No puede pasar un día más Alejandro Soto, de las filas de Alianza para el Progreso, como presidente del Congreso. Sus inconductas y delitos son de tal envergadura que desacreditan ya no solo a su persona y sus potencialidades para ocupar tan alta magistratura sino que ensucian al propio poder del Estado que preside.

Parte esencial de la tarea de sostenibilidad del statu quo vigente (de “estabilidad mediocre” que nos rige), pasa porque los poderes del Estado no sigan la espiral de deterioro en la que se han embarcado en los últimos meses, particularmente el Congreso de la República, cuyo pacto tácito con el Ejecutivo (así lo percibe al menos la población), termina por salpicar al gobierno central y embarcarlo en el descrédito general.

Los principales partidos del Congreso (empezando por el fujimorismo) tienen que entender que a los únicos que conviene este deterioro institucional es a las fuerzas radicales disruptivas que asoman en el horizonte electoral para el 2026. Son los Milei de izquierda los que van a cosechar de la crisis institucional que asola al Ejecutivo y al Congreso, ese “pacto derechista” que la narrativa de izquierda ya ha logrado imponer en vastos sectores de la población.

El sur andino del país representa casi el 20% del electorado nacional. Bastará que vote en primera vuelta como lo hizo en la segunda vuelta del 2021 (con más del 80% a favor de Pedro Castillo) para que un candidato de izquierda asegure su pase a la jornada definitoria y eventualmente, si sumamos el voto del resto del país -también irritado con el establishment- pueda darse el caso de una final de dos candidatos de izquierda.

Para que ello no ocurra, aparte de una labor política intensa de las fuerzas de centroderecha en el sur andino, hace falta que los poderes del Estado no se sigan deteriorando ni desacreditando al ritmo vertiginoso en el que lo vienen haciendo, a punta de denuncias de mochasueldos, viajes suntuarios, denuncias penales (como las del presidente Soto), y encubrimientos punibles (como el que benefició a los Niños de Acción Popular).

Hay antecedentes de repunte en las encuestas del poder Legislativo. Daniel Salaverry, cuando ocupó la presidencia del Congreso, el gobierno anterior, duplicó en semanas la aprobación de ese poder del Estado, con un liderazgo que rompió las ataduras con Fuerza Popular.

Eso es lo que se necesita: un presidente del Congreso que ejerza un liderazgo político claro y potente ante el país. Eso no lo va a poder hacer un parlamentario acosado por mentiras y trastadas del pasado, además de denuncias vigentes que se han actualizado.

 

Tags:

Alejandro Soto, Congreso, Javier Milei, mochasueldos, statu quo

Cuando se habla de la corrupción cometida en los ascensos policiales y militares, se ve un solo lado del problema, el de los agentes corruptores que vendían los puestos de ascenso y que, claramente, merecerán la severa sanción penal que corresponde a su delito.

Pero de lo que no se habla es de por qué un policía o un militar estaría dispuesto a pagar veinte o treinta mil dólares por ser ascendido, si el aumento remunerativo que dicho ascenso implica no alcanza, ni en todos los años de servicio premiados, para “recuperar” la inversión.

Claramente sucede esto porque hay una inmensa corrupción en nuestros institutos armados. Un ascenso implica acceder a fuente de sobornos y coimas gigantescas que justifican el pago efectuado para ascender.

Todos los días o muy a menudo aparecen informaciones que muestran cómo elementos de la policía y de las fuerzas armadas están involucrados en arreglos con el narcotráfico. Si a ello le sumamos las operaciones de las otras mafias ilegales (minería delictiva, contrabando, trata de personas, maderas preciosas que se explotan ilegalmente, etc.), sumadas a la corrupción endógena que lamentablemente se ha enseñoreado en todo el sector público, en cuanto a la adquisición y licitación de compras de equipos e insumos, entenderemos la madre del cordero.

No se equivoca la opinión pública cuando, de acuerdo a una encuesta de Ipsos, identifica a la corrupción como el segundo de los problemas a resolver (y que además está ligado con el primero, que es el de la seguridad ciudadana; ¿qué puede hacer una policía corrupta para enfrentarla?).

