¿Cómo el Congreso le va a dar facultades legislativas en materia tributaria a un gobierno que quiere aumentar el peso fiscal a los grandes contribuyentes, si, en paralelo, deja abandonados a su suerte a proyectos mineros que son los que mayor caja fiscal le brindan?
¿Cómo el Congreso le va a dar las facultades solicitadas, si el Gobierno y junto con él todos los gobiernos locales (regionales y municipales), apenas tienen capacidad de gasto -en algunos casos ni siquiera llegan al orden del 60% de ejecución presupuestal- y no son capaces de invertir a plenitud los recursos que ya reciben?
El superciclo de precios de las materias primas, que disfrutamos, debería colocar al país en un círculo virtuoso de mayores inversiones mineras, por un lado, y de reactivación económica de toda la industria que funciona alrededor de los proyectos mineros que deberían estar en expansión.
Pero un gobierno no solo mediocre -lo que ya sería razón suficiente- sino, además, zigzagueante en materia de señales de confianza inversora, está arruinando groseramente esa inmensa posibilidad económica del Perú.
Entre mensajes estatizantes, que luego son desmentidos, anuncios radicales respecto de proyectos gasíferos, puesta de soslayo frente a la extorsión comunal que sufren minas como Las Bambas, hasta la aún vigente pretensión de instalar una Asamblea Constituyente, lo único que se hace es destrozar la confianza inversora y, por ende, la posterior inversión misma.
En circunstancias de un gobierno propicio a la inversión privada, el 2022 deberíamos crecer en el orden del 5 o 6%. Pero no, apenas, en la mejor y más optimista de las hipótesis, creceremos 2% y hay economistas que estiman un crecimiento de 0% o, inclusive, decrecimiento.
Frente a ese panorama de desgobierno y de medianía, es una ofensa política que el ministro Pedro Francke pretenda que el Congreso le dé carta blanca para que legisle en materia tributaria, financiera y económica, a su antojo y buen parecer.
Lo correcto, por parte del Legislativo, es que le niegue esas facultades solicitadas, que el Ejecutivo presente proyecto por proyecto y que, uno por uno, se vea si se ajustan a criterios técnicos y no a caprichos ideológicos o prejuicios políticos, como los puestos de manifiesto por el propio titular del MEF en sendas entrevistas periodísticas.
