegue político de un gobierno mediocre y con atisbos de corrupción.

No va a ser con golpes efectistas que el Ejecutivo va a remontar en las encuestas. No le servirá zarandear al Parlamento (además, maliciosamente, sobredimensionando un supuesto afán sedicioso), como tampoco sacar a las Fuerzas Armadas a patrullar las calles, como no le sirvió antes dar muestras de xenofobia al intentar deportar venezolanos en un show del que fue partícipe el injustamente elogiado por su salida indecorosa del Ejecutivo, Avelino Guillén.

Son ardides ya manidos, que exigen un manejo psicosocial fino, coordinado, y con el respaldo de cierta consistencia gubernativa para que produzcan los resultados deseados.

La naturaleza deleznable del régimen castillista hará que esos “trucos”, lejos de engañar a la platea, la enardezcan aún más. Castillo y su particular premier, Aníbal Torres, están jugando con armas que no saben manejar con la mínima solvencia y solo producirán un daño mayor del que ya cargan a cuestas.

Por supuesto, haría bien el Congreso en no atemorizarse por la matonería política del premier Torres y actuar con firmeza frente al sainete. Primero, respondiendo políticamente a las falsas imputaciones. Segundo, persistiendo en las coordinaciones para tratar de encontrar la mejor fórmula de acortar el mandato de un régimen insostenible. Tercero, estableciendo mecanismos de contención de los despropósitos del Ejecutivo, ejerciendo el mayor control político posible. Eso no es golpismo, es defensa de la democracia y sus instituciones.

 

 

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anibal torres, Pedro Castillo

 

Como era previsible, Pedro Castillo sigue cayendo en sus niveles de aprobación. Según la última encuesta de Ipsos, sufre un severo desplome entre enero y febrero: pasa de 33% de aprobación a 25%, y su desaprobación crece de 60 a 69%.

Otro dato relevante es que, por primera vez, en el sector rural y el sector E pasa a tener una desaprobación mayor que aprobación. En enero, en el sector rural, Castillo tenía 52% de aprobación versus 36% de desaprobación; ahora en febrero, su aprobación es de 47% y su desaprobación es de 49%. Lo mismo ocurre cuando nos referimos al sector E, donde tenía, en enero, 48% de aprobación versus 42% de desaprobación; ahora tiene solo 41% de aprobación respecto de un significativo 54% de desaprobación.

Respecto de la vacancia, entre quienes está definitivamente de acuerdo, o lo pensarían y podrían estar de acuerdo, en diciembre sumaban 46% de la población. Hoy llegan a 53%. Un 56% también estima que el presidente debería renunciar frente a un 42% que cree que debería gobernar hasta el 2026.

La encuesta ha sido hecha entre el 10 y el 11 de febrero, con lo cual mide el cambio del gabinete Valer y su reemplazo por el de Aníbal Torres. Al parecer, el descalabro político del primero, que le hizo durar apenas días, ha tenido tal impacto en la opinión pública que el flamante gabinete Torres, peor aún con los estropicios del ministro de Salud, del Interior, de Transporte, de Energía y Minas, etc., no ha logrado revertir la tendencia, sino, por el contrario, ahondarla.

Ya jugó casi todas sus opciones de baraja, Castillo. Claramente, no está entre sus planes abrir la cancha hacia sectores de centro, lo cual a estas alturas ya, inclusive, resulta irrelevante solicitar o exigir: bastaría que nombre un gabinete de personas decentes, con solvencia técnica y valores meritocráticos. No parece estar, sin embargo, bajo su radar la conformación de un gabinete de ese perfil. No da la correa para tanto.

 

La profunda mediocridad tecnocrática de los cuadros del cerronismo, de los cuales Castillo depende, en tanto no sea capaz de mirar al centro, lo está llevando al colapso político, como corroboran las encuestas.

Si Castillo sigue cayendo a pasos acelerados en las mismas, llegará a madurar la presión opositora por sacarlo del poder. Y sus probabilidades de éxito serán cada vez mayores. Un presidente con 10% de aprobación -niveles a los que Castillo prontamente llegará- hará muy rentable políticamente que las fuerzas que hoy lo respaldan (Juntos por el Perú, Nuevo Perú, Somos Perú y eventualmente Perú Democrático), empiecen a mirar otros horizontes, disidentes del oficialismo. Lo mismo respecto de grupos activistas o frentes sociales, cada vez más inconformes con la parálisis gubernativa.