Por lo pronto, se espera que las investigaciones fiscales en curso contra el presidente Castillo y otros subalternos, por este tema de los ascensos, saque a la luz qué oficiales malpagaron para lograr su objetivo, porque solo así, interrogándolos, se podrá ir desenmarañando esta terrible y deleznable red de corrupción, que ataca la base del contrato social que cimenta no solo una democracia sino cualquier forma de gobierno.

Si nuestras fuerzas “del orden” están preñadas de corrupción, no hay viabilidad social factible. Este escándalo reciente debiera servir, por ello, como hilo de la madeja para proceder a una extirpación quirúrgica de los elementos podridos de nuestra policía y fuerza armada, instituciones ambas que debieran ser pilares morales de la democracia.

 

Tags:

Ascensos, corrupción, Policia, seguridad ciudadana

No es posible, dadas las características de los jóvenes de hoy, reproducir los esquemas partidarios de antaño, jerarquizados, con comandos centrales unificados, con uniformidad ideológica y doctrinaria, con fajas de transmisión indiscutibles de arriba hacia abajo. Esos tiempos, de partidos cuasi leninistas, ya no volverán.

Pero tampoco debiera ser una verdad irremediable que ello nos condene a que las nuevas agrupaciones políticas sean “coaliciones de independientes”, sin ningún orden ni concierto, y fronteras absolutamente relajadas respecto de los criterios mínimos de una organización, sea de la naturaleza que sea.

Un partido no es una empresa, pero tampoco es un club social. Es una institución esencial para el buen funcionamiento de la democracia y en esa medida debe cumplir algunos requisitos mínimos: consistencia ideológica, lealtades partidarias, cuadros tecnocráticos preparados para gobernar, etc.

Lo que no puede suceder es que se repita un fenómeno político deleznable, como el que apreciamos hoy en el Congreso, con partidos infames como Acción Popular, llenos de perforaciones como Alianza para el Progreso o inconsistentes como Perú Libre (que ha perdido más de la mitad de sus congresistas), con parlamentarios que se van de un lado para otro como feria de transeúntes sin ninguna cortapisa ideológica o moral.

Con un Parlamento así, es imposible que un gobierno estructure un plan mínimo de reformas, que requiere voluntad al unísono y compromiso inquebrantable. A lo más conseguirá, como parece haber conseguido el régimen de Boluarte, que lo dejen gobernar en paz, pero punto, nada más que eso. Sin partidos políticos en su ley, no hay gobernabilidad democrática transformadora ni capaz de construir Estado más allá de la mera formalidad democrática.

Otro ejemplo a no seguir es el del partido Morado, que se la pasó años armando cuadros, organizando eventos, afinando su inscripción (cuando era infernal hacerlo), pero amarrado todo a la figura y conveniencia de su líder, Julio Guzmán, quien, caído en desgracia, arrastró al partido a su destino actual, que es el de ser un fantasma inexistente en el panorama político nacional.

Los nuevos partidos que están surgiendo en el espectro de la centroderecha liberal deberían tomar estas reflexiones, como guía a tener en cuenta respecto de qué camino no seguir y qué ruta sí emprender, sobre todo bajo la presunción de que no son aves de un solo vuelo que solo aspiran a las elecciones del 2026, para luego desaparecer tal como aparecieron.

 

 

Tags:

Acción Popular, Congreso, Partidos políticos, Perú Libre

Si un libertario ultraconservador como Javier Milei ha logrado marcar la agenda y ganar elecciones en Argentina, un país con ADN peronista, es posible que en el Perú surja un candidato liberal que se atreva a decir las cosas claras, así suenen en principio impopulares y lograr su cometido de hacerlas arraigar. Algunos ejemplos:

1.- Privatizar Petroperú y vender la refinería de Talara (algo se podrá recuperar del despilfarro criminal cometido en su construcción). Es un horror que en un país sin mayores recursos fiscales se le otorgue a Petroperú lotes para exploración y eventual explotación.

2.- Privatizar Sedapal y las casi cincuenta empresas de saneamiento municipales, que lo único que han logrado es el reinado de corruptelas y ausencia de inversión. Resultado de ello: millones de peruanos pobres no tienen agua potable y pagan fortunas para conseguirla.

