Por más desverguenza del expresidente Vizcarra o graves errores cometidos por las fiscales Rocío Sánchez y Sandra Castro que haya habido respecto de la bendita reunión sostenida para presuntamente coordinar apoyo logístico, en esencia el caso Cuellos Blancos sigue plenamente en pie, con abundante data probatoria e indicios más que suficientes para sancionar penalmente a muchos magistrados, políticos y empresarios.

Lo mismo sucede con el caso Lava Jato y Club de la Construcción. Por más eventuales errores procesales que se puedan haber cometido (prisiones preventivas exageradas, demoras en las acusaciones, etc.), no cabe duda de que estamos, en conjunto, frente a un conglomerado de corrupción nunca antes visto en la historia del país. Equipara, por la cantidad de personas involucradas y dinero sucio en juego, al propio proceso seguido contra la mafia fujimontesinista en la década del 2000.

En esa línea, resulta francamente risible ver al inefable exfiscal de la Nación Pedro Chávarry pasearse orondo, queriendo transmitir que con la información dada a conocer él resulta moralmente exculpado. Por más ayuda que reciba de sus “hermanitos” mediáticos, su caso es uno ejemplarmente sancionado por la Junta Nacional de Justicia.

Más allá de PPK, de Vizcarra, de Merino o de Sagasti, hay un proceso fiscal y judicial en marcha desde hace años que desde diferentes ángulos supone, casi inéditamente en nuestra historia republicana, una limpieza moral de corruptos por doquier. Que se cometan errores o más que desprolijidades en el camino, no puede abonar en favor de quienes quieren tumbarse todo el proceso, regresar el statu quo precedente y volver a fojas cero la ola putrefacta que se ha descubierto.

Más bien, hay que saludar que a pesar de la inmensa crisis que vive el país, que incluye aspectos económicos, sanitarios, políticos, sociales y morales, por lo menos haya un grupo de fiscales y jueces que está haciendo correctamente su labor en favor de asentar el principio de que el delito paga y que la impunidad nunca más debe reinar.

Entre las pocas cosas que hay que celebrar en estas cercanías del bicentenario está justamente la labor de extirpación corrupta que se ha logrado y que aún falta concluir en el Perú. Que no nos confunda la alharaca del lado oscuro.

El próximo Congreso va a ser determinante. Ningún partido alcanzará mayoría y necesitará de hacer pactos para lograr una relativa gobernabilidad que rompa con esta vorágine política extrapolada del convulso siglo XIX a la actualidad por obra y gracia original de un Presidente como Kuczynski, absolutamente frívolo respecto de sus responsabilidades, y un Congreso fujimorista guiado por el odio y el afán de obstrucción, que fueron incapaces de firmar un acuerdo de gobernabilidad centroderechista que hubiera cambiado el país para bien.

En estos momentos, más que la Presidencia parece más importante el voto por el Congreso. Necesitamos un mejor Legislativo que ayude al país a remontar la pavorosa crisis social, económica, sanitaria, política y moral que hoy lo asola. Un Congreso responsable, no populista, reformista, dinámico, fiscalizador. A continuación una lista personalísima de candidatos por Lima que, a mi parecer, ojalá estén presentes en el Congreso. Es una lista, por supuesto, arbitraria y se basa en el conocimiento directo e indirecto de los mencionados (pido disculpas anticipadas porque hay listas de partidos como las de Acción Popular o el Frente Amplio en las que, ignorancia mía, no conozco a nadie, y por eso no aparecen en el listado).

Victoria Nacional: Jorge Nieto, Patricia Arévalo, Jorge Chávez, Joaquín Rey, Jean Ferrari, Gonzalo Alegría; Fuerza Popular: Hernando Guerra García, Patricia Juárez, Ernesto Bustamante, Fernando Rospigliosi,  Amador Merino Reyna; Juntos por el Perú: Arturo Ayala, Sergio Tejada, Sigrid Bazán, Marité Bustamante, Carlos Glave, Roberto Rodríguez Rabanal, Lucía Alvites; Podemos Perú: Carlos Anderson.