No pinta bien el futuro del régimen. Ya ejecutivamente hablando, no hay posibilidad de albergar alguna esperanza. La mediocridad va a ser el signo permanente de este gobierno. Lo que podría añadirse a esa medianía estructural es un desastre político y social, que despertaría tales vientos que se podrían llevar de encuentro a Castillo de Palacio de Gobierno.

 

 

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Pedro Castillo

 

Keiko Fujimori prometió en campaña, en el afán de subrayar distancia respecto de su entonces contendor, Pedro Castillo, que el fujimorismo respaldaría el trabajo de la Sunedu y avalaría la reforma universitaria emprendida con éxito desde hace varios años. Hace poco, su bancada votó en contra de dicha reforma, aupada a los intereses mercantilistas de las universidades no licenciadas, y de la mano con sus colegas del radical Perú Libre.

En los hechos, el fujimorismo se ha convertido en un pantano mercantilista, muy lejos de ser una amalgama presta a convertirse en el gran partido de la derecha peruana, mucho menos en una plataforma liberal en materia económica y política.

Los intereses crematísticos de su lideresa y sus allegados más cercanos, parecen pesar más que cualquier ideología o programa de gobierno. Así, vemos al fujimorismo congresal avalando universidades truchas, invasores de terrenos, mineros ilegales, mafias del transporte, etc., sin ningún rubor principista.

El problema principal de Fuerza Popular parece ser Keiko Fujimori. De ella son las lealtades subalternas que obliga a sus parlamentarios a acatar, además de ser una muy mala candidata, que solo parece insistir en postular en todas las elecciones posibles por un afán de capitalización patrimonial, antes que por una búsqueda del poder para transformar las estructuras del Perú.

Bajo esa perspectiva, haría bien el fujimorismo en decidir su propia extinción. Por lo pronto, renunciando a cualquier aspiración presidencial -acatando el sensato llamado de López Aliaga- y contribuyendo tan solo con sus bases populares -que aún mantiene- en favor de una candidatura derechista orgánica y con la alforja limpia de compromisos bajo la mesa.

El fujimorismo pudo haber recogido la herencia reformista de los 90: por supuesto, no le bastaba con desechar sus devaneos autoritarios y antidemocráticos, sino que debía reconstruirse desde orillas centroliberales y erigirse así en una ficha permanente del ajedrez político peruano. Ha decidido, sin embargo, convertirse en una coalición o sumatoria de intereses mercantilistas, dispuesta a tirarse abajo las pocas reformas que se han desarrollado en el Perú en las últimas décadas.

Con un liderazgo gris y perjudicial como el de Keiko Fujimori, el fujimorismo no tiene futuro. Era mejor opción, a pesar de ello, que el desastre de gobierno que hoy tenemos, pero tres ocasiones perdidas por los mismos errores y sin curva de aprendizaje de por medio, nos muestran con claridad que el problema político es de fondo, estructural, casi congénito, y, por ende, irremediable.

 

 

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Fujimorismo, Keiko Fujimori

 

La historia no es un cementerio. Está viva y admite revisitarla permanentemente para aprender de ella o para encontrarle sentidos nuevos que nos ayuden a comprender mejor los fundamentos de nuestro presente. En ese sentido, resulta de imprescindible lectura el capítulo “El techo de la modernidad: los subalternos se movilizan (1908-1919)”, de la colección Nueva Historia del Perú Republicano que acaba de publicar la Derrama Magisterial.

La colección mencionada está llena de inquietudes académicas provocadoras, que plantean una relectura de nuestra historia republicana, en base a la reflexión de diversos autores y bajo la dirección de Manuel Burga, Carlos Contreras, María Emma Mannarelli y Claudia Rosas. Es, dada la coyuntura, de atención obligada para entender ésta.

 

 

El capítulo en mención (bajo la autoría de Mannarelli y Margarita Zegarra), suscita una reflexión sobre el presente e inmediato porvenir. Nos trae a colación cómo “la modernidad civilista llegó a su límite ante el desinterés de la oligarquía por dar solución a la explotación de obreros e indígenas. Los sectores subalternos urbanos experimentaban angustiantes alzas de precios; su pobreza y la tugurización en que vivían les acarreaban graves enfermedades y los convertían en víctimas de mortales epidemias, de las que, a menudo, eran culpabilizados. El civilismo sufrió un duro revés cuando el movimiento obrero irrumpió en las elecciones y llevó al poder a un populista (…). Ese fue el techo de su proyecto modernizador”.