3.- Reducir la maraña burocrática ambiental que se ha construido alrededor de los proyectos mineros, haciéndolos o inviables o con una morosidad de ejecución de casi una década. El Perú es un país minero y necesita poner en activo los recursos inmensos de los que goza (Quilish, Conga y Tía María incluidos).

4.- Nuestro país es uno de los de mayor rigidez laboral en el mundo, alentando la informalidad rampante que sufrimos. Hay que flexibilizar esas normas, facilitando la contratación y el despido. Al final, va a ser en beneficio de los propios trabajadores. El populismo jurídico solo trae consecuencias negativas para los presuntos beneficiados.

5.- Derogar la obligatoriedad de aportes pensionarios a las AFP u ONP, y que ese aporte de las empresas vaya directamente a un aumento remunerativo de los trabajadores. Si se quiere establecer un régimen pensionario privado, que no sea gravando los sueldos. Es un despropósito mercantilista que hay que cortar de un solo tajo.

6.- Entregar directamente el canon minero a las comunidades. Se equivocó Keiko Fujimori cuando propuso hacerlo a los ciudadanos individuales. La cosmovisión andina exige recepción y procesamiento comunal. Se vería un beneficio tangible y se evitaría la corrupción terrible de los gobiernos regionales y locales.

Son solo algunos ejemplos de propuestas que, en un país dominado crecientemente por una narrativa anticapitalista, serían disruptivos. Es hora de romper la caja y hablar claro y sin tapujos. La ciudadanía premiará la sinceridad y desfogará los impulsos radicales que hoy solo derivan en favor de alternativas izquierdistas.

 

Tags:

AFP, Javier Milei, ONP, Petroperú, sedapal

Si toca en suerte un buen gobierno centroderechista, republicano liberal, el 2026, con suficiente respaldo parlamentario, es posible pensar en una mejora rápida y cualitativa del país que hoy vemos deteriorarse a pasos agigantados.

Hay algunos candidatos que asoman dentro de ese espectro: Carlos Anderson, Jorge Nieto, Rafael Belaunde, Carlos Espá, Pedro Guevara, quizás alguno más (¿De Soto?). Son aún pequeños, algunos de ellos inexpertos, pero que tienen una ventaja, no están contaminados por el establishment político y tienen plazo suficiente para inscribir sus partidos, organizarlos y recorrer el país haciendo campaña y haciéndose conocidos.

Puede sonar iluso a estas alturas pensar que alguno de ellos pueda competir con los partidos del orden establecido, o que derrote al candidato radical de izquierda que casi con seguridad va a pasar a la segunda vuelta, pero prácticamente no nos queda más que esa ilusión, si no queremos ver al país caer en manos de los autoritarismos de derecha o izquierda que hoy dominan la política peruana.

Solo un republicanismo liberal audaz y disruptivo nos podrá sacar del hoyo, con ideas frescas, modernas, actualizadas. Un ejemplo a mano: Hong Kong hace diez años era una de las ciudades Estado más corruptas del planeta. Hoy es una isla de transparencia y honestidad pública.

Sí se puede cambiar el país. Un gobierno con ideas claras y con mayoría parlamentaria, para no verse encorsetado por los intereses subalternos de la morralla congresal, puede dejar sentadas las bases de la transformación del país en un lustro y propiciar su continuidad con un gobierno similar que lo suceda.

¿Qué consejos poder darles? Que si se animan por pactos, los hagan exclusivamente entre ellos. Que no transen con ningún partido tradicional, que no cometan el error de Vargas Llosa cuando constituyó el Fredemo y allí empezó a perder la elección del 90.

El republicanismo liberal debe ser radical y apostar por la transformación del país. No solo reavivar la inversión capitalista sino construir un Estado que brinde salud, educación, seguridad, buen transporte público, justicia, vida ciudadana de primer nivel, igualdad real que se condiga con la igualdad liberal que se pregona.