Avanza País: José Williams, Adriana Tudela, María Teresa Dulanto, Diego Uceda, Alejandro Cavero; Partido Morado: Susel Paredes, Rodolfo Pérez, Flor Pablo, Edward Málaga, Carlos Magno Salcedo, Ursula Moscoso, Patricia Gamarra; Alianza para el Progreso: Gladys Echaíz, Roberto Chiabra, Daniel Abugattás, Germán Leguía; Renovación Popular: Jorge Montoya; Perú Patria Segura: Elizabeth Zea; Partido Nacionalista: Wilfredo Pedraza, Alberto Otárola; PPC: Pablo Secada.

A partir del 2021 se va a necesitar firmar pactos de gobierno, que incluyan participación de diversas agrupaciones en determinados sectores del gobierno. Similares al pacto AP-PPC del 80 al 85, donde las carteras de Industria y Justicia eran del partido socialcristiano, o al de Perú Posible con el FIM donde la cartera de Justicia era para la agrupación de Fernando Olivera. Para ello se va a requerir de congresistas capaces de consensuar o de disentir, pero con solvencia profesional y tolerancia democrática

En el Perú ocurren 70 millones de actos médicos (atenciones, cirugías, consultas, etc.) al año, de los cuales 50 millones son públicos, es decir que transitan por alguna entidad estatal. Eso supone casi 140 mil actos médicos diarios.

Considerando una natural repitencia, es factible estimar que cerca de 20 millones de ciudadanos peruanos acude todos los años, en diversas instancias, a atenderse a alguna entidad del sistema público de salud.

Más allá de la actual situación crítica de la pandemia, ya antes de ello era moralmente inadmisible el sistema de atención, el maltrato individual y la indigna cobertura que recibían estos conciudadanos por parte del Estado.

Estoy convencido de que gran parte del malestar e irritación con el sistema existente en el país proviene del pésimo sistema de salud pública nacional. El acto médico supone un grado de indefensión del paciente y en esas circunstancias recibir el inhumano tratamiento que se prodiga del ente estatal es una cachetada a la integración simbólica con el sistema.

Por eso no deja de sorprender la miserable indolencia con la que todos los gobiernos últimos, sin excepción, han tratado al sector Salud. Es la Cenicienta presupuestal y se ha permitido que sea capturado por mafias sindicales y médicas que medran del miserable presupuesto que los gobiernos le asignan.

Más escandaloso aún es que no se escuche de parte de los principales candidatos una propuesta cabal sobre cómo reformar el sector, una reforma que se requiere a gritos. Con suerte algo se ha hecho en materia educativa, también, con remiendos, en materia electoral y judicial, pero en un sector que es vital no solo por sus consecuencias vitales sino esencial a la existencia de un Estado inclusivo y democrático, casi no hay líneas ni propuestas.

La salud pública, gratuita y universal, es una condición mínima necesaria para que el proyecto de construir una república en el Perú cuaje. El día que a un pobre lo atiendan con la misma diligencia que a un asegurado privado en una clínica particular, este país tendrá algo de viabilidad social y ciudadana.

Es una exigencia que la prensa y la ciudadanía le debe plantear a los candidatos. Superada la pandemia no podemos seguir coexistiendo con esa maquinaria de exclusión ciudadana que es el sistema de salud pública en el Perú.

Luego de superar la pandemia, cuando se haya completado un mínimo plan de vacunación que la aminore, recién se podrá ver una luz al final del túnel de la recesión económica que las rígidas cuarentenas han producido (sigo pensando que han sido excesivas: no hay ningún vector que correlacione cuarentenas más estrictas con disminución de los contagios y muertes).

Cuando ese momento llegue, lo que el Perú va a necesitar no es de bonos, asistencia estatal o créditos subsidiados. Lo que se va a requerir a gritos es un shock de inversiones privadas, solo posible si desde el gobierno se destraban los nudos mercantilistas que afectan la libre competencia, se desregula el mercado laboral, se achica el Estado a lo mínimo indispensable y se sacan adelante megaproyectos diversos (entre ellos los mineros).