En efecto, el Perú parece haber repetido su historia. La primavera democrática del civilismo llegó a su fin por incompletud del proyecto modernizador que una economía relativamente liberal desplegó (en verdad, como en las últimas tres décadas, el Perú de entonces fue beneficiario de un modelo proempresarial, sin libre mercado pleno). El triunfo electoral de Billinghurst le puso fecha de cierre.

 

 

La transición post Fujimori, del mismo modo, se apoyó en un modelo económico abierto edificado en la década precedente, pero no supo hacerlo inclusivo, ya no con los obreros -como en los inicios del siglo pasado-, sino con las provincias, con los informales, con los marginados, que en esta última elección mandaron al traste el modelo vigente desde los 90 y apostaron por un candidato disruptivo que prometía el retorno al Estado y al populismo.

Cabe felicitar a la Derrama Magisterial por este importante esfuerzo editorial, que nos ayuda a volver la vista atrás y entender que aquello que somos se debe, en gran medida, a las líneas de continuidad históricas sobre las que hemos discurrido. De modo especial, es digno de relieve que esta colección esté dirigida especialmente al magisterio nacional -tan necesitado de actualización académica- y cabe esperar que continúen iniciativas similares.

 

 

-La del estribo: muy maduro el libro Animales luminosos, del escritor Jeremías Gamboa. Confirma su crecimiento literario, difícil de afianzar si se tiene en cuenta que sucede al éxito que supuso la publicación de la novela Contarlo todo, impresa ya hace buen tiempo, el 2013. Esperamos mayor frecuencia. Buen viento para una pluma ya consolidada.

 

 

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derrama magisterial, Historia

 

Es una pregunta con una opción de respuesta terrible, porque el país se desangraría en el reino de la mediocridad más pueril que se haya visto en los últimos gobiernos democráticos.

Pero cabe como posibilidad cierta. Castillo solo tendría que asegurar su pacto con Perú Libre, apostar a que Juntos por el Perú, a pesar de sus intentos de marcar distancia, no se sume al carromato vacador, que Perú Democrático siga en el oficialismo, que la facción provinciana de Acción Popular le continúe prestando apoyo, y que la presencia de un ministro de Somos Perú, asegure su cuota parlamentaria, para salir bien librado no solo de cualquier intento de vacancia sino también de la valla de las cuestiones de confianza.

Claramente, ese es el motivo de la conformación del gabinete Torres y seguramente de los que vendrán. Ya el régimen no tiene oxígeno para grandes reformas, mucho menos para impulsar una Asamblea Constituyente. Lo único a lo que aspira es a sobrevivir y con una o dos jugadas políticas, lo podría lograr.

El gran pagador de la manutención del statu quo, será, sin embargo, el país, ya que desperdiciaremos el boom de precios de los minerales (podríamos crecer por encima del 4% anual sin problemas), no se hará ninguna reforma importante, ni siquiera en Salud y Educación (los dos temas que hubieran parecido esenciales a un régimen de izquierda), seguirá en caída libre la inversión privada, y viviremos todo el tiempo que dure el gobierno en medio de escándalos políticos, con la consecuente inestabilidad que ello generaría.

Será el reino de la mediocridad más absoluta y de la parálisis del Estado en un grado mayúsculo. Se destruirá la tecnocracia y burocracia que habían alcanzado algunas dosis de excelencia, el Estado funcionará peor que nunca y poco a poco se irá deteriorando la efectividad del gobierno central para establecer políticas públicas (por ejemplo, en el tema de la seguridad ciudadana, no cabe duda alguna de que, al cabo del mandato de Castillo, la misma estará absolutamente fuera de control).

Ese es el panorama que se abre en el horizonte, si Castillo se mantiene en el poder. Lo que sobrevendrá ya no será el advenimiento del comunismo -como un sector afiebrado de la derecha insiste en advertir-, sino la consolidación de un Estado fallido, en espiral de deterioro, presa fácil de los grupos de interés y de los grupos delincuenciales que azotan nuestra sociedad.

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Pedro Castillo, Vacancia
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