La del estribo: se viene una cartelera teatral muy nutrida. Me permito recomendar tres obras a ojos cerrados. Una, Un monstruo viene a verme, dirigida por la genial Nishmé Sumar. Empieza el 24 de setiembre en el Teatro Británico; Esperanza, de Marisol Palacios y Aldo Miyashiro (dirigida por Palacios) que arranca el 17 de setiembre en el CCPUCP; y El hombre que corrompió a una ciudad, de Mark Twain, adaptada y dirigida por Mateo Chiarella, que va en el nuevo Teatro Nos de la PUCP y que inicia el 15 de octubre (todas las obras en venta en Joinnus).

 

Tags:

Análisis, desafíos políticos, gobierno centroderechista, Reflexión, republicano liberal

El juicio de la historia deberá ser muy severo con los gobiernos de la transición democrática, especialmente los de Toledo, García y Humala, quienes gozaron de la resaca del crecimiento económico sembrado por las reformas estructurales de los 90, de Fujimori, y a pesar de la bonanza fiscal que disfrutaron fueron incapaces de emprender alguna reforma institucional seria en ningún aspecto de la vida nacional.

Hoy, el resultado lo vemos a la vista. El año pasado se han ido del país más de 400 mil peruanos, en su mayoría jóvenes, porque no ven futuro promisorio en el Perú. Y eso que no han pasado por la crisis de los 80, con hiperinflación y terrorismo, cuando la diáspora fue mayor y más justificada.

Uno podría pensar que las nuevas generaciones tienen menos resiliencia y capacidad de resistir la adversidad, pero el problema que más alarma a los nuevos emigrantes es la sensación de que nada mejora en el país, sino que todo va cuesta abajo, peor ahora de que se acabó la prosperidad económica y la crisis vuelve a asomarse por estos lares.

Si uno analiza en detalle, los problemas e instituciones del país, comprenderá el desánimo. La salud pública es un desastre, que funciona hoy peor que hace dos décadas. La educación pública lo mismo y lo único bueno que se había hecho -la reforma universitaria- se la han tirado abajo unos cuantos mercaderes de la educación y una pandilla de congresistas aceitados, sumados a un Ejecutivo indolente. La seguridad ciudadana ya es un problema vital y cotidiano para las inmensas mayorías del país y la policía se ha vuelto un antro de corrupción, sin que ningún gobierno le ponga el cascabel al gato. El tránsito infernal es una calamidad que cada día que pasa toma más porciones de las principales ciudades del país.

A nivel político, el Congreso se ha vuelto un nido impresentable de sinvergüenzas y corruptos, de donde, salvo honrosas excepciones, no hay nada bueno que esperar. El Ejecutivo es un desierto tecnocrático por culpa del segundo gobierno de García que puso límites a los sueldos de la tecnocracia y la espantó, perdiéndose más de una década de mejoramiento sustantivo del funcionamiento del Estado. Los gobiernos locales y regionales son una lágrima de ineficiencia, donde también, salvo aisladas excepciones, se han vuelto antros de corrupción (casi todos los alcaldes y gobernadores terminan millonarios luego de sus gestiones). Y ni qué decir de jueces y fiscales cooptados por la corrupción.

Y mientras eso ocurre, las mafias ilegales, el narcotráfico, la trata de personas, el contrabando, la minería ilegal, los traficantes de terrenos, las pandillas extorsivas, los madereros informales prosperan y crecen capturando porciones de la sociedad. Es, efectivamente, como para salir corriendo.

Tags:

Congreso, Crisis económica, Crisis política, Migración

Al paso que anda la centroderecha en el Perú, no es improbable que el 2026 o antes (no está descartado un proceso de vacancia de Dina Boluarte), la definición de la segunda vuelta se produzca entre dos candidatos de la izquierda.

La centroderecha va a presentar alrededor de veinte candidatos, ninguno hace campaña con tiempo, esperan a la última hora electoral para activarse, no recorren el país, no plantean propuestas atractivas y disruptivas.

La izquierda, si bien va a mostrar una baraja más amplia de lo normal (seis o siete candidatos), tiene algunas ventajas que corren a su favor. Lo más probable es que el sur andino vote en primera vuelta como votó en la segunda vuelta del 2021, es decir 80% o más a favor de alguien de izquierda radical. Solo con eso ya tiene asegurado el pase a la segunda vuelta. Y alcanza para que sean dos los que lo hagan si sumamos el bolsón de votos del resto del país, que identifica la desaprobación altísima al gobierno actual con una descalificación de la derecha, la misma que no marca distancias del régimen, y anda feliz, e irresponsable, porque ello sirvió para que saliera Castillo del poder.