Un gobierno pichicatero de la inversión fue el de Alan García y a pesar de no ser uno promercado, disparó la inversión privada y eso generó la mayor reducción de pobreza de nuestra historia. Y si bien es cierto que contribuyó a ello el alto precio de los minerales, ese fenómeno está volviendo a ocurrir y debemos aprovecharlo.

Solo con un shock capitalista será posible construir un Estado capaz de brindar salud pública decente, educación pública competitiva, grados de seguridad ciudadana mínimos y un sistema de justicia confiable. Porque para ello se necesita recursos sinfín. Lo que el Perú necesita es un Estado chico con un presupuesto grande para poder incrementar las inversiones públicas donde es urgente y necesario.

La crisis pandémica no conduce al fin del “modelo neoliberal”, como gusta de llamarlo nuestra izquierda. Lo que hemos vivido estos últimos treinta años es un capitalismo mercantilista que aún a pesar de no haber sido liberal ha generado niveles de reducción de la pobreza y de la desigualdad inéditos en nuestra historia. Si hubiésemos tenido una economía liberal competitiva, ese crecimiento hubiera sido superlativamente mayor.

La única manera de que el Perú recupere su peso histórico en la región (como el que tuvo en la época prehispánica o en la colonia) es volviéndose una pequeña potencia capitalista, con altos grados de libertad económica y un Estado capaz de asegurar una mínima equidad social entre sus ciudadanos, haciendo a todos partícipes del desarrollo.

Si Hernando de Soto no se libera del empaquetado marketero que alguien le debe haber impuesto, va a quedar no solo congelado en la baja intención de voto que actualmente muestra sino que va a ser prontamente superado por alguien como Rafael López Aliaga, quien viene en alza, con un estilo desenfadado.

De Soto tiene los suficientes pergaminos académicos y políticos como para ser la estrella intelectual en el firmamento electoral que hoy nos toca en suerte. Es, además, y por ello se le reconoce mundialmente, una mente innovadora, capaz de ver una solución en medio de la oscuridad.

Cuando presentó a sus primeros colaboradores insinuaba una candidatura disruptiva de derecha, desde una perspectiva liberal y social potente. Pero algo ha pasado en el camino que su estrella se ha ido apagando.

Como comentábamos en nuestra columna de ayer, el asco ciudadano por el escándalo vacunagate va a tener secuelas electorales. La gente va a ir a votar de muy malhumor, por más que el gobierno acelere la llegada de las vacunas o el Congreso no siga cometiendo trastadas populistas o desastres políticos (como querer bajarse la Mesa Directiva).

En tales circunstancias, las posturas de centro o moderadas saldrán sobrando. La ciudadanía va a buscar posturas fuertes, claras, definidas, rupturistas, capaces de convocar la sensación de que se va a cambiar el statu quo.

Por ello, hace mal De Soto mediatizándose, tanto en su mensaje ideológico como en su estrategia de campaña. El autor de El misterio del capital y coautor de El otro sendero, es liberal, de derecha liberal. Se ve como una impostura que trate de morigerar sus planteamientos en el vano afán de conquistar un centro cada vez más diluido.

Estas elecciones se van a polarizar y se van a mover mucho respecto de la actual lista de intenciones electorales. Solo un 18% ha definido ya su voto, según Datum. Los indecisos, tan irritados como toda la ciudadanía por el espectáculo oprobioso que estamos viviendo con las vacunas VIP, buscará a quien mejor exprese su malestar. Y eso pasa por alguien que le prometa cambiar las cosas, no quien sea percibido como más de lo mismo. De Soto está a tiempo de despercudirse.

Si ya resultaban imprevisibles las elecciones de este año, dada la cercanía estadística que muestran muchos candidatos (la última encuesta de Datum corrobora las de CPI, Ipsos e IEP, respecto de la caída de Forsyth y la subida de Lescano, además del aproximamiento de Keiko Fujimori, Verónika Mendoza y Daniel Urresti), el escándalo moral y político provocado por el vacunagate seguramente va a modificar el tablero dispuesto hasta hoy.