A la izquierda le cayó del cielo la salida abrupta del poder del nefasto Castillo, porque, tanto en su vertiente radical como moderada, se estaba achicharrando por su punible complicidad con los latrocinios administrativos, políticos, económicos y, sobre todo, corruptos que el régimen del Atila chotano estaba desplegando.

Hoy se viste de virginal oposición a Dina Boluarte, construye la narrativa de que se enfrenta a un gobierno genocida y autoritario de derecha, y lamentablemente no halla respuesta polémica de una derecha que también debería, pero desde otra perspectiva, marcar distancia de este gobierno mediocre y precario que nos ha tocado en suerte bajo el mando de la dupla Boluarte-Otárola.

Restan casi tres años para la campaña electoral, pero si la centroderecha no reacciona a tiempo, le dejará la mesa servida a la izquierda, que con gran injusticia histórica, saboreará nuevamente las mieles del poder y se abocará, como siempre ha ocurrido, a destruir el país.

Tags:

Boluarte-Otárola, Castillo, centroderecha, Izquierda

El horrendo crimen contra el candidato presidencial ecuatoriano, Fernando Villavicencio, que apunta claramente a las mafias del narcotráfico (los dedos acusadores que apuntan a Rafael Correa más parecen intentos de aprovechamiento político de la tragedia), pone sobre el tapete la pavorosa infiltración de las mafias ilegales en la política latinoamericana (véase nomás el reciente escándalo que compromete al presidente colombiano Gustavo Petro, acusado de recibir dineros narcos para su campaña).

El inmenso poder económico alcanzado por el narcotráfico, la minería ilegal, la trata de personas, el contrabando, el tráfico de armas, la explotación maderera informal, el tráfico de terrenos, las pandillas extorsivas, etc. los conduce inevitablemente a tratar de tener peso político suficiente para garantizar impunidad para sus actividades ilícitas.

Así, han cooptado autoridades locales, policía, fiscales, jueces, parlamentarios y ahora aspiran a hacer lo propio con los mandatarios de turno, bajo la seducción del dinero o la amenaza y el chantaje directo, como ha sido el caso de Villavicencio, periodista de investigación que estuvo asilado en el Perú algunos años.

El lamentable suceso nos trae a la memoria los homicidios de Luis Carlos Galán en 1989 y Luis Donaldo Colosio en 1994, candidatos a la presidencia de Colombia y México, respectivamente, que marcaron la historia política desde fines de siglo hasta la actualidad en sus países.

Lo ocurrido marcará un hito en la política latinoamericana. Es una nueva clarinada de alerta sobre el destino al que los Estados regionales se están conduciendo por la inacción de las democracias para domeñar las mafias que se enseñorean en sus predios, y cuya defección no hace sino alimentar a populistas extremos, como Bukele en El Salvador, quien, a despecho de las formas democráticas, ha acabado con las pandillas que dominaban el territorio salvadoreño y, a pesar de sus devaneos autoritarios, goza por ello de enorme simpatía popular.

En el Perú hace muchas décadas o siglos que no sufrimos de magnicidios semejantes (Balta, Pardo, Sánchez Cerro en los siglos XIX y XX), salvo que incluyamos en ese bolsón a los asesinatos de autoridades perpetrados por el terrorismo, pero la situación de crecimiento de las mafias ilegales torna madura una situación en la que fácilmente algo así podría volver a ocurrir.

Es hora de que la democracia peruana tome plena conciencia del inmenso peligro que comporta la coexistencia tácita con estas mafias. Más temprano que tarde, si no lo han hecho ya, darán el salto a la política y allí sí entraríamos a una etapa tan disfuncional de la democracia que sembraríamos el terreno de cultivo para opciones autoritarias y radicales, que al son de prometer acabar con esas lacras, se zurren en las formas mínimas del Estado de Derecho.

 

Tags:

crimen, Democracia, Fernando Villavicencio, mafias ilegales, política latinoamericana
x