El grado de asco ciudadano es de tal magnitud que puede trastocar el escenario, dando pie a la aparición de nuevos protagonistas electorales. De por sí, hay un inmenso bolsón ciudadano que no sabe aún por quién votar. Según la referida medición de Datum, solo un 18% ha decidido ya su voto. El margen para algún aluvión electoral de última hora es bastante alto y estamos aún a dos meses de la elección, lo que en el Perú es larguísimo plazo.

Lo terrible es que una circunstancia psicosocial de descalabro moral conduce casi por un tubo a fórmulas radicales, sea de izquierda o de derecha (López Aliaga sube de 1 a 3% en el último mes: ¡ojo!), lo que en términos políticos supondría para el Perú el peor de los escenarios en las circunstancias actuales. Se incendiaría un país ya de por sí convulsionado.

Gran responsabilidad en evitar que algo semejante ocurra la tiene el Ejecutivo, que deberá librar todas las batallas para que el escándalo de las vacunas derive en acciones punitivas rápidas y sanciones a todos los implicados. Deben activarse todos los resortes institucionales que permitan conocer, por ejemplo, la integridad de las listas del oprobio (en la que hay muy pocas excepciones que pueden salir bien librados) y diluir la sensación ciudadana de que se está protegiendo a poderosos.

Igual grado de responsabilidad tiene la clase política formal, por llamarla de alguna manera. Julio Guzmán no es ya rival electoral. Está de caída, al parecer de modo irreversible. Mal hace la claque congresal en atizar flamígeramente el verbo en contra del gobierno, creyendo cosechar indirectamente al afectar a un presunto competidor, cuando lo que está haciendo con ello es allanar el camino para que aparezcan radicales en la carrera electoral.

En principio, no se ven con optimismo los cinco años venideros. Nos asomamos a una crisis económica prolongada, de difícil y lenta recuperación, a lo que se suma una crisis política que generará un Congreso hiperfragmentado y casi ingobernable. Si a ello le agregamos opciones excéntricas y disruptivas, el panorama ya no solo sería sombrío sino que podría ser apocalíptico.

Respecto del escándalo de las vacunas vip, llama la atención la poca diligencia de la Fiscalía. En un comunicado firmado por Zoraida Ávalos, señala que ha solicitado a la universidad Cayetano Heredia y al Instituto Nacional de Salud que remitan informes sobre lo actuado. Dada la magnitud del oprobio, la Fiscalía de la Nación debió allanar e inmovilizar los documentos. Las diligencias iniciales son urgentes y deben asegurar los elementos probatorios, que pueden ser alterados.

A estas alturas del partido, es dable sospechar que pueden estar ocultándose pruebas y documentos comprometedores, que pondrían en mayor evidencia el desaguisado cometido. Y, por cierto, se espera que los 487 de la lista del oprobio sean todos citados con urgencia a declarar para entender el trasiego que explica su privilegio.

Las respuestas del doctor Germán Málaga, director de ensayos clínicos de la universidad Cayetano Heredia, ante el Congreso no han sido satisfactorias. Por lo pronto, si la universidad mencionada quiere dejar incólume su bien ganado prestigio debería proceder a despedirlo en el acto (ojo que también están a su cargo las pruebas de la vacuna alemana Curevac que ya se están testeando en el país) y las autoridades vacunadas renunciar. Las faltas deontológicas son terribles y habrá que determinar si no comportan también ilícitos penales, ya que, de alguna manera, se trata de uso de recursos públicos (la investigación está avalada por el Estado peruano).

Queda mucho por investigar. Por ejemplo, sobre las 600 dosis completas que fueron a parar a la embajada china, que haría bien en revelar sus destinatarios, y las cerca de 500 también completas que aún obran en poder de la Cayetano, sobre las que resulta difícil pensar que están guardadas en algún depósito, a las que se suman las de la universidad San Marcos, por más que ésta haya declarado que se utilizaron exclusivamente para personal investigatorio (sería bueno que también haga pública su lista).

El escándalo moral es terrible y horada la credibilidad ciudadana frente a instituciones y personas. El daño que se le ha hecho a la lucha contra la pandemia es terrible y los responsables de ello deben pagar por sus inconductas.